Correa logró lo que buscó

La nueva Ley de Comunicación de Ecuador es lo que el presidente Rafael Correa siempre quiso durante su Presidencia: el desmantelamiento de los medios privados e independientes y la neutralización de la crítica a su gobierno.

Ecuador se convierte en otro país donde la libertad de prensa y de expresión queda totalmente manipulada, donde la arrogancia de los políticos le dan viso de legalidad a lo ilícito, donde hacen ver que lo malo es bueno, que el disenso es pecado, que la expresión y el derecho a la expresión es contrario a lo establecido como principios esenciales para los derechos humanos y para la democracia.

Varios son los componentes de la ley que establecen la censura. Por un lado, las trabas a la crítica en forma directa con lo que la ley denomina “linchamiento mediático”, es decir que la crítica o su exageración podrá ser considerada un delito, algo muy peligroso en un país donde el presidente Correa está acostumbrado a perseguir la crítica mediante acciones judiciales y, además, donde acusa a la prensa de ser corrupta y mercantilista por el solo hecho de informar, denunciar u opinar sobre corrupción.

La ley crea además un ente regulador de los contenidos de los medios a través de un órgano establecido por miembros del gobierno, por lo que es evidente que quitarán la esencia más importante de la expresión: la libertad.

Pero tal vez lo más pernicioso es que la ley establece cupos para la creación de medios o para entregar las licencias de operación. Especifica que el 33% de los medios serán públicos, otro 33% comunitarios y el resto se otorgarán a medios privados, desnaturalizando así el significado de la libertad de prensa en una democracia, poniéndola al servicio del Estado, en este caso del gobierno.

Los medios privados son los únicos que permiten que haya verdadera libertad de prensa en una democracia. El Estado, si así fuera, no necesita 33% por ciento de medios públicos, de por sí una exageración y una exaltación inapropiada del gobierno, que todo lo reduce a propaganda, no a información. Con el peligro, además, de que podrá otorgar el 33% de medios comunitarios solo a aquellas asociaciones o personas que comulguen con el gobierno.

Esta ley es una intromisión moralmente indebida en la libertad de prensa.  

Ecuador y Paraguay caen

En un buen informe del Freedom House sobre libertad de prensa en el 2012, publicado ayer y en vísperas de este 3 de mayo cuando se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Ecuador y Paraguay han pasado a integrar un grupo selecto de países con poca libertad de prensa, en el que están Cuba, Honduras, México y Venezuela.

En Ecuador se destacan los airados golpes del presidente Rafael Correa contra periodistas y medios, muchas de las cuales se han revestido de legalidad y aplicado multas, penas y castigos a través de un sistema judicial muy dependiente del Poder Ejecutivo.

En Paraguay se destacan las agresiones contra periodistas del sistema público de televisión después de golpe parlamentario mediante el cual fue destituido el presidente Fernando Lugo.

El informe hace una revisión sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo, y en América, especialmente, señala que el ambiente de libertad de prensa sigue en franco retroceso. Se remarca que la situación viene empeorando desde hace cinco años consecutivos.

Enseñanzas de México a Ecuador

En esto días que estoy en México con la organización de varios seminarios para periodistas en riesgo, han ocurrido cosas muy trascendentes para la libertad de prensa que pueden servir de referencia y contraste con lo que ocurre en Ecuador.

Aquí en México, un fallo de la Corte Suprema de Justicia dirimió un litigio entre el diario La Jornada y la revista Letras Libres, después de que directivos de La Jornada demandaran por daño moral a la revista tras una publicación de una columna de opinión titulada “Cómplices del Terror”. En ese artículo de opinión, se acusaba a La Jornada de estar editorialmente muy cercano al grupo ETA tras la firma de un acuerdo con un diario español ligado al grupo terrorista.

