Llegará el día en el que buscar un dato por Google, compartir una foto
en Facebook, ver un video en YouTube, conversar por WhaysApp o enviar una foto
por Gmail, deje de ser gratis. Se pagará según el tamaño de los datos y tiempo
de descarga.
Llegará el día en el que los usuarios podrán manipular sus datos,
borrar lo malo e incómodo y dejar solo lo bueno, creando un mundo color de rosa,
estilo Facebook. Se ignorará que el vecino fue narcotraficante y el otro un pederasta.
El día está cerca. Fallos judiciales recientes en EEUU y Europa, podrían
perfilar profundos cambios en el uso del internet y, aunque parecen razonables,
podrían derivar en legislaciones restrictivas para la libertad de expresión y
de la red.
En EE.UU. la Comisión Federal de Comunicaciones está por desactivar la
política de neutralidad, que ha permitido que el internet sea libre, gratuito y
plural. Autorizaría a empresas proveedoras de servicios de teléfono e internet
- ATT, Verizon, Comcast, DirectTV – a cobrar tarifas diferenciadas, según la
velocidad de descarga que el usuario requiera.
Empresas que generan o divulgan contenido en la web - Google, Facebook
y LinkedIn, entre otras – argumentan que el internet gratuito y libre ha permitido
la expansión del conocimiento, la expresión y la innovación en el mundo entero.
Netflix, Amazon, eBay y millones de negocios y comercios, nacieron y crecieron gracias
a esa neutralidad.
Sin esa cualidad, no solo se trasladaría el costo a los usuarios –
suscripciones más caras e inundación de publicidad - sino que ATT (o Telefónica
en América Latina), podría discriminar a qué motores de búsqueda darle servicio,
silenciar contenidos no convenientes a su línea empresarial o elegir a Twitter por
sobre Facebook porque paga mejor tarifa, una discriminación que terminaría
afectando a los usuarios.
La neutralidad ya es ley en Chile, Brasil y varios países europeos.
Sin embargo, por presión de las empresas de telecomunicaciones, ha sido
descartada de la Declaración de Sao Paulo de la reciente cumbre mundial de
Gobernanza del Internet en Brasil, infiriéndose que habrá presiones para
eliminar la gratuidad del internet.
También en esa reunión se confirmó la tendencia a legislar para proteger
los datos de los usuarios en el espacio digital y para que los motores de
búsqueda eliminen contenidos ofensivos que puedan dañar la reputación de una
persona. Así ya lo incluyó la “Constitución del Internet” de Brasil, decreto
reciente sancionado por la presidente Dilma Rousseff.
Por otro lado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea fue a más profundidad. Falló a favor del “olvido”, generando
jurisprudencia que obligará a los motores de búsqueda retirar información
lesiva o no relevante de un usuario; incluso, cuando esta sea verdadera y
legal.
El fallo no ordena borrar datos del pasado, sino que los buscadores
eliminen los enlaces que permitan llegar a ellos, para que a nadie se le “condene
de por vida” por errores o crímenes que ya fueron exonerados. El riesgo es que
si los jueces no revisan caso por caso, aplicando severos criterios para
ponderar la exactitud y relevancia de los hechos, se podría caer en una
indiscriminada sobreprotección, violentando principios sobre libertad de
expresión y del derecho a saber. Este derecho implica estar enterado si el vecino
fue un pederasta, porque determinará la decisión de que mi hija juegue en el jardín
de su casa, conocer sobre la operación negligente de un médico o que no se anule
el acto de corrupción de alguien porque quiere lanzarse a una campaña electoral.
El derecho al olvido indiscriminado podría servir para que muchos
poderosos escondan el pasado y manipulen la historia, y que la información no
sea más que propaganda de actos buenos, quitándonos la capacidad de discernir.
Distinto sería cuando la información es falsa, como el caso de la ex-modelo
cordobesa, María Belén Rodríguez, quien llevo a juicio a Google y Yahoo por
erróneamente vincularla a sitios porno.
