sábado, 7 de mayo de 2011

Gobierno mentiroso; Abal Medina a la cabeza


La reunión con el secretario de Medios de Argentina, Juan Manual Abal Medina, fue amable, distendida y en la cual nos dio, a una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa, una excelente bienvenida, destacando un informe que otra misión de la SIP ofreció sobre el país en 1978, en el que se resaltó la violación a los derechos humanos por parte del gobierno militar y la complicidad por omisión de muchos medios de comunicación y periodistas.

La obvia mención de aquella misión de la SIP que había encabezado Edward Seaton e Ignacio Lozano, tuvo la intención de desacreditar otras posteriores, especialmente dos que se hicieron durante la presidencia de Néstor Kirchner en la que se denunció las malas prácticas de su gobierno en contra de la libertad de prensa.

Durante la reunión de este pasado miércoles, Abal Medina, flanqueado por varios funcionarios de su Secretaría que actuaban de apuntadores, incurrió en varias mentiras que luego fuimos constatando durante otras reuniones con políticos, legisladores, jueces y actores de organizaciones intermedias.

Abal Medina dijo que había libertad de prensa irrestricta en el país. Puede ser que se pueda decir lo que quiera, pero es evidente que se toman represalias contra los medios y periodistas independientes y críticos.

Resaltó que Canal 9, propiedad de un extranjero, González, había sido ya vendido, obedeciendo lo establecido por la ley en contra de la propiedad parcial de los extranjeros. Pronto miembros de Canal 9 desmintieron al funcionario diciendo que no había cambiado la propiedad del canal.

Abal Medina dijo que el gobierno nacional ya había empezado a entregar publicidad a la editorial Perfil, como lo estableció un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Jorge Fontevecchia, presidente de esa editorial, nos dijo que eso era mentira y que el gobierno no había entregado nada, excepto una pequeña publicidad sarcástica en contra del propio periódico Perfil.

Lo más extraño, fue que Abal Medina dijo todo esto como si nuestra misión no pudiera verificarlo en las próximas horas.

viernes, 6 de mayo de 2011

Transparencia; hay que exigirla


El mayor mal de América Latina es la corrupción. ¿La causa? Una cultura tolerante con la deshonestidad, incentivada por leyes poco rigurosas, justicia apática y favores políticos. ¿La consecuencia? La región nunca logra alcanzar todo su potencial económico, pese a épocas cíclicas de bonanza como la actual.

A diario en cada país se revelan actos de corrupción. Ilusiona que la justicia costarricense haya condenado esta semana al ex presidente Miguel ángel Rodríguez, por aceptar sobornos de una multinacional francesa, pero pocos casos como este son sentenciados, por lo que el ciudadano pierde credibilidad en el sistema.

El problema no son los actos corruptos, sino que la corrupción se ha incorporado como estilo de vida. En Brasil, por ejemplo, se tolera que 11 de 27 gobernadores electos en octubre último estén manchados por compra de votos. En México, que muchos diputados ocupen bancas gracias a dineros del narcotráfico. Y en Argentina, que la Sindicatura General, el ente que vela por la transparencia del Estado, se niegue a informar sobre anomalías detectadas en organismos de gobierno.

No rendir cuentas parece la norma en la región. La administración pública es una maquinaria perversa que engulle todo a su paso; los que entran decentes son transformados. En ese ambiente enfermizo, la deshonestidad se custodia con autoritarismo. Así, los de más arriba reforman constituciones para perpetuarse en el poder y mantener su inmunidad, o manipulan leyes para gobernar de espaldas  al pueblo, sin contrapesos ni fiscalización.

El presidente Hugo Chávez es claro ejemplo. Acaba de reformar por decreto a Petróleos de Venezuela, obligándola a que entregue un porcentaje mayor de los excedentes del crudo a su Fondo de Desarrollo Nacional. Una partida de fondos que maneja a discreción y sin rendir cuentas. A más de 100 dólares el barril, se estima que este año tendrá unos 11.000 millones a disposición, por lo que pronto recomenzará la exportación de revolución bolivariana, encapsulada en valijas llenas de efectivo.

