El gobierno del presidente uruguayo José Mujica tomó una decisión absurda y errónea para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la administración pública. Prohibió a los empleados estatales usar las redes sociales, como Facebook y Twitter, o que descarguen videos en YouTube o servicios telefónicos como Skype en horas de oficina.
Es posible que algunos empleados abusen de sus puestos descargando música, películas o juegos on-line, pero es injusto achacarle al internet la ineficiencia y lentitud que las burocracias arrastran desde hace siglos.
El desconocer el uso eficiente que pueden tener las redes sociales en la función pública y en la creación de un Gobierno 2.0, más participativo y conectado con la gente, demuestra que ciertos políticos han hecho poco para vencer el analfabetismo tecnológico.
Desconcierta esta miopía digital en Uruguay, país con uno de los sistemas más democráticos, con menos corrupción, y pionero en el mundo con el programa “una computadora por alumno”, mediante el cual se abasteció a 400 mil estudiantes con nuevas tecnologías e internet, lográndose mejorar la educación y reducir la deserción escolar.
Es inentendible que esa experiencia positiva no se haya extrapolado a la administración pública. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del gobierno uruguayo optó por colocar en las computadoras de los empleados medidores de descargas de banda ancha, con lo que se sancionarán los abusos, pero a costa la creatividad y la capacidad de una mejor comunicación con los ciudadanos. También se pierde la posibilidad de que el Estado esté presente donde ocurre gran parte de la conversación pública, las redes sociales, el espacio de mayor crecimiento en todos los países del planeta.
Existen buenas experiencias sobre el uso de esos nuevos medios en los gobiernos. Se utilizan en campañas de educación, el mejoramiento de procesos electorales y la orientación para usuarios sobre trámites complejos, así como para informar sobre salud pública por Twitter, reclutar personal por medio de Facebook, entrenar a los empleados por YouTube sobre programas como Excel o Photoshop o ahorrar con Skype en llamadas telefónicas y video conferencias.
Lo más trascendente de un Gobierno 2.0, es que la comunicación digital en redes y blogs, demanda ofrecer más información pública, mayor transparencia y rendición de cuentas, además de que permite a los ciudadanos participar de las soluciones. Por ejemplo, el sitio que lanzó esta semana la Comisión Federal de Comercio de EEUU, en cooperación con 30 agencias federales, enseña a los consumidores no sólo a mantener la privacidad o evitar el robo de identidad, sino también a reportar prácticas fraudulentas y delictivas.
Además del área de seguridad, las mejores prácticas para Facebook y Twitter se hallan en el terreno de la salud y la educación. En EEUU algunos gobiernos municipales han creado cuentas donde los pacientes intercambian síntomas de enfermedades y evalúan cuáles son los hospitales de la ciudad que ofrecen mejores servicios y atención. En Suecia un sitio gubernamental permite a los usuarios hacer evaluaciones, comparaciones y críticas de servicios de las oficinas públicas, lo que las ha obligado a gastar mejor sus recursos, cambiar malos hábitos de atención al público y reducir tiempos en los trámites.
A diferencia de Mujica, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, optó por tener un gobierno alineado a las nuevas tecnologías. En lugar de prohibirlas, prefirió educar a sus funcionarios en el buen uso de ellas. En unos meses, Chile será el primer país latinoamericano con una guía de instrucción para funcionarios y empleados públicos en el manejo apropiado de las redes sociales, que podrá ser actualizado en forma constante. En el primer borrador presentado a fines de diciembre, en forma similar a otros instructivos de Australia, España, EEUU e Inglaterra, se incluyen temas tales como no responder a insultos, usar vocabulario coloquial, no bombardear con información sin calidad o discriminar los datos públicos de los confidenciales.
Uruguay y Chile optaron por caminos opuestos para alcanzar el mismo fin de contar con una administración pública eficiente. Ojalá que otros países que están detrás de la misma senda, adviertan las diferencias entre la miopía digital de Mujica y la responsabilidad tecnológica de Piñera. No es difícil elegir cuál modelo ofrece un gobierno más abierto y participativo.