Finalmente la Corte, el 23 de noviembre pasado, dirimió el conflicto diciendo que la demanda no tenía sustento porque en una democracia la libertad de prensa es un derecho preferencial sobre el derecho al honor que pueden tener las figuras públicas _ en este caso un medio de comunicación – allanándose a jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos.

Y anoche, el Senado mexicano, con 81 votos a favor y ninguno en contra, resolvió despenalizar los delitos de difamación, con una argumentación a favor de la libertad de prensa, estableciendo que el camino de la demanda civil y la reparación económica son suficientes, prescindiendo así del castigo de cárcel a los periodistas.

En contraste, México parece un país de avanzada comparado a lo que sucede en Ecuador en materia de libertad de prensa. Rafael Correa demandó al diario El Universo y al columnista Emilio Palacio por una opinión y crítica en su contra, y fueron condenados a pagar no solo una indemnización de 40 millones de dólares, sino tres años de cárcel.

En Ecuador los delitos de difamación son de orden criminal y todavía existe el desacato, es decir la pena de cárcel para aquellos que critican a la autoridad.

Viendo estas realidades, se puede apreciar mejor la trascendencia de lo que ocurre en estos días en México.

La “Ley Correa” o mordaza de los medios

La discusión en la Asamblea Nacional de Ecuador sobre el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, presentado el 1 de julio de 2010, por el diputado oficialista Mauro Andino de Alianza País, se revitalizó después de la Consulta Popular que ganó el presidente Rafael Correa en mayo de este año.

La consulta, especie de coartada perfecta por parte de Correa, tuvo dos preguntas claves (3 y 9) sobre la actividad periodística: la 3, prohibiendo a los dueños de medios que tengan participación accionaria fuera de su ámbito comunicacional y la 9 referida a que se sancione pronto una Ley de Comunicación que contenga un Consejo de regulación para regular la difusión de contenidos con mensajes explícitos de violencia, sexo y discriminación. La Consulta obtuvo el SI inducido por Correa para cada una de las 10 preguntas, aunque por un margen mucho menor de lo que el gobierno esperaba. Incluso la 9, fue la que menor diferencia tuvo entre el SI y el NO.

El proyecto de ley actual es similar al que provocó una misión de la SIP en 2009 y que se criticó con vehemencia, que nucleaba tres proyectos de ley presentados por diputados del oficialismo y oposición; discusión que se paralizó por distintas facciones dentro de la Asamblea Legislativa que discutían el carácter “autónomo” e “independiente” al gobierno que tendría un consejo regulador de la prensa; y, también, después de que la relatora de la CIDH, Catalina Botero, criticara en forma muy sensata aquella Ley que violaba preceptos sobre derechos humanos y libertad de expresión contenidos en tratados internacionales sobre DD.HH. Esas críticas persisten hasta hoy, y varios diputados de oposición y medios, tratan de que se tome en consideración aquella carta de la relatora del 10 de agosto de 2010.

La Ley de Comunicación es un gran anhelo de Correa. El Presidente siempre dijo que ésta le permitiría “controlar los excesos de la prensa corrupta”. Ahora, justificándose con lo que establece la Constitución y con el “mandato” que dice emanar de la Consulta Popular, Correa tiene las excusas necesarias para que la ley sea aprobada a como dé lugar.

Lo peor de la Ley es que establecerá un organismo supranacional con mayoría de miembros del Poder Ejecutivo, una especie de consejo de censura superior que estará bajo las órdenes de Correa.

El proyecto de Ley de Comunicación que será aprobado en breve, tiene 105 artículos. En forma resumida establecen:

Art. 8: Obliga a todos los medios a contar con un código de ética que induzca buenas prácticas y conductas.

Art. 9: Se refiere a que la información debe ser veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural…

Art. 13: Establece la cláusula de conciencia y describe, el derecho del periodista a negarse a una orden de trabajo o hacer contenidos contrarios al código de ética; y a que los periodistas pueden hacer público en sus medios el desacuerdo con el propio medio.

