sábado, 9 de abril de 2011

Conclusiones de la SIP en San Diego

El lúgubre récord de periodistas asesinados continuó expandiéndose durante el último semestre en América Latina, donde el estado de la libertad de expresión se deterioró gravemente en casi todo el continente, particularmente en Argentina y Ecuador.
Las acciones violentas del crimen organizado se cobraron las vidas de cinco periodistas (tres en México, uno en Paraguay y uno en Honduras). Otro reportero mexicano permanece desaparecido. En México, la nación más riesgosa para el ejercicio del periodismo, las reiteradas promesas de distintos presidentes para federalizar estos crímenes no se han cumplido y continúan sin ser consideradas por el Congreso. Tanto en ese país como en Honduras, grupos de medios de comunicación suscribieron acuerdos para dar un tratamiento especial a las noticias sobre el narcotráfico. Pero la mancha del crimen organizado (tanto de las bandas de narcos, como de grupos guerrilleros y paramilitares) se está expandiendo a otros países como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y los de Centroamérica, donde las continuas amenazas proferidas contra periodistas levantan el riesgo de que la autocensura se imponga.
En naciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana son frecuentes y reiteradas las campañas de desprestigio promovidas por los presidentes contra medios y periodistas.
Las agresiones verbales y físicas contra periodistas, así como las amenazas, ocurren también en Honduras, República Dominicana, Haití, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Brasil y Guatemala.
Por otra parte, sentencias o decisiones judiciales, así como leyes o proyectos de ley, tienen al menos la potencialidad de afectar de distinto modo a la libertad de expresión en Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Chile, Perú, Jamaica, Bolivia, Brasil, Uruguay y Canadá.
La distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar las críticas son moneda corriente en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Guatemala.
El acceso a la información pública continúa siendo más una promesa que una realidad efectiva. En algunos países, hay proyectos de ley en la materia que permanecen encajonados en los Congresos, mientras que en otros, las leyes ya fueron aprobadas pero se cumplen de un modo muy insuficiente a raíz de la cultura del secreto que se mantiene en la Administración Pública.
La construcción de redes de medios de comunicación estatales y privados, afines al poder y sostenidos únicamente por recursos públicos, es ya una extendida práctica corrupta en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
En Venezuela, al clima de hostilidad contra la prensa que ha caracterizado al gobierno del presidente Hugo Chávez (con medios clausurados, periodistas exiliados, censura judicial y disidentes encarcelados), se sumaron leyes que extienden a Internet las restricciones informativas que ya existían sobre la radio y la televisión abierta.
La liberación en Cuba de todos los periodistas encarcelados en 2003 no mejoró la situación. Todos fueron desterrados y, dentro de la isla, se mantiene incambiada la utilización de los medios estatales como instrumentos de propaganda, las acciones represivas contra los intentos de informar de modo independiente y las operaciones de los órganos de inteligencia para bloquear y silenciar a las voces discordantes. En Cuba, los ciudadanos comunes están impedidos de conectarse a Internet. El régimen considera que redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube son enemigos.
O caso de Argentina merece especial destaque. Un conjunto de violaciones a la libertad de expresión se abatió contra medios y periodistas. Además de las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios “amigos” con publicidad del Estado, hubo bloqueos a la libre distribución de periódicos protagonizados por sectores afines al gobierno, incumpliendo órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa.
Ecuador también merece especial destaque. El gobierno del presidente Rafael Correa apretó el acelerador en su carrera de cuatro años contra el periodismo independiente o crítico. El presidente presentó dos demandas millonarias contra periodistas y un diario, a quienes reclama indemnizaciones de 80 millones de dólares, con el evidente propósito de acallar a las voces críticas. La Policía ecuatoriana irrumpió a su vez en la sede de una revista, incautando computadores y otras informaciones periodísticas sensibles. El panorama ya muy problematizado de Ecuador puede agravarse de modo inusitado si el próximo 7 de mayo el presidente Correa consigue hacer aprobar en un referéndum normas para crear un consejo estatal destinado a regular y controlar los contenidos de la prensa.
Como ha dicho el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, “las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales (...) son una práctica que se repite de un país a otro y parecen ser parte de un plan estratégico para ir terminando con la prensa independiente, para acabar con su credibilidad (...), para avanzar en sus esfuerzos por tener únicamente medios con voces afines y disponer, entonces, del monopolio de la información”.

viernes, 8 de abril de 2011

Libertad de prensa: país por país

Este es el resumen de los temas más importantes que se discutieron país por país en esta reunión de la SIP, en San Diego, California.

