“Echale la culpa a Río” más allá de haber sido una linda comedia con Brooke Shields, pareciera ser la nueva trama para Barack Obama quien, después de dar una especie de discurso arrogante de primer mundo en Copenhague, poco pudo hacer para que su amigo Lula de Silva desequilibrara la balanza a favor de Río de Janeiro como sede de las Olimpíadas 2016.
Fue el primer presidente estadounidense en dar un discurso en la reunión del Comité Olímpico para arengar a favor de una ciudad-sede en su país. No esperó la decisión y tal vez presionado por los Republicanos, tomó el Air Force One antes de tiempo, ante las críticas de que había cosas más urgentes en su país que atender, como las cifras de desempleo que se fueron a la estratósfera en setiembre y la necesidad de mayor lobby para su propuesta de reforma de salud.
Pero claro, cuando las cosas van mal, hay gente que las pone peor y esa es la tarea de los Republicanos que se sumaron más que nunca a la crítica contra Obama, precisamente porque al presidente se le cayó la popularidad interna.
Mi pálpito era que debido a Obama, Chicago, si bien la cenicienta entre las cuatro ciudades a elegir, Río, Madrid y Tokio, era la favorita precisamente por el papel protagónico y popularidad externa que el presidente negro mantiene en el exterior. Pero es cierto también que el discurso de Obama apeló a la seriedad con que se hacen las cosas en su ciudad adoptiva, y con ello no pudo competir con un Lula que ofreció el corazón alegre de los brasileños, el espíritu de fiesta y carnavalesco de Río, arropado con mujeres desarropadas y las blancas arenas de Copacabana e Ipanema contrastando con el Corcovado y el verde tropical de los cerros.
El tema de la ciudad insegura, una de las más violentas del mundo, se deshizo por el solo hecho de que Brasil mostró su credencial de FIFA que lo acreditó dos años antes para celebrar el Mundial de Fútbol. Así las cosas, Río tenía todo para competir, especialmente la apelación de que jamás se celebró una Olimpíada en Sudamérica. Madrid, Tokio y Chicago quedaron, en ese orden, desahuciadas, pero lo de Chicago dolió más porque al menos, la ciudad de los vientos esperaba competir por el mejor trono, mientras que la primera descartada.
Brasil está de moda y tiene la vitalidad necesaria en el momento adecuado. Cuando todos los países desarrollados están de capa caída y son culpables del desbarajuste financiero y económico mundial, Brasil es, junto con India y China, uno de los países considerados con mayor potencial de ser potencia. Y ya está demostrando esa cualidad en las reuniones del G20. Brasil es el gigante del Sur y Río es por ahora una carta más de presentación, pero todavía hay muchas más que se están barajando.
sábado, 3 de octubre de 2009
viernes, 2 de octubre de 2009
Controlar a los medios de comunicación
Hoy ya enfrentaremos el epílogo de un debate infructuoso y burlón al que los legisladores que responden al ex presidente Néstor Kirchner darán dictamen para que pronto la Ley de Servicios Audiovisuales sea una realidad: controlar a los medios de comunicación.
Mientras se estaban realizando unas audiencias para discutir cambios que pudieran limitar al gobierno y al Estado su avasallamiento contra los medios privados, anoche un cambio de timón en las discusiones del Senado permitió que el oficialismo obtuviera el permiso para tratar el proyecto sin modificaciones tal lo aprobó la Cámara de Diputados hace unos 15 días atrás.
La ley parece que se viene en un tiempo récord, y con votos cantados y contados, unos 38, lo permitirá a los Kirchner su más preciado botín: una ley que tendrá una autoridad de aplicación netamente dominada por el Poder Ejecutivo, lo que le permitirá controlar y discriminar quienes obtendrán licencias y sacarlas cuando los medios se porten mal; y exigir que lo que ellos consideran “monopolios”, como el caso Clarín, tengan solo un año para desprenderse de medios para no exceder el límite de licencias que configura la nueva ley, lo que finalmente no es más que un disfrazar de pluralidad y diversidad del espectro, ya que es realmente una forma de dividir para reinar, es decir aplacar a los críticos, comprar conciencias (además de medios propios) y crear una opinión favorable, allanando su propio camino para extender el reinado más allá del 2011.
