Fútbol: Tragos y prostitutas

Últimamente el fútbol de seleccionados nacionales nos viene dando varias sorpresas. Si el de México hace poquito nos sorprendió cuando ocho jugadores antes de la Copa América invitaron prostitutas a sus cuartos de hotel en Quito, tras un partido de preparación contra Ecuador; esta semana Claudio Borghi, el director técnico de Chile, nos deslumbró cuando echó de la concentración a cinco jugadores por llegar borrachos, antes del partido de hoy contra Uruguay.

No es para menos. Al argentino Borghi, que es más permisivo que su antecesor el “Loco” Bielsa, le debe haber dolido en el alma tener que expulsar a Jorge Valdivia (Palmeiras), a Arturo Vidal (Juventus), a Jean Beausejour (Birmingham), Carlos Carmona (Atalanta) y Gonzalo Jara (Brighton Hove Alvion), sabiendo además que no podrá contar con ellos en toda la eliminatoria rumbo al Mundial 2014, ya que las multas serán altas y las sanciones podrán alcanzar hasta los 50 partidos de suspensión.

Anoche escuchando en la radio al famoso comentarista y relator Andrés Cantor, decía que Borghi hubiera tenido que disciplinar a los jugadores, pero no hacer público el por qué. Haciendo una analogía, dijo que si él hubiera llegado pasado de copas al estudio de radio, su jefe lo hubiera apartado del micrófono, disciplinado quizás, pero no hubiera dicho nada en público.

Creo que Cantor se equivoca. Borghi hizo lo correcto. Aquí no se trata de hacer escarmiento público, pero sí de disciplinar a quienes tienen la representación de la camiseta de un país o, incluso, de una hinchada. Valga para eso lo que sucedió en el caso de México con los ocho jugadores suspendidos por seis meses por el tema de las prostitutas y por el escándalo anterior mexicano durante la Copa Oro en el que cinco jugadores dieron positivo por dopaje, aunque culparon al consumo de carne vacuna por la irregularidad. En ambos casos las autoridades dudaron en hacer pública las maniobras de los jugadores, y el escándalo creció en forma desproporcional.

Como cualquier entrenador, Borghi tiene la responsabilidad no solo de que su equipo se clasifique, de que juegue bien, sino de de decir la verdad, mantener la disciplina y la concentración para que el equipo alcance sus objetivos. Su conducta pueda ser que le ocasione tropiezos a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, el fútbol chileno sale ganando.

Era de esperar que los jugadores chilenos le echen la culpa a los medios y a los periodistas por inflar el escándalo, sin advertir que fue la conducta de ellos – y de más nadie – la que perjudicó al equipo y a Chile. Y por ello deben sentirse responsables y ser castigados de acuerdo a los parámetros de la asociación futbolística de su país. La medida de disciplina no es solo contra ellos, sino a favor del futuro del fútbol chileno.

A Borghi no le cabía otra cosa, y si no disciplinaba, él debería ser el responsable número uno. Así quedó demostrado esta semana en el fútbol americano estadounidense, donde el coach más ganador de la historia, Joe Paterno, fue expulsado de las filas de la Universidad de Pensilvania, porque no hizo lo suficiente por tomar medidas contra un asistente de quien se había denunciado  que había abusado sexualmente de menores, hasta en los vestuarios del equipo.

Chávez y la verdad constitucional

El presidente Hugo Chávez tiene la obligación moral y constitucional de contarles a sus ciudadanos la verdad sobre el cáncer que le aqueja. No debe abusar de la información sobre el tema, como si se tratara de un secreto de Estado. Chávez, quien acusa generalmente a los medios de comunicación y a la oposición de mentir y no obedecer el mandato de la Constitución que obliga a ofrecer “información veraz”, es a quien ahora justamente le cabe el sayo.

La Constitución lo obliga a él a decir la verdad, especialmente en su carácter de primer mandatario. Si no cumple con su precepto y dando el ejemplo, difícilmente pueda exigir que otros lo cumplan.

Esto viene a colación porque es la segunda vez en unas cuantas semanas que el ex embajador estadounidense ante la OEA, Roger Noriega, aduciendo fuentes confiables dentro de Venezuela y de Cuba, dijo que el cáncer de Chávez está muy avanzado y que difícilmente llegue vivo para las elecciones de 2012.

A las apreciaciones de Noriega, seguramente le seguirán declaraciones de Chávez hoy, quien saldrá con una sarta de justificaciones y apariciones en público para desmentir al “esbirro imperialista”; aunque es fácil prever que, como siempre, se negará a ser específico sobre el tipo de cáncer que padece. Solo hablará de que su vida es la revolución y recitará su nuevo lema “Patria o viviremos”, en reemplazo del revolucionario “venceremos”.

Chávez debe dejar de mentir u omitir información sobre su salud. Nadie todavía se ha percatado que la actitud de Chávez es incompatible con los dichos que forzó en la Constitución y que lo obligan a decir la verdad, especialmente cuando se trata del primer ciudadano del país, quien debe ser más respetuoso de las leyes de su país.

