sábado, 5 de septiembre de 2009

Marihuana

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que esta semana despenalizó la posesión y consumo de marihuana envía un mensaje pésimo a los jóvenes, a los padres y a los traficantes de drogas. La falta de castigo pudiera propiciar la percepción de que la droga, después de todo, no es tan mala ni peligrosa y hasta es menos dañina que el alcohol y el tabaco.
Aunque el fallo está fundamentado en la excepcionalidad, porque no legaliza la marihuana sino que solo descarta el castigo de cárcel a los mayores de edad que la consumieren en la privacidad y sin perjudicar a terceros, su forma precipitada e inconsulta, invita al rechazo.

El sabio principio constitucional invocado en forma unánime por los siete jueces de que toda acción privada que no ofenda el orden y la moral pública “está sólo reservada a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados”, es irrelevante para los padres, ya que mientras el dictamen apunta a la responsabilidad del Estado sobre las drogas, minimiza los esfuerzos de los progenitores por enseñar a sus hijos sobre los efectos de la marihuana en la salud, el núcleo familiar y en la conducta moral.
Por más que el fallo haga disquisiciones filosóficas sobre el entorno de la persona con su privacidad y libertad, lo que los padres tienen claro es que la droga es mala. El fundamento no es racional, brota de la conciencia pura, del sentido común: nadie aconsejaría a su hijo a consumir drogas, así sea en el rincón más íntimo de su casa, y aunque no sea un delito criminal. Saben que la marihuana provoca adicción, crea tránsito hacia sustancias más tóxicas y desinhibe conductas delictivas, por más que muchos justifiquen lo contrario.
El mensaje del fallo también es peligroso porque relaja el comportamiento de quienes trafican y venden drogas, que con violencia o persuasión, buscan aumentar la demanda. Quienes incluso van más allá de la despenalización y creen en la legalización - porque permitiría mayores controles y hasta cobrar impuestos que reducirían el valor de las drogas y su negocio - desestiman que el narcotráfico maneja volumen, precios de promoción e iniciación, y que las drogas son solo un renglón más de un crimen organizado cada vez más diverso y productivo; que, como en México, es hasta protegido por entidades estatales infiltradas e instituciones sociales beneficiadas con generosas donaciones del narcotráfico.
Despenalizar o no la marihuana es una polémica muy añeja en el mundo con tantos detractores como simpatizantes. No hay evidencia confiable que muestre que con o sin criminalización del consumo se haya reducido la drogadicción. Lo que sí es evidente, es que la batalla contra la globalización del mercado de las drogas se está perdiendo.
De ahí que tres ex presidentes, César Gaviria de Colombia, Henrique Cardoso de Brasil y Ernesto Zedillo de México, ante políticas puramente represivas como las que aplica EE.UU. frente al narcotráfico y a los adictos, hayan sugerido la despenalización del consumo de la marihuana en el documento “Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma”, a la vez de exigir mayor responsabilidad a los países consumistas.
El documento, conocido este año, tiene fallos y aciertos. En lo negativo, desestima que el límite entre países productores, de tránsito y consumidores es cada vez más difuso porque el narcotráfico supo globalizar la venta y el consumo. En lo positivo, como lo apunta el dictamen argentino, la despenalización evitaría el sobrecargo de los sistemas judiciales y penitenciarios, permitiendo a las autoridades combatir el narcotráfico y tratar a los adictos como enfermos, no como criminales.
A pesar de las buenas intenciones de los magistrados argentinos en materia de salud y seguridad pública, su error no radica en el espíritu del fallo, que bien sugiere al Estado la adopción de medidas preventivas "con información y ecuación disuasiva del consumo”, sino en la forma apresurada e impositiva de la decisión.
Una medida de esta naturaleza, como la despenalización – que modificará conductas y apreciaciones morales entre padres, educadores e hijos – hubiera requerido un amplio y profundo debate social, de tal forma que los protagonistas principales hubieran sentido que sus preocupaciones y derechos estuvieran debidamente incluidos.

