La intromisión de la
inteligencia rusa con su propaganda, trolls y post pagados en redes sociales
durante la campaña estadounidense con la clara intención de manipular al
electorado no solo afectó la credibilidad de las grandes compañías tecnológicas
como Facebook, Google y Twitter. También minó la confianza del público y
potenció posibles represalias legislativas por parte del Congreso
estadounidense.
Aunque todavía
falta claridad sobre cómo Washington arremeterá contra la industria, tarde o
temprano el cambio llegará. Los legisladores no quieren que las redes censuren contenidos
porque podría infringirse la Primera Enmienda, pero tampoco quieren que sigan tan
invasivas y dominantes.
La posición de
dominio es clara así como el duopolio formado por Facebook y Google, empresas
que este año absorberán el 49% de toda la publicidad digital del mundo.
Mientras Mark Zuckerberg el miércoles respondía en el Senado sobre la
influencia de Facebook en las elecciones, fue informado que tiene 2.1 billones
de usuarios y que su ganancia se proyecta en $38 mil millones en este 2017. Por su parte, Google reportó $3 billones de ingresos
entre julio y septiembre.
Aunque en el
Congreso todavía existe resistencia para regular al sector, muchos legisladores
opinan que el internet y las redes deben tener mayor obligación moral para
examinar la información política que se publica, tal como se hace con la pornografía
infantil y el terrorismo.
Negada la intromisión por
las compañías tecnológicas al principio, admitida luego y confirmada esta
semana ante el Congreso, la intrusión fue un duro golpe. Todo un país,
ciudadanos, comunicadores y políticos fueron engañados. Y lo peor de todo, a
través de las redes sociales y el internet, creaciones que han posicionado a
EE.UU. como líder de la industria del conocimiento.
El engaño digital o esta
nueva ciberguerra se comparan al efecto sorpresa del ataque terrorista de
Setiembre/11 y sus consecuencias. Entonces, los terroristas no solo mataron a
más de tres mil civiles inocentes, sino que se burlaron y derribaron el centro
de operaciones financiero más importante del planeta. Sin dudas, así como
antes, el “rusiagate” digital será un elemento bisagra en la forma que nos
comunicamos a partir de ahora.
El contenido propagandístico
de los rusos que determinó la (mala) suerte de Hillary Clinton, ya había sido
alertado por el FBI. Esta semana solo se confirmaron los hechos cuando las compañías
admitieron, aunque un poco a destiempo, que los trolls rusos llegaron a 126
millones de usuarios en EE.UU. y que se usaron más de 2.700 cuentas en Twitter para
distribuir noticias falsas y miles de videos por YouTube y Google.
El
“rusiagate”, más allá de desenmascarar que Vladimir Putin estuvo detrás del hackeo
de correos del Partido Demócrata, desencadenando el arresto de Paul Manafort, exdirector de la campaña de
Donald Trump y los eternos desmentidos del Presidente, demuestra que Facebook y
Google no solo son canales de distribución de noticias, como ellos quieren ser
identificados. Son espacios donde se pueden crear y promover hechos falsos, por
lo que les caben responsabilidades como asumen los medios tradicionales.
Las tecnológicas
han demostrado que implementan buenas prácticas de autorregulación, pero no
parecen ser suficientes para el Congreso. Un nuevo proyecto de ley sobre
anuncios políticos les obliga a ser más transparentes con avisos de más de $500.
Deberán desclasificar el nombre del comprador, a quienes va dirigido, el costo,
el tiempo de duración y mantener un banco de datos histórico con toda la
información.
Con o sin regulaciones, lo
cierto es que nadie quiere vuelva a ocurrir la intromisión rusa que influenció
el destino del país. Se trata de una modalidad de guerra sin armas
convencionales, en la que una potencia extranjera manipula a otra usando sus
propios métodos. Los escudos para la ciberguerra estaban preparados para
detener robos de identidad, intromisión en grillas eléctricas o en sistemas
nucleares, pero no para atajar propaganda y noticias falsas a través de las
redes y los buscadores de internet.
Ojalá la legislación
futura ponga énfasis en temas de publicidad política y no se entrometa en temas
informativos que pudieran entorpecer la libertad de expresión. trottiart@gmail.com
