Noticias falsas y democracia: la gran oportunidad

Extrañaba escribir en este mi espacio. Lo vuelvo a hacer. Esta vez después de que este 29 de octubre fui invitado por la organización IDEA a disertar sobre noticias falsas en el Miami Dade College durante el IV Diálogo Presidencial que reunión a ocho expresidentes, entre ellos a Felipe González, José María Aznar, Laura Chinchilla, Andrés Pastrana, Tuto Quiroga y Jamil Mahuad, entre otros.

Esta fue mi charla: 

La desinformación es nociva para la salud institucional y la vida individual y social, así como el fraude electoral es perjudicial para la democracia.

Los “hechos alternativos”, la “postverdad” y las noticias falsas son nuevos calificativos de viejas mañas. En los nacionalismos eran la estrategia de la propaganda, como la repetición de mentiras que pregonaba Goebbels en el nazismo. En las dictaduras eran la “verdad oficial” que se instauraba por decreto. En los populismos son parte del relato emocional para adulterar la verdad, así sean datos sobre pobreza o inflación como manipulaban el kirchnerismo y el chavismo. El periodismo tampoco está librado de ellas.

Fueron el nutriente del sensacionalismo que nació hace más de un siglo tras la guerra por mayores audiencias y más influencias entre Joseph Pulitzer y William Hearst. Las mentiras estuvieron en tiempos bíblicos y sobrevivirán siempre porque el mal y el bien son esencia del ser humano.

El futuro luce poco halagüeño. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, las nanotecnologías, la computación cuántica, la encriptación, más allá de estar concebidas para el bien, como el internet, también son usadas para fabricar y distribuir engaños con mayor sofisticación de lo que se hizo hasta ahora.

El ex fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, demostró que con el operativo ruso Laktha las fake news pueden ser fabricadas con facilidad y ser una pieza sustancial del arsenal propagandístico de un país para atacar a otro, sin necesidad de derramar balas o sangre.

Gran oportunidad

El panorama es complejo, asusta, pero no es sombrío. Y hay que abrazarlo con optimismo. El debate sobre noticias falsas ha creado mayor conciencia sobre la verdad y la rigurosidad en la creación y distribución de los contenidos, así como sobre la relevancia del buen Periodismo.

Desde que fueron trending topic, con Cambridge Analytica, el Brexit y las elecciones presidenciales de 2016; y las de cualquier país, mediante manipulación extranjera o por acción de ciberactivistas y bots usados por gobiernos y partidos políticos, nunca se había experimentado algo tan formidable en el mundo como lo es esta discusión masiva sobre la verdad y la mentira, sobre la ética y la moral de la información.

Existe una revaloración por la verdad, por los contenidos de calidad de los medios. Los medios se posicionan a adoptar criterios éticos y hacer más transparente sus procesos periodísticos. Proliferan las organizaciones dedicadas al fact checking. Según el Poynter Institute ya existen 188 organizaciones en 60 países, 60 en Estados Unidos y 18 en América Latina.

Los medios están creando departamentos de chequeo de datos, disciplina que se está convirtiendo en un nuevo género periodístico. Las plataformas digitales empiezan a posicionar mejor los contenidos de los medios, como Facebook News una nueva pestaña en la red social que apareció la semana pasada, o Apple News y Wiki Media.

Además, contratacan a las usinas de noticias falsas, y se sienten obligados a resguardar mejor los datos de los usuarios, otro de los talones de Aquiles de esta era híper conectada. Google, con su nueva política, prioriza que las búsquedas pasen primero por los contenidos de calidad, que las búsquedas empiecen por fuentes de noticias más confiables, ofrece más contexto a los usuarios y contraataca a los malos, aunque admite que la tecnología todavía no está bien desarrollada para interpretar intenciones.

Los gobiernos empiezan a regular mejor, temas de transparencia, acceso a la información y reglas más estrictas sobre financiamiento de procesos y campañas electorales y debates. Grandes investigaciones periodísticas sobre la influencia de Narcodólares y de operaciones encubiertas como la de Odebrecht están obligando nuevos planteamientos para defender la democracia.

La información buena se impone, pese a los ríos de desinformación. Y esa es una buena noticia. Repito. Como nunca, hoy se tiene mayor conciencia y se buscan herramientas para diferenciar la verdad de la mentira, el bien del mal.