viernes, 4 de septiembre de 2009

Calidad contra Chávez

Es difícil cuantificar el éxito midiéndolo por la cantidad de personas que pudieran haberse sumado en el mundo entero para protestar contra Hugo Chávez. El éxito debe medirse en esta circunstancia por el contagio multi internacional que se logró como producto de la inter conectividad y conexión que se contagió por las redes sociales a través de cientos de ciudades alrededor del mundo. Una convocatoria que ni siquiera se hubiera logrado hace dos años atrás.
Lo mejor, para muchos, fue que la marcha multinacional coincidió con un Chávez que está lejos, de gira por países “democráticos”, como en Siria y Libia, entre otros, donde en todos ellos gritó pomposamente que era “soldado de la revolución y soldado de Fidel Castro”, sintiéndose orgulloso de pertenecer a un grupo de dictadores.
La indignación de un grupo de jóvenes colombianos que despertaron este entusiasmo en contra de Chávez, fue coronado aún más por el “voto de censura” que el Senado de Brasil produjo en contra de Chávez este martes por coartar la libertad de prensa en su país. Desde que hace un par de meses atrás el presidente venezolano pidió a sus ministros que prepararan un “mapa de guerra mediática”, todos los funcionarios se dieron a la tarea de agradar a su amo, presentando varios proyectos de ley para castigar “delitos mediáticos” y prohibir el derecho de reunión, lo último que queda por prohibir en Venezuela.
En realidad el proceso de controlar el derecho de asociación y reunión hace rato que empezó. En el país, ya se iniciaron 2.200 procesos judiciales contra personas que han participado en marchas y protestas contra de políticas gubernamentales o por la falta de agua o el estado deficiente de edificios escolares, entre otras cosas cotidianas.
Chávez podrá seguir adelante con su dictadura interna, pero lo que no podrá hacer jamás es dominar todo el proceso internacional de rechazo en su contra. Hoy ha sido un día fantástico en el que quedó demostrado que las redes sociales se están transformando en un medio importante para concientizar sobre causas justas y necesarias.

jueves, 3 de septiembre de 2009

Alvaro Uribe III

Aunque lo ha conseguido tras un proceso democrático y gracias a su gran popularidad, el presidente Alvaro Uribe es parte de la saga latinoamericana donde los presidentes se desviven por perpetuarse en el poder.
Los diputados colombianos casi por unanimidad, 85 a 5, votaron a favor de un referéndum para que sea reformada la Constitución y así seguir con un proceso electoral en el que al menos 7.5 millones de colombianos deben votar para darle validez a una nueva y tercera reelección de Uribe de cara a las elecciones de mayo de 2010.
Seguramente, gracias a su popularidad, una de las más altas de América Latina, Uribe se quedará en la presidencia. Para muchos, es el presidente ideal para Colombia que le ha ayudado a salir del círculo indescifrable de la violencia. Para otros, es la única forma de tener un balance continental donde la izquierda de Hugo Chávez siempre choca con el paredón ideológico que representa Uribe.
Más allá de los pro y cons, se trata de una muestra más de un presidencialismo exacerbado que nunca fue bueno para América Latina ya que la concentración de poder que se alcanza con tantos años deviene en abuso de poder y corrupción. Claro está, es que también estos dos vicios de la democracia se han dado en presidentes que tuvieron un solo período o que ni siquiera llegaron a cumplirlo.
Sin embargo, lo peor está en que esa posibilidad de los vicios democráticos se busquen mediante ley, sabiendo – como sucedió en el caso colombiano con denuncias de extorsiones y coimas – que el Estado (o el gobierno de turno que lo administre) siempre utilizará su estructura – lo que es ya un abuso de poder en sí mismo – para alcanzar sus fines. De ahí, la preocupación escasa de que este referéndum votado por los legisladores será aceptado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que a pesar de los grandes encontronazos con Uribe, terminarán limando sus asperezas mediante el lobby y la influencia.
Este proceso hacia el Alvaro Uribe III cierra las puertas a todos los críticos que alguna vez tuvieron presidentes como Chávez, Morales o Correa – algo que con denodada atención busca Ortega – por haberse perpetuado en el poder a instancias de referendos y plebiscitos de dudosa procedencia y resultados.