Art. 16: Se refiere a la reserva de la fuente y secreto profesional, expresando que el periodista tiene ese derecho a excepción de la Constitución y los instrumentos internacionales.

Art. 17: Establece como Derecho a la protección contra la censura que el periodista puede demandar judicialmente al medio cuando suspenda la publicación de un artículo o noticia o cancele un programa o modifique un horario de emisión.

Art. 18: Reingresa el tema de la colegiación obligatoria – algo que fue calificado de inconstitucional por la Corte Constitucional ante un pedido del presidente Correa – para los periodistas en los medios y oficinas públicas.

Art. 20: Sobre Derecho de Rectificación, por informaciones sin pruebas o inexactas, se da el derecho al ofendido a que “rectifique”, “con las mismas características y en el mismo espacio u horario”.

Art. 21: Hace una distinción al citar Derecho a la Réplica o Respuesta, especifica que quien resultare ofendido tendrá derecho a réplica o “respuesta de forma gratuita e inmediata”. Que el medio deberá notificar, en caso de investigar (corrupción por ejemplo) a alguien, para que pueda contestar por sí mismo o su representante legal.

Art. 28: Los medios deben diferenciar y no mezclar información y opiniones.

Art. 34: Crea el Consejo de Comunicación e Información. (CCI)

Art. 35: Entre sus atribuciones: monitoreo técnico de la programación para clasificar contenidos y franjas horarias; velar por los gastos de publicidad oficial; crear mecanismos de transparencia sobre tiraje, sintonía.

Art. 36: Estará formado por dos integrantes del Poder Ejecutivo, uno del Consejo de Igualdad, uno de facultades de comunicación y tres representantes de la ciudadanía. No podrán tener otra función, excepto la decencia universitaria (Art. 37).

Art. 51. Crea un Defensoría del Pueblo, permitiéndole suspender propagandas, publicidad o programas con pornografía infantil, intolerancia religiosa o política, incitación a la violencia, etc… Y también deberá evaluar las normas que dicte el CCI para garantizar la erradicación de la violencia, sexismo, racismo y homofobia de los medios, así como el respeto al estado laico, etc…

Art. 52 Define a los medios públicos y dice que se “garantizará su autonomía editorial y su independencia del poder político”.

Art. 61: Define a los medios privados.

Art. 62 Define a los medios comunitarios, de los que dice no tienen finalidad de lucro. Y en el Art. 64, les reserva el 33% del espectro radioeléctrico.

Art. 72: Se refiere a la obligación de los medios de dar espacio en su programación para cadenas nacionales, aunque dice que los espacios se deberán “utilizar única y exclusivamente para informar de la materias de su competencia”.

Art. 73: Sobre Gasto Público en Publicidad, se refiere  a que las entidades del sector público deben contratar publicidad y propaganda con criterio de igualdad de oportunidades, y que se debe dar participación a medios de menor cobertura o tiraje o de zonas rurales.

Art. 84: se refiere a la administración del espectro radioeléctrico y que deben estar precedidos por un informe vinculante elaborado por el Consejo de Comunicación e Información (CCI); el cual, según Art. 86, deberá pedir un informe semestral y en el Art. 87, se establecen requisitos para impedir la concentración de medios.

Art. 90: Establece en 10 años las licencias de operación para medios privados y comunitarios

Art. 97: A partir de este articulado se establecen “procedimientos administrativos”. El 98, sobre rectificación, réplica o respuesta; el 100, sobre generalidades y derechos a procesos legales y judiciales.

Art. 101: A partir de éste, se especifican sanciones administrativas a los medios como aquellos que operen sin licencia; el 102  impone amonestaciones escritas, desde publicar publicidad sobre cigarrillos, alcohol hasta no publicar sus normas de autorregulación o inobservancia de los códigos de ética; el 103 es referente a multas, por reincidencia de infracciones, incumplimiento del derecho de réplica, violación de la cláusula de conciencia o por no registrarse en el CCI.