¿Se puede detener esa cultura de la corrupción? ¡Seguro que sí! Pero se necesita voluntad política; crear leyes rigurosas y severas; emancipar a la justicia. No basta con aquellas leyes que protegen los asuntos públicos, como las de lavado de dinero; se necesita también de las que combaten la corrupción interna, y obligan a gobernar en forma abierta.

En México, Perú, República Dominicana, Ecuador, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, se crearon en los últimos años leyes de acceso a la información pública, pero a juzgar por los resultados, fueron más producto de la demagogia que de la vocación por crear una cultura de la transparencia. Funcionario que retacea información no es castigado, y los gobiernos no educan al ciudadano sobre su derecho a conocer la forma en que se administran los recursos públicos.

En Argentina, Bolivia, Costa Rica y Paraguay, los políticos hablan de ser transparentes, pero proyectos de ley sobre el tema hace más de un lustro que duermen engavetados en los congresos.

Crear una cultura de trasparencia es trabajo arduo y constante. En EEUU, una ley de 1966 ayudó a construir un gobierno abierto, pero todavía se reclama por la tendencia al secreto. Una encuesta reciente de la Fundación Knight halló que 13 de 90 organismos estatales no tienen el hábito de rendir cuentas, a pesar de que el presidente Barack Obama instruyó desde el primer día de su gobierno abrazar una política de apertura.

Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día que no debe pertenecer a periodistas ni medios, sino para reivindicar el derecho del público a saber. Es buena oportunidad para que los gobiernos adopten leyes para que empiecen a transformar la cultura de la corrupción en una de honestidad. Un buen gesto en ese sentido lo dará la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien se espera que ese día sancione una ley de acceso informativo y transparencia.

Ser corruptos o transparentes depende en gran medida de las reglas. El desafío de los gobernados es exigirlas, para que los gobernantes estén obligados a custodiar los bienes ajenos como propios.

Argenina sin verdadera libertad de prensa


Publico el comunicado que sacamos con respecto a la visita que con la SIP hice a Argentina.

La Sociedad Interamericana de Prensa ratifica su preocupación por las acciones y omisiones del Estado que afectan en forma severa el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el país, mediante una estrategia oficial de control de la información.

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, quien encabezó la delegación internacional, advirtió que las evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina”. Asimismo, Marroquín “hizo un llamado a todos los sectores y a la población en general a defender y promover la libertad de expresión, porque sin ella no puede haber verdadera democracia”.

Marroquín, del diario Siglo 21, Ciudad de Guatemala, Guatemala, llegó acompañado a Buenos Aires de Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News, San Antonio, Texas, Estados Unidos; Claudio Paolillo, copresidente de esa comisión, del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay; María Elvira Domínguez, titular de la Comisión Chapultepec, de El País, Cali, Colombia; por Julio E. Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y director de Libertad de Prensa de la institución respectivamente.

Más allá del documento que entregó la Secretaría de Medios a la delegación internacional de la SIP, en la que realiza diversas acusaciones contra un grupo de medios concreto y establece que hay “completa libertad” de prensa en el país, la institución hemisférica ha constatado un panorama diferente en el que se ha incentivado la confrontación y polarización de la sociedad.
                                                                                                                      
Luego de las múltiples entrevistas con actores políticos, sociales y periodísticos, la misión de la SIP fue reiteradamente informada sobre la existencia de legislación que potencialmente afecta a la prensa en materia de discriminación de otorgamiento de licencias operativas, con una clara intromisión en los contenidos de los medios y sus criterios editoriales; y un proyecto para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para periódicos.
También la SIP detectó el uso indebido de recursos públicos para castigar o premiar a medios y periodistas a través de dádivas y de la distribución de publicidad oficial de acuerdo a posiciones editoriales. En ese marco, fueron recabadas insistentes denuncias sobre la creación de redes públicas y privadas de medios y periodistas dedicados a hacer propaganda y/o apoyar las acciones de gobierno.

La misión también recibió denuncias concretas sobre hostigamiento y amedrentamiento de parte de organismos del Estado contra periodistas independientes o críticos; de incumplimiento de fallos judiciales en materia de libertad de prensa que permitió, por ejemplo, el bloqueo de la circulación de diarios el 27 de marzo pasado, sin que esa conducta hubiera acarreado responsabilidades ulteriores; y del impulso de sorprendentes acciones judiciales acusando a directivos de periódicos de supuestos delitos de lesa humanidad. 

