Sin libertad de expresión la democracia es imperfecta. Esta máxima
quedó más vigente que nunca tras la reunión semestral de la Sociedad
Interamericana de Prensa que culminó en Brasil esta semana.
No se debe solo a los 18 periodistas latinoamericanos asesinados este
año, ni al bullying gubernamental ni al acoso legal contra medios de
comunicación privados, pero a dos temas que trascienden a estos grupos y que
afectan la libertad de expresión de los ciudadanos: Las restricciones a la
información pública que los gobiernos están obligados a ofrecer y el burdo
bombardeo propagandístico estatal, como si se viviera en un proceso de
elecciones permanentes.
Estas dos características desnaturalizan la esencia de la democracia,
la que no se basa solo en el derecho del ciudadano a votar, sino en el deber
del gobierno a informar sin mentir y a rendir cuentas de sus acciones. Para que
el sistema funcione, la democracia tiene en las ONGs y en la prensa privada a
sus anticuerpos, las que deben tener libertad y garantías para fiscalizar al
poder público.
Existen gobiernos y grupos que
reniegan de esa acción fiscalizadora ciudadana. En un mensaje a la SIP, el
premio Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel, y un grupo de intelectuales,
calificaron a la institución de “Cartel” compuesto por dueños de medios “que
concentran y monopolizan el sector”, y que se oponen a la “democratización de
la comunicación”. Invalidaron así, que periódicos de familias como El Universal
de Caracas, El Comercio de Lima, La Nación de Buenos Aires o el New York Times
de los Sulzberger, tuvieran derecho a existir.
La SIP y los medios no se inmutan por descalificaciones, ya que las
han experimentado con diferentes gobiernos arbitrarios, desde Augusto Pinochet
a Hugo Chávez, Alfredo Stroessner a Rafael Correa o de Alberto Fujimori a
Cristina de Kirchner. Pero ahora, lo que por “democratización de la
comunicación” se vende, es el falso precepto de que los medios privados pretenden
el dominio económico, oprimir a los pobres, son corruptos y antidemocráticos,
por lo que el Estado debe disciplinarlos y asumir o subsidiar canales
informativos propios para decir la “única verdad”.
Ese estatismo comunicacional – a lo que el expresidente peruano Alan
García denominó el “opio de los pueblos”, rescatando la famosa sentencia que Karl
Marx atribuía a las religiones – lo vienen consumando los gobiernos de Argentina,
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. No satisfechos con la creación de
docenas de medios estatales a los que manejan como propios, han instituido
gigantescos aparatos de propaganda, en los que se vierte información dirigida, sin
contraste ni equilibrio.
Es cierto que existen medios privados que también manipulan
información, pero está el público para desecharlos o no prestarles atención. Los
medios estatales son distintos. Por su carácter de públicos, porque pertenecen
a todos y están hechos con los recursos de todos, el gobierno tiene la
obligación de ser objetivo, equilibrado, no manipular información ni mentir
sobre estadísticas oficiales de pobreza e inflación, como ocurre en Argentina y
Venezuela. Si el gobierno miente, difícil resultará la implementación de
políticas públicas para solucionar esos problemas.
También es grave, cuando los gobiernos, además de manipular datos, omiten
y traban el acceso a la información pública. En los informes de violaciones a
la libertad de prensa que repasó la SIP, tanto de Argentina, Canadá, Cuba, El
Salvador, Ecuador, Haití, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, esta
dificultad se observa como estructural. Pese a que en muchos países existen
leyes que obligan a los gobiernos a ofrecer la información oficial a los
ciudadanos sin cortapisas, en la práctica el acceso se restringe y los estados
siguen inmersos en la cultura pasada del silencio y el secretismo.
Si los gobiernos realmente quieren “democratizar la comunicación” deberían
informar con la verdad, sin necesidad de saturar a la ciudadanía propalando en
forma constante por cadenas nacionales, actos políticos y medios oficiosos. Estos
métodos populistas de propaganda y de restricción de información oficial para
dominar la opinión pública, tienen como consecuencia la instauración de
democracias cada vez más imperfectas. trottiart@gmail.com