sábado, 10 de diciembre de 2011

De “Deberes humanos”, debería ser este día

Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos después de que hace 63 años las Naciones Unidas adoptara el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Debería hacerse otra declaración que obligue a las naciones a respetar esos derechos, por lo que debería llamarse Declaración Universal de los Deberes Humanos, para que todos los estados de mundo, que casi llegan a 200, cumplan con preceptos básicos so pena de aislamiento internacional. No me refiero a países en los que sí se violan los derechos humanos en forma esporádica, sino a aquellos que hacen de las violaciones su vida cotidiana.

En nuestra América Latina, Cuba se destaca por no cumplir con ninguno de los preceptos, entre ellos los de libertad religiosa, de asociación, de reunión, de traslado y de libertad de expresión y de prensa. Otros países como Venezuela y Ecuador son una vergüenza para el continente, ya que habitualmente desobedecen las opiniones y fallos de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos.

La Declaración debería ser vinculante, obligatoria, porque de lo contrario sirve para hacer declamaciones, cháchara y demagogia, como está demostrado en el propio Consejo de los Derechos Humanos de la ONU - un hazmerreír de la institución - ya que de entre sus continuos miembros se observa a China, Libia, Irán y Cuba, entre otros.

viernes, 9 de diciembre de 2011

México y Ecuador: dos visiones distintas


La Dos medidas recientes adoptadas por el gobierno de México permiten que los periodistas puedan hacer críticas mordaces contra figuras públicas sin temor a represalias e impiden que sean encarcelados por causa de sus opiniones. Este panorama alentador contrasta con lo que sucede en Ecuador, donde los periodistas y columnistas son perseguidos, y hasta el presidente Rafael Correa pide que se les condene y encarcele.
 
Es verdad que la prensa mexicana experimenta una etapa muy difícil debido a la violencia generada por el narcotráfico y a la dificultad de sus autoridades para neutralizarla. Pero también es cierto, que las nuevas reformas legales y la jurisprudencia adoptada en estos días, garantizan a la prensa poder trabajar en un clima de mayor tolerancia y, al público, su derecho a recibir información plural y diversa.

El Senado federal mexicano acaba de despenalizar los delitos de difamación, argumentando que el camino de la demanda civil y la reparación económica son suficientes para castigar a quienes se excedan en el ejercicio de la libertad de expresión. Se dedujo que las penas de cárcel contra periodistas, medios y ciudadanos en general, fomentan censura, autocensura e inhiben la fiscalización que desde la sociedad se debe ejercer contra las autoridades a las que se les ha delegado transitoriamente el poder.

Así concebida, la despenalización de la difamación es tan positiva como la eliminación del desacato, ese privilegio de origen monárquico que persiste en muchas legislaciones, como la de Ecuador, que le permite al Presidente castigar con cárcel a quienes considere que le deshonran.

Sin embargo, la decisión más importante sobre dos derechos en eterna disputa, la libertad de expresión y el derecho al honor, la tomó el 23 de noviembre la Corte Suprema de Justicia mexicana. En un fallo magistral, la Corte dirimió un conflicto que se originó hace siete años entre el diario La Jornada y la revista Letras Libres. Directivos del diario habían demandado a la revista por una columna de opinión, titulada “Cómplices del Terror”, en la que argumentaban que esa “complicidad” les incriminaba con el delito de terrorismo. El columnista de Letras Libres, por su parte, demostraba que La Jornada estaba, editorialmente, muy cercano al grupo terrorista español ETA.

La Corte hizo dos distinciones importantes. Estableció que la libertad de expresión goza de “una posición preferencial frente al derecho al honor” y que La Jornada, así como increpa a las figuras públicas, debe también, como tal, tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta.

Un ministro de la Corte observó que una verdadera democracia, tolerante, abierta y plural, requiere que “el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y mordaces sobre personajes públicos”.

El contraste de estos argumentos es abismal con los que adopta el poder político y judicial en Ecuador. En ese sentido, habrá que ver la posición que adoptará el Superior Tribunal de Justicia ecuatoriano cuando tenga que dirimir el conflicto entre el presidente Correa y tres directivos del diario El Universo y su columnista Emilio Palacio. Los cuatro fueron condenados a tres años de cárcel y a indemnizar a Correa con 40 millones de dólares por la publicación de la columna “No a las mentiras”, en la que se criticaba su liderazgo durante la asonada policial de 2010.

Correa - que también enjuició a otros periodistas y escritores que denunciaron corrupción en su gobierno - insiste que su demanda contra El Universo la hizo a título personal por sentirse afectado en su honra; aunque no se entiende como puede desvincularse de su condición de Presidente, cuando fue criticado por sus acciones oficiales.

La situación no es fácil para los periodistas ecuatorianos. Las leyes de difamación y desacato vigentes permiten que sean condenados a prisión; el honor de las  autoridades prevalece sobre la libertad de expresión; la justicia otorga millonarias indemnizaciones que no son razonables ni proporcionales al supuesto daño que se comete; y Correa ya dio señales de que el Estado no reconocerá decisiones de la Comisión y Corte de Interamericana de Derechos Humanos, cuando los periodistas busquen a nivel internacional la justicia y garantías que se les niega en su país.

jueves, 8 de diciembre de 2011

El Hilton desafía al gobierno cubano


El embargo estadounidense contra Cuba tiene la virtud de fabricar noticias en forma continua. Más allá de si es beneficioso o no para los fines por el que fue creado, siempre ofrece unos toques para crear conciencia que la democracia es importante y que los dictadores o quienes desprecian las libertades de su pueblo no merecen que se les trate con respeto.