Argentina
Dentro de una campaña de hostigamiento promovido y tolerado por el gobierno, continuó el acoso contra los medios. Un incidente grave fue el bloqueo a la distribución de diarios el 27 de marzo, con la cual se limitó la circulación de La Nación, y Clarín y Olé no pudieron ser distribuidos.

Un fallo de la Corte Suprema mandó al gobierno a no discriminar a los medios mediante el otorgamiento de pauta oficial; mientras en el Congreso sigue estancado un proyecto de ley de acceso a la información pública.

Bolivia
A pesar de las críticas de las organizaciones periodísticas, fue sancionada la Ley de Lucha Contra el Racismo, lo que restringe a los medios en su contenido, obliga a publicar información en forma gratuita y sanciona con cinco años de cárcel y suspensión de licencias a los medios infractores.

Continua la discriminación contra los medios en el otorgamiento de publicidad oficial y un proyecto de ley sobre acceso a la información pública sigue estancado en el Congreso.

Brasil
El nuevo gobierno de Dilma Rousseff arrancó con un compromiso de respeto a la libertad de prensa. Sin embargo, el Congreso empezará a tratar varias leyes preocupantes como la de regular los contenidos e medios y reincorporar la exigencia de diploma universitario en periodismo para ejercer la profesión.

El atentado contra un bloguero que milagrosamente salvó su vida, forma parte de la violencia en contra de los periodistas que denuncian el crimen organizado y actividades del narcotráfico.

Canadá
Dos fallos judiciales restringen la labor periodística en las cortes, no permitiendo que ni siquiera se transmitan grabaciones de los procesos ni que los periodistas puedan usar sus cámaras fuera de los lugares designados por el juez.

Chile
Persiste sin resolución una reforma al Código Civil, que autorizaría indemnización sin límites en casos de difamación, permitiendo demandas millonarias contra los medios, un incentivo a la autocensura.

Un proyecto de ley en discusión en el Senado establece porcentajes para la propalación de música nacional en las radios, entrometiéndose con las políticas editoriales de esos medios.

Colombia
Varios proyectos de ley con fines loables, por ejemplo, contra la discriminación, el racismo, la violencia y la publicidad, esconden restricciones a los contenidos periodísticos.

Un proyecto de ley en el Senado revive la colegiación obligatoria y la tarjeta profesional de periodistas, y la cláusula de conciencia.

Costa Rica
El Ministerio de Comunicaciones anunció una serie de medidas para limitar el número de preguntas y de participantes en las conferencias semanales de la Presidencia.

El proyecto de ley sobre transparencia y acceso a la información fue retirado de la Asamblea. También fue propuesta la discusión de la iniciativa sobre libertad de expresión y de prensa.

Cuba
Las 75 personas encarceladas en la “Primavera Negra” (marzo de 2003) fueron liberadas. Muchos de ellos, periodistas independientes fueron desterrados. Solo 10 personas lograron permanecer en el país bajo condición de procesos abiertos, por lo que pueden regresar a prisión por cualquier delito.

A pesar de ello y de la visita de Jimmy Carter, quien se reunió con los disidentes y periodistas independientes, el régimen aumentó la represión contra la libertad de asociación, reunión, expresión; así como las restricciones al uso del internet.

Ecuador
Una consulta popular impulsada por el presidente Rafael Correa para el 7 de mayo busca crear un ente oficial que regule a la prensa y que se disponga constitucionalmente que los dueños de medios puedan ser propietarios de otro tipo de empresas.

En su prédica contra la prensa a la que calificó de corrupta, Correa demandó por difamación a periodistas y diarios por casi 100 millones de dólares.

El Salvador
Fue aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública que entrará en vigencia en un año.

Continúa el debate en el Congreso sobre reformas al Código Penal para despenalizar los delitos de difamación, injurias y calumnias.

Estados Unidos
Continúa la controversia por la solicitud del gobierno de abrir causas judiciales contra los responsables de WikiLeaks, respecto a la distribución de cientos de miles de documentos clasificados diplomáticos.

El gobierno de Barack Obama es considerado uno de los más cerrados en materia de información pública, según lo demostraron estudios.

Guatemala
A pesar de una ley de acceso a la información vigente desde 2009, los organismos del gobierno son reticentes a entregar información y el estado tampoco ha hecho nada para educar al público sobre los alcances de la ley.

Han aumentado las agresiones contra los periodistas en el interior del país, en gran parte por la mayor actividad del narcotráfico.


