Usar mascarillas y arrodillarse

El Covid-19 no es la única pandemia. La del racismo es más profunda, menos pasajera, menos curable. Para principios del 2021 la pandemia del coronavirus se superará con una vacuna. El racismo no la tendrá tan fácil a pesar de que la conciencia mundial sobre el tema es más saludable que nunca.

Los símbolos de ambas se han politizado, y confundido, en especial en EE.UU. poco antes de las elecciones presidenciales de noviembre. No usar mascarilla para evitar contagiarse o propagar el contagio, o arrodillarse o no al escuchar el himno nacional para formar parte del movimiento #blacklivesmatter en contra del racismo, se han convertido en posiciones políticas frente a Donald Trump, el gran polarizador.

Aunque es válido respetar la actitud que la gente asume, ya sea nivel personal como social, hay que diferenciar las responsabilidades que como individuos tenemos ante ellas.

Ante el racismo, la actitudes individuales y sociales no tienen mucha diferencia. Arrodillarse o no es una elección personal que no modifica la conducta social; es un tema de conciencia, que puede generar un contagio saludable.

Por el contrario, el uso o no de la mascarilla es una responsabilidad individual que si puede modificar drásticamente a la sociedad. Por ello es sano que los gobiernos obliguen socialmente el uso de mascarillas para defender un derecho (a la vida) individual. Las mascarillas, bajo justificación de estudios científicos, son una herramienta válida para defender la vida.

Black Lives Matter: ¿Punto de inflexión contra el racismo?

Ojalá que la muerte de George Floyd no sea en vano. Ojalá que la incordia, enojo e impotencia por el marcado racismo de la policía que quedó en evidencia con la asfixia y asesinato de Floyd, convierta a las manifestaciones pacíficas en un movimiento que no solo reclame justicia como un valor social y moral, sino que aliente y desemboque en medidas concretas.

Ojalá que el movimiento no desvanezca tal suele ocurrir con otros debates trascendentes que se apagan a las pocas semanas como el de la posesión de armas cada vez que hay una nueva matanza en un shopping, escuela, iglesia o cuartel.

La fuerza desproporcionada, brutal y exagerada de la policía contra los afroamericanos y en general es habitual y está siempre latente. En los últimos seis años fueron asesinados por la policía 1.994 afroamericanos o el 24% de un total de 7.663 personas.

Ante estas cifras espeluznantes, la peor de todas es la que marca que el 97% de los asesinos queda en la impunidad, ya sea protegidos por códigos internos de lealtad policial o por los fiscales que no quieren acusar a los oficiales sabiendo que tienen pocas chances ante jueces que interpretan y justifican el uso de fuerza letal si el oficial arguye que estaba en peligro su vida o la de otras personas.

La violencia policial tampoco se erradicará hasta que las policías sean más inclusivas, ya que están desproporcionadamente compuestas por agentes blancos en ciudades de predominancia afroamericana. Y también se debe reconocer que el racismo no es solo una cuestión de violencia per se. Como talón de Aquiles de la sociedad estadounidense, está arraigado al problema de desigualdad económica y la pobreza de los afroamericanos, su segregación demográfica y los desacuerdos sobre los alcances de la acción afirmativa, una política pública que devino del movimiento de derechos civiles de los 60.

Ojalá que el caso de Floyd se mantenga sobre el tiempo y sea el punto de inflexión que desemboque en un verdadero cambio de políticas públicas para contrarrestar la fuerza brutal y desproporcionada de la policía y erradicar el racismo y la discriminación en general.

Los movimientos por los derechos civiles, por la igualdad de la mujer, el #metoo, las acciones en contra de la pederastia y a favor de los derechos de las personas con distinta orientación sexual, demuestran que los cambios son posibles. Cada uno de ellos devino de una crisis o tras la denuncia de un hecho espeluznante que atrapó la atención ciudadana y, asqueada de tanta impotencia e impunidad, convirtió su protesta en un movimiento por el cambio.

La apuesta para que el movimiento Black Lives Matter sea el punto de inflexión del cambio está en mantener el caso de George Floyd  en la agenda pública y no dejarlo desvanecer como ocurrió con tantos casos similares. La responsabilidad es de todos, de los políticos, los líderes de la sociedad civil, los activistas, los medios de comunicación y de nosotros los ciudadanos.