Rivard dijo que el temor de la SIP es que el “clima de la libertad de prensa continúe deteriorándose” y que “si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no revierte esta situación de ataques permanentes contra los medios de comunicación, el pueblo argentino perderá otra vez, como en épocas oscuras del país, la verdadera libertad de expresión”.

Por su parte, Paolillo dijo que “debe quedar bien en claro que a diferencia de la opinión manifestada por el gobierno a la delegación, cualquiera sea la consideración sobre el accionar de periodistas y medios de comunicación, la responsabilidad principal para garantizar y promover el efectivo ejercicio de la libertad de expresión corresponde al Estado”. Ese mandato surge de la Constitución de la República y de los pactos internacionales reconocidos y suscritos por Argentina.

La SIP recibió un cuestionamiento de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) sobre la inequidad que padece la prensa regional en materia impositiva respecto a los grandes medios del país. En ese sentido, se remarcó una promesa incumplida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2009 anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso estableciendo un tratamiento especial para los periódicos del interior del país.

Desconcertó a la misión de la SIP saber sobre declaraciones de altos funcionarios de gobierno que trasuntan un desconocimiento de las responsabilidades que les caben en el ejercicio de su función en una democracia, como por ejemplo, el ministro del Interior, ha declarado que “los medios públicos están al servicio del gobierno” u otros funcionarios que han establecido que los periodistas deben ser militantes.   
En ese sentido, la SIP considera imprescindible una mayor voluntad política tanto de la oposición como del gobierno, para que el país se sume a otros que han  adoptado leyes efectivas de acceso a la información pública y transparencia; y adopte reglas claras y técnicas para la utilización de los dineros públicos, ya sea en materia de publicidad oficial como de propaganda electoral.

La SIP recuerda que los medios de comunicación del Estado deben estar al servicio de toda la sociedad y no ser utilizados por los gobiernos, cualquiera sea la ideología de éstos.

Este es un informe preliminar de la misión, cuyos resultados finales serán elevadas a las autoridades de la SIP. La delegación tuvo entrevistas con organizaciones no gubernamentales, como con Laura Sommer, del Centro de Implementación de Políticas Públicas; Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano; y Eduardo Oteiza, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles. También con el secretario de Medios de la Presidencia de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, y varios de sus colaboradores. Con la senadora, María Eugenia Estenssoro, presidenta de la Comisión Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación; la diputada, Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa y varios legisladores de esa Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

La delegación se reunió con la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena I. Highton de Nolasco; con el presidente de la Comisión Episcopal para Medios de Comunicación Social, arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Jorge Oesterheld. Se realizaron reuniones con los periodistas Luis Majul, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Carlos Jornet, Julio Rajneri, Hugo Grimaldi y Daniel Dessein; así como con directivos de medios como Jorge Fontevecchia y Gustavo González, de Editorial Perfil; Bartolomé Mitre y Fernán Saguier, de La Nación y Héctor Magnetto y Héctor Aranda de Clarín, entre otros representantes.

La delegación también se reunió con representantes y directivos de medios del interior del país; miembros de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, Alberto Gowland Mitre, vicepresidente de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Ripoll, presidente de la Asociación Argentina de Editores de Revistas, Carlos Molinero, director ejecutivo de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y Edmundo Rébora y Héctor Parreira de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.
Otras reuniones se realizaron con el secretario General de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina y diputado nacional, Omar Francisco Plaini. Con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el diputado, Oscar Moscariello, vicepresidente de la Legislatura y Diana Martínez Barrios, presidenta de la Comisión de Comunicación Social. La SIP también se reunió con representantes de ADEPA, encabezados por su presidente, Daniel Dessein; con miembros de ADIRA, liderados por su presidente, Fernando Cuello; y de FOPEA, encabezados por su titular, Gabriel Michi.

Otras entrevistas que fueron solicitadas pero por motivos varios no fueron concedidas incluyeron a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; al diputado nacional, Alejandro Rossi; al senador, Miguel Pichetto; al secretario general de la CGT, Hugo Moyano; al ministro del Interior, Florencio Randazzo;  y al asesor general de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, Carlos Taboada.