Haiti
Continuó registrándose un gran número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, dentro de un contexto de violencia generado por el proceso electoral que se extendió desde las elecciones realizadas el 7 de diciembre hasta la segunda vuelta celebrada el 20 de marzo.

Honduras
El gobierno, con la ayuda de fuerzas de Estados Unidos, Colombia y España, conformó un equipo de investigadores para esclarecer los crímenes de 11 periodistas ocurridos en el último año y medio.

Se intensificaron las agresiones contra periodistas y medios durante la Presidencia de Porfirio Lobo, como consecuencia de la crisis política que continúa y se acentuó desde el golpe en 2009 y del aumento del crimen organizado.

México
Tres periodistas fueron asesinados en este período y otro fue secuestrado y permanece desaparecido, además de que persisten en la impunidad las decenas de reporteros que fueron muertos en 2010 y años anteriores.

El presidente de México, Felipe Calderón, no honró los compromisos con los que establecería un sistema de protección para periodistas y la promoción de una ley que sobre la federalización de crímenes contra periodistas.

Nicaragua
El gobierno sigue tomando represalias en contra de los medios de comunicación, tanto en el impedimento de acceso a materiales importados, la discriminación de la pauta oficial y en las recurrentes inspecciones fiscales.

También como parte de este accionar, varios periodistas y medios independientes que resaltaron hechos de corrupción en la administración pública y criticaron la posibilidad de reelección del presidente Daniel Ortega, han sido amenazados.

Paraguay
Todavía sigue sin fecha el tratamiento en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que data de 2003.

Varios juicios por querellas, contra periodistas y medios de comunicación, incentivan un clima de autocensura y limitación informativa.
Fue asesinado el locutor Merardo Romero, aunque se desconocen las razones del crimen.

Perú
Existe proliferación de proyectos de leyes que afectan la libertad de prensa, así como sentencias condenatorias contra medios, penales y civiles.

Existen propuestas de mecanismos restrictivos y sanciones penales contra medios y periodistas que divulguen conversaciones privadas obtenidas subrepticiamente.

Puerto Rico
Los periodistas y fotógrafos fueron blanco continuo de agresiones por parte de policías durante una prolongada huelga estudiantil en la universidad estatal del país.

El Tribunal Supremo desestimó una demanda de organizaciones periodísticas contra el presidente del Senado por desalojar a los periodistas y no permitirles la cobertura en esa entidad pública.

República Dominicana
El Congreso debe tratar pronto cinco leyes presentadas por el Poder Ejecutivo sobre libertad de expresión, internet, publicidad comercial, publicidad oficial y una reforma a la ley de acceso a la información; pero se desconocen sus contenidos.

Los periodistas continúan siendo objeto de agresiones y amenazas por parte de los policías, mientras que tienen restringido su acceso y su labor en los tribunales.

Uruguay
A pesar de que el presidente José Mujica afirmó que rechazaría cualquier ley de prensa, otros miembros de su gobierno insisten en una ley de radiodifusión que contendría limitaciones en los contenidos y a la libertad de prensa.

Un juez dictó sentencia condenatoria contra el periodista Alvaro Alfonso a 24 meses de prisión por el delito de difamación. Cumplirá su sentencia en libertad condicionada.

Venezuela
El gobierno de Hugo Chávez continúa con sus agresiones a la prensa y a la expresión, en especial con reformas legales que restringen la comunicación en el internet y las redes sociales.

Los periodistas continúan teniendo dificultades para acceder a fuentes de información oficial; mientras el gobierno se quedó con el 20% de Globovisión.

jueves, 7 de abril de 2011

El premio a Chávez

A juzgar por la bufonada de una universidad argentina de premiar a Hugo Chávez por su lucha a favor de la libertad de expresión, parece que la época de carnavales todavía no termina en el sur del continente o que se vive en un eterno día de los inocentes.

Homenajear a Chávez por defender lo que siempre atacó y denigró, debe tomarse más como una comedia circense que una burla a la democracia. Porque ese gesto elogioso que la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata le dispensó esta semana al enemigo número uno de las libertades públicas de Venezuela y del continente, tiene tanta insensatez como si el premio a los derechos humanos se lo hubieran otorgado al dictador Rafael Videla, el de la fidelidad conyugal a Bill Clinton o el de la sobriedad, al actor Charlie Sheen.

Es poco serio, para decir lo menos. Porque además, durante la entrega del premio en La Plata, la comparsa del gobierno de Argentina, que se ufanó de las arremetidas de Chávez contra la prensa, estaba tan extasiada por la presencia del venezolano como por la de sindicalistas del séquito gubernamental, que días antes bloquearon con éxito la distribución de los diarios Clarín y La Nación.