Trump y el “silver bullet” contra Twitter y Facebook

Las redes sociales no son perfectas. Tampoco imperfectas. O son lo uno o lo otro según las usamos, nos mostramos y las consumimos. En definitiva, son un reflejo de nuestros aciertos y errores, de nuestras buenas o malas intenciones.

Los algoritmos y editores de las plataformas como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram o TikTok a veces censuran lo que es bueno e inofensivo y permiten lo malo y delictivo. Repito, no son perfectas. Se equivocan, como nosotros, y también piden perdón, como Mark Zuckerberg de Facebook y Jack Dorsey de Twitter, tras la oleada de noticias falsas, la intromisión en nuestros datos privados e intimidad.

Pese a lo bueno y malo, las redes sociales han empoderado, como nunca en la historia, a que cualquier persona del mundo tenga una voz, algo que opinar, reaccionar o compartir. Sirven para convocar causas, empoderar a los marginados, decir verdades que duelen y molestan y también para mentir, manipular y engañar. Repito, son perfectas e imperfectas, como nosotros, los humanos. Pero sin ellas ya no nos imaginamos el mundo. Sin ellas sería como vivir en una pandemia o cuarentena perpetua.

¿Tienen responsabilidad legal por sus contenidos?, ¿es decir por nuestros contenidos que distribuimos en sus plataformas? Las plataformas argumentan que no porque no son fabricadores de contenido como los medios de comunicación que sí son legalmente responsables por lo que publican. Las plataformas siempre se han defendido de que no crean contenidos, sino que son simples distribuidores. Hasta acá es un argumento razonable y amparado por ley, al menos en EE.UU. y hasta hace unos días, cuando el intempestivo presidente Donad Trump, enojado personalmente con Twitter, decidió firmar un decreto que le quita la inmunidad legal y hace a las plataformas responsables por su contenido. (Todavía es temprano para saber si el decreto tendrá dientes, le será difícil, porque posiblemente habrá peleas ante los tribunales y será de larga data o la Comisión Federal de Comunicaciones, la que en definitiva tiene que validar la nueva regla, no lo hará simplemente para congraciarse con Trump. La CFC es autónoma, independiente y sus vaivenes son más técnicos que políticos).

Pero también existe el otro argumento. Desde que las plataformas usan algoritmos y editores para eliminar contenidos o limitar contenidos o editarlos o hacer algunas advertencias, como sucedió con los tuits de Trump, se están convirtiendo en editores, un rol ya no de simples distribuidores de contenidos, sino casi parecido al de los medios de comunicación. Y por esa rendija, puede que entre el tema de la responsabilidad ante la ley.

Digo puede porque todavía no me convence este argumento. Las redes sociales son vastas y tienen que hacer maravillas día a día para evitar propagar noticias falsas y hechos delictivos, como el discurso de odio o la apología de la violencia. Desde hace años se les está exigiendo editar contenidos.

En fin, estos argumentos y todos los grises entremedios no son de fácil solución o tal vez no haya un “silver bullet” o una solución simple para un problema tan complejo. Requiere una discusión de alto octanaje que involucre a toda la sociedad civil, entre ellos las plataformas, los ciudadanos, los medios, los legisladores, jueces y políticos. No puede haber una medida unilateral, esta es una discusión sobre nuestras libertades como individuos y como sociedad.

Lo que no es bueno es que salga un presidente como Trump, o cualquier otro, ya sea Putin, Bolsonaro, Fernández o López Obrador y abusen de su privilegio para dictar decretos en contra de la libertad de expresión para acomodarlos a la horma de sus zapatos.

El debate debe ser más elevado, sin los enojos ni la ideología que le suelen imponer los políticos a todas las cosas como si estuviéramos en un proceso electoral y polarizado continuo.

La fuerza de los caricaturistas

El director del diario La República, Perú, Gustavo Mohme me invitó como columnista invitado de su diario para que comente sobre el valor de la caricatura, luego de que su caricaturista estrella, Carlin, se viera involucrado en una fuerte controversia y hasta recibido amenazas por la caricatura sobre el expresidente Alan García que ilustra este post.

Esta es mi columna de hoy: 

Los periodistas envidiamos la fuerza de los caricaturistas. Con solo un par de trazos exagerados, una dosis de ironía y con simples analogías, abordan con simpleza temas complejos, encienden debates e incitan hasta a los más indiferentes.

Desde que en 1754 Benjamín Franklin creó el primer dibujo político en el Pennsylvania Gazette llamando a la unidad por la independencia de los nuevos territorios de la Nueva Inglaterra en contra de la Gran Bretaña colonialista, ningún diario de prestigio pudo escindir del recurso de la parodia y el humor para complementar historias, desafiar a los poderosos y burlar a los opresores.