Necesario invertir en justicia

La inseguridad pública y la corrupción son las grandes dificultades que a diario soportan los latinoamericanos, a juzgar por las encuestas y estudios sobre calidad de vida en la región, lo cual es consecuencia de un problema aún más agudo: la falta de sistemas judiciales fuertes y eficientes.

La debilidad de la justicia tiene diversas fuentes, entre ellas, los magros recursos económicos que no superan el 1% del Producto Bruto Interno en los países latinoamericanos; la falta de profesionalización y la infiltración del crimen organizado; y, en peor medida, la falta de independencia, producto del avasallamiento constante que sufre de parte de los poderes políticos.

Un estudio de Freedom House difundido este viernes observó que el éxito de los nuevos procesos políticos en países árabes dependerá de la fortaleza de sus sistemas judiciales, mientras que en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, se percibe un deterioro democrático debido al declive sustancial de la primacía del Derecho en materia civil y criminal.

La falta de independencia judicial no solo está moldeada por aquellos políticos que nombran jueces ideológicamente compatibles, sino también cuando se cambian las reglas de juego con leyes y acuerdos, que bajo la excusa de la reconciliación nacional, favorecen a unos cuantos privilegiados, en desmedro de las víctimas y del bien común.

Por lo visto, en América Latina no acabamos de aprender de nuestros errores, como las amnistías y leyes de Punto Final que por décadas blindaron a los represores que asolaron el Cono Sur en la época de las dictaduras militares. Hace unos días en Uruguay se celebraba la decisión del Congreso de eliminar una ley de amnistía que protegía a criminales durante la dictadura y el de Brasil creaba una Comisión de la Verdad para revisar casos de su oscuro pasado; pero en Perú, una vez más, se proponía una amnistía general, por las violaciones a los derechos humanos en otras épocas.

La polémica entre perdonar y olvidar la reabrió el ministro peruano del Trabajo, Rudecindo Vega, admitiendo que la amnistía debería incluir al ex presidente Alberto Fujimori y a Antauro Humala, hermano del Presidente, y de paso, a los miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, como para que todo aparente una reconciliación general. Lo lamentable, en todo caso, es que cualquier arreglo terminará afectando a la Justicia, que sin responsabilidad alguna, deberá cargar con la falta de reparación y expectativa de equidad que sentirán miles de víctimas que por décadas fueron afectadas por el terrorismo y los abusos de Estado.

La desazón y desconfianza de los ciudadanos ante la justicia es mayor, cuando se observa que tampoco existe mucha expectativa de que las injusticias se puedan zanjar en tribunales internacionales. Casos recientes de Venezuela y Ecuador lo comprueban. Pese a compromisos contraídos, Hugo Chávez no cumplió con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de restituir los derechos políticos al proscrito Leopoldo López, aspirante a la presidencia; mientras que esta semana Rafael Correa rechazó las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones a la libertad de prensa y se negó invitar a una delegación de la institución para que investigue en su país.

Pero más allá de los intereses políticos, la Justicia no puede funcionar con los mismos recursos que en otras épocas, cuando había menos conflictos y el crimen organizado estaba menos globalizado. Así como en Perú, Colombia y Argentina, en República Dominicana, el Poder Judicial también reclama para el 2012 un mayor presupuesto, un 2.6% del PIB como manda la ley, aunque no tiene muchas esperanzas de alcanzar el ideal que existe en países desarrollados, donde el control del crimen está ligado a la fortaleza de la Justicia.

Así, con bajos recursos, existe el peligro de incentivar mecanismos de justicia por manos propias, como en Guatemala, donde las comisiones de Seguridad Municipal, grupos de vecinos auto convocados y autorizados por ley, terminan siendo responsables de tortura, secuestro y ejecuciones extrajudiciales, delitos que se supone deberían prevenir.

Lamentablemente, casi todos los gobiernos latinoamericanos ven en la Justicia un instrumento político y un gasto, donde deberían ver una inversión y promover su independencia.

Ortega: Presidencia ilegítima

Las elecciones en Nicaragua no fueron limpias este domingo según lo comprobaron cientos de observadores apostados por la OEA y la Unión Europea, así como fiscales de los partidos de oposición.

Los bloqueos a los observadores y muchas urnas repletas de votos a favor del presidente actual y elegido, Daniel Ortega, son tan groseros como la autorización que recibió de parte de una Corte Suprema adicta para presentarse a una reelección, lo que está prohibida por la Constitución.

Ortega, gracias al apoyo económico de Hugo Chávez, hubiera podido igualmente ganar las elecciones con juego limpio. Pero es obvio que quiso establecer unos estándares máximos por arriba del 60% para tener mayoría en la Asamblea Legislativa y así poder luego hasta cambiar la Constitución para eternizarse en el poder y hacer más legítima una Presidencia que es ilegítima.

