miércoles, 24 de octubre de 2012

Democratización de la comunicación


Sin libertad de expresión la democracia es imperfecta. Esta máxima quedó más vigente que nunca tras la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa que culminó en Brasil esta semana.

No se debe solo a los 18 periodistas latinoamericanos asesinados este año, ni al bullying gubernamental ni al acoso legal contra medios de comunicación privados, pero a dos temas que trascienden a estos grupos y que afectan la libertad de expresión de los ciudadanos: Las restricciones a la información pública que los gobiernos están obligados a ofrecer y el burdo bombardeo propagandístico estatal, como si se viviera en un proceso de elecciones permanentes.

Estas dos características desnaturalizan la esencia de la democracia, la que no se basa solo en el derecho del ciudadano a votar, sino en el deber del gobierno a informar sin mentir y a rendir cuentas de sus acciones. Para que el sistema funcione, la democracia tiene en las ONGs y en la prensa privada a sus anticuerpos, las que deben tener libertad y garantías para fiscalizar al poder público.

Existen  gobiernos y grupos que reniegan de esa acción fiscalizadora ciudadana. En un mensaje a la SIP, el premio Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel, y un grupo de intelectuales, calificaron a la institución de “Cartel” compuesto por dueños de medios “que concentran y monopolizan el sector”, y que se oponen a la “democratización de la comunicación”. Invalidaron así, que periódicos de familias como El Universal de Caracas, El Comercio de Lima, La Nación de Buenos Aires o el New York Times de los Sulzberger, tuvieran derecho a existir.

La SIP y los medios no se inmutan por descalificaciones, ya que las han experimentado con diferentes gobiernos arbitrarios, desde Augusto Pinochet a Hugo Chávez, Alfredo Stroessner a Rafael Correa o de Alberto Fujimori a Cristina de Kirchner. Pero ahora, lo que por “democratización de la comunicación” se vende, es el falso precepto de que los medios privados pretenden el dominio económico, oprimir a los pobres, son corruptos y antidemocráticos, por lo que el Estado debe disciplinarlos y asumir o subsidiar canales informativos propios para decir la “única verdad”.

Ese estatismo comunicacional – a lo que el expresidente peruano Alan García denominó el “opio de los pueblos”, rescatando la famosa sentencia que Karl Marx atribuía a las religiones – lo vienen consumando los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. No satisfechos con la creación de docenas de medios estatales a los que manejan como propios, han instituido gigantescos aparatos de propaganda, en los que se vierte información dirigida, sin contraste ni equilibrio.

Es cierto que existen medios privados que también manipulan información, pero está el público para desecharlos o no prestarles atención. Los medios estatales son distintos. Por su carácter de públicos, porque pertenecen a todos y están hechos con los recursos de todos, el gobierno tiene la obligación de ser objetivo, equilibrado, no manipular información ni mentir sobre estadísticas oficiales de pobreza e inflación, como ocurre en Argentina y Venezuela. Si el gobierno miente, difícil resultará la implementación de políticas públicas para solucionar esos problemas.

También es grave, cuando los gobiernos, además de manipular datos, omiten y traban el acceso a la información pública. En los informes de violaciones a la libertad de prensa que repasó la SIP, tanto de Argentina, Canadá, Cuba, El Salvador, Ecuador, Haití, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, esta dificultad se observa como estructural. Pese a que en muchos países existen leyes que obligan a los gobiernos a ofrecer la información oficial a los ciudadanos sin cortapisas, en la práctica el acceso se restringe y los estados siguen inmersos en la cultura pasada del silencio y el secretismo.

Si los gobiernos realmente quieren “democratizar la comunicación” deberían informar con la verdad, sin necesidad de saturar a la ciudadanía propalando en forma constante por cadenas nacionales, actos políticos y medios oficiosos. Estos métodos populistas de propaganda y de restricción de información oficial para dominar la opinión pública, tienen como consecuencia la instauración de democracias cada vez más imperfectas. trottiart@gmail.com

lunes, 22 de octubre de 2012

Tercer debate sin América Latina


Los candidatos a la Presidencia de EEUU, Barack Obama y Mitt Romney,  se olvidaron de hablar esta noche en el tercer debate sobre la importancia geopolítica de América Latina en materia de política exterior. Solo Mitt Romney mencionó América Latina pero desde una perspectiva económica, de comercio exterior.

