Este domingo iniciaremos los debates fuertes en Buenos Aires sobre libertad de prensa envueltos en un clima hostil en contra de la prensa proveniente de sectores allegados al gobierno y de la propia presidenta Cristina de Kirchner.
Con su habitual arrogancia, la Presidenta continuó en estos días aprovechando cualquier oportunidad pública para endilgarle la culpa a los periodistas de todos los males que afectan a la sociedad, particularmente de manipular a los pobres a lo que como individuos la prensa los muestra como desvalidos y pobrecitos, pero a los que califica de revoltosos cuando esos pobres se organizan para clamar por su derechos.
No es la primera vez que la Presidenta en un claro giro demagógico trata de echarle la culpa a los demás de los problemas que su propio gobierno genera. Meses atrás, tuvo duros enfrentamientos con las quejas y estadísticas presentadas por la Iglesia Católica, cifras obviamente mucho más elevadas que las oficiales.
La SIP no ha sido bienvenida por el gobierno en el país. Ya en una misión que vinimos en el 2004 el presidente de entonces, Néstor Kirchner, no nos recibió y esta vez la Presidenta no se dignó a venir a la inauguración oficial. Este desaire, claro está, no es gratuito, es parte de la pelea a muerte que tiene con los medios y que mantuvo la administración anterior y que hizo eclosión con la aprobación de una ley de Servicios Audiovisuales que afecta la labor periodística.
Hoy sábado hubo paneles y discusiones importantes sobre las tendencias en los países latinoamericanos de gobiernos que se extralimitan contra los medios y los periodistas, mientras que por fuera, los canillitas que no querían vender los periódicos en su día nacional, se vieron reforzados por militantes del Sindicato de Camioneros, liderado por Pablo Moyano, Hugo Moyano, secretario general de la Confederación Argentina del Trabajo, organización que respalda al gobierno, para bloquear la distribución de los diarios La Nación, Clarín y Perfil.
Como dijo el diario La Nación en su editorial de hoy: “Es sorprendente, o quizá sea adrede, el momento elegido para cargar aún más las tintas contra la prensa: que se reúna en Buenos Aires la asamblea general de la SIP debería ser motivo de orgullo e incluso de un párrafo elogioso de parte del Gobierno por haber elegido a la Argentina por tercera vez en su historia”.
Pero bueno, la presidenta Kirchner y su entorno están decididos a que quieren dominar a los medios y que la mejor forma de hacerlo es a través de la confrontación.
Luego de caminar por Buenos Aires, de ver carteles en contra de la SIP pegados por doquier, de que se ha organizado una cumbre de periodistas de parte del gobierno venezolano para contrarrestar los efectos de nuestro trabajo, de que no se puede caminar por la cantidad de marchas y contramarchas que hay por toda la ciudad por todos los motivos habidos y por haber, uno no tiene otra exclamación que hacerse en un país donde siempre hubo un orgullo especial por el respeto a la libertad de prensa: ¡Qué te pasa Argentina!
sábado, 7 de noviembre de 2009
Narcotráfico: ¿seguridad o democracia?
El narcotráfico no es solo un problema de seguridad, sino de institucionalidad y salud democrática. Y mientras los gobiernos enfoquen su lucha únicamente en el primer aspecto, seguirán fracasando.
Los millones y los años invertidos en contra de la violencia de los carteles de la droga en Bolivia, Perú, Colombia y México han desembocado en más víctimas, más hectáreas de coca cultivada y mayor diversificación del crimen organizado. A mayores esfuerzos, menos logros, parece ser la constante.
Aunque la extradición de otros seis narcos colombianos a los EE.UU. esta semana, puede dar la impresión de ser una medida efectiva, ante todo evidencia una cultura latinoamericana con baja rigurosidad judicial y alta impunidad, causa y consecuencia de la fragilidad de las democracias.
