domingo, 3 de septiembre de 2017

Desarraigar la corrupción


La lucha contra la corrupción genera resistencia. Actualmente la más férrea es la del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, que quiere expulsar de su país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), cuya eficiencia despierta envidias en todo el mundo, en especial en aquellos países donde los sistemas anticorrupción fracasan.

La actitud de Morales desnuda un gran conflicto de interés. En su campaña, bajo el lema “ni corrupto, ni ladrón”, había garantizado que la CICIG operaría en el país hasta finales de 2019. Sin embargo, ahora declaró persona non grata al titular de la entidad, Iván Velázquez, y amenazó con expulsarlo. Su venganza es porque el Comisionado pidió levantar su inmunidad presidencial por haber recibido dineros sucios para su campaña y porque procesó a uno de sus hermanos y a su hijo por otros delitos contra el Estado.

Por suerte en América Latina, la región en donde la corrupción es histórica, estructural y cultural, se observan buenos avances en su contra, como lo admite el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. Uno de los casos más sonados lo lideró en su país natal contra la dupla Fujimori-Montesinos y ahora es en Brasil, donde el caso Lava Jato desató la caída de poderosos en toda la región, como la del ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa.

La importancia del caso brasileño de Marcelo Odebrecht es que ha desnudado el concepto de cartelización de la corrupción, lo que Velázquez está tratando de extirpar de Guatemala. No solo es gente y funcionarios que quieren beneficiarse del Estado, sino grupos poderosos, públicos y privados, que actúan en complicidad orquestando carteles públicos con rasgos de crimen organizado. Desde el poder, su máximo objetivo es crear mantos estructurados de impunidad difíciles de penetrar.

Por ello los guatemaltecos comunes no quieren que desaparezca la CICIG, nacida en 2006 tras un acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas, que en pocos años logró lo que el sistema judicial guatemalteco no pudo en décadas. Velázquez consiguió procesar y encarcelar a más de 300 poderosos miembros de círculos políticos económicos cartelizados, entre ellos a cinco ex ministros, tres ex presidentes del Congreso, magistrados de la Corte Suprema, funcionarios aduaneros y penitenciarios, banqueros y a la ex cúpula presidencial compuesta por Otto Pérez Molina y Rosana Baldetti.

Ugaz de Transparencia da otra dimensión a esta cartelización. Ya no habla de corrupción sino de la “gran corrupción”. Considera que la corrupción dejó de ser un problema moral como se la percibía hasta hace tiempo. Ahora dice que tiene una fuerte implicancia económica, ya que los dineros que algunos pocos roban para su cartel, impactan negativamente en la sanidad, la educación, la pobreza, el desarrollo y la gobernabilidad.

Por ello Ugaz plantea que hay que atacar en forma integral a la corrupción, no sólo aumentando los castigos o declarando imprescriptibles esos crímenes. Precisa que además de reformas de políticas públicas, se necesita educar contra la cultura de la corrupción. Le alarma que el 78 por ciento de la población considere que la corrupción “es el pago de una contraprestación recibida, casi una transacción normal común y corriente cuando en realidad es un hecho delictivo”.

Tanto Ugaz como Velázquez consideran que la corrupción no es un problema genético y que se necesita voluntad política y liderazgo en su lucha. Así como Velásquez contó con apoyo político hasta antes del arranque de ira de Morales, Ugaz lo tuvo en Perú como fiscal anticorrupción, permitiéndole procesar a 1.500 personas, entre ellos 130 funcionarios de altísimo nivel, incluyendo al ex presidente Alberto Fujimori condenado a 25 años de prisión.

Ambos observan que además de los contrapesos institucionales, se necesitan otros dos elementos para desarraigar la corrupción, tal como sucedió en Perú, Guatemala y Brasil.

Primero, el empoderamiento de los ciudadanos que salen a la calle para presionar cambios y exigir justicia contra los corruptos. Segundo, la existencia de una prensa independiente e investigativa que ponga al descubierto los temas que la Justicia tiene bajo reserva, ayudando a crear presión, conversación pública y conciencia sobre cómo la corrupción roba la vida cotidiana de cada ciudadano. trottiart@gmail.com

sábado, 26 de agosto de 2017

Carvajal reivindicado y reclama justicia

A 19 años del asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal nada ha cambiado. Colombia sigue siendo un país peligroso para los reporteros, aunque la violencia haya disminuido debido al proceso de paz. 