No hablo solo de los hermanos Castro, sino también de energúmenos como Augusto Pinochet, quien vio debilitada su omnipresencia cuando un juez español y la justicia británica lo elevaron al escarnio público y mundial.

Raúl Castro y Fidel Castro merecerían también esa misma suerte. Algo de ella probó en estos días Raúl en su viaje oficial a Trinidad y Tobago. Más allá de los honores oficiales que le presentaron, el Hotel Hilton negó ser su anfitrión y de su comitiva. La excusa del hotel fue que debe cumplir con las leyes estadounidenses sobre el embargo para evitar represalias legales y judiciales.

Al Hilton no lo deberían criticar, como harán Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes probablemente anunciarán medidas solidarias para expulsar a esa franquicia de sus territorios; después de todo, como dijo el presidente ecuatoriano en la reciente cumbre de la Celac, todos los ciudadanos deben cumplir con las leyes.

La actitud del Hilton, más allá de cumplir con las leyes de su país, debería ser imitada por otros hoteles de todo el mundo. Sería una forma práctica y excelente para denunciar a los dictadores y quienes atropellan a diario a sus ciudadanos.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Lobo y el punto de inflexión


Al presidente Porfirio Lobo se le pueden aceptar sus críticas a los medios de comunicación, las que ha empezado hacer con mayor vehemencia, como en la reciente cumbre de la flamante Celac, porque todavía maneja cierto halo de respeto. Y comparado a lo que sucede con presidentes como Rafael Correa, que ha intensificado sus críticas mediante acciones concretas de represalia con demandas millonarias, juicios penales y leyes de prensa para censurar a los medios y periodistas, lo de Lobo puede verse como parte del sano ejercicio democrático.

Sin embargo, donde Lobo no puede equivocarse, es en las garantías constitucionales que debe ofrecer a todos los hondureños para que puedan ejercer su libertad a expresarse o en su derecho a recibir información sin cortapisas. Y por el momento, su gobierno está haciendo aguas en asegurar esas garantías, máxime, cuando se observa que los periodistas profesionales son blancos de la violencia, y cuando el resultado de las investigaciones, que el gobierno anunció tendrían el apoyo de España, Colombia y EEUU, todavía no dio resultados concretos.

Ayer fue asesinada la periodista Luz Marina Paz Villalobos de la televisora Cadena Hondureña de Noticias (CHN), y su sobrino, quien oficiaba de chofer al momento del atentado; mientras el día anterior, un guardia de seguridad del diario La Tribuna fue herido durante un atentado en el que se tuvo que soportar el embate de maleantes, presumiblemente por publicaciones sobre la responsabilidad de policías en el asesinato de los dos universitarios, episodio que significó el punto de inflexión, para que el gobierno adoptara medidas de depuración de esa fuerza del orden y lanzara la Operación Relámpago.

Ya son más de 10 los periodistas asesinados en el país en el último año y miles las víctimas de las fuerzas del desorden, así sean del narcotráfico o de otros grupos al margen de la ley y el crimen organizado. Sería oportuno que Lobo actúe ahora mismo para garantizar el derecho a la libertad de expresión y no esperar a que suceda otro episodio o punto de inflexión que motive a su gobierno.

El gobierno necesita resultados concretos para garantizar la libertad de expresión.

Nueva estupidez de Bonafini


Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, cometió otra estupidez en contra de la prensa. Dijo que para el 22 de diciembre, en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, en coincidencia con una de las marchas semanales de su organización, celebrará el segundo “juicio ético” contra el Grupo Clarín.

Dijo que habrá “jueces”, “fiscales” y un “jurado” compuesto por el pueblo, que tendrá la opción de penalizar al Grupo y a sus principales seis medios: Clarín, radio Mitre, TN, Canal 13, Cablevisión y la empresa de la que es socio el Grupo junto a La Nación y el Estado, Papel Prensa.

Ya en su primer “juicio ético”, la kirchnerista Bonafini había acusado al Grupo de ser asesino y represor.

La diferencia entre el primero y éste, es que Bonafini ni  Madres de Plaza de Mayo estaban sospechadas de corrupción como lo están ahora, por lo que se estima que no tendrá ni credibilidad ni altura moral para llenar un “tribunal”.

Se trata de una actividad circense, acomodaticia con el gobierno de Cristina Kirchner a punto de ser reinstalado.

martes, 6 de diciembre de 2011

Todos estamos secuestrados por las FARC


Hoy nos sentimos todos solidarios con los colombianos que tratarán de demostrar con una marcha gigantesca su desprecio por la violencia, el secuestro y las decenas de miles de muertes que las narcoguerrillas FARC han atraído a este mundo desde hace casi 50 años.

No habrá mejor forma que repudiar a las FARC con esta convocatoria que se dio a través de las redes sociales para que los colombianos salgan a las calles y para que todos los demás, estemos donde estemos, nos solidaricemos a través del internet o en cualquier espacio donde podamos expresar nuestros sentimientos y nuestras oraciones por tantos asesinados, secuestrados y desplazados, más allá de nuestra indignación por la ejecución del 26 de noviembre de los cuatro oficiales que hacía años estaban secuestrados.

Hoy es también un día para resaltar la labor de periodistas como Herbin Hoyos, que conduce por Caracol Radio “Las voces del secuestro”, un programa nocturno con la conecta a familiares de los secuestrados con las víctimas en cautiverio.

Hoy debemos estar junto con todos los secuestrados y en solidaridad con todos los colombianos.