domingo, 18 de noviembre de 2018

Prefiero la justicia a la política


Un buen amigo argentino me sorprende cada vez que le pregunto sobre si Cristina Kirchner debería o no terminar en la cárcel. Me responde casi siempre lo mismo, pero con algunas variantes de acuerdo al contexto del momento: “No le conviene a Macri no tener a Cristina activa”.

No lo culpo porque al igual que todos, estamos confundidos y acostumbrados a vivir en un contexto político en el que se desvirtúa el arte de hacer política. Es que mientras ella está procesada e investigada por varios delitos de corrupción y se aferra a sus fueros como senadora - los que solo deben respetarse para que un legislador pueda hablar sin tapujos ni represalias legales o judiciales – los encuestadores siguen mostrándola como la “candidata” como más posibilidades para las elecciones presidenciales de 2019.

Digo que me sorprende la actitud de mi amigo porque termina siendo una lectura política del país por sobre una lectura de equidad y justicia que debería tener Argentina para salir del pozo que se encuentra desde hace décadas. Argentina vive en una perfecta ciclotimia económica y política, con subas y bajas pronunciadas en cada uno de estos rubros, generándose un círculo vicioso en el que se pasa de la frustración, la incertidumbre y las penurias económicas a un estado de bienestar y estabilidad pasajera, alegría y consumo desmedido.

Por eso descreo que el arte de la política sea suficiente para generar estabilidad emocional y felicidad. Al contrario, creo que la única receta para el bienestar verdadero es la sensación de equidad, de orden social y justicia.

Si Cristina Kirchner no termina en la cárcel – ante tanta evidencia por tanta corrupción – Argentina corre el riesgo de seguir siendo un país pensado en lo inmediato, como se fue construyendo décadas tras décadas. Si termina en la cárcel, pese a que al principio tal vez se originaría desestabilidad política con mayor polarización, protestas y trifulcas, se estaría dando un salto cualitativo hacia un país más estable pensado a largo plazo.

Un país con justicia equitativa, firme y enérgica, permitiría neutralizar las actitudes mesiánicas de los outsiders de la política, esos que en todos los países llegan aupados de popularidad pasajera por el hecho de levantar la voz con fuerza contra los corruptos; pero, que a la postre, terminan imponiendo sus personalismos y cometiendo los mismos errores que sus antecesores.

El arte de la política debería tener como prioridad la creación de sistemas en los que los ciudadanos sientan y vivan en estado estable y progresivo de equidad e igualdad. De lo contrario la gente seguirá opinando que la democracia no le satisface. En realidad, lo que la gente no logra distinguir es que la imperfección democrática deviene del irrespeto al mejor atributo de una república: la división de poderes.

La tendencia es elocuente. En los países que la justicia ha sido o es secuestrada por el poder político, los líderes mesiánicos y los populistas tienen mayores opciones, aunque estas terminen siendo pasajeras. Ejemplos sobran y están en cada extremo del dial ideológico, desde Alberto Fujimori a Hugo Chávez.

Ante este ejemplo, algunos podrían pensar que lo mismo está sucediendo en EE.UU. con Donald Trump, dueño de un estilo similar al de los populistas latinoamericanos. Pero para decepción de muchos, incluidos periodistas, académicos y ciudadanos en general, los estilos o las formas pueden ser parecidos, pero no lo es el fondo de la cuestión. Trump está limitado por un sistema con justicia independiente, algo que se observa a diario cuando jueces federales o de jurisdicciones locales le salen al cruce con fallos que detienen sus ideas y aspiraciones sobre inmigración y salud pública, entre otras disciplinas.

La verdadera independencia de un sistema republicano de gobierno deviene del blindaje que tiene el poder judicial, que debe tener un grado de independencia con mayor peso que otros poderes. La independencia del poder legislativo también es necesaria pero no es trascendente, ya que los legisladores siempre tendrán que obedecer a sus lealtades políticas, ideológicas y las posturas que le manden sus partidos políticos.

Los grandes saltos cualitativos de los países desarrollados no solo se han dado por las victorias políticas y en los campos de batalla, sino también por las grandes decisiones judiciales. Por eso siempre preferiré un país con una justicia fuerte que con políticos fuertes. Prefiero un país donde los políticos tienen que vivir con los límites que impone la justicia y no a la inversa. trottiart@gmail.com

domingo, 4 de noviembre de 2018

Salta como referencia mundial


Si fuera salteño estaría orgulloso. No solo porque la hospitalidad profunda y el servicio generoso de los salteños han cautivado a más de doscientos cincuenta directores, editores y periodistas de medios de comunicación de las tres Américas que convocó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sino porque Salta brincó a un plano impensado de relevancia mundial.