La misión anterior de la SIP realizada el 15 y 16 de octubre de 2009, sobre la ley, sostuvo: se trata de “una ley restrictiva, que generará censura gubernamental, que incentivará la autocensura y limitará el periodismo investigativo y sus denuncias sobre corrupción, desnaturalizando la función que le cabe a la prensa en una democracia”.

La misión consideró que  la nueva ley profundizará las restricciones a la libertad de prensa y al pluralismo que busca fomentar, además de entrometerse en los contenidos de los medios de comunicación, a pesar de que reconoce ciertos avances en la polémica general. En específico expresó que la configuración de un órgano de control supraestatal que la probable futura ley creará; las regulaciones y sanciones similares que se aplicará a medios de comunicación diferentes, como los escritos y radioeléctricos; la obligación de inscripción de medios escritos en un registro anual especial; la distribución en porcentajes iguales de medios privados, públicos y comunitarios y, entre otros factores, la intromisión en la líneas editoriales en lo que se pudiera incurrir al obligar a los medios a seguir ciertas pautas éticas obligatorias, son disposiciones contrarias a la libertad de prensa y de expresión.

Autorregulación ¿obligatoria?

Los políticos, achacándole a los medios de comunicación agendas conspirativas, piensan que deben regularlos a como dé lugar. E inventan cuestiones como proyectos de ley para que la autorregulación de los medios - cuya palabra se auto define como la acción autónoma, propia, que le corresponde a sí mismo - sea un ejercicio obligatorio y punible por ley en caso de que no sea acatado. La verdad es que no se entiende que puede haber una figura como la autorregulación obligatoria.

La sorpresa ocurrió en estos días en Panamá, después de que el presidente Ricardo Martinelli se descocó atribuyéndole a los medios la responsabilidad por la ola de violencia… es decir por reflejarla o, según él, por aumentarla al reproducirla. Seguramente hay razones para criticar a los medios especialmente a la televisión, que vive y se retroalimenta de las imágenes violentas. Pero de ahí a obligarla a auto regularse por ley hay un largo trecho. La autorregulación no tiene sentido, es un eufemismo, mejor hablar lisa y llanamente de una regulación. Pero parece que la autorregulación suena más democrático, más a una acción voluntaria que impuesta.

Como siempre sucede que hay más papistas que el Papa, a Martinelli le siguió la diputada de su partido, Dalia Bernal, quien no solo presentó un proyecto de ley para crear una Junta que administre esta “autorregulación”, sino que además pidió que vaya más allá de las televisoras haciéndola extensiva a los periódicos.

La diferencia que no advierte la legisladora, es que los medios electrónicos y los escritos no son iguales en carácter. Mientras los primeros son finitos y el Estado tiene la obligación de determinarles pautas de funcionamiento, otorgándoles las licencias y administrándolas, los escritos escapan a cualquier interferencia, ya que su espacio es infinito y no se requiere de licencias para poder operarlos.

La necia figura de la autorregulación obligatoria no es patrimonio de esta legisladora panameña, sino también de varios diputados ecuatorianos que la quieren imponer en su próxima Ley de Comunicación.

Correa y la ética obligada

Quien ambiciona el poder absoluto, primero tiene que adueñarse de la verdad. Para ello, su necesidad indispensable es mantener la divergencia a niveles mínimos, limitar la información y castigar la crítica. Cuba es maestra en el uso de esta metodología. Venezuela está a medio camino. Mientras que Ecuador ya mostró sus primeras armas para silenciar al periodismo y, así, restringir el disenso.

La fórmula es fácil y perversa. Casi todos los gobiernos de tinte autoritario se justifican detrás de constituciones hechas a su medida y semejanza en las que incluyen normas de apariencia inocente que, en el futuro, les sirve para dictar leyes reguladoras y controladoras contra los medios y sus contenidos.