El problema no es de producción o consumo de drogas, de oferta o demanda, sino de corrupción que genera el crimen organizado, infiltrando a las instituciones democráticas, especialmente a congresos y campañas electorales. La soluciones no pueden ser tan simplistas, como la de despenalizar las drogas para arruinarles el negocio económico a los narcos, como sostienen los ex presidentes César Gaviria, Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo.
Cuando Pablo Escobar despuntó como capo y diputado a la misma vez en Colombia, quedó demostrado que el narcotráfico necesita del poder político para consolidar su éxito económico y mantener su impunidad. Desde entonces, fue evidente que pocos gobiernos y campañas políticas quedaron libres del doping que genera el dinero fácil.
El tema recobró actualidad esta semana en República Dominicana. La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción denunció que unos 60 nominados a diputados estarían manchados por el narcotráfico. En México, en las elecciones legislativas de julio pasado, 16 candidatos a diputados federales coludidos con el narcotráfico, disputaron un puesto en el congreso, donde algunos de ellos, catapultados por partidos tradicionales como el PRI, PAN y PRD, pueden ahora bregar por leyes más benignas y gozar de tres años de inmunidad parlamentaria.
En México no solo asumieron legisladores, sino varios alcaldes y otros funcionarios electos en estados más afectados por las drogas, donde el apoyo, votos y protección de los narcos se pagan con puestos claves en las instituciones y en las filas policiales. Cada vez más cerca de la Colombia de los años 80, México no solo asombra por las 14.000 víctimas directas del narcotráfico, sino por curiosidades espeluznantes. En Tamaulipas varios candidatos a diputados publicaron desplegados contra colegas acusándolos de usar dineros del crimen. En Michoacán el narcotraficante más temido, Servando “La Tuta” Gómez, líder del sanguinario cartel “La Familia”, ofreció por la radio un pacto de no agresión al presidente Felipe Calderón, quien varias veces lamentó que “esas plagas” (narcos) se escudan en “la complicidad que los cubre” (políticos).
Lo mayor sorpresa es que las instituciones estén reaccionando con una tardanza de décadas para combatir la infiltración del narcotráfico y para hacer autocrítica, una ingenuidad inexcusable después de haber dictado tantas normas para combatir la producción, el tránsito y consumo de drogas. Recién ahora, la Junta Central Electoral en Santo Domingo propuso a los partidos que exijan certificados de antecedentes penales a sus candidatos, algo tan elemental que tampoco se exige en Perú, donde en estos meses los partidos y el Congreso acordaron crear comisiones para investigar los nexos del narcotráfico con el poder político, luego de que fuera capturado con 140 kilos de cocaína un ex asesor de Nancy Obregón, diputada y ex dirigente cocalera.
En Colombia, el lema pareciera ser mejor tarde que nunca. Siendo un país donde se investigó a presidentes y legisladores por sus nexos con los carteles, es extraño que hasta esta semana los congresistas empezaran a discutir un nuevo estatuto electoral con obligaciones para transparentar las finanzas de los partidos políticos y sanciones para quienes estén infiltrados por dineros ilícitos.
El narcotráfico ha prosperado por la debilidad de las instituciones, por lo que más que combatir la violencia, primero debieran crearse sistemas antidoping o anticorrupción para evitar la implosión de las democracias. Las herramientas son muchas y están ahí. Solo basta que los gobiernos cumplan y revisen de tanto en tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción que con tanta fanfarria adoptaron en 2002.
Los millones y los años invertidos en contra de la violencia de los carteles de la droga en Bolivia, Perú, Colombia y México han desembocado en más víctimas, más hectáreas de coca cultivada y mayor diversificación del crimen organizado. A mayores esfuerzos, menos logros, parece ser la constante.
Aunque la extradición de otros seis narcos colombianos a los EE.UU. esta semana, puede dar la impresión de ser una medida efectiva, ante todo evidencia una cultura latinoamericana con baja rigurosidad judicial y alta impunidad, causa y consecuencia de la fragilidad de las democracias.