La SIP también recibió denuncias, y cuestionamientos, de parte de periodistas y otros empleados de medios de comunicación, que comparten la línea oficialista en materia de libertad de prensa sobre las amenazas, que según ellos, representan los “grupos monopólicos de la comunicación” para “el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.
 

miércoles, 4 de mayo de 2011

Piñera firmó la Declaración de Chapultepec


El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó hoy la Declaración de Chapultepec, en un acto solemne en la Plaza de la Constitución frente al Palacio de la Moneda, durante una ceremonia en la que participaron miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de la Asociación Nacional de la Prensa de Chile (ANP).
En un compromiso contundente con la libertad de prensa, Piñera resaltó cinco puntos del gobierno para “defender y promover en todo tiempo, lugar y circunstancias la libertad de prensa”. También especificó que su gobierno elevará la voz cuando otros gobernantes mancillen esa libertad.
“Actuaremos con la mayor transparencia ya que la democracia se mide por el control y el escrutinio público, por lo que estoy comprometido a seguir incrementando los niveles de transparencia”, dijo Piñera.
El presidente chileno también se refirió a la creación de una cultura “de la rendición de cuentas” y a mantener una política de puertas abiertas para que los medios y el público acceda a la información oficial.
También resaltó la política de extensión de la banda ancha en su país “para que todos participen con sus ideas”, en referencia a que las nuevas tecnologías han roto con el monopolio de la información.
Pinera fue antecedido por el presidente de la ANP, Alvaro Caviedes y por el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín.
Marroquín dijo que “desde esta bella plaza de la capital chilena hacemos un llamado a la sociedades de Norteamérica, el Caribe, Centroamérica y el Cono Sur para que juntos, prensa y sociedad, asumamos algo más que una actitud de alerta; una actitud de rechazo ante cualquier acción que pretenda restringir el derecho humano de libre expresión”.
El presidente de la SIP explicó que hay dos grandes enemigos de la libertad de expresión y de la libertad de prensa: el crimen organizado y los gobiernos intolerantes y autoritarios, que “en ambos casos pretenden limitar, restringir o terminar completamente con ese libre tráfico de información que tanto les incomoda por razones que resultan más que obvias”.
Pinera se convirtió en el 59º presidente en firmar la Declaración de Chapultepec, documento que contiene 10 principios fundamentales para que una prensa libre cumpla su papel en la democracia. La Declaración fue adoptada por líderes políticos, intelectuales, periodistas y ciudadanos de toda América durante una Conferencia Hemisférica celebrada en 1994 en México.
Piñera rescató que la libertad de prensa también conlleva deberes, obligaciones y responsabilidades, entre ellas citó “el compromiso de ejercerla con pleno respeto a la verdad”. También añadió que la prensa debe respetar “la dignidad y la honra de las personas”.
Por último, insistió en que la prensa tiene el deber de contribuir “a la calidad del debate público” y agregó que “quienes bajan la calidad para aumentar las audiencias, perjudican el sentido de la libertad de prensa”.
La delegación internacional de la SIP, además de Marroquín (Siglo 21, Guatemala), está integrada por Jorge Fascetto (Diario Popular, Argentina), Alejandro Miró Quesada (Cosas, Perú), Scott Schurz (Hoosier Times, Inc, Estados Unidos), Bartolomé Mitre (La Nación, Argentina), Claudio Paolillo (Búsqueda, Uruguay), María Elvira Domínguez (El País, Colombia), Jorge Canahuati (La Prensa, Honduras), Francisco  Miró Quesada (El Comercio, Perú), Gilberto Urdaneta (El Regional del Zulia, Venezuela), José  Roberto Dutriz (La Prensa Gráfica, El Salvador), Fabricio Altamirano (El Diario de Hoy, El Salvador), Marcela Noble Herrera (Grupo Clarín, Argentina), Ulilo Acevedo Silva (Hoy Diario del Magdalena, Colombia), Saturnino Herrero Mitjans (Grupo Clarín, Argentina), Julio E. Munoz (director ejecutivo de la SIP) y Ricardo Trotti (director de Libertad de Prensa de la SIP).