Correa y Chávez contra la CIDH

Varias veces insistí en este blog en los últimos años que el presidente Rafael Correa era un chavista empedernido, no solo por sus públicas posiciones políticas, sino también por innumerables ocasiones en que creó leyes, cambió la Constitución, hizo referéndums, copó al Poder Judicial, desprestigió a la oposición y combatió a los medios de comunicación como su enemigo número uno, como Chávez lo vienen haciendo desde 1999.

Ahora Correa la emprendió en contra de la OEA y particularmente contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y contra su relatora especial de Libertad de Expresión, Catalina Botero. La última andanada de improperios contra la CIDH la despachó en estas semanas, luego de que un grupo de activistas de derechos humanos y periodistas ecuatorianos participó de las sesiones de la institución en Washington para dar testimonio sobre las violaciones a sus derechos a la libertad de expresión y de todos los ecuatorianos.

Repentinamente, Correa tomó varios caminos. Primero, denigró personalmente a aquellas personas que fueron a la CIDH calificándolos de apátridas, vende patrias, y por desprestigiar al Ecuador y a su gobierno. César Ricaurte, el director de Fundamendios, una organización sin fines de lucro, denunció que el gobierno estaba buscando la forma de cerrar su organización y recibió numerosas amenazas anónimas contra su vida. También varios periodistas dijeron sentirse acosados por varios funcionarios que siguieron la línea de pensamiento de Correa.

Era obvio que Correa también atacaría – como lo hizo Chávez siempre – a la CIDH por tratarse de un organismo que “responde al imperio”, lo que dijo queda desnudado al observar que su sede está en Washington. Correa planteó varias cosas, entre ellas reformar el esquema de trabajo de la CIDH, desmantelarla y crear otro organismo más democrático e, incluso, terminar con el organismo rector, la OEA, y fortalecer otros que no incluyen a Estados Unidos de entre sus miembros.

Si bien esto aparenta ser pura retórica, la retaliación de Correa va en serio. Hace poco se supo que pidió los presupuestos de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, hizo preguntas respecto de donde provienen sus fondos, y ha establecido contactos con otros gobiernos que han sido denunciados por violaciones precisas a los derechos humanos, con el fin de buscar aliados para su campaña y bloquear fondos estatales dedicados a ese organismo. En este caso, se supo que hizo contactos con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien está muy molesta por algunas decisiones de la CIDH que no favorecieron a su gobierno con la creación de una plata hidroeléctrica en el Amazonas, debido a violaciones a los derechos de los indígenas.

Sería engorroso para América Latina que estas excelentes instancias de esperanza jurídica que regala la CIDH a todos los ciudadanos del continente, se vieran en riesgo por la estúpida represalia de Correa, quien no soporta que nadie critique su gestión de gobierno.

  

Los cubanos quieren libertad

El gobierno cubano sigue haciendo cambios para mejorar su economía maltrecha. La novedad de esta semana fue que el gobierno permite a los productores agropecuarios que empiecen a lidiar directamente en el campo de la oferta y la demanda, vendiendo sus productos en forma directa, sin necesidad de pasar por organismos del Estado.

El cambio es importante, como también lo fue el que se haya permitido que los cubanos puedan comprar o permutar casas y automóviles y dedicarse a proyectos de trabajo por cuenta propia.

Pero más allá de estos cambios que a muchos no les interesa, calculados en un 70% de la población, de acuerdo a una encuesta realizada recientemente por el Instituto Republicano Internacional (IRI), lo que muchos están reclamando es que más que cambios económicos, lo que se necesita en la isla es una profunda reforma política.

Los cubanos, según la encuesta, quieren elecciones y democracia, libertad de expresión, de prensa y acceso a la información, y medios de comunicación más independientes, menos propagandísticos. La encuesta se realizó en julio entre 572 adultos. Según lo que recogió el diario El Nuevo Herald, estos son algunos de los datos más relevantes:

• Casi 90 por ciento de los entrevistados dijo estar a favor de una economía de mercado, con el derecho de poseer propiedades y a operar negocios privados.