Es decir, toda una política de Estado configurada por un ansia personal. Ni más ni menos.
Mientras se estaban realizando unas audiencias para discutir cambios que pudieran limitar al gobierno y al Estado su avasallamiento contra los medios privados, anoche un cambio de timón en las discusiones del Senado permitió que el oficialismo obtuviera el permiso para tratar el proyecto sin modificaciones tal lo aprobó la Cámara de Diputados hace unos 15 días atrás.
La ley parece que se viene en un tiempo récord, y con votos cantados y contados, unos 38, lo permitirá a los Kirchner su más preciado botín: una ley que tendrá una autoridad de aplicación netamente dominada por el Poder Ejecutivo, lo que le permitirá controlar y discriminar quienes obtendrán licencias y sacarlas cuando los medios se porten mal; y exigir que lo que ellos consideran “monopolios”, como el caso Clarín, tengan solo un año para desprenderse de medios para no exceder el límite de licencias que configura la nueva ley, lo que finalmente no es más que un disfrazar de pluralidad y diversidad del espectro, ya que es realmente una forma de dividir para reinar, es decir aplacar a los críticos, comprar conciencias (además de medios propios) y crear una opinión favorable, allanando su propio camino para extender el reinado más allá del 2011.
Es decir, toda una política de Estado configurada por un ansia personal. Ni más ni menos.
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Chicago, Río, Tokio o Madrid
Este viernes se develará quien tiene más fuerza, si Obama, Lula, el Rey Juan Carlos o el primer ministro japonés para que sus ciudades sean escogidas como sede de las Olimpíadas del 2016.
Tuve la oportunidad de visitar las cuatro ciudades – y con mi mujer las caminamos en todos los detalles de sus puntos cardinales - y cada una presenta sus atractivos magníficos, ventajas y debilidades, más allá de las condiciones políticas que jugarán muy fuerte en el comité de elección. Será difícil arrebatarle a Estados Unidos la sede, teniendo en cuenta que el propio presidente Obama y su esposa estarán en Copenague, aunque claro, ahí también se dará cita el Rey para cinchar por su Madrid.
Madrid, tal vez la más linda ciudad de todas, por lo que además representa estar situada a solo un par de horas de otras capitales europeas, debería ser la que más rápidamente se descarte teniendo en cuenta que en el 2012 los juegos se harán en Londres. Tokio, la más moderna y espectacular de todas las ciudades en competencia, está en el continente de los últimos juegos de China, y Río, más allá de su espectacularidad, presenta un cuadro de seguridad espeluznante, con una favelas en donde la mafia del crimen organizado lo domina todo, aunque tiene la ventaja de representar a una Sudamérica que jamás fue anfitriona de los olímpicos. Queda la ciudad de los vientos, en el estado del que fue senador Obama, majestuosa y sofisticada como ninguna otra de los Estados Unidos, aunque con cierto problemas de fondos públicos para sostener unos juegos que son carísimos por el solo hecho de tener la obligación de estar a la altura de los chinos.
Más allá de que cualquiera de las cuatro serían anfitrionas de gran valía, mi pálpito es que Chicago se llevará la sede por un contexto político favorable con el carisma de Obama a nivel internacional. Diferente hubiera sido si todavía George Bush comandaría el país.
Tuve la oportunidad de visitar las cuatro ciudades – y con mi mujer las caminamos en todos los detalles de sus puntos cardinales - y cada una presenta sus atractivos magníficos, ventajas y debilidades, más allá de las condiciones políticas que jugarán muy fuerte en el comité de elección. Será difícil arrebatarle a Estados Unidos la sede, teniendo en cuenta que el propio presidente Obama y su esposa estarán en Copenague, aunque claro, ahí también se dará cita el Rey para cinchar por su Madrid.