Tal vez los salteños no han tomado verdadera conciencia de la importancia y dimensión que tuvo la 74 Asamblea General de la SIP que El Tribuno organizó semanas atrás. El 22 de octubre, pronto a terminar la reunión de la SIP, su Junta de Directores y su Asamblea de socios aprobaron por unanimidad la “Declaración de Salta; sobre principios de libertad de expresión en la era digital”.

Se trata de un documento que al igual que el otro instrumento invaluable de la institución, la Declaración de Chapultepec que fue creada hace 24 años en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, le servirá de ariete a la SIP para seguir defendiendo y promoviendo la libertad de expresión en el ecosistema digital, ante los innumerables y nuevos desafíos que han creado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Más allá de los principios en sí mismos, la Declaración le brinda a Salta y su pueblo un nuevo argumento para fundamentar su marca a nivel mundial, sumándose a otros atributos de calidad por las que la séptima ciudad más grande de Argentina ha ganado prestigio a nivel nacional e internacional.

Bien remarca la apreciación por Salta el editorial de este 1 de noviembre del diario La Nación: “La Declaración Digital tiene el valor indiscutible de un acto fundacional, que viene a llenar un vacío. Es de celebrar que la era digital se recuerde con la marca indeleble de la Argentina, al ser bautizada como Declaración de Salta”.

Como una de las primeras herramientas de la era digital sobre las libertades de prensa y expresión, la Declaración de Salta reivindica derechos, impone límites y marca el camino de cómo deben ser garantizadas y respetadas esas libertades por los actores públicos y privados que rigen o gobiernan el ámbito digital.

El contenido del documento estipula principios irrenunciables a favor de la libertad de expresión de los ciudadanos por sobre los gobiernos, los medios de comunicación y los intermediarios tecnológicos, ya sean estos los motores de búsqueda como Google, las redes sociales como Facebook o los proveedores de servicios e internet como Telecom.

El nuevo documento, de la mano de la SIP y otras instituciones que lo harán suyo, sitúa a Salta en el centro de la escena de organismos intergubernamentales como la UNESCO, la ONU, la OEA y la CIDH; en la esfera de organismos no gubernamentales como ADEPA que esta semana hizo prevalecer el principio 9 de la declaración en reclamo por medidas judiciales que buscan limitar contenidos periodísticos y en la mesa de discusiones entre naciones, como en las Cumbres presidenciales y de cancilleres. Todos son terrenos que la SIP siempre ha aprovechado para llevar la voz cantante a favor de los oprimidos y en protesta por las violaciones a las libertades de prensa y expresión.

A partir de ahora, los 13 principios de la Declaración de Salta comenzarán a imponerse como referencia en foros internacionales, en legislaciones y fallos judiciales, así como los de Chapultepec inspiraron la creación de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Importante es señalar que esta Declaración no fue producto de discusiones y/o improvisaciones durante la reunión de la SIP en Salta, sino más bien Salta fue el lugar donde terminó un largo proceso de consulta, discusiones y observaciones que la SIP estuvo cosechando por meses, sirviéndose de la experiencia de otras instituciones, empresas, académicos, expertos y líderes en la materia.

Con sabiduría, la SIP estipuló que debido a los cambios y a la evolución constante de las nuevas tecnologías de información y comunicación, los principios de la Declaración de Salta podrán adaptarse a lo que dicte la conducta humana en el futuro. Pero siempre mantendrá su nombre en honor al lugar donde culminó un proceso que sirvió para iluminar principios de libertad de prensa y expresión a futuro: Salta. trottiart@gmail.com

viernes, 2 de noviembre de 2018

La Batalla del silencio, Centro Digital, SIP


Día Mundial contra la Impunidad
Hoy 2 de noviembre se conmemora uno de los días peores para el Periodismo, la falta de justicia que rodea a los crímenes contra los periodistas. 561 periodistas han sido asesinados en las últimas dos décadas en nuestras Américas y 30 en 2018. Detrás de esas estadísticas escalofriantes, se esconden nombres de mujeres, hombres, jóvenes, viejos, reporteros, fotógrafos, editores, directores, columnistas, caricaturistas... todos asesinados por buscar la verdad y hacer valer el derecho del público a estar informado. Reclamar justicia en cada uno de esos casos es una forma de honrar su memoria y su legado.

viernes, 10 de agosto de 2018

Delirio de impunidad


La Justicia lenta, ineficiente, politizada o secuestrada por el poder es la mayor debilidad de América Latina. Esta anemia judicial ha estimulado en muchos poderosos un delirio de impunidad; el creer convencidos que sus actos corruptos jamás serán castigados.