El problema no es de producción o consumo de drogas, de oferta o demanda, sino de corrupción que genera el crimen organizado, infiltrando a las instituciones democráticas, especialmente a congresos y campañas electorales. La soluciones no pueden ser tan simplistas, como la de despenalizar las drogas para arruinarles el negocio económico a los narcos, como sostienen los ex presidentes César Gaviria, Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo.
Cuando Pablo Escobar despuntó como capo y diputado a la misma vez en Colombia, quedó demostrado que el narcotráfico necesita del poder político para consolidar su éxito económico y mantener su impunidad. Desde entonces, fue evidente que pocos gobiernos y campañas políticas quedaron libres del doping que genera el dinero fácil.
El tema recobró actualidad esta semana en República Dominicana. La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción denunció que unos 60 nominados a diputados estarían manchados por el narcotráfico. En México, en las elecciones legislativas de julio pasado, 16 candidatos a diputados federales coludidos con el narcotráfico, disputaron un puesto en el congreso, donde algunos de ellos, catapultados por partidos tradicionales como el PRI, PAN y PRD, pueden ahora bregar por leyes más benignas y gozar de tres años de inmunidad parlamentaria.
En México no solo asumieron legisladores, sino varios alcaldes y otros funcionarios electos en estados más afectados por las drogas, donde el apoyo, votos y protección de los narcos se pagan con puestos claves en las instituciones y en las filas policiales. Cada vez más cerca de la Colombia de los años 80, México no solo asombra por las 14.000 víctimas directas del narcotráfico, sino por curiosidades espeluznantes. En Tamaulipas varios candidatos a diputados publicaron desplegados contra colegas acusándolos de usar dineros del crimen. En Michoacán el narcotraficante más temido, Servando “La Tuta” Gómez, líder del sanguinario cartel “La Familia”, ofreció por la radio un pacto de no agresión al presidente Felipe Calderón, quien varias veces lamentó que “esas plagas” (narcos) se escudan en “la complicidad que los cubre” (políticos).
Lo mayor sorpresa es que las instituciones estén reaccionando con una tardanza de décadas para combatir la infiltración del narcotráfico y para hacer autocrítica, una ingenuidad inexcusable después de haber dictado tantas normas para combatir la producción, el tránsito y consumo de drogas. Recién ahora, la Junta Central Electoral en Santo Domingo propuso a los partidos que exijan certificados de antecedentes penales a sus candidatos, algo tan elemental que tampoco se exige en Perú, donde en estos meses los partidos y el Congreso acordaron crear comisiones para investigar los nexos del narcotráfico con el poder político, luego de que fuera capturado con 140 kilos de cocaína un ex asesor de Nancy Obregón, diputada y ex dirigente cocalera.
En Colombia, el lema pareciera ser mejor tarde que nunca. Siendo un país donde se investigó a presidentes y legisladores por sus nexos con los carteles, es extraño que hasta esta semana los congresistas empezaran a discutir un nuevo estatuto electoral con obligaciones para transparentar las finanzas de los partidos políticos y sanciones para quienes estén infiltrados por dineros ilícitos.
El narcotráfico ha prosperado por la debilidad de las instituciones, por lo que más que combatir la violencia, primero debieran crearse sistemas antidoping o anticorrupción para evitar la implosión de las democracias. Las herramientas son muchas y están ahí. Solo basta que los gobiernos cumplan y revisen de tanto en tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción que con tanta fanfarria adoptaron en 2002.
jueves, 5 de noviembre de 2009
SIP: Honduras, Argentina, Venezuela y Ecuador
La situación política de Honduras, una acto y una marcha organizada por la embajada venezolana en Buenos Aires en contra de la SIP, la nueva ley contra la prensa en Argentina y un nuevo proyecto de ley ecuatoriano que controlará los contenidos editoriales, son los aspectos que han creado mayor expectativa para esta reunión que iniciaremos mañana en Argentina.