Los periodistas y los medios no son santos, como los académicos anfitriones de la ceremonia resaltaron. Pero encontrar en esas críticas la fuente de inspiración para descubrir los méritos a la “comunicación popular” de Chávez, parece una broma de mal gusto. Más allá del cierre de RCTV, de 35 emisoras, de crear medios y usarlos como órganos de propaganda personal como Telesur, de perseguir periodistas y opositores con jueces sometidos, Chávez pasará a la historia como el presidente contra quien pesan más acusaciones sobre violaciones a la libertad de prensa en organismos internacionales.

Solo en el 2010 se procesaron en su contra 133 denuncias por agresiones a periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto sin contar, que la mayor embestida a la “comunicación popular” la cometió hace un par de meses, cuando por ley restringió e impuso censura previa a los portales de internet y redes sociales para que filtren toda crítica contra su persona y contra lo que él considere pueda ser agraviante a los intereses del gobierno.

El circo montado con este galardón lo desvirtúa en sí mismo. Máxime, porque también lo recibió Evo Morales, con quien comparte esa aberración contra la libertad. Con estos antecedentes, no sería extraño que el año próximo decidan otorgárselo al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien también tiene un rico historial contra los medios de su país.

Correa es aún más virtuoso en sus ataques. Economista al fin, sabe que la debilidad económica merma la independencia de las empresas y con ello aumenta su capacidad para dominarlas. Así como Chávez, Morales y Daniel Ortega, en pocos años, Correa no sólo confiscó y creó medios, sino que logró conformar un conglomerado periodístico propio que es mucho más despiadado y manipulador, que aquellos grupos independientes a los que acusa de “terrorismo mediático”.

Sin embargo, la estrategia que desenmascara su actitud más falaz, consiste en entablar demandas por difamación y reclamos millonarios. De tener éxito con la que entabló esta semana contra el diario El Universo de Guayaquil, Correa se convertirá en el presidente más rico del continente. Cree que le deberán indemnizar con 80 millones de dólares para reparar su imagen, lo que se suma a 420 más que pidió en otros juicios contra periodistas, editores y columnistas.
Pero más allá del circo, de los ataques y los premios inmerecidos, preocupan los actores directos de este entuerto: los estudiantes. No aquellos que se deleitaron por la desfachatez del premio, sino aquellos que esperan recibir una formación sobre los valores que definirán su futuro - verdad, equidad e independencia – en el entendimiento, además, que la excelencia profesional que promueve el premio Rodolfo Walsh no solo conlleva la responsabilidad para la artesanía de las noticias, sino también la de defender la libertad de prensa.
La comparsa a Chávez desvirtúa todos estos valores, por lo que si fuera estudiante, no podría evitar hacerme esta pregunta: ¿Debo seguir estudiando en esta universidad?

domingo, 3 de abril de 2011

Encuestas; medios nuevos y tradicionales

El internet, los blogs, las redes sociales y toda una gama de nuevas formas de comunicación gracias al desarrollo tecnológico, han traído consigo nuevos desafíos sobre las restricciones que pesan sobre los medios de comunicación tradicionales, como por ejemplo, la prohibición que existe en numerosos países a publicar resultados de encuestas y sondeos de preferencia sobre los procesos electorales.

Uno de estos desafíos se presenta en Perú, de caras a las elecciones presidenciales, donde desde mañana lunes es el último día en que se pueden publicar en los medios tradicionales este tipo de información. Pero la pregunta que me hizo una periodista de la sección de Política de El Comercio, diario de Lima, esconde el desafío de cómo considerar a Twitter o a Facebook, por ejemplo, en el caso de que publiquen encuestas. ¿Son las redes sociales medios de comunicación por lo que están limitadas por lo que establece la ley?