Madrid, tal vez la más linda ciudad de todas, por lo que además representa estar situada a solo un par de horas de otras capitales europeas, debería ser la que más rápidamente se descarte teniendo en cuenta que en el 2012 los juegos se harán en Londres. Tokio, la más moderna y espectacular de todas las ciudades en competencia, está en el continente de los últimos juegos de China, y Río, más allá de su espectacularidad, presenta un cuadro de seguridad espeluznante, con una favelas en donde la mafia del crimen organizado lo domina todo, aunque tiene la ventaja de representar a una Sudamérica que jamás fue anfitriona de los olímpicos. Queda la ciudad de los vientos, en el estado del que fue senador Obama, majestuosa y sofisticada como ninguna otra de los Estados Unidos, aunque con cierto problemas de fondos públicos para sostener unos juegos que son carísimos por el solo hecho de tener la obligación de estar a la altura de los chinos.
Más allá de que cualquiera de las cuatro serían anfitrionas de gran valía, mi pálpito es que Chicago se llevará la sede por un contexto político favorable con el carisma de Obama a nivel internacional. Diferente hubiera sido si todavía George Bush comandaría el país.
martes, 29 de septiembre de 2009
Acuerdo Arias: el más sensato
Cuanto más escucho y leo sobre propuestas e ideas para que la crisis hondureña se solucione, confío que la más sensata termina siendo el Acuerdo de San José ideado en julio por el presidente costarricense, Oscar Arias, la cual, en aquella época, parecía demasiado inclinada a favorecer al depuesto presidente Manuel Zelaya.
Semanas interminables después, y con un Zelaya dentro del país y una comunidad internacional que no baja la guardia en su exigencia de que sea restituido, el Acuerdo Arias parece ser el camino a una salida razonable, si se la compara con las propuestas que desde los diarios, algunos políticos y empresarios se están haciendo, ya sea para que Roberto Micheletti siga, para que Zelaya regrese y todo lo que hay entremedio.
Lo más importante es que se puedan efectuar las elecciones de noviembre, que la comunidad internacional las registre como tal, que se gane en transparencia y que se siga prohibiendo cualquier método o actitud de que se modifique la Constitución. Eso en realidad es lo que quiere Micheletti y gran parte del pueblo hondureño, y lo que ofrece la propuesta de Arias, claro está, con un regreso “temporal” de Zelaya al sillón presidencial.
Claro está, que esta solución que parecía distante semanas atrás, volvió a cobrar fuerza tras el convivio de Zelaya en la embajada brasileña de Tegucigalpa, y ese es un hecho político en sí mismo que, correcto o no, ha precipitado un arreglo.
El problema de las crisis es que siempre genera polarización por lo que cualquier arreglo siempre traerá sinsabores a un sector de la población, muy especialmente a aquellos que están muy arraigados con la posición de uno u otro líder de los bandos en pugna. Es decir, quienes son partidarios de Micheletti se sentirán traicionados si el gobierno concede el regreso de Zelaya al poder. Lo mismo sucedería si los partidarios de Zelaya, después de tantas manifestaciones a su favor, tendrían que conformarse si hubiera un arreglo que no contemplara su regreso a la Presidencia, aunque sea por unas horas para poder celebrar y cantar victoria.
Estos tiro y afloje entre los políticos, son parte de un juego de fuerza que permiten que todos se vayan acomodando a la idea de que pudieran no ser favorecidos. Y esto es lo bueno que puede acarrear una negociación lenta y segura, ya que si no se atiende con responsabilidad la potencial reacción de los desahuciados, esta puede generar conflictos sociales muy difíciles de controlar.
Semanas interminables después, y con un Zelaya dentro del país y una comunidad internacional que no baja la guardia en su exigencia de que sea restituido, el Acuerdo Arias parece ser el camino a una salida razonable, si se la compara con las propuestas que desde los diarios, algunos políticos y empresarios se están haciendo, ya sea para que Roberto Micheletti siga, para que Zelaya regrese y todo lo que hay entremedio.