Igualmente se mantiene un alto índice de impunidad como producto de una sociedad que ha vivido inmersa en un conflicto armado fratricida, potenciado por la peligrosa connivencia entre la guerrilla, el narcotráfico, otras variantes de crimen organizado y parte de una administración pública corrupta.

Nelson Carvajal, a sus 37 años, fue víctima de esa combinación delincuencial. Era un periodista de denuncia y en un territorio de pocas pulgas como Pitalito, en el interior colombiano, su valentía por revelar en la radio los estragos de la corrupción le cosechó muchos enemigos. 

El 16 de abril de 1998 le descerrajaron siete tiros cuando se estaba subiendo a su moto para ir a la radio a denunciar lo que había anunciado. Daría la primicia sobre la matufia entre un funcionario municipal y un poderoso empresario, ambos de Pitalito, por la construcción de viviendas de mala calidad a precios de primera en un predio que el municipio cedió en ganga. 

A la pesadilla por el asesinato de Carvajal, le siguió un largo calvario que debió sufrir su familia hasta hoy, 19 años después, cuando al caso le faltan ocho meses para prescribir. Diez de sus familiares, hijas, hermanas, hermanos y sobrinos, tuvieron que salir del país porque cada vez que aportaban datos a la investigación eran amenazados de muerte y perseguidos. 

Las primeras investigaciones oficiales lograron que el funcionario y el empresario terminaron en la cárcel como autores intelectuales junto a un par de maleantes que apretaron el gatillo. Sin embargo, tres años después todos fueron declarados inocentes. La fiscalía siguió la investigación y atribuyó el crimen a la guerrilla, un recurso abstracto para cerrar un caso que se utilizaba en Colombia cada vez que el crimen no se podía atribuir a persona concreta.  

Ante tanta desidia, investigamos el caso en la Sociedad Interamericana de Prensa a partir de 2001 y tras encontrar anomalías en el proceso presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Años después la Comisión nos dio la razón y nos motivó a negociar con el Estado. Luego de ocho reuniones entre 2005 y 2009 abandonamos el diálogo, el Estado no admitió su responsabilidad y el caso terminó en la Corte Interamericana. 

Esta semana tuvimos la audiencia en la Corte en su sede de San José. El Estado presentó como testigo a una de las tantas fiscales del caso y nosotros, junto al Robert Kennedy Human Rights, que nos acompañó en este litigio, presentamos a Judith Carvajal, una de las hermanas de Nelson. 

El Estado indicó que tras la confesión de un par de guerrilleros, ahora desmovilizados, volvió a la hipótesis original del funcionario y el empresario como autores intelectuales. Los jueces se mostraron sorprendidos teniendo en cuenta el principio universal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y de saber que un testigo clave fue asesinado.

En los alegatos finales, pese a la reticencia de los representantes del Estado, pedimos a la Corte que declare al Estado de Colombia responsable por la violación de sus obligaciones bajo la Convención Americana de Derechos Humanos y que ante la inminencia de la prescripción penal por el homicidio – abril de 2018 - ordene al Estado tomar las medidas necesarias para que el término de prescripción no sea un obstáculo para que la investigación penal conduzca a la individualización, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales del asesinato.

La Corte dará su veredicto final dentro de los próximos seis meses. El Estado indicó que existen posibilidades de revisar el caso. Más allá del resultado, lo importante es que Nelson Carvajal ha cobrado nueva vida, reivindicado por una justicia internacional que en su país le fue esquiva por dos décadas.

Sin dudas que Pitalito era una mejor comunidad con Carvajal y Colombia sería mucho mejor con más de una centena de periodistas a los que asesinaron en los últimos 30 años. Por ello es importante persistir en la reivindicación de sus vidas en seguir reclamando hasta que se haga justicia. trottiart@gmail.com

sábado, 19 de agosto de 2017

Trump y la exacerbación del odio

Fiel a sus impulsos emocionales y posiciones cambiantes, en menos de 48 horas el presidente Donald Trump pasó de condenar a disimular el racismo, y de acusar a excusar a los supremacistas blancos por la protesta en Charlottesville que desembocó en la muerte de una mujer y en una fuerte efervescencia racial.