Con un ojo puesto en el desarrollo del acuerdo Tegucigalpa-San José, muchos periodistas están pendientes de lo que sucede en Tegucigalpa y sobre lo que establecerá el informe de libertad de prensa sobre el papel de Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti sobre los medios de comunicación y los periodistas, antes, durante y después del 28 de junio.
La nueva ley patrocinada por la presidenta Cristina de Kirchner que afecta la propiedad de la radiodifusión, así como la que impulsa el presidente Rafael Correa que se entromete en las decisiones editoriales que toman los periódicos para informar a sus públicos, serán algunos de los temas que mayor tiempo de discusión tomarán.
Como era de esperar, desde la embajada venezolana en Buenos Aires se anunció para el lunes un foro paralelo a la SIP y una marcha para contrarrestar los efectos de la discusión. La contra reunión de Venezuela en Buenos Aires se denomina “Primer Encuentro Internacional de Medios y Democracia en América Latina”, del que participará el director de Telesur, la cadena gubernamental venezolana de noticias, Izarra, quien se había negado a participar en un foro que la SIP hizo hace dos meses en Venezuela, escapándole al diálogo y prefiriendo la confrontación.
Estas reuniones paralelas patrocinadas por el gobierno venezolano – esta vez con el auspicio del gobierno argentino - son habituales toda vez que la SIP se reúne para debatir temas de libertad de prensa.
Con un ojo puesto en el desarrollo del acuerdo Tegucigalpa-San José, muchos periodistas están pendientes de lo que sucede en Tegucigalpa y sobre lo que establecerá el informe de libertad de prensa sobre el papel de Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti sobre los medios de comunicación y los periodistas, antes, durante y después del 28 de junio.
La nueva ley patrocinada por la presidenta Cristina de Kirchner que afecta la propiedad de la radiodifusión, así como la que impulsa el presidente Rafael Correa que se entromete en las decisiones editoriales que toman los periódicos para informar a sus públicos, serán algunos de los temas que mayor tiempo de discusión tomarán.
Como era de esperar, desde la embajada venezolana en Buenos Aires se anunció para el lunes un foro paralelo a la SIP y una marcha para contrarrestar los efectos de la discusión. La contra reunión de Venezuela en Buenos Aires se denomina “Primer Encuentro Internacional de Medios y Democracia en América Latina”, del que participará el director de Telesur, la cadena gubernamental venezolana de noticias, Izarra, quien se había negado a participar en un foro que la SIP hizo hace dos meses en Venezuela, escapándole al diálogo y prefiriendo la confrontación.
Estas reuniones paralelas patrocinadas por el gobierno venezolano – esta vez con el auspicio del gobierno argentino - son habituales toda vez que la SIP se reúne para debatir temas de libertad de prensa.
martes, 3 de noviembre de 2009
¿Y la OEA dónde está?
Honduras sigue siendo el juguetito de la OEA. Mientras otros países se están cayendo a pedazos con golpes tan fuertes como el de la semana pasada dio Daniel Ortega contra la Constitución o con los que Raúl Castro sigue pegando a los disidentes a los que libera a cuentagotas, la OEA sigue desviando su atención para meterse de lleno y ganar algo de terreno donde lo perdió todo y no supo ganar nada: es decir Honduras.
Ahora la OEA está dispuesta a insertar a Honduras en su seno después de un pacto entre Roberto Micheletti y Manuel Zelaya en el que se juega la restitución del segundo y así dar a Honduras la legitimidad (internacional) de sus elecciones del 29 de noviembre. Más allá de que finalmente este acuerdo tenga sus frutos bajo las exigencias de Zelaya de ser restituido sí o sí o si el Congreso tendrá la autonomía para no hacerlo, lo que nadie olvida en Honduras es que la OEA nunca se pronunció adecuadamente con todo lo que sucedió la semana previa al golpe del 28 de junio, cuando Zelaya venía dando golpes en contra de la Constitución y de las instituciones democráticas al mostrarse testarudo detrás de la idea de la reelección.