Lo más importante es que se puedan efectuar las elecciones de noviembre, que la comunidad internacional las registre como tal, que se gane en transparencia y que se siga prohibiendo cualquier método o actitud de que se modifique la Constitución. Eso en realidad es lo que quiere Micheletti y gran parte del pueblo hondureño, y lo que ofrece la propuesta de Arias, claro está, con un regreso “temporal” de Zelaya al sillón presidencial.
Claro está, que esta solución que parecía distante semanas atrás, volvió a cobrar fuerza tras el convivio de Zelaya en la embajada brasileña de Tegucigalpa, y ese es un hecho político en sí mismo que, correcto o no, ha precipitado un arreglo.
El problema de las crisis es que siempre genera polarización por lo que cualquier arreglo siempre traerá sinsabores a un sector de la población, muy especialmente a aquellos que están muy arraigados con la posición de uno u otro líder de los bandos en pugna. Es decir, quienes son partidarios de Micheletti se sentirán traicionados si el gobierno concede el regreso de Zelaya al poder. Lo mismo sucedería si los partidarios de Zelaya, después de tantas manifestaciones a su favor, tendrían que conformarse si hubiera un arreglo que no contemplara su regreso a la Presidencia, aunque sea por unas horas para poder celebrar y cantar victoria.
Estos tiro y afloje entre los políticos, son parte de un juego de fuerza que permiten que todos se vayan acomodando a la idea de que pudieran no ser favorecidos. Y esto es lo bueno que puede acarrear una negociación lenta y segura, ya que si no se atiende con responsabilidad la potencial reacción de los desahuciados, esta puede generar conflictos sociales muy difíciles de controlar.
lunes, 28 de septiembre de 2009
Infantilismo de Micheletti
Más allá de los hechos políticos de estos días, el decreto del gobierno hondureño de prohibir las garantías constitucionales muestra cierto infantilismo político de parte del presidente Roberto Micheletti.
Si bien la medida es una reacción al llamado a la insurrección de parte del irresponsable presidente depuesto Manuel Zelaya y del gobierno de Brasil que le permite usar suelo brasileño con ese fin, Micheletti ha exagerado quitando las libertades públicas a todos los ciudadanos y, mucho más, permitiendo que las autoridades puedan cerrar los medios de comunicación que consideren perturbadores para la tranquilidad nacional.
Mejor sería que restablezca todas las garantías constitucionales y que movilice a la Justicia y a las fuerzas de seguridad para que actúen en contra de las turbas si es que se convierten en un factor de inseguridad pública. Pero quitarle a todos los ciudadanos el derecho a movilizarse, a reunirse, a asociarse, a estar informados por los medios de su elección, es francamente un castigo para todos los hondureños y, en todo caso, un signo inmaduro, infantil y de debilidad política.
El gobierno ya ha cerrado dos medios de comunicación que se han mostrado y comportado como activistas, más que desarrollando una actividad periodística en sí, pero ello es igualmente indicativo de que se está violando la libertad de expresión. Si se justifica el criterio de cerrar Canal 36 y Radio Globo, en algún momento, el mismo atropello podría ser utilizado contra otros medios que pudieran tener otra tendencia o criterio editorial, porque solo bastaría que una autoridad competente dijera que la información – por más verdadera que fuera – pudiera estar acarreando intranquilidad para la nación.
A pesar de que uno comparta o no el criterio editorial de Canal 36 y Radio Globo, estos medios tienen todo el derecho de buscar la verdad de la forma que lo desean, claro está, que si cometen algún delito, tienen responsabilidades ulteriores de acuerdo a lo que establecen las leyes por lo que deben ser demandados ante la Justicia. Lo que no debe hacerse, es crear leyes – como pudiera interpretarse lo que significa la aplicación de un decreto o un estado de sitio o de excepción – para generar censura previa, es decir prohibir que puedan informar.