Tal la figura presidencial lo demanda, Trump hubiese tenido que ser observador y árbitro cuando de disputas sociales se trata. En vez, prefirió exacerbar los ánimos entre aquellos que defienden la retirada de monumentos de próceres que defendieron la esclavitud durante la Guerra de Secesión y los que creen, incluso desde posiciones racistas con símbolos nazis o del Ku Klux Klan, que la historia no se puede modificar.

Hubiera podido condenar la violencia de los fanáticos racistas de cualquier bando y calificar de estupidez, como lo hizo, el retiro de la estatua del general Robert Lee, porque podría contagiar a individuos que quisieran bajar de los pedestales a Thomas Jefferson y George Washington por haber pertenecido también a familias esclavistas.

Mejor le hubiera ido si aprovechaba a educar sobre la Primera Enmienda que defiende el derecho de expresión y de protesta, incluidos los símbolos fascistas que en otros países han sido prohibidos por ley. Así, no habría generado las críticas que le llovieron desde todos los rincones del mundo.

En cambio, no pudo con su genio de ser protagonista y centro de cualquier polémica. No entiende que un Presidente árbitro, observador, analítico y mesurado es necesario para desanimar a aquellos fanáticos que se valen de los extremos para justificar sus excesos.

El ex presidente Obama encarna esa visión. Con un tuit y una frase de Nelson Mandela – “nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen o su religión” - marcó la diferencia entre un líder agitador y el pacificador. Su tuit alcanzó un récord histórico de likes en pocos días. Mientras tanto, el discurso incendiario de Trump, generó récord de visitas al sitio Stormfront.org, dirigido por un miembro del KKK en el sur de la Florida, donde se comparten alabanzas a Trump, entremezcladas con eslóganes racistas y en apoyo al lema “Unir la derecha” de las protestas.

El riesgo que plantea Trump es que su agitación discursiva vaya más allá de Charlottesville, pudiendo exasperar los ánimos y generar más violencia en las marchas y contramarchas que se realizarán en varias ciudades en los próximos días, a favor y en contra de retirar monumentos confederados.

Trump deberá entender que su incontinencia verbal trastorna, crea caos y que un Presidente, por el significado que cobran las palabras, no tiene el mismo derecho a la libertad de expresión que el resto de los mortales. No puede en 140 caracteres establecer la estrategia geopolítica del país como la amenaza de “fuego y furia” que le hizo a Corea del Norte o de tildar a mexicanos de asesinos y violadores para justificar la construcción del muro fronterizo.

Puede ser que Trump muchas veces tenga la intención de acomodar las palabras para alcanzar objetivos, pero en ese afán no suele medir las consecuencias como ocurrió con Venezuela. Después de justificar sanciones económicas contra Nicolás Maduro para presionar por la restauración democrática, cambió sorpresivamente de discurso argumentando que no descartaba la intervención militar.

Tras ello se debió soportar una andanada antiimperialista de Maduro, incluidos ejercicios militares para “defender la patria” y un llamado a elecciones regionales para diciembre que desorientaron a la oposición, reduciéndole su capacidad de convocatoria y presencia en las calles. El desconcierto internacional fue de tal magnitud que el vicepresidente Mike Pence, de gira en Latinoamérica para promover resortes a favor de la democracia en Venezuela, se vio obligado a ponerse a la defensiva para sosegar los ánimos caldeados por Trump.
Que Trump genere conversación y debate no es malo, sirve a la democracia participativa. El problema es que lo hace siempre desde una posición determinada y extremista que divide y polariza. Y en temas sensibles como el que desnudó Charlottesville, un Presidente está llamado a minimizar el impacto del discurso de odio, no a exacerbarlo. trottiart@gmail.com

sábado, 12 de agosto de 2017

Desvaríos democráticos y pirotecnia nuclear

Nicolás Maduro y Kim Jong-un comparten la actitud desafiante. No se achican ante las advertencias y sanciones económicas financieras que les aplicaron por sus desvaríos democráticos y pirotecnia nuclear. Por el contrario, sacan pecho y redoblan sus amenazas.