Cuando en las dictaduras militares de Argentina, Brasil o Chile los periodistas no podían poner en palabras o imágenes los hechos reales, los editores llamaban a sus mejores dibujantes para sabotear la censura. Tan temible era su fuerza liberadora que muchos caricaturistas también engrosaron las desgraciadas listas de desaparecidos.

Hoy la historia política no podría contarse en Perú sin caricaturistas como Carlin o en EEUU sin los dibujantes que se regocijan con las ocurrencias de Donald Trump, rebosante de atributos de los que se nutre la caricatura: es intempestivo, burlón, profuso en adjetivos y su construida melena y tez azanahoriada son símbolos distintivos que fácilmente adoptan los caricaturistas.

Pero, a pesar de que la caricaturesca personalidad de Trump invita a la burla, también existen algunos límites por la que a veces los dibujantes deben enmendar errores, pedir perdón o hasta pueden perder sus trabajos. Sucedió con la humorista Kathy Griffin a quien la CNN la retiró como a una de sus animadoras estrella después de sostener una foto con la cabeza de Trump recién degollada. También ocurrió con The New York Post que debió pedir excusas después de caracterizar a Barack Obama como a un chimpancé.

Esto demuestra que si bien la fuerza artística de la caricatura - dibujo + sátira - escapa a los límites de autenticidad de otros géneros como la crónica, la investigación y hasta el video y la fotografía, no puede evadir ciertos límites éticos y legales que tienen los medios y el periodismo.

Por un lado, no es tan importante si se parodia a Trump o a Obama, a Alberto Fujimori o a Alan García, como que la sátira esté apegada a los hechos y al contexto, y que sea imparcial y diversa en personajes, alejada de la ideología política de los retratados. Por el otro, los límites legales como la apología de la violencia o del terrorismo, el discurso de odio y la discriminación, son infranqueables para todos los géneros, incluida la caricatura.

Estas responsabilidades admitidas por los medios invitan a los ofendidos a acudir a los tribunales para resolver conflictos y no a hacer justicia por manos propias. La masacre en la sala de Redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdó a manos de musulmanes fanáticos por la caricaturización de Mahoma con un turbante de bombas, distancian la barbarie de la conducta de tolerancia a la expresión que debe existir en un estado de derecho.

En el nuevo contexto digital, en el que los memes, el bullying y los insultos pululan sin límites ni filtros en las redes sociales agitados por la polarización política, hay que celebrar que los medios y el periodismo profesional tengan al humor político como uno de los géneros más potentes para crear debate y construir democracia.

Tráfico de médicos: tan culpable el país que trafica como el país recipiente

 Cuba es un caso aparte en materia de cooperación sanitaria, distinta a otras formas de ayuda humanitaria que fluye entre países durante esta pandemia.

Sus misiones médicas siempre han creado controversia porque forman parte de un aceitado sistema de propaganda ideológica. Lo utiliza para exportar las “bondades” de un sistema obsoleto, infiltrar sistemas políticos con red de espionaje y estrategias proselitistas para desarmar a críticos y opositores, y para obtener rédito económico que, hacia el interior, solo beneficia a los privilegiados de siempre: funcionarios y partidarios.

El común de los cubanos, incluso los médicos y sus familias no perciben esos beneficios, solo un 15% del salario. Tampoco se les permite decidir con libertad, deben entregar sus pasaportes y si escapan o lo intentan, sus familiares en la isla asumirán los riesgos. Las represalias oficiales van desde ser despedidos de sus trabajos, no poder ingresar a la universidad, recorte de víveres en la libreta de racionamiento y límites a la movilización interna. Todo esto, sumado a la cuarentana de libertad que arrastran por más de 60 años.

Es bochornoso que los países recipientes ignoren la violación a los derechos humanos y que incentiven a un régimen dictatorial y opresor contratando ese tipo de servicios. Aún peor, es que los países recipientes no se den por aludidos sobre que, en el tráfico de personas, es tan culpable y delictuoso quien origina el crimen como quien se beneficia de él. Y en este punto no se tiene que entrar en disquisiciones políticas o de afinidad ideológica – ni echar culpas al “imperio” ni ponerse a favor del nuevo gobierno argentino que los contrató ni en contra de los nuevos gobiernos de Bolivia, Brasil y Ecuador que los expulsaron – solo basta con ser objetivos y leer las categóricas acusaciones contra las autoridades cubanas de las relatorías sobre esclavitud contemporánea y trata de personas de la ONU: esclavitud, persecución y trabajo forzoso de miles de profesionales de la salud.