Lo mejor que le pudiera pasar al régimen de Micheletti es que recapacite, que vuelva hacia atrás, desactive este decreto que conculca las libertades y trate de buscar una salida pacífica a este entuerto. Como dije en otros posts, creo que lo más sensato hasta ahora y que resulta en una salida elegante para ambas partes – al menos la más elegante – es aceptar el Acuerdo de San José propuesto por el presidente costarricense Oscar Arias. De esa forma, Zelaya al poder pero con un gobierno de unidad nacional y camino hacia unas elecciones en la que no podrá tener ningún tipo de opción una “cuarta urna” y una salida del poder en enero, termina siendo, al fin y al cabo, el anhelo que tuvieron Micheletti, el Congreso y la Corte Suprema, cuando decidieron voltear a Zelaya el 28 de junio para que no busque perpetuarse en el poder y violar la Constitución.
Si bien la medida es una reacción al llamado a la insurrección de parte del irresponsable presidente depuesto Manuel Zelaya y del gobierno de Brasil que le permite usar suelo brasileño con ese fin, Micheletti ha exagerado quitando las libertades públicas a todos los ciudadanos y, mucho más, permitiendo que las autoridades puedan cerrar los medios de comunicación que consideren perturbadores para la tranquilidad nacional.
Mejor sería que restablezca todas las garantías constitucionales y que movilice a la Justicia y a las fuerzas de seguridad para que actúen en contra de las turbas si es que se convierten en un factor de inseguridad pública. Pero quitarle a todos los ciudadanos el derecho a movilizarse, a reunirse, a asociarse, a estar informados por los medios de su elección, es francamente un castigo para todos los hondureños y, en todo caso, un signo inmaduro, infantil y de debilidad política.
El gobierno ya ha cerrado dos medios de comunicación que se han mostrado y comportado como activistas, más que desarrollando una actividad periodística en sí, pero ello es igualmente indicativo de que se está violando la libertad de expresión. Si se justifica el criterio de cerrar Canal 36 y Radio Globo, en algún momento, el mismo atropello podría ser utilizado contra otros medios que pudieran tener otra tendencia o criterio editorial, porque solo bastaría que una autoridad competente dijera que la información – por más verdadera que fuera – pudiera estar acarreando intranquilidad para la nación.
A pesar de que uno comparta o no el criterio editorial de Canal 36 y Radio Globo, estos medios tienen todo el derecho de buscar la verdad de la forma que lo desean, claro está, que si cometen algún delito, tienen responsabilidades ulteriores de acuerdo a lo que establecen las leyes por lo que deben ser demandados ante la Justicia. Lo que no debe hacerse, es crear leyes – como pudiera interpretarse lo que significa la aplicación de un decreto o un estado de sitio o de excepción – para generar censura previa, es decir prohibir que puedan informar.
Lo mejor que le pudiera pasar al régimen de Micheletti es que recapacite, que vuelva hacia atrás, desactive este decreto que conculca las libertades y trate de buscar una salida pacífica a este entuerto. Como dije en otros posts, creo que lo más sensato hasta ahora y que resulta en una salida elegante para ambas partes – al menos la más elegante – es aceptar el Acuerdo de San José propuesto por el presidente costarricense Oscar Arias. De esa forma, Zelaya al poder pero con un gobierno de unidad nacional y camino hacia unas elecciones en la que no podrá tener ningún tipo de opción una “cuarta urna” y una salida del poder en enero, termina siendo, al fin y al cabo, el anhelo que tuvieron Micheletti, el Congreso y la Corte Suprema, cuando decidieron voltear a Zelaya el 28 de junio para que no busque perpetuarse en el poder y violar la Constitución.
domingo, 27 de septiembre de 2009
La verdad y el periodismo
Esta es parte de una charla que di en el Instituto Interamericano para la Democracia en Miami el jueves pasado, en la que me referí, entre otras cosas, al peligro de que se incluya la información veraz como cláusula constitucional.
En materia de libertad de prensa, los cambios constitucionales son tan demagógicos como peligrosos; y muy sutiles. Desde hace años, se insinúa que los periodistas deben decir la verdad, transformando un principio ético en un absolutismo legal. Así, con la posibilidad de definir legalmente lo que es verdad o no, estas constituciones han servido de excusa para hacer y reglamentar leyes que pueden ser utilizadas para castigar a los medios y amordazar periodistas.