Ante el boicot parcial que le impuso el Consejo de Seguridad de la ONU sobre sus exportaciones, el régimen norcoreano anunció que no cesará en su proliferación nuclear y que el próximo mes lanzará cuatro misiles balísticos contra el mar de Guam, territorio estadounidense en el Pacífico. Maduro dijo que tampoco le importaron las nuevas sanciones que EE.UU. le impuso al hermano de Hugo Chávez y a otros siete miembros de la Asamblea Constituyente, así como antes se mostró impávido cuando él fue blanco de los castigos.

Aunque no cambien su tono y la verborrea, sin dudas que las sanciones le pasarán factura con el tiempo, así como obligaron a Irán a deponer sus sueños nucleares y sentarse a negociar.

Nadie sabe cuántas ojivas tiene el régimen norcoreano o si ha podido miniaturizarlas para que quepan en un misil balístico, pero ya nadie tolera a un desquiciado que amenaza con destruir Nueva York, Paris o Tokyo. Su pirotecnia rememora la guerra fría, saltándose los acuerdos entre Barack Obama y Vladimir Putin sobre el desarme nuclear.

Donald Trump tampoco ayuda a enfriar la situación con su idea de desatar “furia y fuego” contra Kim Jong-un. Debiera esperar a que las sanciones hagan lo suyo y de no lograrse el objetivo, debería impulsar de nuevo en la ONU el boicot económico financiero y un embargo comercial total. Una nación aislada, incomunicada y repudiada por el mundo entero no tendría formas de sobrevivir.

Lo importante de este juego de retóricas, amenazas y sanciones, es que ha producido hechos positivos, sin tantas tensiones, invasiones y guerras como en el pasado. Nadie imaginaba que China, el mayor socio comercial y aliado de Corea del Norte, anunciara que hará cumplir las sanciones al cien por ciento.

En América Latina, guardando las proporciones, sucedió algo similar. Nadie suponía que el descomunal descalabro democrático de Maduro, que no es nuevo sino de años, hubiera ocasionado una reunión en Lima promovida por Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México, los socios comerciales de Venezuela, con el objetivo de debilitar o detener el intercambio.

Maduro ya sufre la suspensión del Mercosur, pero nada será más potente que las  sanciones económicas país por país. Los 17 cancilleres en Lima empezaron bien mostrándose firmes para aislar a Maduro, llamando a la dictadura por su nombre, desconociendo a la Asamblea Constituyente y respaldando al Congreso democráticamente electo, en el que la oposición había alcanzado la mayoría.

No sorprendió que la reunión en Lima tuviera su espejo en Caracas con los cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) cuyos componentes ideológicos, con Cuba, Bolivia y Nicaragua a la cabeza, se reunieran para condenar las sanciones impuestas por el imperialismo. Tampoco que Maduro, quien ya sintió los cimbronazos de Lima, convoque a esos gobiernos a dialogar para que “restituyamos el respeto y la fraternidad entre los modelos políticos y económicos”.

La desfachatez castrista del chavismo no tiene límites. Nunca debería preocuparles las sanciones a sus autoridades si no tienen activos bancarios e inmobiliarios en EE.UU. Pero, lamentablemente para ellos, se conoce que la mayoría tiene cuentas y testaferros donde han colocado lo que le robaron y roban al pueblo, al que dicen representar.

Ojalá que el consenso en Lima que condenó las prácticas antidemocráticas de Maduro, pase al terreno del aislamiento económico. Las sanciones, pese a que el ALBA no recuerde su prédica pasada, suplen pacíficamente los efectos negativos de golpes e intervenciones militares. Son el arma correctiva más potente, así se apliquen contra países como Qatar, por financiar al terrorismo o contra individuos como Rafa Márquez, por esconder dineros del narco.

