Unas pocas palabras de
consternación del papa Francisco bastaron para detener una ola de linchamientos
en Argentina que se extendió después que una multitud mató al joven David
Moreira, por robarle la cartera a una mujer en Rosario.
Los linchamientos se
detuvieron pero no su causa: Un sentimiento y experiencia ciudadana de
impotencia, indefensión e inseguridad ante una serie de delitos que el Estado
no parece que pueda controlar.
La justicia por manos
propias demuestra que la gente está cansada de la ineficiente administración de
justicia, y que pide soluciones concretas para terminar con la inseguridad y la
impunidad. No es casualidad que esta reacción popular, autodefensiva y
primitiva, haya florecido mientras los políticos debatían una propuesta de
reforma al Código Penal que reduce las penas a ladrones y narcotraficantes, hoy,
según encuestas y titulares de diarios, dos problemas que más quitan el sueño a
los argentinos.
Un estudio reciente,
divulgado por Naciones Unidas demuestra en forma palpable que en los países con
más impunidad o menos castigos, los delitos tienden a crecer. No es casualidad
que el continente americano es donde se registró la mayor cantidad de
asesinatos del mundo en 2012 – 36% de los 437 mil – pero, al mismo tiempo donde
existe menor tasa de condenas judiciales, con 24 por cada 100 mil habitantes.
Por el contrario, Europa contó solo con el 5% de homicidios, y una tasa de
condenas mucho mayor: 81 por cada 100 mil habitantes.
La falta de
justicia ordinaria suele degenerar en casos de ajusticiamiento popular, un tema
endémico en América Latina, que ahora abarca a Argentina y a Brasil, pero que
es recurrente en Bolivia, Guatemala y México, donde el fenómeno también está
ligado a la justicia comunitaria y ancestral.
Más allá de
cuestiones culturales, la justicia por manos propias muestra que está causada
por la debilidad o ausencia de las instituciones, en especial en el interior de
los países, aquellos que giran en torno a sus capitales. La mayoría de las
veces se trata de un problema de falta de recursos y profesionalización del
ministerio público y, muchas otras, porque la policía y la justicia son
permeables a la corrupción generada por la política, el sector privado y el
crimen organizado. Todo esto, además, agravado por el amarillismo de los
medios, la falta de independencia judicial y el clima polarizado generado por
la política.
La falta de instituciones y de justicia también ha
llevado a que en algunos países los linchamientos sean crímenes de odio, aprovechados
por homofóbicos y xenofóbicos para tareas de “limpieza social”. Así han
proliferado los escuadrones de la muerte en Brasil, Chile y Argentina o ejércitos
clandestinos de autodefensas como en Colombia y en el México actual, transformándose
en movimientos incontrolables que generan mayores abusos que soluciones.
Los linchamientos aparentan acercar soluciones
porque resuelven en minutos lo que la justicia ordinaria tarda años. Pero el
problema es que trastocan el principio de la proporción entre el delito y la
pena. De ahí que a Moreira se le haya “sentenciado” a muerte por haber robado
una cartera. El juez, bien o mal, actúa según un orden legal y social, mientras
que en la masa, como se observó en Rosario, las personas, refugiándose en el
anonimato, se desinhiben, pierden la razón, contagian violencia a otros y confunden
justicia con venganza.
Para acabar con este círculo vicioso del que se nutren la
inseguridad, la impunidad y la justicia por manos propias, el reto de América
Latina es aumentar los presupuestos demostrando que la justicia no es un gasto
sino una inversión, permitiendo mayor acceso a mejor justicia; la fórmula
eficiente que utilizaron los países más desarrollados del continente, como
EE.UU. y Canadá, para controlar la corrupción y el crimen, y para alcanzar más
desarrollo e igualdad. El otro desafío es dotar de mayor profesionalización y
valores de honestidad a las policías, como se logró en Chile y Colombia, para
combatir delitos cuyo número se ha triplicado en la última década.
Pero para emprender cualquier cambio, como este que es cultural, el primer paso lo debe dar el poder político evitando seguir linchando al Poder Judicial o manipularlo como un instrumento político para alcanzar sus fines.