Lo mismo sucedió la semana pasada con Daniel Ortega. Para obtener su pasaje a la reelección, Ortega maniatado por una Asamblea que no le es del todo favorable, se fue por el lado de la Corte Suprema, donde tiene la mitad de los jueces, abiertamente sandinistas, por lo que éstos, a la espera de darle a su tutor y maestro lo que quería, esperaron a que los otros jueces, abiertamente liberales (después nos quejamos cuando las cosas andan mal en nuestros países latinoamericanos si la justicia lo que menos tiene es independencia) se fueran a casa para poder invalidar la Constitución el artículo que no permitía a Ortega reelegirse.
Será que golpear la Constitución, como hizo Zelaya (y sus partidarios ahora dicen que proseguirán por ese camino) no es un golpe de estado. Cerrar un Congreso – como Fujimori - lo es; echar a un presidente – como en Honduras – lo es; pero acaso pisotear la Constitución ¿no lo es? Justamente esos artículos como lo establecen las constituciones de Honduras, Nicaragua y Paraguay, entre otras, era para evitar los abusos de poder como los que los guaraníes sufrieron con Alfredo Stroesner.
Pero la OEA no ve estos temas. Seguramente sí verá lo que el gobierno de Hugo Chávez está recalcando durante las sesiones de la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos esta semana, donde se queja de que es tratada con parcialidad, acusando a su secretario ejecutivo, Santiago Cantón, de que es un golpista porque avaló por silencio y omisión el golpe de Estado que Chávez sufrió en el 2002.
Es muy probable que ante la presión de Chávez, la OEA o la CIDH terminen sacando a Cantón permitiéndole a Chávez que siga defenestrando a todo aquel que lo señala por su violación a los derechos humanos. Y lo que llama la atención que la OEA jamás haya dicho nada de todas las veces que la CIDH emitió opiniones o la Corte Interamericana dictó fallos y sanciones contra el estado venezolano, así como tampoco cuando Chávez sacó a patadas a Cantón de Venezuela y a otros dirigentes en materia de derechos humanos como José Miguel Vivanco de Human Rights Watch.
Ahora la OEA está dispuesta a insertar a Honduras en su seno después de un pacto entre Roberto Micheletti y Manuel Zelaya en el que se juega la restitución del segundo y así dar a Honduras la legitimidad (internacional) de sus elecciones del 29 de noviembre. Más allá de que finalmente este acuerdo tenga sus frutos bajo las exigencias de Zelaya de ser restituido sí o sí o si el Congreso tendrá la autonomía para no hacerlo, lo que nadie olvida en Honduras es que la OEA nunca se pronunció adecuadamente con todo lo que sucedió la semana previa al golpe del 28 de junio, cuando Zelaya venía dando golpes en contra de la Constitución y de las instituciones democráticas al mostrarse testarudo detrás de la idea de la reelección.
Lo mismo sucedió la semana pasada con Daniel Ortega. Para obtener su pasaje a la reelección, Ortega maniatado por una Asamblea que no le es del todo favorable, se fue por el lado de la Corte Suprema, donde tiene la mitad de los jueces, abiertamente sandinistas, por lo que éstos, a la espera de darle a su tutor y maestro lo que quería, esperaron a que los otros jueces, abiertamente liberales (después nos quejamos cuando las cosas andan mal en nuestros países latinoamericanos si la justicia lo que menos tiene es independencia) se fueran a casa para poder invalidar la Constitución el artículo que no permitía a Ortega reelegirse.
Será que golpear la Constitución, como hizo Zelaya (y sus partidarios ahora dicen que proseguirán por ese camino) no es un golpe de estado. Cerrar un Congreso – como Fujimori - lo es; echar a un presidente – como en Honduras – lo es; pero acaso pisotear la Constitución ¿no lo es? Justamente esos artículos como lo establecen las constituciones de Honduras, Nicaragua y Paraguay, entre otras, era para evitar los abusos de poder como los que los guaraníes sufrieron con Alfredo Stroesner.
