La lucha contra la
corrupción genera resistencia. Actualmente la más férrea es la del presidente
guatemalteco, Jimmy Morales, que quiere expulsar de su país a la Comisión
Internacional contra la Impunidad (CICIG), cuya eficiencia despierta envidias
en todo el mundo, en especial en aquellos países donde los sistemas
anticorrupción fracasan.
La actitud de Morales desnuda
un gran conflicto de interés. En su campaña, bajo el lema “ni corrupto, ni
ladrón”, había garantizado que la CICIG operaría en el país hasta finales de 2019.
Sin embargo, ahora declaró persona non grata al titular de la entidad, Iván
Velázquez, y amenazó con expulsarlo. Su venganza es porque el Comisionado pidió
levantar su inmunidad presidencial por haber recibido dineros sucios para su
campaña y porque procesó a uno de sus hermanos y a su hijo por otros delitos
contra el Estado.
Por suerte en América
Latina, la región en donde la corrupción es histórica, estructural y cultural, se
observan buenos avances en su contra, como lo admite el presidente de
Transparencia Internacional, José Ugaz. Uno de los casos más sonados lo lideró
en su país natal contra la dupla Fujimori-Montesinos y ahora es en Brasil,
donde el caso Lava Jato desató la caída de poderosos en toda la región, como la
del ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa.
La importancia del caso brasileño
de Marcelo Odebrecht es que ha desnudado el concepto de cartelización de la
corrupción, lo que Velázquez está tratando de extirpar de Guatemala. No solo es
gente y funcionarios que quieren beneficiarse del Estado, sino grupos
poderosos, públicos y privados, que actúan en complicidad orquestando carteles
públicos con rasgos de crimen organizado. Desde el poder, su máximo objetivo es
crear mantos estructurados de impunidad difíciles de penetrar.
Por ello los guatemaltecos
comunes no quieren que desaparezca la CICIG, nacida en 2006 tras un acuerdo entre
el gobierno y las Naciones Unidas, que en pocos años logró lo que el sistema
judicial guatemalteco no pudo en décadas. Velázquez consiguió procesar y
encarcelar a más de 300 poderosos miembros de círculos políticos económicos
cartelizados, entre ellos a cinco ex ministros, tres ex presidentes del
Congreso, magistrados de la Corte Suprema, funcionarios aduaneros y penitenciarios,
banqueros y a la ex cúpula presidencial compuesta por Otto Pérez Molina y
Rosana Baldetti.
Ugaz de Transparencia da
otra dimensión a esta cartelización. Ya no habla de corrupción sino de la “gran
corrupción”. Considera que la corrupción dejó de ser un problema moral como se
la percibía hasta hace tiempo. Ahora dice que tiene una fuerte implicancia
económica, ya que los dineros que algunos pocos roban para su cartel, impactan
negativamente en la sanidad, la educación, la pobreza, el desarrollo y la
gobernabilidad.
Por ello Ugaz plantea que
hay que atacar en forma integral a la corrupción, no sólo aumentando los
castigos o declarando imprescriptibles esos crímenes. Precisa que además de reformas
de políticas públicas, se necesita educar contra la cultura de la corrupción. Le
alarma que el 78 por ciento de la población considere que la corrupción “es el
pago de una contraprestación recibida, casi una transacción normal común y
corriente cuando en realidad es un hecho delictivo”.
Tanto Ugaz como Velázquez
consideran que la corrupción no es un problema genético y que se necesita
voluntad política y liderazgo en su lucha. Así como Velásquez contó con apoyo
político hasta antes del arranque de ira de Morales, Ugaz lo tuvo en Perú como
fiscal anticorrupción, permitiéndole procesar a 1.500 personas, entre ellos 130
funcionarios de altísimo nivel, incluyendo al ex presidente Alberto Fujimori
condenado a 25 años de prisión.
Ambos observan que además de
los contrapesos institucionales, se necesitan otros dos elementos para
desarraigar la corrupción, tal como sucedió en Perú, Guatemala y Brasil.
Primero, el empoderamiento
de los ciudadanos que salen a la calle para presionar cambios y exigir justicia
contra los corruptos. Segundo, la existencia de una prensa independiente e investigativa
que ponga al descubierto los temas que la Justicia tiene bajo reserva, ayudando
a crear presión, conversación pública y conciencia sobre cómo la corrupción roba
la vida cotidiana de cada ciudadano. trottiart@gmail.com
