Esta semana fue funesta para
Nicolás Maduro. Todos reaccionaron en contra de su fraudulenta convocatoria a
elecciones para el 22 de abril, en las que quiere competir sin oposición ni
supervisión.
Quedó en el pasado la época
en que los gobiernos mantenían silencio ante la tragedia política venezolana, por
miedo a las represalias estridentes del régimen o a quedarse sin petróleo a
precios subsidiados.
A la oposición no le resultó
fácil revertir esa indiferencia general. Sus denuncias chocaron con el romanticismo
que se le prodigaba al chavismo por su cháchara anti imperio, igual que al
comunismo cubano. También tropezaron con una tramposa maquinaria electoral de
apariencia democrática y con la construcción de procesos de diálogo que el régimen
usó para comprar tiempo y acrecentar su poder.
Todo cambió. La tragedia venezolana
ya no es política, sino humana y expansiva hacia otros países. El continente se
apura ahora a buscar remedios para controlar el desborde de uno de los mayores
éxodos en la historia de América Latina. Los inmigrantes venezolanos antes eran
“los que pueden” salir, en su mayoría, ciudadanos con recursos que se marchaban
al exilio. Hoy son “los que ya no pueden” resistir las penurias económicas,
pertenecientes a las clases más populares, hartas de depender de una libreta de
racionamiento a cambio de lealtad partidista y electoral.
Los círculos de
privilegiados que arropan al régimen son cada vez menores. Proporcionalmente ha
crecido la represión a la ola criminal, la corrupción y una inflación de hasta
el 2.700% que asfixia hasta los más leales. Familias enteras conforman la
diáspora. Atraviesan las fronteras con la esperanza de pan, trabajo y algo de
dignidad.
La agrupación Cáritas
calcula que la desnutrición en menores de 5 años trepó al 71%. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) supone un 80% de pobreza. Se calcula
que el 10% de los 31 millones de venezolanos emigró en los últimos años. Una
parte fue asimilada por la fuerza laboral de otros países, pero muchos sistemas
inmigratorios, del panameño al dominicano, están al borde del colapso. Otros
como Argentina, por causas humanitarias, flexibilizan sus normas migratorias, mientras
tanto los países limítrofes, Brasil y Colombia, llevan la peor parte de la
ecuación. Unos 800 mil venezolanos recalaron en Colombia y la escalada migratoria
obligó al presidente Juan Manuel Santos a coordinar con el ACNUR la
construcción de campamentos para refugiados.
Es cierto que el régimen chavista
está cosechando los frutos de sus incompetencias sembradas en todas las áreas.
Pero no es el único culpable. La responsabilidad también recae sobre la comunidad
internacional que hizo poco o nada para prevenir esta situación. Todos deben asumir
las consecuencias por nunca haber aplicado la Carta Democrática Interamericana.
Esta semana los cancilleres del
Grupo de Lima, entre ellos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Perú, afirmaron
que no le darán la bienvenida a Maduro en la próxima Cubre de las Américas que
se celebrará en Perú en abril. La medida política es elogiable, pero no quita
que la tragedia humana venezolana tendrá que ser prioridad en la agenda.
Un informe de esta semana de
la CIDH detalla cómo el gobierno chavista desmanteló la democracia y dilapidó
recursos, convirtiéndose en una máquina expulsora de gente. Deja en evidencia
la represión más aguda con el encarcelamiento de líderes de la oposición, la
proscripción política y los más de 100 muertos en las protestas del año pasado,
sobre las cuales la Corte Internacional de La Haya anunció, esta semana, que
abrió una investigación por delitos de lesa humanidad.
También cabe subrayar que la
pérdida de los derechos políticos a fuerza de justicia politizada y violación
de los derechos humanos, que señala este informe de la CIDH 2018, no son muy distintos
a los pecados que la entidad le achacó al régimen en sus informes de 2003 y
2009. Aquellas denuncias cayeron en saco roto.
La condena al régimen de
Maduro llega tarde, pero es bienvenida. Y cabe una lección. Sería importante
que los resortes preventivos que no se aplicaron contra Venezuela se activen
para frenar a otros gobiernos autoritarios y, así, desactivar crisis y éxodos
futuros. ¿Suena Nicaragua? trottiart@gmail.com