• Tres de cada cuatro favorecen las elecciones multipartidistas, la libertad de expresión y otros elementos de la democracia.

• Tres de cada cinco creen que los cambios económicos son imposibles sin reformas políticas.

• Menos de 7 por ciento de los encuestados dijo tener acceso a internet, y sólo 22 por ciento dijo tener acceso a teléfonos celulares.

El mundo de Chávez, al revés

La nueva y “tremenda” ley abrazada por Hugo Chávez para controlar los precios en Venezuela de productos de la canasta familiar, de primera y segunda necesidad, con el fin de sortear la inflación, es una medida política que no condice en nada con los movimientos de la economía. Generará, en todo caso, mayor desabastecimiento y escasez a mediano plazo.

La medida es populista y demagógica, simplemente dedicada a que los venezolanos perciban que el control de precios los beneficiará, lo que puede suceder en el corto plazo, es decir un par de semanas. Echarle la culpa a los monopolios y las transnacionales como Coca Cola y Colgate por los desorbitados precios que se pagan por esa bebida o la pasta dentífrica en comparación a otros países, es exorcizarse de las culpas propias de una política monetaria mal manejada.

Chávez, con estos anuncios, lo único que hace es profundizar lo que ha prometido siempre, tener un sistema socialista, con intervención del Estado en todos los procesos productivos, intelectuales o culturales del país. Es una medida que se compara en su audacia y estupidez a la nacionalización y expropiación de empresas, como si lo que ha sucedido en los últimos años, con esas medidas, estuvieran entregándole al país más estabilidad, menos inflación, más empleos y mayor productividad como siempre promete en las albricias de sus anuncios. Nada de eso sucedió ni sucederá con el control de precios, una medida que en ningún país resultó y que hoy por hoy es justamente la que el gobierno de Cuba está destrabando, en el entendimiento (muy tarde) de que sus + de 50 años de dictadura no sirvieron en materia económica ni para el bienestar socialista de sus ciudadanos.

Chávez sigue aumentando la carestía de todos los venezolanos, pero los más perjudicados son los pobres a los que dice defender. Chávez sigue administrando la pobreza y con tantos recursos que posee – el precio del petróleo todavía por las nubes – el país está desperdiciando y desaprovechando su momento histórico.    

Hoy, Día Mundial contra la Impunidad

Hoy se conmemora por primera vez el Día Mundial Contra la Impunidad, coordinado por un grupo de instituciones que defienden la libertad de prensa y de expresión en todo el planeta. El objetivo es crear conciencia por la impunidad rampante que rodea a la mayoría de casos de asesinatos contra periodistas y exigir soluciones a los gobiernos.

La fecha se instauró en recordación de la masacre de Maguindanao de 2009,  una localidad de Filipinas, donde un grupo de forajidos acribilló a tiros y machetazos a 21 periodistas y una treintena de personas que protestaban por irregularidades en un proceso electoral.

En América Latina tenemos nuestras propias masacres. Durante lo que va de este año, ya han sido asesinados 22 periodistas. Y el problema parece no tener solución. La violencia se extiende a la misma velocidad que se expande el narcotráfico por la región y los gobiernos no aciertan con políticas para administrar más justicia y prevenir crímenes.

Hasta hace poco, la violencia estaba focalizada en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero este año, a los cinco reporteros asesinados en México, se sumaron cinco casos en Honduras, cinco en Brasil, tres en Perú, y otros cuatro en Colombia, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.

Como en el resto del mundo, donde cayeron más de 500 comunicadores en el último lustro, son muy pocos los homicidios que se resuelven. Y como en general, están motivados por represalias, las investigaciones de esos casos generan mayor violencia. El crimen del periodista colombiano, Orlando Sierra, ocurrido en 2002, es revelador. Nueves personas, entre testigos, policías y fiscales, fueron asesinados por el solo hecho de meter sus narices en el caso. Sucedió lo mismo con el periodista mexicano José Rodríguez Carreón, muerto en 2008. Unos cinco investigadores fueron exterminados y varios fiscales debieron renunciar o ser trasladados a otros estados, luego de recibir amenazas.