A veces, la Justicia echa por tierra ese trastorno mental. Ocurrió esta semana con el ex vicepresidente argentino Amado Boudou. Fue condenado a casi seis años de cárcel por corrupción, siguiendo el camino de otros funcionarios kirchneristas que también sufrieron de ese delirio, magnificado por el poder que en su momento creyeron absoluto.

América Latina tiene una larga lista de ex mandatarios, funcionarios, empresarios y dirigentes que terminaron en la cárcel por creer que su poder, estatus y la inmunidad de sus cargos los blindaba de por vida. Ahí están los ex presidentes recientes Lula da Silva, el panameño Ricardo Martinelli, el salvadoreño Elías Saca, el guatemalteco Otto Pérez Molina, entre tantos otros, sumados a los peruanos Alberto Fujimori y Ollanta Humala, al costarricense Miguel Ángel Rodríguez, a Carlos Menem, a los dictadores Videla, Galtieri, Pinochet…

Marcelo Odebrecht es el arquetipo del empresario corrupto. Sobornó a funcionarios latinoamericanos con más de 800 millones de dólares para conseguir obra pública en forma directa. Lo mismo sucedió con una docena de sus colegas argentinos que fueron detenidos esta semana tras revelarse el contenido de los ocho cuadernos del chofer Oscar Centeno. Minuciosamente escritos, Centeno detalló como los ex gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recaudaban millones en efectivo entre empresarios, en un intercambio de coimas por obras públicas.

Los cuadernos ya son parte del anecdotario de la corrupción rampante de América Latina. Son clara evidencia como los videos que registraba Vladimiros Montesinos, mano derecha de Fujimori, los recientes audios por las “ventas” de sentencias judiciales en Perú, los relatos de los 77 ejecutivos arrepentidos del Lava Jato brasileño, los sobornos a través de cuentas bancarias en EE.UU. del FIFAgate y las revelaciones periodísticas sobre los Panama Papers y los Paradise Papers.

Muchas evidencias fueron fortuitas para la Justicia, entre ellas los cuadernos en lo que Centeno escribió por 10 años dónde, cuánto y de quién se recaudaba y los “vladivideos” con los que Montesinos filmó cuánto, a cambio de qué y a quién entregaba el dinero, para luego extorsionar a sus víctimas.

Ante tanta podredumbre contabilizada, uno se pregunta cuál será la magnitud de toda la corrupción que no se registra o descubre y por qué es tan desigual la lucha entre buenos y malos. Indigna que la Justicia tenga mucho menos herramientas, recursos y profesionales que la maquinaria de la corrupción, así como las fuerzas de seguridad tienen menos poder de fuego que las bandas del narcotráfico y el crimen organizado.

El agravante es que la corrupción y el delirio de impunidad tienen muchos cómplices. Dos tipos se destacan. Uno de origen político-cultural que surge de la polarización política. Muchos defienden a los corruptos porque comparten su ideología o para no dar el brazo a torcer ante el otro bando. Se sintió así con los seguidores de Boudou. Pese a todas las evidencias, insisten en que la condena es una caza de brujas o un tiro por elevación para coartar las aspiraciones electorales de su ex jefa, Cristina Kirchner.

El otro cómplice del delirio de impunidad es la ley de fueros que blinda al corrupto con un manto de inmunidad. En países con tanta corrupción que investigar, los procesos electorales no deberían permitir que un Presidente pueda optar por un escaño en el Congreso en forma inmediata. Al menos deberían tener que esperar por un período para que puedan ser investigados por cualquier sospecha. La rendición de cuentas y la transparencia se deben imponer siempre y no ser solo promesas de campaña o adornos en discursos inaugurales. trottiart@gmail.com

Posdata: Al cumplir ahora en agosto 10 años de escribir cada semana en forma ininterrumpida esta columna Mensajes y Sociedad, he decidido despedirme temporalmente para dedicarme a otros proyectos que tengo postergados. Seguiré escribiendo, pero en otro formato más simple, ya que no podré dejar el vicio, la disciplina, las ganas y la estructura.  

sábado, 4 de agosto de 2018

Intoxicados de desconfianza


Facebook los descubrió y el gobierno de EEUU los acusó. Los hackers del gobierno ruso están tratando de influenciar las elecciones legislativas de noviembre, así como lo hicieron en las presidenciales de 2016 y en otras votaciones en el mundo entero.