Fast and Furious, Plan Mérida y Plan Colombia, el crecimiento de Brasil como fuerza de liderazgo en América Latina, o el acercamiento constante del presidente Hugo Chávez a Irán, o los problemas limítrofes entre Canadá y EE.UU, entre México y EE.UU., el problema del narcotráfico en Centroamérica y la falta de políticas explícitas y concretas de inmigración que afectan a millones de latinoamericanos, el tema de las remesas familiares, el desarrollo de los países más pobres del continente como Haití y Nicaragua y la cuestión del embargo sobre Cuba, fueron temas totalmente excluidos por los candidatos.

El moderador fue esta noche el mejor de los tres debates, fue firme, administró bien el tiempo y sin tratar de ser protagonista como la periodista de CNN en el segundo, se mostró con la autoridad y el respeto suficiente para que el debate no se alejara de su curso. Sin embargo, no acertó en tratar de inclinar a los candidatos hacia el tema de América Latina. Ignoró el tema.

Es probable que Obama ganara este tercer debate, sin embargo Romney no se mostró como perdedor. Se mostró moderado en materia de exponer al país a una nueva intervención militar, ya sea en Siria como en Irán.

No creo que los debates hayan modificado los resultados de las elecciones. Simplemente reafirmaron las simpatías y lealtades que cada individuo ya tiene tanto en los demócratas como en los republicanos. 

domingo, 21 de octubre de 2012

Paz tortuosa para Colombia


Ningún proceso de paz termina beneficiando a todos y este es el largo y tortuoso camino que tiene a Colombia como epicentro. Tantos crímenes y tantas víctimas y tantas heridas sufridas en los últimos 50 años difícilmente podrán olvidarse ni curarse con las negociaciones en Oslo y en La Habana.
El tema no es fácil. El proceso de paz es posible gracias a una reforma constitucional que permitirá que prácticamente todos los actores violentos en Colombia puedan ser acusados, investigados pero no encarcelados. Se trata de una amnistía general o un acuerdo político que tal vez se plantea como la única ventana o alternativa para llegar a la paz.
En una conferencia este viernes pasado en la Universidad de Harvard, organizado por la Iniciativa Latinoamericana del Carr Center, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch por las Américas, se mostró crítico ante esta reforma, a lo que calificó de una “bacanal de impunidad” y que su organización estará presta a interponer demandas ante la Corte Penal Internacional.
Referente a esta “orgía” de impunidad, Vivanco, en su lectura de la realidad colombiana, interpreta que la reforma es en realidad una gran amnistía que solo permitirá castigar a los responsables directos de las masacres cometidas por las FARC o los paramilitares o los militares responsables de los “falsos positivos”, pero que el Estado reniega a castigar a los autores intelectuales, a los financistas, a los cómplices de tantos crímenes de lesa humanidad.
Vivanco teme que el proceso de paz sea un tema para las cámaras, para que algún colombiano termine ganado el Premio Nobel de la Paz, pero que dado el marco jurídico estropeado por la reforma, no permitirá reparar la justicia que demandan las víctimas. Estadísticas diferentes sitúan a las víctimas en un promedio de 600 mil muertos, 15 mil desaparecidos y casi 4 millones de desplazados.
Vivanco indicó que no le quedará otra alternativa jurídica a HRW que presentar demandas en contra de algunos individuos colombianos ante la Corte Penal Internacional en caso de que el Supremo Tribunal Constitucional de Colombia deje la reforma en firme. Además, porque el país se sometió a la jurisdicción del tribunal internacional, por lo que no puede quedar como un espacio limitado solo a la demagogia o a que esa organización termine solo fallando sobre casos del continente africano, como más se manifiesta hasta ahora.
La paz en Colombia es obviamente política. Difícilmente puede lograrse de otra forma si los miembros de las FARC no son amnistiados y si no se les ofrece un sitio para hacer política. Otras ofertas, cuatro en total, fueron rotundos fracasos en el pasado. ¿Pero podrá haber paz para las víctimas y para todos los colombianos en caso de que el sangriento Timochenko termine debatiendo en el Congreso como un legislador  más?
Difícil es saber si es preferible una paz defectuosa con el consabido sabor amargo de que muchos quedarán desahuciados, a continuar con una guerra sangrienta que pudiera seguir causando más víctimas.
Los procesos de paz en América Central y las leyes de amnistía y punto final fueron imperfectas en América del Sur, pero permitieron una paz política relativa y necesaria.

