Comparto una editorial publicada hoy por el diario peruano El Comercio, que ya en la recta final de las elecciones presidenciales, critica la prohibición sobre la publicación de encuestas y sondeos de opinión en los días previos al acto electoral.
“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su director de prensa Ricardo Trotti, ha alzado también su voz en contra de la regresiva ley peruana que permite publicar encuestas solo hasta una semana antes de los comicios. Para Trotti, como muchos otros hombres de prensa, investigadores y constitucionalistas, esto afecta el derecho fundamental de los ciudadanos a la información.
La SIP, ha dicho también Trotti, está contra toda medida que prohíba la divulgación de encuestas, pues tal silencio atenta contra las propias constituciones de los países que establecen que no debe haber ninguna medida de censura previa sobre cualquier tipo de publicación, sea esta tradicional o cibernética vinculada con las redes sociales de Internet.
La atingencia es importante y necesaria, pues en los últimos días funcionarios de los organismos electorales peruanos, pese a lo absurdo e inaplicable de la norma, han amenazado con sancionar inclusive a quienes difundan encuestas en Twitter y otras redes sociales, que a final de cuentas son comunicaciones personales.
En este complejo escenario, la SIP, con toda razón, considera que las leyes que restringen encuestas son abusivas, ya que cercenan un derecho ciudadano básico, el de informarse por todos los medios posibles, y traza una barrera discriminatoria entre los periodistas que sí tienen acceso a datos de última hora y quienes acceden a medios tecnológicos modernos, televisión por cable o satelital; y de otro lado, quienes, por sus limitadas condiciones económicas no pueden enterarse de lo que está en curso a través del mundo virtual, en el que también circulan encuestas.
Ya se ha probado en anteriores elecciones que el apagón de encuestas o silencio electoral es aprovechado ladinamente por algunos grupos para sembrar rumores y crear incertidumbre, de acuerdo con sus agendas politiqueras. Todo esto gracias a una ley tan nefasta como la comentada, que de paso atropella derechos constitucionales.
Por estas y otras consideraciones, el obligado silencio informativo que se impone a partir de hoy sobre las encuestas es contrario al espíritu y los principios del Estado moderno de derecho y de la democracia, que se basan precisamente en el uso irrestricto y responsable de la libertad en una sociedad abierta, plural, tolerante y participativa, donde todos tienen los mismos deberes pero también los mismos derechos, independientemente de su religión, raza, clase o condición social.
Nuestra Constitución de 1993 dice en el Art. 2, inciso 4, que toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento […] sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”, lo que viene siendo atropellado por una ley írrita y oscurantista.
En lugar de defender a rajatabla una norma tan absurda y cada vez más insostenible, los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, tienen que promover su derogación.
La tendencia en el mundo civilizado y democrático es reforzar la libertad y la responsabilidad personal, para lo cual la información y la opinión tienen que fluir de modo irrestricto y dinámico.
Lo que aquí se impone resulta propio de regímenes autoritarios y dictatoriales que convierten la censura en instrumento principal para someter a los ciudadanos, abusar de las libertades democráticas y acallar el pluralismo y las voces discrepantes. La ley del silencio electoral, definitivamente, no es democratic”.
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