El nuevo escándalo es mayúsculo, pero los políticos en EE.UU. y de otras naciones no deberían rasgarse tanto las vestiduras. Todos los gobiernos y partidos políticos en esta era digital tienen “cibertropas” que a fuerza de mentiras, difamación y propaganda engañosa buscan captar votos a como dé lugar.

Esas reglas de juego, justificadas en elecciones y que las leyes castigan en cualquiera otra actividad, son una de las principales fuentes de desconfianza pública que afecta a la sociedad y a las instituciones, entre ellas, los propios gobiernos y partidos políticos que las generan.

Lejos de desaparecer, las prácticas propagandísticas son cada vez más comunes y sofisticadas debido a los consultores y, también, a los hackers que intentan dinamitar los procesos. Antes, la propaganda y la información engañosa se esparcían desde los actos de campaña y, de alguna forma, eran filtradas por los medios de comunicación. Hoy, gracias a que las redes sociales nos han convertido en medios, todos estamos expuestos a la manipulación directa y a potenciar el engaño compartiendo noticias falsas por doquier.

Esta semana el Congreso de EE.UU. levantó su voz contra la industria del internet y su permisividad ante las noticias falsas. Temen que en las próximas elecciones legislativas de noviembre ocurra la misma invasión de trolls rusos que en 2016. La reprimenda no fue casual. Facebook anunció que desbarató una “acción coordinada” de propaganda rusa. Desactivó 32 cuentas y perfiles falsos que eran usados para influenciar a miles de usuarios, hasta para empoderarlos a marchar en contra de las policías en varias ciudades. La campaña información tóxica tendría el mismo patrón que la de las elecciones pasadas cuando se bombardeó con engaños a 126 millones de usuarios.

El Congreso también le reclamó mayor determinación al presidente Donald Trump para que admita y ataque el fenómeno ruso. Pero resulta una ironía la de buscar culpables en otro lado o de hacer responsables a Facebook y Google, cuando las culpas también son propias. Los legisladores deberían implementar reglas más estrictas de conducta electoral, tener mejores filtros para admitir candidatos y exigir mayor transparencia financiera a los partidos políticos.

Ningún gobierno puede esquivar el bulto. Un nuevo estudio del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford demuestra que existe cada vez mayor inclinación a la “manipulación del debate público”. Destaca que la mayoría de estas campañas son creadas por “cibertropas” al mando de  gobiernos y partidos del propio país, y no de hackers foráneos como se denunció en el caso de Facebook, Instagram y redes de mensajería.

El Instituto de Oxford determina que si bien los casos más notorios sobre influencia negativa de procesos electorales fueron la votación en EE.UU y el referéndum del Brexit en Inglaterra, ambos en 2016, la práctica de manipulación electoral digital, a través de bots, cuentas falsas y creciente gasto de publicidad digital, es común desde 2010 y afecta a 48 países, incluido Brasil, que celebrará presidenciales en octubre en un clima tóxico de falsedades.

El lado positivo de estas negativas tramas rusas es que ha permitido visualizar y calibrar el daño concreto que pueden causar la propaganda y las noticias falsas, habiendo motivado procesos para remediar esos perjuicios, como lo intentan Facebook, Twitter y Google.

Recobrar la confianza requerirá mayores esfuerzos. Las redes sociales tienen mucho más por hacer para combatir la toxicidad, al tiempo que deben mantener el equilibrio entre la censura y la libertad de expresión. Los medios deberán insistir en la calidad de contenidos y restablecerse como relevantes en sociedades digitales que ya los daban por muertos a corto plazo.

A los ciudadanos nos queda tomar conciencia de la alta responsabilidad que implica el uso de redes sociales y el consumo-difusión de información. Sin embargo, la mayor responsabilidad les cabe a los gobiernos y los partidos. Deberían cambiar la cultura de hacer política y su conducta en procesos electorales. trottiart@gmail.com