Para castigar los desvaríos de Maduro y la pirotecnia desafiante de Kim Jong-un, a veces se puede pensar en soluciones que corten de cuajo la raíz; sin embargo, el aislamiento económico financiero será siempre la opción con menores consecuencias. trottiart@gmail.com

sábado, 5 de agosto de 2017

¿Qué hacer con Venezuela?



Por Ricardo Trotti
Ahora que todas las barbaridades están consumadas y que pocos tienen dudas sobre que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura, vale preguntarse: ¿Qué hacer con Venezuela? o ¿qué más se puede hacer?
Las opciones son las habituales, golpe de Estado, intervención extranjera militar, expulsión de organismos internacionales, rompimiento de relaciones bilaterales y sanciones económicas financieras.
Esta dictadura daría lugar a todas las opciones, pero para evitar efectos históricamente indeseados, solo dos son posibles, urgentes y necesarias: Sanciones económicas financieras y aislamiento global.
El golpe de Estado está por ahora descartado desde que la cúpula militar, aunque resquebrajada, confirmó su compromiso con la revolución. La invasión militar también queda anulada, pese a que a Panamá y a Granada las intervino EEUU por mucho menos narcotráfico y alienación política de la que se observa hoy en Venezuela. Sucede que la política exterior estadounidense, después del 2001, se enfoca más en medidas económicas para torcer destinos.
Tampoco por severas, las sanciones son eficientes. El embargo comercial a Cuba que inició John Kennedy en 1962 y que prosiguió con diferentes matices, incluso con el relajamiento en la época de Barack Obama, no hicieron tanta mella en sus destinatarios, los Castro, como en el pueblo cubano.
Romper lazos no es fácil, pero posible. El camino lo empezó Luis Almagro en la OEA, quien ha llamado varias veces a los cancilleres para que se aplique la Carta Democrática, pero con la desventaja de que Venezuela compra votos a cambio de petróleo subsidiado. El consenso que faltó en la OEA por suerte se alcanzó en el Mercosur para expulsar a Venezuela, donde nunca debió ser admitida como reclamaba Paraguay.
Las sanciones económicas de EEUU aplicadas a una veintena de funcionarios, incluido Maduro, son importantes, pero deben ser más severas e ir más allá del carácter unilateral. América Latina toda se debe sumar, así como lo hará la Unión Europea una vez que las decisiones de la Asamblea Constituyente, ya conformada con Delcy Rodríguez a la cabeza, continúen empoderando al circo chavista.
Se necesita concertar una ofensiva multilateral en la ONU, a pesar de saber de antemano que en el Consejo de Seguridad, China y Rusia, dos de los miembros permanentes, vetarán cualquier sanción contra el régimen al que económica y políticamente apoyan.
No por ello la Unión Europea, países asiáticos democráticos y los americanos deberían cruzarse de brazos. EEUU debería cortar la importación de petróleo venezolano y los demás, aunque por fuera de la ONU, deberían conformar una concertación internacional para imponer trabas comerciales, romper relaciones diplomáticas y cancelar visas para funcionarios del régimen.
En definitiva, un aislamiento global se anima como la opción más eficiente para expulsar a la dictadura y desencadenar la restitución democrática. El pueblo venezolano sufrirá aún más pero por tiempo limitado; sobrevivirá con la esperanza de que el fin es irreversible.
Claro que no será fácil expulsar a Maduro. Con el ejemplo de sus ídolos cubanos, desafía a todo aquel que lo busque sacar del poder. Se agranda ante los empujones. Ante las sanciones económicas de EEUU, respondió apresando de nuevo a Leopoldo López y Antonio Ledesma y encumbrando a la fraudulenta Constituyente con la que eliminó al Congreso por tercera vez. Lo había desbaratado cuando la oposición ganó mayoría y luego al pedirle a la Corte Suprema que dictara su defunción.
Lo peor está por venir. Los 545 constituyentes, todos oficialistas, que no solo devienen de un fraude electoral según Smartmatic, sino de un llamado inconstitucional, tendrán el poder absoluto. Para apaciguar la presión internacional posiblemente le darán un salvoconducto a Maduro, impondrán a un nuevo líder menos polémico y establecerán períodos electorales. Pero será más de lo mismo. El fraude es la esencia misma de la cultura chavista.   