No es exageración, que la cláusula de información veraz de la Constitución venezolana fue la base para que Chávez dictara la Ley de Responsabilidad Social o de contenido, que luego derivó en el cierre de RCTV en el 2007, el de unas 50 emisoras recientemente y en el posible cierre de Globovisión, que ya ha sufrido seis apercibimientos administrativos y cuyo cierre depende de Chávez; o que ha sido la inspiración del proyecto de ley de “delitos mediáticos” que propone la fiscal de la Nación.
En ecuador, tres proyectos de ley, uno peor que el otro, son parte de una ley de comunicación que manda dictar la Constitución, que obliga a los medios ser éticos, contratar ombudsman, manual de ética y que pide que la información sea veraz, pero además responsable, y contrastada.
En República Dominicana por suerte ayer, previendo los peligros de que se dicten disposiciones para regular la verdad, se dejó de lado esa cláusula en la nueva reforma constitucional que lidera Leonel Fernández.
En Bolivia la nueva Constitución habla de información veraz y responsable y todavía no tiene efectos negativos, aunque se espera que Morales la ponga en práctica con leyes anti medios, después de que gane las elecciones de diciembre próximo como se prevé. Pero es obvio, que la obligación de que los medios den un espacio a su personal para que expresen su opinión, por más que sea contraria al propio criterio editorial, ya es una nota pesimista.
En Nicaragua hace una semana un grupo de periodistas declarados sandinistas progubernamentales, juraron defender al gobierno ante los embates mentirosos y oligarcas de La prensa, Nuevo Diario o Canal 2.
En Argentina si bien la nueva ley de Servicios Audiovisuales no está orientada por esta premisa, sino por un necesario reordenamiento, se observa que el apresuramiento de los Kirchner es para dictar una ley y minimizar así el poder del Grupo Clarín, conglomerado al que acusó de apoyar a los campesinos en el conflicto agropecuario, y que derrumbó el kirchnerismo en las elecciones legislativas de junio pasado.
En casi todos los países estos gobiernos tuvieron la intención de crear observatorios de medios, siendo el único poder que no pueden controlar totalmente, y creando leyes con organismos poderosos de control político manejados por los poderes ejecutivos, como el caso argentino, el ecuatoriano y ni hablar del de Chávez.
El Estado así monopoliza la definición de la verdad. Si a esto se le suma la dependencia de los poderes judiciales, podremos imaginar qué fácil resulta de ahí censurar a los medios. Así ocurre en Venezuela y también en Brasil, donde jueces adictos al poder, como al del senador y ex presidente Sarney, no le permiten a los medios divulgar una investigación sobre su corrupción y la de su hijo. Esta medida de censura previa en Brasil alcanzó, por otros casos similares, a 31 medios en los últimos meses que no pudieron denunciar hechos de corrupción.
Tanto las leyes ya dictadas en Venezuela, como las que se dictarán en Ecuador y Argentina, tratan de desarmar los monopolios oligárquicos y golpistas por un ordenamiento de medios, pero que en realidad se trata de disfraces para transformar al Estado en dueño y señor de los medios. En la mayoría de los casos, dejan al sector privado dos tercios de las licencias y se reparten la mitad entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Por ende la propaganda estatal y la mala calidad invadirán el éter resultando en una pésima opción para los ciudadanos de a pie.
Pero las leyes no son necesarias realmente. En la práctica ya se está dando. El modelo chavista de cerrar medios y crear los propios, incluso con los equipos que roba al sector privado, como los de RCTV que utilizó para crear otra televisora, o crear una agencia de noticias como la Bolivariana o la televisora internacional Telesur para competir con CNN, o cientos de periódicos o cientos de radios comunitarias, está invadiendo otros países como Bolivia, Ecuador, donde Correa se apoderó de radios y televisoras y jamás puso esas licencias a licitación como prometió, o de los Kirchner, que han creado y comprado medios a través de testaferros.
En materia de libertad de prensa, los cambios constitucionales son tan demagógicos como peligrosos; y muy sutiles. Desde hace años, se insinúa que los periodistas deben decir la verdad, transformando un principio ético en un absolutismo legal. Así, con la posibilidad de definir legalmente lo que es verdad o no, estas constituciones han servido de excusa para hacer y reglamentar leyes que pueden ser utilizadas para castigar a los medios y amordazar periodistas.