Por supuesto que la violencia y la impunidad no son propias a la prensa. Casi todas las disciplinas dedicadas al servicio público están diezmadas, así sean transportistas públicos como en El Salvador y Guatemala, policías y jueces en México, o abogados en Honduras, donde ya mataron a 73 este año.

En un foro sobre seguridad celebrado entre la UNESCO y las Naciones Unidas en setiembre pasado, varias organizaciones, entre las que se destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), despotricaron por la inacción de los gobiernos para administrar justicia y proteger a medios y periodistas. Pidieron a las autoridades más acción, que se declame menos y que se haga más.

México pareciera haber recogido el guante. Esta semana, y después de que la SIP lo viniera solicitando desde 1997, la Cámara de Diputados resolvió aprobar una reforma constitucional, accediendo a que los delitos contra la libertad de expresión, entre ellos los crímenes contra periodistas, sean considerados delitos del orden federal. La medida permitirá que los casos los absorba el estado nacional, ante la inacción de las policías y la justicia en el interior del país, ya sea porque carecen de los recursos necesarios para su trabajo o porque están  coludidas con el crimen organizado.

La Corte Suprema de Justicia de Perú adoptó una medida similar hace dos años, al crear tribunales especiales para procesar crímenes contra la prensa. En Colombia, el Congreso reformó el Código Penal agravando las penas para ese tipo de delitos y extendió el plazo de prescripción de 20 a 30 años. También, la Fiscalía Nacional reactivó más de una veintena de casos de periodistas que estaban a punto de prescribir, permitiendo que sus familiares abriguen la esperanza de justicia y reparación.

Por sí solas, estas medidas no parece que podrán detener los altos índices de impunidad. Se necesitan estrategias más concertadas y globales.

Si las nuevas reformas promovidas por organismos políticos no funcionan o son insuficientes, éste podría ser el momento adecuado para que las entidades de ayuda financiera internacional, como el Banco Mundial, condicionen la asistencia económica, hasta que los países beneficiarios demuestren estándares judiciales razonables y resultados concretos para reducir la impunidad. Muchas veces, la billetera vacía es lo único que nos moviliza.

El Gran Hermano

Fui invitado anoche a la librería Books & Books de Miami por Guillermo Lousteau del Instituto Interamericano para la Democracia para presentar al periodista Juan Carlos Calderón, escritor, junto a Christian Zurita, del libro El Gran Hermano, que retrata los negocios corruptos del hermano mayor del presidente Rafael Correa, Fabricio, con el estado ecuatoriano.

El caso de Calderón y Zurita, demandados por el presidente Correa por 10 millones de dólares y por una ministra del Gobierno, demuestran como los periodistas de investigación son perseguidos judicialmente en Ecuador. La libertad de prensa no existe para aquellos que quieran disentir u opinar diferente a los que piensa el gobierno.

Por suerte, el libro, ya convertido en un clásico del periodismo, por la rigurosidad y valentía de los autores para denunciar la corrupción, sirve como manual de periodismo de investigación.

Fui precedido en la palabra por Lousteau quien dijo que el mayor engaño para la democracia ecuatoriana es la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. El autor del libro dentro de sus conclusiones, después de exponer detalles de la investigación, dijo que como nunca antes se necesita del deber de los periodistas investigativos en América Latina, de su valentía, para exponer la corrupción.

Por mi parte, al corresponderme hablar del contexto de la libertad de prensa en el Ecuador, dije que es importante que los periodistas y la gente no quede con la apreciación de que la libertad de prensa les pertenece a los medios y periodistas. Dije que si la gente no comprende que es un derecho inalienable el derecho a saber, y cuando se permite que los periodistas sean acosados como en Ecuador, se está permitiendo que se deteriore la democracia.

Lamentablemente Correa está haciendo del Ecuador donde la libertad de prensa, y por ende la democracia, no se respeta ni valora.