Cuba (también los países receptores) no puede vender gato por liebre. Si hay una transacción comercial de por medio, debe buscar el nombre apropiado a su fórmula, ser transparente con lo que cobra a los gobiernos y paga a los médicos o trabajadores de la salud según sus calificaciones, darles libertad y no imponerles conductas autoritarias como si estuvieran en su propio país. Y, sobre todo, los médicos cubanos debieran estar alejado de cualquiera otra actividad que no sea la salud pública.

Más allá de cualquier posicionamiento que cada uno pueda tener sobre las misiones médicas de Cuba, lo que llama la atención es que nunca nadie puede explicar nada con total transparencia.

El futuro de los medios de comunicación

La pandemia del Covid-19 es un punto de inflexión de la humanidad y en el futuro nuestra relación con el entorno social, económico y político será distinta; ni mejor ni peor, distinta. Los desafíos serán otros, y el éxito y la felicidad se medirán con otros parámetros.

Es difícil aventurar cómo serán los medios de comunicación y el periodismo en el futuro, pero es fácil advertir que las tendencias que ya venían marcando pista en la última década se profundizarán: innovación tecnológica, calidad en los contenidos, consumo de noticias en plataformas no tradicionales y fuentes diversas para la sustentabilidad del negocio periodístico.

La tendencia más notable y auspiciosa está en el redescubrimiento del mensaje creíble como marca registrada del periodismo. La credibilidad y la confianza del contenido noticioso se reafirma como sostén prioritario de los medios. El fact-checking deja de ser una reacción de los medios ante el nuevo entorno de las noticias falsas para irse convirtiendo en un nuevo género periodístico.

Las encuestas demuestran que las audiencias siguen conectándose en las redes sociales, se divierten, se distraen, socializan y asumen causas. Sin embargo, dejan en evidencia que buscan, leen, se informan y confían más en los contenidos de los medios tradicionales. La marca del medio, su estilo, su selección noticiosa, la verificación de los contenidos, sus investigaciones, sus denuncias y su vocación de “perro guardián” refuerzan y refundan el papel tradicional del periodismo y de los medios.

Todo esto no es automático ni a todos los medios les irá bien, pero la tendencia remarca que las mejores armas para sobrevivir la tendrán aquellos que apuesten a la calidad de los contenidos. Esto implicará crear contenidos diferenciadores, más creativos, más apegados al periodismo de soluciones y colaborativo para poder empoderar más a la gente, como alternativa al periodismo reactivo, de denuncia y de investigación. Más periodismo proactivo que reactivo, y sin activismo. No habrá que equivocar con dar a las audiencias lo que ellos quieran, sino que los medios deberán mantener un liderazgo en la agenda pública y seguir hablando sobre lo que incomode.

La innovación constante será un departamento más junto a los de fact-checking, mercadeo, circulación, publicidad o suscripciones. Los grandes medios vienen marcando la pauta, contratando a más ingenieros de sistemas y analistas. Los proveedores de servicios tecnológicos deberán seguir abaratando costos y trabajando con licencias de productos en constante innovación, más que con paquetes cerrados que terminan obsoletos a los pocos meses. 

Quedó en evidencia con esta pandemia que la plataforma o soporte para difundir noticias ya no es relevante, en especial la de los medios escritos. Se ha acelerado el proceso digital y el consumo de papel es cada vez menor. El uso del móvil es más práctico y hasta saludable desde toda perspectiva, además de que los gobiernos están invirtiendo más en infraestructura de internet. Desde Bolivia a EE.UU., pasando por Chile, Nicaragua o Venezuela, aunque por causas diferentes, muchos periódicos dejaron de imprimir total o parcialmente. Y si a esto se suman los costos de producción y la tiranía del horario de impresión y distribución, no imprimir papel se transforma en la gran oportunidad: menores gastos de producción, de maquinarias, de distribución y mejores oportunidades para la impresión comercial y la demanda creciente que se avecina tras la recuperación de la economía.