Estorbar a los observadores, quienes fueron autorizados a estar en Nicaragua a regañadientes, es una vergüenza para el proceso democrático de América Latina.

Y muchos se preguntan: ¿Cómo parar estos abusos? Los hondureños pararon un abuso similar de Manuel Zelaya pero con consecuencias malísimas para el país que fue expulsado de la comunidad internacional. ¿Pero qué hacer en estos casos como el de Ortega?

Se trata de un gran dilema para la comunidad intergubernamental internacional y para los organismos que velan por la transparencia de los procesos democráticos.  

Dilema: economía o ecología

Tal como la marcha de indígenas en Bolivia hizo que el presidente Evo Morales desistiera de su proyecto de atravesar la amazonia boliviana con una carretera, entre acusaciones que se dañaría el medio ambiente, este domingo activistas y manifestantes rechazaron frente a la Casa Blanca en Washington un proyecto de la empresa TransCanadá para construir un oleoducto entre la provincia canadiense de Alberta y el estado de Texas.

El reclamo tiene que ver con la conciencia cívica sobre los enormes problemas al medio ambiente que atrae el petróleo y, en especial, que el gobierno de Barack Obama no puede prometer – como lo hizo desde la campaña electoral y varias veces en su Presidencia – energías limpias y alternativas, ahuyentar y hacer lobby en contra de las compañías perforadoras contratadas por Cuba, pero al mismo tiempo encarar un proyecto de oleoducto.

El gobierno de Obama debe ser consecuente con su discurso sobre medio ambiente y no enturbiar el ambiente con la aceptación de un proyecto que, según su administración, permitiría crear unos cinco mil puestos de trabajo durante cada año que dure el proyecto y brindar mayor autonomía e independencia energética de otras fuentes estratégicas e inestables como son los países del Medio Oriente o Venezuela.

Obama está ahora en un dilema. Cómo hacer para equilibrar el respeto por el medio ambiente y generar mayor desarrollo. Mucho dependerá, como sucedió en Bolivia, de lo que dirán quienes viven en las zonas por donde pasaría el oleoducto y de cuán grande se tornará el movimiento de activistas en su contra.

Santos: recuperar la memoria y + conexión

Días antes de que el Ejército colombiano matara esta semana al jefe guerrillero de las FARC, Alfonso Cano, el presidente Juan Manuel Santos firmó la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa y en un gesto que lo ennoblece como periodista, dedicó el acto a los comunicadores que “han entregado sus vidas en honor a la verdad y en defensa de nuestra libertad”.

Su actitud fue conmovedora tratándose de que en su memoria persisten más de 100 periodistas asesinados en las últimas décadas, quienes cayeron, en su mayoría, por represalias de los narcotraficantes y guerrilleros, muchas veces en connivencia con los funcionarios y políticos de turno. Ojalá que esta firma, que el Presidente centró en el artículo 4 de la Declaración en el que se recalca la violencia y la necesidad de que los estados deben “investigar con prontitud y castigar con severidad” a los crímenes y los criminales, sirva para que el sistema judicial envigorice su trabajo para atrapar a los violentos y no dejar que más de 30 casos de asesinatos contra periodistas prescriban.

“Muchos de nuestros periodistas – dijo Santos- han muerto por la verdad, pero su sacrificio ha hecho que el corazón de nuestra sociedad sea hoy más libre que nunca. A esos mártires debemos rendirles honores por la solidez de sus convicciones y por su valor para enfrentarse a los violentos… debemos darles gracias por su olfato para ladrar —como heroicos perros guardianes de la sociedad— y alertarnos cuando los criminales han querido hacer de las suyas”.

Otro aspecto que hace a la libertad de prensa y de expresión en Colombia fue altamente considerado por Santos en su discurso. Al dirigirse a sus ex colegas, dirigentes de periódicos que representaban a Andiarios, la asociación nacional de diarios colombianos, Santos mencionó que sabía de sus preocupaciones y desafíos profesionales, ante la caída de la publicidad en sus negocios y porque las audiencias están cada vez más yéndose del papel hacia la lectura digital.

Para darles ánimo de mantener los mismos valores del periodismo pero adaptarlos a las nuevas tecnologías, Santos desglosó un ambicioso plan. Se trata del Plan Vive Digital, sobre el que dijo permitirá cuadriplicar las conexiones a banda ancha a 8,8 millones de un total de 4,1 millones actuales y de los 2,2 millones al principio de su Presidencia en 2010. También anunció que hace un mes, su gobierno cerró la licitación del Proyecto Nacional de Fibra Óptica con el que se espera conectar a 900 municipios del país.

Lo de Santos se trató de dos obras importantes para la democracia. Recuperar la memoria de quienes fueron asesinados por defender su derecho a la libertad de expresión y de prensa, y lograr mayor rapidez y conexión en la comunicación entre ciudadanos.