Igualmente se mantiene un alto índice de impunidad como producto de
una sociedad que ha vivido inmersa en un conflicto armado fratricida,
potenciado por la peligrosa connivencia entre la guerrilla, el narcotráfico,
otras variantes de crimen organizado y parte de una administración pública
corrupta.
Nelson Carvajal, a sus 37 años, fue víctima de esa combinación
delincuencial. Era un periodista de denuncia y en un territorio de pocas pulgas
como Pitalito, en el interior colombiano, su valentía por revelar en la radio
los estragos de la corrupción le cosechó muchos enemigos.
El 16 de abril de 1998 le descerrajaron siete tiros cuando se estaba
subiendo a su moto para ir a la radio a denunciar lo que había anunciado. Daría
la primicia sobre la matufia entre un funcionario municipal y un poderoso
empresario, ambos de Pitalito, por la construcción de viviendas de mala calidad
a precios de primera en un predio que el municipio cedió en ganga.
A la pesadilla por el asesinato de Carvajal, le siguió un largo
calvario que debió sufrir su familia hasta hoy, 19 años después, cuando al caso
le faltan ocho meses para prescribir. Diez de sus familiares, hijas, hermanas,
hermanos y sobrinos, tuvieron que salir del país porque cada vez que aportaban
datos a la investigación eran amenazados de muerte y perseguidos.
Las primeras investigaciones oficiales lograron que el funcionario y el
empresario terminaron en la cárcel como autores intelectuales junto a un par de
maleantes que apretaron el gatillo. Sin embargo, tres años después todos fueron
declarados inocentes. La fiscalía siguió la investigación y atribuyó el crimen
a la guerrilla, un recurso abstracto para cerrar un caso que se utilizaba en
Colombia cada vez que el crimen no se podía atribuir a persona concreta.
Ante tanta desidia, investigamos el caso en la Sociedad Interamericana
de Prensa a partir de 2001 y tras encontrar anomalías en el proceso presentamos
el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Años después la
Comisión nos dio la razón y nos motivó a negociar con el Estado. Luego de ocho
reuniones entre 2005 y 2009 abandonamos el diálogo, el Estado no admitió su
responsabilidad y el caso terminó en la Corte Interamericana.
Esta semana tuvimos la audiencia en la Corte en su sede de San José.
El Estado presentó como testigo a una de las tantas fiscales del caso y
nosotros, junto al Robert Kennedy Human Rights, que nos acompañó en este
litigio, presentamos a Judith Carvajal, una de las hermanas de Nelson.
El Estado indicó que tras la confesión de un par de guerrilleros,
ahora desmovilizados, volvió a la hipótesis original del funcionario y el
empresario como autores intelectuales. Los jueces se mostraron sorprendidos
teniendo en cuenta el principio universal de que nadie puede ser juzgado dos
veces por el mismo delito y de saber que un testigo clave fue asesinado.
En los alegatos finales, pese a la reticencia de los representantes
del Estado, pedimos a la Corte que declare al
Estado de Colombia responsable por la violación de sus obligaciones bajo la
Convención Americana de Derechos Humanos y que ante la inminencia de la
prescripción penal por el homicidio – abril de 2018 - ordene al Estado tomar
las medidas necesarias para que el término de prescripción no sea un obstáculo
para que la investigación penal conduzca a la individualización, juzgamiento y
sanción de los autores materiales e intelectuales del asesinato.
La Corte dará su veredicto final dentro de los próximos seis meses. El
Estado indicó que existen posibilidades de revisar el caso. Más allá del
resultado, lo importante es que Nelson Carvajal ha cobrado nueva vida, reivindicado
por una justicia internacional que en su país le fue esquiva por dos décadas.
Sin dudas que Pitalito era una mejor comunidad con Carvajal
y Colombia sería mucho mejor con más
de una centena de periodistas a los que asesinaron en los últimos 30 años. Por
ello es importante persistir en la reivindicación de sus vidas en seguir reclamando
hasta que se haga justicia. trottiart@gmail.com