Pero la OEA no ve estos temas. Seguramente sí verá lo que el gobierno de Hugo Chávez está recalcando durante las sesiones de la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos esta semana, donde se queja de que es tratada con parcialidad, acusando a su secretario ejecutivo, Santiago Cantón, de que es un golpista porque avaló por silencio y omisión el golpe de Estado que Chávez sufrió en el 2002.
Es muy probable que ante la presión de Chávez, la OEA o la CIDH terminen sacando a Cantón permitiéndole a Chávez que siga defenestrando a todo aquel que lo señala por su violación a los derechos humanos. Y lo que llama la atención que la OEA jamás haya dicho nada de todas las veces que la CIDH emitió opiniones o la Corte Interamericana dictó fallos y sanciones contra el estado venezolano, así como tampoco cuando Chávez sacó a patadas a Cantón de Venezuela y a otros dirigentes en materia de derechos humanos como José Miguel Vivanco de Human Rights Watch.
lunes, 2 de noviembre de 2009
Etica: no es el mejor momento
Hay momentos en los que los periodistas nos equivocamos de cabo a rabo. No creo que sea precisamente esta la época en que estemos replanteándonos la profesión o al menos la forma en que establecemos nuestros parámetros éticos, justo cuando los presidentes y funcionarios de muchos países están tratando de regular a la prensa bajo la excusa de que está desestabilizando al poder.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia acaba de crear un Consejo de Etica y muchos entendidos como el colombiano Javier Darío Restrepo, en una conferencia en Buenos Aires criticó al periodismo por varias fallas deontológicas, como la falta de independencia.
No me entiendan mal. Hace años tanto en el libro “La Dolorosa Libertad de Prensa: en busca de la ética perdida”, como desde entonces, critiqué la falta de debate interno en la profesión, la escasa autocrítica y la necesidad de la autorregulación.
Pero en momentos que Rafael Correa promueve una ley para que los periodistas tengan obligatoriamente un código de ética; que Hugo Chávez se suma a pedir que la prensa debe ser controlada; que Daniel Ortega creó una organización de “periodistas sandinistas” para defenderse de los medios independientes; que tanto Cristina de Kirchner, Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Alvaro Uribe, Roberto Micheletti, Oscar Arias, Barack Obama, Raúl Castro critican a mansalva a la prensa calificándola de desestabilizadora, me parece que cualquier intento de autorregulación es un servicio que se le hace a estas señoras y señores.
En épocas difíciles como las actuales, si bien es necesaria una férrea ética para no desviarse de la misión del periodismo, es necesario que todas las energías estén dedicadas a temas más indispensables de la profesión, como la investigación, la fiscalización, la crítica y, sobre todo, la sagacidad para no dejarse engañar por quienes tratan de confundir acusando a la prensa de todos los males’.
Cuando los sistemas democráticos están en peligro como ocurre en numerosos países de nuestro continente actualmente, se necesita un periodismo fuerte, fiscalizador, sin distracciones.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia acaba de crear un Consejo de Etica y muchos entendidos como el colombiano Javier Darío Restrepo, en una conferencia en Buenos Aires criticó al periodismo por varias fallas deontológicas, como la falta de independencia.
No me entiendan mal. Hace años tanto en el libro “La Dolorosa Libertad de Prensa: en busca de la ética perdida”, como desde entonces, critiqué la falta de debate interno en la profesión, la escasa autocrítica y la necesidad de la autorregulación.
Pero en momentos que Rafael Correa promueve una ley para que los periodistas tengan obligatoriamente un código de ética; que Hugo Chávez se suma a pedir que la prensa debe ser controlada; que Daniel Ortega creó una organización de “periodistas sandinistas” para defenderse de los medios independientes; que tanto Cristina de Kirchner, Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Alvaro Uribe, Roberto Micheletti, Oscar Arias, Barack Obama, Raúl Castro critican a mansalva a la prensa calificándola de desestabilizadora, me parece que cualquier intento de autorregulación es un servicio que se le hace a estas señoras y señores.