miércoles, 2 de septiembre de 2009

Honduras y su escenario futuro

Es difícil predecir lo que sucederá con Honduras en los próximos meses. La cuenta regresiva hacia las elecciones comenzó este lunes, mientras el gobierno de Roberto Micheletti no da vuelta atrás y la comunidad internacional apoya la moción del Consejo permanente de la OEA para no reconocer al próximo gobierno que los hondureños elijan el 29 de noviembre.

Por ahora el acuerdo propuesto por el presidente Oscar Arias no parece permear en la voluntad del nuevo gobierno y la prensa internacional – además del mentor presidente venezolano – está dejando caer las pretensiones de Manuel Zelaya de regresar al poder. A esta altura, muchos se preguntan: ¿regresar para qué? Antes de que logre reacomodarse debería dejar lugar a unas elecciones que se adelantarían por un mes, según Arias, y en las que no se podría colocar ningún tipo de cuarta urna.

La Comunidad Europea dio marcha atrás a más sanciones contra Honduras y tal vez Zelaya logre algún otro compromiso de parte de Hillary Clinton este jueves, que muchos esperan que no sea en contra de lo que queda de ayuda económica estadounidense, inversiones ni remesas y que todo siga por el lado de la política, tal el caso de restricciones inmigratorias para que las sanciones no penalicen a los millones de hondureños que no están a favor de una u otra postura en pugna y que no tienen la culpa de lo que sucede, sino que quieren vivir en paz y que no los manipulen acercándolos a cualquiera de los dos extremos en la polémica.

Nadie sabe que significará en la práctica que el nuevo gobierno que emerja de las elecciones de noviembre no sea reconocido. ¿Más sanciones? ¿Qué se piense que Mel Zelaya debe regresar, aún habiéndosele acabado su tiempo? ¿Y si fuera así por cuánto tiempo regresaría?¿Es que se trata de un partido de fútbol en que el referí da un alargue porque alguien demoró el juego? ¿Pero cuánto tiempo más seguirían las sanciones y el no reconocimiento de un gobierno nuevo, legítimo, elegido por el pueblo, conformado por un candidato que nada tuvo que ver en el golpe o la sucesión, como quieran llamarla? ¿Las elecciones y todo el cronograma electoral ya estaban aprobados y autorizados antes del 28 de junio, por lo que no haberlo cumplido, hubiera significado el descarte de los candidatos?

Pero la pregunta más trascendente es ¿cómo se comportaría la comunidad internacional en caso de que las elecciones se realicen con normalidades (masivas y transparentes) y se elija al nuevo presidente en noviembre con un alto porcentaje de votos, y luego éste asuma en enero como está previsto en el calendario, mientras Micheletti se retira a su finca?

lunes, 31 de agosto de 2009

Leyes de Radio-TV y la libertad

La mejor forma que tiene un gobierno para cercenar la libertad de prensa es mediante la asfixia de la radio y la televisión, medios a los que tiene a mano. Debido a sus características, los medios electrónicos están regulados por leyes especiales ya que utilizan el espacio público, el éter, por lo que es necesario administrar las frecuencias en las que operan para que no se produzca un caos con otras frecuencias de servicio público.