sábado, 29 de julio de 2017

Las secuelas inadvertidas de la mentira


Nadie está exento de engañar o ser engañado. Convivimos en esa dualidad, entre verdades y mentiras, entre el bien y el mal, herencia que nos viene desde el Génesis con Adán y Eva, Caín y Abel.
La corrupción es el correlato más directo de las mentiras y la cárcel y la deshonra pueden ser sus correctivos más efectivos. Sin embargo, no siempre falsear, exagerar, embaucar, estafar o calumniar sufren las consecuencias, e incluso cuando las tienen, pasa inadvertida la secuela más dañina de la mentira: la traición de la confianza pública.
Lo demuestra esta nueva época de la posverdad, en que las emociones y los “hechos alternativos” pesan más que la objetividad y la verdad lisa y llana. El presidente Donald Trump potenció la forma edulcorada de hacer política desde que fue candidato y antes como celebridad televisiva. En este contexto, en el que expresa unos cinco datos falsos por día, según una medición del Washingon Post, el “rusiagate” no sorprende.
El fiscal general Jeff Sessions y el yerno de Trump, Jared Kushner, admitieron haberse reunido con personeros del régimen ruso semanas después de afirmar bajo juramento que no lo habían hecho. Tal vez sus mentiras no tendrán consecuencias, pero erosionan la credibilidad en las instituciones, la política y la palabra.
Los “gobiernos Pinocho” que deforman la realidad para su beneficio con datos falsos como por años lo hizo el kirchnerismo, suelen crear escudos para evitar consecuencias. Esta semana el kirchnerismo se abroqueló en el Congreso para defender al máximo actor de la corrupción, el legislador Julio de Vido, evitando que sea expulsado y expuesto ante la justicia. La impúdica celebración partidaria por la hazaña, va en contramano de la percepción del público, que ve en el Congreso a la institución más repudiada del país.
Los casos de Odebrecht y Volkswagen también desnudan que no siempre la aplicación de correctivos judiciales minimiza otros daños que pasan inadvertidos. Con Odebrecht existe satisfacción por la cantidad de ejecutivos de la empresa, funcionarios y presidentes desenmascarados, muchos de los cuales están encarcelados o en vías de estarlo.  Sin embargo, pocos reparan en el perjuicio a otras empresas constructoras que han gastado tiempo, energía y recursos para competir en licitaciones, desconociendo que ya habían sido adjudicadas a sus espaldas.
Las secuelas de la burla también se aprecian en el caso de la industria automotriz. En un nuevo “cargate”, ahora en Europa, se investiga a BMW, Porsche, Audi y Mercedes por “cartelizarse” o haberse puesto de acuerdo por décadas en materia de tecnología y precios. La paradoja es que así como sucedió con la Volkswagen, que adulteró los datos sobre contaminantes de sus motores diésel, las multas billonarias que se aplicarán contra las empresas por mala práctica comercial, quedarán para las arcas estatales, cuando fueron los consumidores los embaucados y quienes pagaron las mentiras de su bolsillo.
Las sanciones que el gobierno de EEUU aplicó esta semana contra 13 funcionarios venezolanos por lavado de dinero y colusión con el narcotráfico, son correctas y necesarias, con el objeto de presionar a Nicolás Maduro a abandonar su reforma constitucional. Sin embargo, uno se pregunta porque recién ahora se aplican estas sanciones congelándoles activos inmobiliarios y cuentas bancarias en Miami, cuando estos ilícitos son tan añejos como la revolución bolivariana. Si el gobierno y los bancos estadounidenses ya sabían de estos ilícitos y nada habían hecho nada antes, ¿no serían responsables y cómplices de haber jugado políticamente con estos delitos?
Las mentiras también pueden ser destructivas, como las de George Bush que invadió Irak por armas de destrucción masiva que nunca encontró; pueden ser calumniosas como las del ex presidente colombiano Álvaro Uribe que desautorizó las críticas de un periodista calificándolo de violador de niños; y pueden ser tolerables, como la del cantante Carlos Vives que fingió que le arrebataron un largo beso que casi le cuesta el divorcio, para que días después de la alharaca mediática anunciara su sencillo “Robarte un beso”.

sábado, 22 de julio de 2017

Sensación de justicia; y bienestar


Ollanta Humala encarcelado, Lula da Silva condenado, Ricardo Martinelli detenido, Dilma Rousseff destituida, Alejandro Toledo fugado y Michel Temer y Cristina Kirchner acorralados.