En épocas difíciles como las actuales, si bien es necesaria una férrea ética para no desviarse de la misión del periodismo, es necesario que todas las energías estén dedicadas a temas más indispensables de la profesión, como la investigación, la fiscalización, la crítica y, sobre todo, la sagacidad para no dejarse engañar por quienes tratan de confundir acusando a la prensa de todos los males’.
Cuando los sistemas democráticos están en peligro como ocurre en numerosos países de nuestro continente actualmente, se necesita un periodismo fuerte, fiscalizador, sin distracciones.
domingo, 1 de noviembre de 2009
Verdad, mentira y mercadeo
André Agassi dice ahora verdades sobre que mintió en el pasado, lo que no es otra cosa que una estrategia de venta para su autobiografía, similar a lo que la semana pasado hizo Juanita Castro, la hermana de Fidel, como relaté en post anterior.
De Agassi ya se sabía que había tenido complicaciones con las drogas – al menos así amenazó con describir su historia el tenista argentino Coria – pero no fue hasta que lo incluyó en su libro que por 11997 consumió metanfetamina cristalizada, una de las drogas más potentes que de usarla en forma periódica se puede hasta perder la masa muscular y ósea.
Lo que molesta de Agassi – que también escribió que casi pierde una final de Roland Garros porque tenía miedo que se le caiga una peluca leonina que usó para esconder su incipiente calvicie – es que recién ahora admita el caso de drogas cuando en aquella oportunidad hubiera tenido que ser amonestado y suspendido por la ATP.
Agassi hubiera podido guardarse su mentira, porque por el hecho de vender libros y lidiar con sus fantasmas del pasado, lo único que hace es haber dejado en ridículo a la ATP, desahuciado a los deportistas y desmotivado a seguidores. Son más las consecuencias negativas que las positivas que podría haber generado con su confesión, siendo que era un caso totalmente olvidado y sin trascendencia.
Lo mismo sucedió con Juanita, quien la semana pasada contó que había colaborado con la CIA cuando se dio cuenta que su hermanos Fidel estaba llevando a Cuba hacia el comunismo. Igual que Agassi, Juanita cuenta ahora la verdad de una mentira que mantuvo por varios años engañando a medio mundo. Y uno se pregunta si la persona que miente de esa manera puede ser confiable cuando dice que dice la verdad.
No es fácil creer.
De Agassi ya se sabía que había tenido complicaciones con las drogas – al menos así amenazó con describir su historia el tenista argentino Coria – pero no fue hasta que lo incluyó en su libro que por 11997 consumió metanfetamina cristalizada, una de las drogas más potentes que de usarla en forma periódica se puede hasta perder la masa muscular y ósea.
Lo que molesta de Agassi – que también escribió que casi pierde una final de Roland Garros porque tenía miedo que se le caiga una peluca leonina que usó para esconder su incipiente calvicie – es que recién ahora admita el caso de drogas cuando en aquella oportunidad hubiera tenido que ser amonestado y suspendido por la ATP.
Agassi hubiera podido guardarse su mentira, porque por el hecho de vender libros y lidiar con sus fantasmas del pasado, lo único que hace es haber dejado en ridículo a la ATP, desahuciado a los deportistas y desmotivado a seguidores. Son más las consecuencias negativas que las positivas que podría haber generado con su confesión, siendo que era un caso totalmente olvidado y sin trascendencia.
Lo mismo sucedió con Juanita, quien la semana pasada contó que había colaborado con la CIA cuando se dio cuenta que su hermanos Fidel estaba llevando a Cuba hacia el comunismo. Igual que Agassi, Juanita cuenta ahora la verdad de una mentira que mantuvo por varios años engañando a medio mundo. Y uno se pregunta si la persona que miente de esa manera puede ser confiable cuando dice que dice la verdad.
No es fácil creer.
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