La pregunta vino a raíz de que el Jurado Nacional de Elecciones lanzara la advertencia a los cibernautas de que podrían recibir una multa de hasta 360 mil soles si difunden encuestas dentro del período de restricción que establece el artículo 191 de la Ley Electoral: “La publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones por los medios de comunicación puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones”.
Mi respuesta a la periodistas fue la siguiente, previo aclaración de que las prohibiciones a la publicación con anticonstitucionales, ya que se prohíbe cualquier tipo de censura previa. Máxime, porque debe tenerse en cuenta el tiempo de la prohibición, ya que en algunos países suele ser de 15 días, en otros de siete y en otros de sólo un día. Me da la sensación de que la restricción a publicar el mismo día o los dos previos puede estar justificado de la misma forma que se evita que en esos días (en muchos países) se vendan bebidas alcohólicas.
Ahora bien. En cuanto a las redes sociales, blogs e información en portales de internet, éstos sí son medios de comunicación que deben ser alcanzados por las mismas restricciones. No hay diferencia. Así sea un blog o una red social que tenga una visita al día como dos millones. Son medios de difusión y de participación ciudadana. Mal sería que se prohíba a un periódico impreso publicar algo, y no hacerlo a alguien que lo haga por Twitter; porque en realidad lo que importa es la difusión del mensaje.
De todos modos, imagino que la autoridad tendrá que aplicar las restricciones a la fuente que pueda originar la información y difundirla, porque si bien un medio tradicional, con personería jurídica y residencia estable en el país, puede ser fácilmente pasible de la multa o la pena, uno se pregunta qué pasaría con alguien externo al Perú, que viva en el exterior o que utilice un anónimo en su blog, que divulgara los resultados de las encuestas a través de su blog, por Facebook o Twitter. ¿Cómo se aplicaría la ley?
Es obvio que las nuevas tecnologías y los nuevos medios han atraído grandes desafíos para nuestra sociedad que a veces es muy tradicional y se encuentra descompasada con la realidad.

Que siga la comparsa

RICARDO TROTTI: Que siga la comparsa - Columnas de Opinión sobre Venezuela - ElNuevoHerald.com

Encuestas electorales y libertad de prensa

Comparto una editorial publicada hoy por el diario peruano El Comercio, que ya en la recta final de las elecciones presidenciales, critica la prohibición sobre la publicación de encuestas y sondeos de opinión en los días previos al acto electoral.

“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su director de prensa Ricardo Trotti, ha alzado también su voz en contra de la regresiva ley peruana que permite publicar encuestas solo hasta una semana antes de los comicios. Para Trotti, como muchos otros hombres de prensa, investigadores y constitucionalistas, esto afecta el derecho fundamental de los ciudadanos a la información.
La SIP, ha dicho también Trotti, está contra toda medida que prohíba la divulgación de encuestas, pues tal silencio atenta contra las propias constituciones de los países que establecen que no debe haber ninguna medida de censura previa sobre cualquier tipo de publicación, sea esta tradicional o cibernética vinculada con las redes sociales de Internet.
La atingencia es importante y necesaria, pues en los últimos días funcionarios de los organismos electorales peruanos, pese a lo absurdo e inaplicable de la norma, han amenazado con sancionar inclusive a quienes difundan encuestas en Twitter y otras redes sociales, que a final de cuentas son comunicaciones personales.
En este complejo escenario, la SIP, con toda razón, considera que las leyes que restringen encuestas son abusivas, ya que cercenan un derecho ciudadano básico, el de informarse por todos los medios posibles, y traza una barrera discriminatoria entre los periodistas que sí tienen acceso a datos de última hora y quienes acceden a medios tecnológicos modernos, televisión por cable o satelital; y de otro lado, quienes, por sus limitadas condiciones económicas no pueden enterarse de lo que está en curso a través del mundo virtual, en el que también circulan encuestas.
Ya se ha probado en anteriores elecciones que el apagón de encuestas o silencio electoral es aprovechado ladinamente por algunos grupos para sembrar rumores y crear incertidumbre, de acuerdo con sus agendas politiqueras. Todo esto gracias a una ley tan nefasta como la comentada, que de paso atropella derechos constitucionales.
Por estas y otras consideraciones, el obligado silencio informativo que se impone a partir de hoy sobre las encuestas es contrario al espíritu y los principios del Estado moderno de derecho y de la democracia, que se basan precisamente en el uso irrestricto y responsable de la libertad en una sociedad abierta, plural, tolerante y participativa, donde todos tienen los mismos deberes pero también los mismos derechos, independientemente de su religión, raza, clase o condición social.
Nuestra Constitución de 1993 dice en el Art. 2, inciso 4, que toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento […] sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”, lo que viene siendo atropellado por una ley írrita y oscurantista.
En lugar de defender a rajatabla una norma tan absurda y cada vez más insostenible, los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, tienen que promover su derogación.
La tendencia en el mundo civilizado y democrático es reforzar la libertad y la responsabilidad personal, para lo cual la información y la opinión tienen que fluir de modo irrestricto y dinámico.
Lo que aquí se impone resulta propio de regímenes autoritarios y dictatoriales que convierten la censura en instrumento principal para someter a los ciudadanos, abusar de las libertades democráticas y acallar el pluralismo y las voces discrepantes. La ley del silencio electoral, definitivamente, no es democratic”.