No es exageración, que la cláusula de información veraz de la Constitución venezolana fue la base para que Chávez dictara la Ley de Responsabilidad Social o de contenido, que luego derivó en el cierre de RCTV en el 2007, el de unas 50 emisoras recientemente y en el posible cierre de Globovisión, que ya ha sufrido seis apercibimientos administrativos y cuyo cierre depende de Chávez; o que ha sido la inspiración del proyecto de ley de “delitos mediáticos” que propone la fiscal de la Nación.
En ecuador, tres proyectos de ley, uno peor que el otro, son parte de una ley de comunicación que manda dictar la Constitución, que obliga a los medios ser éticos, contratar ombudsman, manual de ética y que pide que la información sea veraz, pero además responsable, y contrastada.
En República Dominicana por suerte ayer, previendo los peligros de que se dicten disposiciones para regular la verdad, se dejó de lado esa cláusula en la nueva reforma constitucional que lidera Leonel Fernández.
En Bolivia la nueva Constitución habla de información veraz y responsable y todavía no tiene efectos negativos, aunque se espera que Morales la ponga en práctica con leyes anti medios, después de que gane las elecciones de diciembre próximo como se prevé. Pero es obvio, que la obligación de que los medios den un espacio a su personal para que expresen su opinión, por más que sea contraria al propio criterio editorial, ya es una nota pesimista.
En Nicaragua hace una semana un grupo de periodistas declarados sandinistas progubernamentales, juraron defender al gobierno ante los embates mentirosos y oligarcas de La prensa, Nuevo Diario o Canal 2.
En Argentina si bien la nueva ley de Servicios Audiovisuales no está orientada por esta premisa, sino por un necesario reordenamiento, se observa que el apresuramiento de los Kirchner es para dictar una ley y minimizar así el poder del Grupo Clarín, conglomerado al que acusó de apoyar a los campesinos en el conflicto agropecuario, y que derrumbó el kirchnerismo en las elecciones legislativas de junio pasado.
En casi todos los países estos gobiernos tuvieron la intención de crear observatorios de medios, siendo el único poder que no pueden controlar totalmente, y creando leyes con organismos poderosos de control político manejados por los poderes ejecutivos, como el caso argentino, el ecuatoriano y ni hablar del de Chávez.
El Estado así monopoliza la definición de la verdad. Si a esto se le suma la dependencia de los poderes judiciales, podremos imaginar qué fácil resulta de ahí censurar a los medios. Así ocurre en Venezuela y también en Brasil, donde jueces adictos al poder, como al del senador y ex presidente Sarney, no le permiten a los medios divulgar una investigación sobre su corrupción y la de su hijo. Esta medida de censura previa en Brasil alcanzó, por otros casos similares, a 31 medios en los últimos meses que no pudieron denunciar hechos de corrupción.
Tanto las leyes ya dictadas en Venezuela, como las que se dictarán en Ecuador y Argentina, tratan de desarmar los monopolios oligárquicos y golpistas por un ordenamiento de medios, pero que en realidad se trata de disfraces para transformar al Estado en dueño y señor de los medios. En la mayoría de los casos, dejan al sector privado dos tercios de las licencias y se reparten la mitad entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Por ende la propaganda estatal y la mala calidad invadirán el éter resultando en una pésima opción para los ciudadanos de a pie.
Pero las leyes no son necesarias realmente. En la práctica ya se está dando. El modelo chavista de cerrar medios y crear los propios, incluso con los equipos que roba al sector privado, como los de RCTV que utilizó para crear otra televisora, o crear una agencia de noticias como la Bolivariana o la televisora internacional Telesur para competir con CNN, o cientos de periódicos o cientos de radios comunitarias, está invadiendo otros países como Bolivia, Ecuador, donde Correa se apoderó de radios y televisoras y jamás puso esas licencias a licitación como prometió, o de los Kirchner, que han creado y comprado medios a través de testaferros.
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