En todas las épocas, las licencias que se otorgan a los prestatarios, siempre han concitado arduas polémicas. Casi todos los gobiernos, en una u otra época, han utilizado las leyes o las han reformado para poder discriminar con tranquilidad a quienes les critican o denuncian sus actos de corrupción. Por eso cada tanto, aparecen proyectos de ley para reformar “legislación obsoleta” y acabar con los “monopolios”, que si bien existen, son solo el producto de lo que las leyes y los gobiernos anteriores permitieron; dándose paso, con las nuevas leyes, a privilegiar a otros empresarios que “comulgan” con el nuevo gobierno, por lo que se desactivarán viejos monopolios para crear concentración de medios en grupos más sumisos o menos “opositores”.

La Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, así como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que presentó la semana pasada la presidenta Cristina de Kirchner y la que está presentando Rafael Correa en Ecuador, tienen características parecidas. Nacieron como parte de un paquete estratégico del gobierno en épocas que los poderes ejecutivos estaban y están cercenando otras libertades y garantías. No llegaron a la opinión pública como parte de un proceso de consulta y discusión, sino como simple arrebato en contra de los medios de comunicación, los que son calificados de “opositores”, “golpistas” y “desestabilizadores”. En nombre de la diversidad y pluralidad, buscan que estas leyes justifiquen el cierre, la expropiación y compra de medios de comunicación, desnaturalizando la función del Estado que debe comunicar y no hacer propaganda, para lo que terminan sirviendo sus medios.

¿Qué chances tendrán estas leyes de causar estragos en sus respectivos países?

En Venezuela ya ha causado graves daños, siendo el cierre de RCTV, de 34 emisoras de radio y la amenaza de cierre de Globovisión, así como la creación de la Agencia Bolivariana de Noticias, Telesur, cientos de radios comunitarias y periódicos, la muestra de que esta ley funciona a favor del gobierno.

En Argentina la pelea será amplia y fuerte, y por la tradición que existe, seguramente los estragos que pudiera causar se morigerarán bastante con la oposición, si es que se consigue dejar para el nuevo Congreso – el cual no tendrá mayoría oficialista – su discusión y aprobación.

En Ecuador reina más la incertidumbre; sin embargo, la férrea decisión de Rafael Correa de ir en contra de los medios, como lo hace habitualmente, como el caso del Canal Teleamazonas y en contra de los periódicos, y según se desprende de sus discursos en los que no escatima críticas, insultos y sarcasmos en contra de los medios, parecen remarcar que se vendrá una ley de comunicación muy politizada y exageradamente protectora del Poder Ejecutivo.

domingo, 30 de agosto de 2009

"No más Chávez"

El 4 de setiembre será un día histórico y existe el desafío de hacer una “marcha” o “concentración” lo más inmensamente posible por internet en contra de Hugo Chávez. Mientras los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales se muestran pusilánimes con los atropellos del chavismo, gente de varias disciplinas salió al paso y ya se está abroquelando tras la campaña mundial “No más Chávez”.
Amigo de los titulares, Chávez en su Aló presidente de hoy dijo que permitiría esta marcha (¿?) pero invitó a sus partidarios a organizar una en su apoyo llamada “yanquis go home”. Chávez cree que él tiene que autorizar las marchas en su contra, y en cierta forma ya empieza a tener la razón, ya que ahora “su” fiscal general, Ortega Díaz, dijo este fin de semana que acabaría con las marchas contrarias al gobierno, para que no se altere la paz y el orden, delito que conlleva de 12 a 24 años de prisión.
Esta fiscal, que hace un par de semanas atrás presentó a la Asamblea nacional un proyecto de ley sobre “delitos mediáticos”, una ley mordaza que atinaba a acabar con los pocos medios independientes que quedan, dijo ahora que encausará a quienes marchan en contra del gobierno.
Ya no es sorpresa que el gobierno chavista esté debilitando a la democracia con una estrategia desde todos los ángulos. Ahora, a la falta de libertad de prensa, la falta de independencia de los poderes públicos y el sometimiento de la junta electoral, la Asamblea y la justicia, se le suma el debilitamiento del derecho de reunión y de asociación. Toda una autocracia.