La caída en desgracia de varios mandatarios y ex presidentes latinoamericanos está generando una positiva sensación de justicia en la región. Los entuertos del Lava Jato brasileño y de los Panama Papers han generado una beneficiosa colaboración judicial transnacional, permitiendo que los sistemas judiciales nacionales se despeguen de sus ataduras políticas locales.

La reacción judicial en cascada ha generado que el público sienta mayor empatía y sensación de justicia, pese a que falte un largo trecho para ver órganos independientes, rápidos y eficientes.

La impresión de que la ley se aplica a todos por igual genera bienestar. El ex presidente Barack Obama lo expresó en forma elocuente frente al Congreso: “Nos va mejor cuando todo el mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo y donde todo el mundo juega con las mismas normas”. Por el contrario, el papa Francisco, en varios de sus peregrinajes, definió como “terrorismo de Estado” la falta de justicia o su complicidad con el poder político.

La sensación de justicia en un país genera los mismos atributos que el buen funcionamiento de la bolsa de valores. Sin seguridad jurídica no hay confianza, sin credibilidad no llegan las inversiones foráneas y el desarrollo económico no despega. Esta versión a la baja se observa en el gobierno de Mauricio Macri. Pese a que sus medidas políticas y económicas despiertan admiración con una “Argentina que se abrió al mundo”, la sensación de que no hay seguridad jurídica, ya sea porque se reciclan los malhechores en carreras electorales o se escudan en los fueros del Congreso, hace que las inversiones prometidas no desembarquen.

Peor aún. Cuando los niveles de justicia están bajos, abonan el terreno para el crimen organizado y el narcotráfico. Estos desembarcan y se potencian en países en los que fácilmente pueden comprar funcionarios, jueces y policías.

No es casualidad que en aquellos países donde hay mejor administración de justicia o mayor sensación de ella, como en el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica, los índices de corrupción e inseguridad sean menores y los de estabilidad democrática sean mayores.

Venezuela, por el contrario, ha tocado fondo en materia de justicia y seguridad pública. Hoy el régimen de Nicolás Maduro se encuentra a la deriva y en terapia intensiva por haber utilizado a la justicia como instrumento político. Los índices de violencia y homicidios son de los más altos del mundo, casi todas las empresas multinacionales se han “escapado” del país y la gente pobló las calles a los gritos para exigir justicia y cambio de gobierno.

Seguramente si la justicia venezolana se comportara autónoma del poder político como la brasileña, Maduro ya habría sido destituido y encarcelado. Y no se trata de que la idiosincrasia social de Brasil sea diferente a la de Venezuela o a la de cualquier otro país, pero sucede que hace algo más de una década se hizo una reforma que blindó al sistema judicial de las injerencias políticas. La independencia ganada desde entonces muestra fehacientemente los buenos resultados. 

En Latinoamérica somos testigos de varios gobiernos que han utilizado el enunciado de “democratizar a la justicia”, como excusa para buscar su propia inmunidad. La fórmula la usó a rajatabla el chavismo, pero también fue parte del kirchenrismo y el correísmo. En estos regímenes, la colocación de jueces adictos creó verdaderos carteles judiciales para hacer la vista gorda, encarpetar casos propios de corrupción y para perseguir a los opositores políticos.

La connivencia entre justicia y poder político no es la única fuente de injusticia. También lo es la falta de recursos económicos que se le asigna al aparato judicial, el que recibe no mucho más del 1% del PBI de un país. Es decir, que si a la justicia se la sigue considerando la cenicienta entre los poderes públicos y se la mira como un gasto y no como una inversión, el desarrollo de América Latina seguirá confiscado.

Una justicia proba crea una positiva sensación de bienestar. Pero débil, dócil y permeable solo logra una sensación de impunidad, inseguridad y desigualdad. trottiart@gmail.com