Así como la cláusula de “información veraz” de la constitución venezolana sirvió para dar forma a la ley de Responsabilidad Social con la que se cerraron televisoras, radios y se persigue a periodistas; el artículo de la nueva carta magna ecuatoriana, que exige que la información debe ser “veraz, verificada, oportuna, contextualizada…”, ofrece al presidente Rafael Correa la posibilidad de sancionar a todo aquel que se aparte de la verdad oficial.

Ante ese peligro, en República Dominicana, se logró hace semanas derribar la norma de “información veraz” que se incluía en la reforma constitucional, mientras que en Bolivia habrá que ver si Evo Morales, después de ganar las elecciones de diciembre, dictará leyes de control inspirándose en su Constitución, que ordena a la información ser “veraz y responsable”.

Valiéndose de las debilidades de alguna prensa éticamente cuestionable, y rechazando a la investigativa por sus denuncias sobre corrupción, Correa ha creado un clima general de hostilidad y desprestigio contra todos los informadores, a los que alecciona con llamados públicos a la responsabilidad por ser “mentirosos, corruptos, desestabilizadores y enemigos de la revolución”.

De esta forma, con la ficción creada – mandato constitucional y clima hostil - muchos desprevenidos compran la idea de que todos los males se resuelven maniatando a la prensa “perversa y ventajista que solo busca defender sus intereses”. En ese juego maquiavélico, Correa mandó redactar una Ley de Comunicación, instrumento perfecto que aparenta proteger al público, cuando en realidad servirá para blindar a su gobierno de las críticas.

La semana pasada, tras una visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa que expresó su criticismo en Quito, Correa calificó su propuesta legislativa como “proyecto estrella del gobierno”. Junto con otros dos anteproyectos de la oposición, la ley, que podría sancionarse antes de fin de año, hace de la ética periodística un deber legal. Exige a los medios la adopción de códigos de ética y contratación de ombudsman, creando organismos cuasi judiciales que vigilarán la aplicación de los estándares éticos en la información, pudiendo cerrar a medios que reiteren fallas informativas; tan simples como la publicación de un titular desacertado y una foto grotesca o tan complejas como la denuncia en contra de un funcionario corrupto.

Aunque Correa prometa que no habrá intromisión en los contenidos, dada la experiencia de gobernantes que pagan a seguidores para engrosar marchas políticas así como urnas electorales, no es descabellado pensar que éste o gobiernos futuros, motivarán a batallones de gente para que denuncien fallas morales en los medios, provocándose autocensura, silencio y un declive considerable del periodismo investigativo. Además, la reglamentación de la ley tendrá que conciliar un código de ética universal, enajenándose así el derecho a una línea editorial propia e independiente, como estipulan principios básicos de la libertad de prensa.

En aras de la igualdad, la nueva ley divide en 33 por ciento la propiedad creando medios públicos, comunitarios y privados. Pero en un país, donde el gobierno ya controla el 70 por ciento de la televisión por aire después de expropiaciones a privados y donde no existe conciencia sobre el papel de los medios públicos, usados solo para hacer propaganda, no es difícil advertir que se busca consolidar una plataforma mediática gubernamental, monopolizar la verdad oficial y minimizar a la prensa privada e independiente.

Esta ley miente. Confunde. Dice proteger a los ciudadanos de los abusos de los periodistas, cuando lo que busca es evitar que haya reflectores iluminando las acciones del gobierno. Quiere silencio. Todos los ecuatorianos perderán.

