Argentina está de nuevo viviendo
épocas difíciles. La responsabilidad mayor le pertenece a un gobierno arrogante
como el de Cristina de Kirchner que ni siquiera cree en su alma mater, el
peronismo, ni en la práctica escisión que creó su fallecido marido, el
kirchnerismo, sino que está embelesada - así como sus acólitos – de su propia fuerza:
el cristinismo.
El cristinismo basa toda su
energía en el 54% de votos alcanzados en las últimas elecciones presidenciales,
porcentaje que erróneamente considera indestructible, y que lo cree suficiente
para dejar de lado al peronismo y llegar por sí solo a reformar la Constitución
y así eternizarse en el poder.
De ahí que el gobierno esté
enfrentado con muchos gobernadores peronistas y tenga, dentro del partido y en
el Congreso, muchas voces que disienten y que irán aumentando a medida que se
acumulen los meses, las derrotas y los desaciertos. Es que ningún gobierno, por
más bueno que sea, después de años de administrar, no puede evitar quedar
manchado. Y eso que a este gobierno de los Kirchner, que ya tiene muchos hechos
de corrupción en su haber como tenía el de Carlos Menem en sus últimos años, la
justicia no le ha tocado de cerca, en especial por aquellos casos de
enriquecimiento ilícito y tierras fiscales patagónicas que ya son patrimonio de
la primera mandataria.
Lo peor para el peronismo es que
la Presidente haya acusado a los propios dirigentes del partido y a los
gobernadores partidistas de todos los saqueos a los supermercados que se
mimetizaron por todo el país después de los que ocurrieron en Bariloche. Mientras
las críticas le llovían a los opositores y a los periodistas, en el partido se
miraba para otro lado, pero estos saqueos – cuyas consecuencias derribaron a
dos presidentes en la historia reciente – sumado al dinero que el gobierno
nacional no coparticipa ni siquiera a los gobernadores peronistas, está creando
un distanciamiento cada vez mayor entre partidarios.
Lo mejor que ha ocurrido para
bajarle la tónica de arrogancia al gobierno es que la Corte Suprema de Justicia
haya decidido defender a la administración de justicia aceptando un recurso de
per saltum presentando por el gobierno con la intención de hacer valer la ley
de medios que tiene al Grupo Clarín como principal destinatario.
De esta forma, el mensaje de la
Corte es que el gobierno, como cualquier ciudadano, debe seguir el proceso en
tribunales inferiores y no tiene privilegios para que de golpe y porrazo – y
sin importar las presiones – pueda buscar justicia donde cree que se le fallará
a su favor. Es por eso que la Clarín, tangencialmente beneficiado, no puede
cantar victoria (el proceso continuará) pero sí lo pueden hacer los jueces
inferiores.
Con esta resolución de la Corte,
finalmente al Gobierno se le desdibujó el 7D, el día 7 de diciembre, que se
había autoimpuesto como modo de generar presión para que todos cumplan una ley
pese a que muchos y algunos con recursos en mano, consideran que parte de ella
es ilegítima e inconstitucional.
El cristinismo ha impuesto un
modelo bastante autoritario mediante una tarea eficiente de propaganda en la
que gasta recursos del Estado a diestra y siniestra. Según datos recopilados
por La Nación, en 2012 el sistema oficial de comunicación gastó “6.851,1
millones de pesos, un 35,6 por ciento más que en 2011 ($ 5.053,3 millones),
pese a que éste era un año electoral”, dinero que fue en detrimento de la “coparticipación
federal y de las transferencias a las provincias… inversión en obra pública y
en políticas de seguridad”.
El problema es que el aumento en el
gasto de propaganda, lejos de aminorar se intensificará”. Según La Nación “para
2013 se prevé una mayor aceleración del gasto para la "batalla
cultural" en medio de la contienda judicial contra el Grupo Clarín por la
ley de medios: las elecciones legislativas del 27 de octubre del año próximo
serán determinantes para el proyecto de reforma de la Constitución y
re-reelección que impulsa la Presidenta, o para que ella pueda imponer un
sucesor en 2015 dentro del peronismo”.
El 2013, por lo visto, seguirá
siendo un año de mucha tensión y de reyertas políticas en Argentina.