La sustentabilidad de los medios seguirá como el gran desafío. La calidad no se puede sostener con intenciones. La inteligencia artificial y la innovación serán fundamentales para repatriar a los anunciantes que se han ido a las plataformas digitales atraídas por la inversión eficiente de su publicidad. Los medios tendrán que seguir diversificando sus ingresos más allá de los contenidos noticiosos, organizando eventos, manejando la comunicación a otras empresas y dedicándose al e-commerce. El periodismo de calidad y diferenciador permitirá solidificar el sistema de suscripción digital. Los sistemas serán más híbridos, habrá alianzas con otros medios para dar más valor de marca, y se ofrecerán contenidos gratuitos y otros de pago. Otras formas de ingreso por contenido serán buscadas a través de asociaciones que tendrán que reclamar ingresos por derechos de autor, como sucede en Europa, y nuevos estilos en el que los Estados tendrán que subsidiar algunos medios por su servicio a la democracia, pero en forma directa, técnica y transparente, no a través del clientelismo utilizado en la repartición de publicidad oficial.

En definitiva, repito, el futuro no será ni mejor ni peor, será distinto. Muchos medios perecerán, otros se combinarán y concentrarán en menos marcas para sobrevivir. Su futuro no solo dependerá de la capacidad de adaptación a la nueva realidad, sino de los recursos que invertirán en innovación constante y en todos los órdenes.

Juego peligroso la censura de Facebook, Instagram, Twitter

Estoy de acuerdo sobre que el presidente Jair Bolsonaro es un energúmeno que sigue minimizando los efectos de la pandemia del COVID-19. Su conducta es condenable: primero, porque pone en riesgo a sus ciudadanos y, segundo, porque no tiene el mismo derecho a expresar lo que siente o cree debido a su investidura, ya que sus palabras y acciones atraen y conllevan consecuencias. Un personaje público, ya sea funcionario, deportista o celebridad, tiene mayor responsabilidad que un ciudadano común en su libertad de expresión. Esa responsabilidad está atada al nivel de influencia; a mayor popularidad, mayor responsabilidad.

Ahora bien, el hecho de que sus expresiones y acciones sean condenables, no quiere decir que puedan ser censuradas, en especial por ese mismo principio de responsabilidad pública que tienen, ya que todos debemos tener acceso a esa información para armar nuestros juicios de valor. No se deben censurar los dichos o las acciones de los personajes públicos, mucho menos las de un presidente o de alguien que detente un cargo electivo. No se pueden censurar los abrazos que Bolsonaro y Andrés M. López Obrador dieron a sus seguidores en cuarentena, las acusaciones infundadas de Donald Trump contra los medios por expandir la histeria colectiva o las calificaciones de “miserables” que les espetó Alberto Fernández a los empresarios argentinos, más allá de que estemos o no de acuerdo con esas expresiones y acciones.

Facebook e Instagram eliminaron el lunes publicaciones de Bolsonaro en las que se veía caminando por Brasilia y en contacto con la gente. También lo hizo Twitter y el argumento es que las acciones de Bolsonaro estarían contradiciendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud

Considero que la medida de estas redes sociales es tan condenable como la actitud de Bolsonaro. No pueden censurar bajo criterios estrictamente propios como plataformas, sino que se tienen que adaptar a criterios internacionales sobre libertad de expresión que se han ido adaptando tras décadas de discusión y que tienen que ver con delitos específicos, entre ellos, odio, xenofobia, apología del delito, prostitución, racismo, etc… Creo que estas plataformas se han excedido en su actitud de mostrarse “políticamente correctas”. Y el temor es que cuando se empieza a censurar sin ton ni son, la censura se puede convertir en una bola de nieve difícil de atajar.   

Twitter ha mantenido una política coherente en este tipo de censuras, pero lo extraño es que Facebook e Instagram están revirtiendo una política que el año pasado adoptó su dueño, Mark Zuckerberg, y a la cuál ponderé por su compromiso con la libertad de expresión.

En ese entonces, y en el contexto de la gran polémica sobre la diseminación de noticias falsas, Zuckerberg defendió que el discurso político malintencionado y mentiroso que es frecuente en los procesos y la propaganda electoral, no sería moderado y se dejaría tal cual en su plataforma. Añadió que Facebook no debe moderar las expresiones de los políticos porque aún si fueran falsas siguen siendo relevantes y de interés público.

Creo que aquel buen razonamiento de Zuckerberg debe prevalecer en todo momento, incluso ahora por más que estemos asfixiados por la pandemia. Como individuos tenemos el derecho de saber, incluso aquellos dichos y acciones que nos incomodan, provocan y nos enojan.