Pobres ecuatorianos: embaucados

Después de dos agotadoras jornadas en Quito donde vine con la SIP como parte de una misión sobre libertad de prensa, la cabeza me sigue doliendo y me retumba. No. No se trata de la altura, lo que obviamente me afecta siempre, sino de haber escuchado por dos días a legisladores oficialistas y funcionarios de gobierno que están decididos a dictar una Ley de Comunicación que será un desastre para los ecuatorianos.
El gobierno – con quienes nos reunimos estos dos días – sostiene que debe legislar sobre los medios para salvaguardar el derecho del público a recibir información veraz, rectificada y contrastada como “manda” la Constitución que él mismo creó a imagen y semejanza para controlar a los medios.
La justificación es demagógica y bien elaborada. El gobierno sostiene que la información es un bien público y para lo cual debe salvaguardar el derecho de los ecuatorianos a recibir información responsable, es decir que no esté manipulada, que no sea mentirosa, acusando en el ínterin a los medios y periodistas de cometer excesos y ser amarillistas.
Para ello, los tres abominables proyectos de ley que estudia el Congreso, harán obligatoria la ética periodística, exigiendo que los medios tengan códigos de ética y que en las redacciones se instale un ombudsman; actividades éstas que serán vigiladas por un defensor del público o una veeduría que podrá sancionar a los medios con ciertas tipificaciones hasta poder disponer su cierre. De esta forma, este nuevo organismo – un Consejo de Comunicación – suplantará a los tribunales de justicia creándose un “tribunal” especial de prensa.
Hasta ahí, el discurso gubernamental es convincente. Alimenta las mentes de todas aquellas – y muchas – personas que se sienten desairadas por los medios y estimula la idea de que los medios conforman un poder que debe ser detenido y controlado.
Pero en realidad esto es lo que sucederá, premonición que hago sobre la base de la experiencia ecuatoriana y de muchos otros gobiernos neo populistas del momento en América Latina que se han mostrado desesperados por controlar a los medios para diversificar su línea propagandística, como el caso de Venezuela, Bolivia y este país del Ecuador, donde el gobierno ya controla el 70% de la televisión.
Una vez sancionada la ley, el gobierno tratará de hegemonizar un código de ética que se aplique a todos por igual ya que la ley no podrá lidiar con códigos en cada uno de los medios. Y así como utiliza a sus secuaces pagándoles dinero para que participen en marchas políticas, utilizará a esa misma gente para levantar denuncias contra los medios y tratar, mediante ellas, a los medios más críticos al gobierno.
Con la ley en la mano, el gobierno tendrá un arma formidable para controlar a la prensa. Y cuando eso ocurra, lo que realmente sucederá es que el público perderá canales de información plurales y diversos como la norma trata de establecer. Pobres ecuatorianos, su gobierno los está embaucando.

Leyes de Radio-TV y la libertad

La mejor forma que tiene un gobierno para cercenar la libertad de prensa es mediante la asfixia de la radio y la televisión, medios a los que tiene a mano. Debido a sus características, los medios electrónicos están regulados por leyes especiales ya que utilizan el espacio público, el éter, por lo que es necesario administrar las frecuencias en las que operan para que no se produzca un caos con otras frecuencias de servicio público.

En todas las épocas, las licencias que se otorgan a los prestatarios, siempre han concitado arduas polémicas. Casi todos los gobiernos, en una u otra época, han utilizado las leyes o las han reformado para poder discriminar con tranquilidad a quienes les critican o denuncian sus actos de corrupción. Por eso cada tanto, aparecen proyectos de ley para reformar “legislación obsoleta” y acabar con los “monopolios”, que si bien existen, son solo el producto de lo que las leyes y los gobiernos anteriores permitieron; dándose paso, con las nuevas leyes, a privilegiar a otros empresarios que “comulgan” con el nuevo gobierno, por lo que se desactivarán viejos monopolios para crear concentración de medios en grupos más sumisos o menos “opositores”.

La Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, así como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que presentó la semana pasada la presidenta Cristina de Kirchner y la que está presentando Rafael Correa en Ecuador, tienen características parecidas. Nacieron como parte de un paquete estratégico del gobierno en épocas que los poderes ejecutivos estaban y están cercenando otras libertades y garantías. No llegaron a la opinión pública como parte de un proceso de consulta y discusión, sino como simple arrebato en contra de los medios de comunicación, los que son calificados de “opositores”, “golpistas” y “desestabilizadores”. En nombre de la diversidad y pluralidad, buscan que estas leyes justifiquen el cierre, la expropiación y compra de medios de comunicación, desnaturalizando la función del Estado que debe comunicar y no hacer propaganda, para lo que terminan sirviendo sus medios.

¿Qué chances tendrán estas leyes de causar estragos en sus respectivos países?

En Venezuela ya ha causado graves daños, siendo el cierre de RCTV, de 34 emisoras de radio y la amenaza de cierre de Globovisión, así como la creación de la Agencia Bolivariana de Noticias, Telesur, cientos de radios comunitarias y periódicos, la muestra de que esta ley funciona a favor del gobierno.

En Argentina la pelea será amplia y fuerte, y por la tradición que existe, seguramente los estragos que pudiera causar se morigerarán bastante con la oposición, si es que se consigue dejar para el nuevo Congreso – el cual no tendrá mayoría oficialista – su discusión y aprobación.

En Ecuador reina más la incertidumbre; sin embargo, la férrea decisión de Rafael Correa de ir en contra de los medios, como lo hace habitualmente, como el caso del Canal Teleamazonas y en contra de los periódicos, y según se desprende de sus discursos en los que no escatima críticas, insultos y sarcasmos en contra de los medios, parecen remarcar que se vendrá una ley de comunicación muy politizada y exageradamente protectora del Poder Ejecutivo.

Correa y la radicalización de su revolución

Empieza mañana un nuevo mandato de Rafael Correa bajo el simbolismo del bicentenario de la independencia ecuatoriana, gestada el 10 de agosto de 1809, ceremonia en la que hablará sobre la “independencia definitiva” de su país y de la “radicalización de la revolución”, acto en el que seguramente – y como es su costumbre – dedicará bastante de su tiempo para despotricar en contra de Estados Unidos y Colombia a nivel externo y en contra de la oligarquía capitalista y los corruptos y mentirosos medios de comunicación en lo interno.

Correa será nuevamente ungido como presidente de Ecuador después de haber sido reelegido el 26 de abril pasado gracias a una Constitución que reformó a su medida y después de que asumiera en enero de 2007.

Aprovechará mañana, frente a unos 20 presidentes – pero sin la presencia de Alvaro Uribe – a despotricar en contra de Colombia por la incursión militar colombiana de marzo de 2008 contra un campamento de las FARC lo que culminó con el cierre de las relaciones bilaterales; se tirará contra Colombia por estar permitiendo la entrada de militares estadounidenses que el expulsó de la base militar de Manta; dirá que su campaña electoral en el 2007 no tuvo dineros de la narco guerrilla desmintiendo lo que en un video dijo el “Mono” Jojoy y explicará que las mentes enfermizas de los periodistas son las que han enrarecido la atmósfera al denunciar los beneficios que obtuvo su hermano Fabricio con varios contratos estatales.

Los ciudadanos ya se han percatado de que Correa siempre utiliza el verbo encendido para hablar de su revolución a copia y semejanza de Hugo Chávez, y entendiendo que la “radicalización de la revolución” no es otra cosa que la concentración del poder, un presidencialismo cada vez más similar al que su maestro utiliza en Venezuela. La disminución de su popularidad, según las encuestas, reducida al 40 por ciento de aceptación y al 42 por ciento de credibilidad, desde un inmejorable 73 por ciento al inicio del 2007, muestra que no solamente se debe a un desgaste natural de quien ostenta el poder.

Correa está tratando de anular a los medios de comunicación, a los que prometió darle guerra sin tregua, como que no renovará licencia operativas a radios y televisoras; destruyendo los sindicatos; doblegando a la banca y a las empresas privadas y está ahuyentando las inversiones extranjeras con la revisión y nacionalización de contratos.