Democratizar la comunicación

RICARDO TROTTI: Democratizar la comunicación - Opinión - ElNuevoHerald.com

Chávez ganó, pero...


La victoria de Hugo Chávez con un 55% del electorado a su favor fue extraordinaria y categórica; pero no significa que ganó Venezuela. La historia enseña que pese a los votos, ningún proceso fue democrático ni un gobierno bueno, tras 20 años ininterrumpidos en el poder.

La derrota de la oposición, pese al 44% de votos, también fue contundente. Es que Henrique Capriles tuvo que cargar con el lastre de otras derrotas más decisivas que esta. Entre ellas, la del referéndum de 2004 cuando se aprobó que un presidente pudiera eternizarse en el poder y cuando la oposición, también unida aquella vez, se retiró en masa del Congreso permitiendo que por años, Chávez gobierne por decreto y a sus anchas.
La fuerza del populismo, basado en el asistencialismo, la propaganda y la adulación de las mayorías, hicieron que los tres períodos que gobernó Chávez desde 1999, se vieran como buenos y democráticos. Pero fueron lo contrario. Chávez gobernó y ganó elecciones porque sometió al resto de los poderes e instituciones del Estado y porque se benefició en forma absoluta de sus recursos.

La revolución de Chávez no ha funcionado. La pobreza es alta, el empleo y la producción baja, la infraestructura inexistente, la inflación galopante y la tasa de criminalidad exorbitante. Todos porcentajes peores de los que tienen otros países latinoamericanos con menores potencialidades que Venezuela. Por eso, la historia juzgará a Chávez por los talentos y la riqueza que ha desaprovechado, la materia gris que se ha escapado y por las inversiones extranjeras que ha espantado.

El futuro puede ser más sombrío aún. Chávez podrá escudarse detrás del caudal de votos conseguidos para profundizar el nacionalismo, seguir rescindiendo de la oposición y las minorías, promover más división de clases y ahondar la polarización ideológica. Seguramente será un gobierno más cerrado, menos transparente, con mayor control interno y menos escrutinio internacional.

Es verdad que Chávez ha conectado mejor con los sectores más vulnerables que otros gobiernos ignoraron, mediante programas y misiones de salud, educación y bienestar social. Sin embargo, esas fórmulas de asistencialismo por sí solas no bastan; Cuba, donde busca reflejarse, no es buen ejemplo de desarrollo ni equidad.
Por otro lado, la oposición debe reconocer que el chavismo ya es un movimiento político estable y legítimo, que no depende solo de su líder. La elección del canciller Nicolás Maduro como vicepresidente, más cercano a La Habana y los Castro que el propio Chávez, auguran una continuidad de la política más allá de la suerte y la salud del primer mandatario.
Con Chávez y Maduro el proceso revolucionario está garantizado hacia dentro y fuera del país. Venezuela continuará subsidiando a Cuba, endeudándose con China, comprándole armas a Rusia, abriéndole puertas a Irán y vendiéndole petróleo a EE.UU. En gran parte, Chávez depende de que los precios del barril de crudo sigan razonables para seguir exportando su revolución por el resto de América Latina. Pero una caída en los precios, así sea por mayor estabilidad en el Medio Oriente, mayor independencia energética de EE.UU., o mejores tecnologías para la extracción en otros países, harán que la revolución bolivariana sea un sueño insostenible.
Mientras tanto, el chavismo seguirá expropiando y estatizando, acusando al neoliberalismo de haber privatizado los recursos del Estado, sin admitir que las privatizaciones se concretaron para detener la sangría de empresas deficitarias, corruptas y burocráticas que otros gobiernos populistas del pasado crearon. El manejo político de PDVSA, la mayor y más estratégica empresa del país, confirma la regla de que los gobiernos arbitrarios y populistas suelen ser malos administradores.
Capriles sabe que el populismo es un vicio de la democracia, pero que el chavismo tiene un gran poder de convocatoria y movilización que no puede desconocerse. Su mayor desafío es mantener a la oposición unida y que no se desbande, al menos, hasta después de las elecciones legislativas de diciembre. Aún sin la alternancia debida del poder, la creación de contrapesos en el Congreso puede ser el único antídoto para que Chávez se sienta fiscalizado y responsablemente obligado a rendir cuentas.