Varias veces insistí en este blog en los últimos años que el presidente Rafael Correa era un chavista empedernido, no solo por sus públicas posiciones políticas, sino también por innumerables ocasiones en que creó leyes, cambió la Constitución, hizo referéndums, copó al Poder Judicial, desprestigió a la oposición y combatió a los medios de comunicación como su enemigo número uno, como Chávez lo vienen haciendo desde 1999.
Ahora Correa la emprendió en contra de la OEA y particularmente contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y contra su relatora especial de Libertad de Expresión, Catalina Botero. La última andanada de improperios contra la CIDH la despachó en estas semanas, luego de que un grupo de activistas de derechos humanos y periodistas ecuatorianos participó de las sesiones de la institución en Washington para dar testimonio sobre las violaciones a sus derechos a la libertad de expresión y de todos los ecuatorianos.
Repentinamente, Correa tomó varios caminos. Primero, denigró personalmente a aquellas personas que fueron a la CIDH calificándolos de apátridas, vende patrias, y por desprestigiar al Ecuador y a su gobierno. César Ricaurte, el director de Fundamendios, una organización sin fines de lucro, denunció que el gobierno estaba buscando la forma de cerrar su organización y recibió numerosas amenazas anónimas contra su vida. También varios periodistas dijeron sentirse acosados por varios funcionarios que siguieron la línea de pensamiento de Correa.
Era obvio que Correa también atacaría – como lo hizo Chávez siempre – a la CIDH por tratarse de un organismo que “responde al imperio”, lo que dijo queda desnudado al observar que su sede está en Washington. Correa planteó varias cosas, entre ellas reformar el esquema de trabajo de la CIDH, desmantelarla y crear otro organismo más democrático e, incluso, terminar con el organismo rector, la OEA, y fortalecer otros que no incluyen a Estados Unidos de entre sus miembros.
Si bien esto aparenta ser pura retórica, la retaliación de Correa va en serio. Hace poco se supo que pidió los presupuestos de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, hizo preguntas respecto de donde provienen sus fondos, y ha establecido contactos con otros gobiernos que han sido denunciados por violaciones precisas a los derechos humanos, con el fin de buscar aliados para su campaña y bloquear fondos estatales dedicados a ese organismo. En este caso, se supo que hizo contactos con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien está muy molesta por algunas decisiones de la CIDH que no favorecieron a su gobierno con la creación de una plata hidroeléctrica en el Amazonas, debido a violaciones a los derechos de los indígenas.
Sería engorroso para América Latina que estas excelentes instancias de esperanza jurídica que regala la CIDH a todos los ciudadanos del continente, se vieran en riesgo por la estúpida represalia de Correa, quien no soporta que nadie critique su gestión de gobierno.