Estos próximos cuatro años mostrarán al mundo si realmente Correa estará radicalizando su revolución para incluir a los pobres o si sólo se trata de incluir a Ecuador en una nómina de países autoritarios en dónde el Estado se cree omnipotente y por arriba de las libertades individuales.

A mayor conflicto ¿menor diplomacia?

Diera la sensación que en este circo latinoamericano vamos para atrás más que para adelante. Se supondría que la diplomacia se habría instaurado en las leyes internacionales como el arte de resolver conflictos. Sin embargo, la experiencia actual latinoamericana nos dice lo contrario, ya que los países en conflicto prefieren retirar sus embajadores y cortar relaciones exteriores como una forma de expresar su rechazo a las prácticas del otro país, a la espera de que el tiempo cicatrice las heridas y por alguna circunstancia mediadora o comercial de a poco se instalen misiones comerciales y se inicie el diálogo.

Hugo Chávez “congeló” relaciones con Colombia y ordenó la salida de su embajador por las denuncias de Colombia sobre el pedido de explicaciones de la posible venta de armas suecas en poder de Venezuela a las FARC. Seguramente la medida será recíproca, como la que se reciprocaron anteriormente Ecuador y Colombia por la incursión colombiana en territorio ecuatoriano para aniquilar un campamente guerrillero y las medidas similares entre Bolivia - EUA y Venezuela – EUA ante denuncias de injerencia de la DEA y la CIA en esos países.

Generalmente este corte de relaciones va seguido con grandes campañas propagandísticas con discursos que exaltan el nacionalismo, exacerbándose así las pasiones y las diferencias. De esta forma, los ciudadanos quedamos cada vez más atrapados en una tela araña polarizadora creada por los políticos de la que no es muy fácil escapar. Hasta que reaparecen luego dos políticos o dos presidentes – los mismos que antes se pelearon – se dan dos palmadas, firman un acuerdo nuevo de entendimiento, hablan de las bondades de la democracia, del entendimiento político y de un montón de cosas más bonitas para lo que piden que aplaudamos.

Mientras aplaudimos – medio inseguros pero obligados por la situación – no entendemos ese mal sabor que nos queda; si es fruto de sentir que hemos sido utilizados y manipulados o si la democracia es esto, que nos induzcan las broncas y nos roben los aplausos.

Sería saludable que en vez de que se manipularan las voluntades de los ciudadanos para acompañar procesos conflictivos, los gobiernos pudieran dedicarse a resolver conflictos con mayor diplomacia y a no quitarse esa responsabilidad de arriba.

Límites nada Santos

Eran de esperar las reacciones fundadas de los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, a las declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, que defendió la actitud de su gobierno como “derecho a la legítima defensa” el hecho de incursionar en países extranjeros para capturar, perseguir o matar a los guerrilleros de las FARC.

En declaraciones coincidentes a publicaciones hechas por la prensa colombiana sobre que los cabecillas de las FARC se esconden en Venezuela y en Ecuador, nueve y dos respectivamente, y a un año de la incursión del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, el ministro Santos armó un revuelo que muchos adujeron se trató de una treta para levantar popularidad de caras a una posible nominación a la presidencia de su país.

De una u otra forma, si bien Colombia pudo asestar un duro golpe a la guerrilla en su incursión en Ecuador, no deja de ser un atropello a la soberanía ese tipo de intromisión, ajena a todo tratado internacional. A pesar de que pueda compartir las dudas que tiene el gobierno colombiano sobre la “protección” que los guerrilleros encuentran en suelo extranjero, siempre es bueno el viejo adagio de que el fin no justifica los medios.

Las declaraciones de Santos son un poco peor todavía, ya que el hecho de azuzar nuevamente el fuego y de haber provocado a los gobiernos vecinos parece una actitud ajena a toda ética que se suma a cualquier otra consideración legal internacional.