¿Qué hacer?

En este contexto hay que dividir la paja del trigo. No hay que juzgar a las noticias falsas como un todo. Hay noticias falsas por intereses económicos, con la intención de que afecten el discurso político a través de botcenters y cibermilitantes y otras por entretenimiento, para descalificar y estigmatizar como en el caso de trolls dedicados al bullying.

Debe tenerse en cuenta que cualquier acción que se adopte debe juzgar las intenciones porque son muy diferentes la de un creador de usinas de noticias falsas, que las de un consumidor o distribuidor sin malicia o no precavido. De la misma forma que no se puede medir con la misma vara a un narcotraficante que a un consumidor de estupefacientes.

Y ante cualquier acción o política pública que se quisiera tomar sobre la desinformación, se deberá partir prioritariamente de estándares sobre libertad de expresión y sobre el derecho del público a saber.

Proteger el discurso, aunque sea falso.

En este sentido estoy de acuerdo con lo último que expresó Mark Zuckerberg hace un par de semanas en la Universidad de Georgetown, cuando defendió el discurso malintencionado y mentiroso. Estoy de acuerdo pese a lo errático que se mostró por años respecto a su responsabilidad sobre Cambridge Analytica, o por haber negado por largo tiempo el robo de datos personales desde su plataforma o el uso comerciales de los mismos.

Hace poco lo confrontó la senadora Elizabeth Warren. Acusó a Facebook de ser “una máquina de desinformación con fines de lucro” debido a la divulgación de propaganda política.

Zuckerberg contestó que Facebook no va a moderar las expresiones de los políticos ni verificar el contenido de los avisos políticos porque las opiniones políticas, aún si fueran falsas, siguen siendo relevante y de interés público. Twitter también ha dicho que no va a cerrar las cuentas de los políticos que al parecer transgredan sus políticas en contra del lenguaje violento, porque son parte del discurso público, aunque Jack Dorsey, su CEO, anunció que no permitirán anuncios políticos pagados.

El nuevo criterio de Zuckerberg se puso a prueba. Facebook publicó un video de 30 segundos de la campaña de Trump en el que se explicaba que Joe Biden había estado involucrado en actos de corrupción en Ucrania. CNN y NBC, entre otros medios, se negaron a divulgarlo argumentando que el video violaba sus normas de publicación.

Creo que los medios estuvieron en lo correcto al no haber difundido el video. Pero también creo Facebook estuvo en lo correcto al haber difundido el video. También creo que Facebook hace bien en defender el discurso político falso y que Twitter haya decidido no publicar más anuncios políticos pagados.

Esta dualidad que pudiera tener muchas más opciones demuestra el valor que tiene la libertad de expresión a la que no hay que comprenderla basada solo en el criterio de un medio o emisor, sino en la que puedan convivir políticas y criterios distintos. La libertad de expresión se basa en la pluralidad y la diversidad de criterios.

Algunos congresistas estadounidenses como Warren siguen amenazando sobre imponer regulaciones y puede ser riesgoso. Ya existen muchas leyes para regular acciones criminales, como la venta de datos personales o actitudes que no protegen la privacidad y hasta contenidos criminales que no son producidos por las plataformas ni por los medios, sino a través de ellos.

La regulación es pertinente para penalizar los delitos que abundan en las redes o en el internet profundo, como la apología de la violencia, el discurso de odio, el racismo o la pornografía infantil y la trata de personas. Pero, como dije antes, las noticias falsas no deben considerarse un acto criminal, sino su intención es la que las puede convertir en delito. Por ello tiene que velarse por un equilibrio constante con la libertad de expresión para no afectar el derecho del público a saber.

No regular en exceso, para preservar la libertad

Para preservar la libertad de expresión habría que evitar caer en una manía reguladora que pueda impulsar un mal mayor del que se trata de remediar. Preocupa que estén emergiendo controles que pueden ser más contraproducentes que las noticias falsas en sí. Desde Europa a América Latina, varios gobiernos iniciaron enérgicas carreras legislativas para controlar la desinformación en las redes sociales – no solo en época electoral como circunscribe al tema el informe Mueller – sino en todo momento, corriéndose el riesgo de desbordes legales que terminen por censurar debates que el público debe estar en condiciones y en libertad de mantener.

El ejemplo de las leyes de propaganda enemiga y contra la discriminación y el odio, en Cuba, Venezuela y Bolivia son ejemplos de cómo las leyes pueden tener la intención aviesa de censurar el debate público mediante excusas de apariencia loables.

Muchos descubrimientos periodísticos - Panamá Papers, FIFAgate, Paradise Papers, Odebrecht o la trama rusa – fueron en su origen tildados de noticias falsas, por lo que una ley que legalice la censura podría haberlas restringido en su origen y no tendríamos ahora todas las ventajas que esas investigaciones trajeron atrajeron como consecuencia.

Creo que soportar mentiras, es el precio para pagar para descubrir verdades. La falsedad, incluso con la intención de causar daño, a veces es el precio por vivir en libertad.

Los legisladores no deberían apresurarse a legislar. Deben ser prudentes, permitir que el tema decante en la opinión pública e incentivar más debate. Si se legisla cuando todavía existe confusión, se corre el riesgo de sobreactuar y extralimitarse con las prohibiciones.

En ese sentido y a pesar de lo que hacen algunos países europeos, como Francia y Alemania, la Comisión Europea en un estudio publicado en 2018 estableció que la cuestión de la desinformación no pasa por regular. Posiciona como prioridad la necesidad de crear programas de alfabetización mediática y digital. Plantea que debe respaldarse más a los medios de comunicación, como por ejemplo la ley que luego aprobó para que los medios, como creadores de contenido, reciban regalías por derecho de autor, esto en consideración que las plataformas usan muchos de esos contenidos para publicar publicidad comercial, la que justamente se acaloró de los medios.

Estos temas también los planteó la reciente guía de recomendaciones sobre procesos electorales sin interferencias indebidas de la Relatoría Especial de la CIDH. Asimismo, lo estableció la SIP en su Declaración de Salta de 2018, el primer documento sobre libertad de expresión en la era digital que reparte derechos y responsabilidades por igual a periodistas, medios, políticos, gobiernos, plataformas y usuarios. Los gobiernos deben cuidarse de tomar medidas regulatorias desproporcionadas y no usar el derecho penal para castigar la opinión y el debate y las noticias.

Se debe fortalecer el marco de los datos personales para que no sean utilizados por la publicidad comercial o la propaganda. Los gobiernos deben crear escudos para la desinformación en procesos electorales y no deben distribuir, crear o manipular campañas de noticias falsas de terceros.

Se deben crear más agencias de verificación de datos. La academia debe seguir investigando sobre el impacto de las noticias falsas sobre sus causas y efectos.

Conclusión: Sin patente de corso

Esto no implica extender una patente de corso. Pero si implica tener la sapiencia necesaria para abordar este debate desde la perspectiva de la libertad de expresión.  Puede ser contraproducente - como reconoce la relatoría - que se pida a entidades privadas como Facebook o Google, que se autorregulen y censuren, porque en el celo por la eficiencia la censura privada puede ser tan gravosa como la censura de los gobiernos autoritarios, siempre prestos a hacer absolutamente todo sin debido proceso.

No debe quedar en manos de censores, privados o públicos, lo que como ciudadanos debemos tener el derecho a recibir. Distinguir entre lo falso y lo verdadero es otro tema.

Por ello rescato la frase de la Guía de la relatoría: debe haber “respuestas no regulatorias para potenciar las capacidades de los ciudadanos”, y así puedan distinguir entre información falsa y verdadera.

Por esto, creo que toda política debiera centrarse en la perspectiva de la libertad de expresión y ante ello lo que se impone es la responsabilidad de los medios y periodistas, de los partidos políticos y gobernantes, de los académicos y líderes religiosos, y de las organizaciones civiles, así como la responsabilidad de cada uno de los individuos o usuarios a dar el ejemplo, sobre la base de la búsqueda de la verdad y la distinción con las mentiras.

No quiero sonar ingenuo, pero creo que estamos en los orígenes de una nueva revolución, la de la verdad, y no debemos desperdiciar esta oportunidad para abrazarla con optimismo y sabiduría.