sábado, 9 de abril de 2011

Conclusiones de la SIP en San Diego

El lúgubre récord de periodistas asesinados continuó expandiéndose durante el último semestre en América Latina, donde el estado de la libertad de expresión se deterioró gravemente en casi todo el continente, particularmente en Argentina y Ecuador.
Las acciones violentas del crimen organizado se cobraron las vidas de cinco periodistas (tres en México, uno en Paraguay y uno en Honduras). Otro reportero mexicano permanece desaparecido. En México, la nación más riesgosa para el ejercicio del periodismo, las reiteradas promesas de distintos presidentes para federalizar estos crímenes no se han cumplido y continúan sin ser consideradas por el Congreso. Tanto en ese país como en Honduras, grupos de medios de comunicación suscribieron acuerdos para dar un tratamiento especial a las noticias sobre el narcotráfico. Pero la mancha del crimen organizado (tanto de las bandas de narcos, como de grupos guerrilleros y paramilitares) se está expandiendo a otros países como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y los de Centroamérica, donde las continuas amenazas proferidas contra periodistas levantan el riesgo de que la autocensura se imponga.
En naciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana son frecuentes y reiteradas las campañas de desprestigio promovidas por los presidentes contra medios y periodistas.
Las agresiones verbales y físicas contra periodistas, así como las amenazas, ocurren también en Honduras, República Dominicana, Haití, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Brasil y Guatemala.
Por otra parte, sentencias o decisiones judiciales, así como leyes o proyectos de ley, tienen al menos la potencialidad de afectar de distinto modo a la libertad de expresión en Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Chile, Perú, Jamaica, Bolivia, Brasil, Uruguay y Canadá.
La distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar las críticas son moneda corriente en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Guatemala.
El acceso a la información pública continúa siendo más una promesa que una realidad efectiva. En algunos países, hay proyectos de ley en la materia que permanecen encajonados en los Congresos, mientras que en otros, las leyes ya fueron aprobadas pero se cumplen de un modo muy insuficiente a raíz de la cultura del secreto que se mantiene en la Administración Pública.
La construcción de redes de medios de comunicación estatales y privados, afines al poder y sostenidos únicamente por recursos públicos, es ya una extendida práctica corrupta en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
En Venezuela, al clima de hostilidad contra la prensa que ha caracterizado al gobierno del presidente Hugo Chávez (con medios clausurados, periodistas exiliados, censura judicial y disidentes encarcelados), se sumaron leyes que extienden a Internet las restricciones informativas que ya existían sobre la radio y la televisión abierta.
La liberación en Cuba de todos los periodistas encarcelados en 2003 no mejoró la situación. Todos fueron desterrados y, dentro de la isla, se mantiene incambiada la utilización de los medios estatales como instrumentos de propaganda, las acciones represivas contra los intentos de informar de modo independiente y las operaciones de los órganos de inteligencia para bloquear y silenciar a las voces discordantes. En Cuba, los ciudadanos comunes están impedidos de conectarse a Internet. El régimen considera que redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube son enemigos.
O caso de Argentina merece especial destaque. Un conjunto de violaciones a la libertad de expresión se abatió contra medios y periodistas. Además de las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios “amigos” con publicidad del Estado, hubo bloqueos a la libre distribución de periódicos protagonizados por sectores afines al gobierno, incumpliendo órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa.
Ecuador también merece especial destaque. El gobierno del presidente Rafael Correa apretó el acelerador en su carrera de cuatro años contra el periodismo independiente o crítico. El presidente presentó dos demandas millonarias contra periodistas y un diario, a quienes reclama indemnizaciones de 80 millones de dólares, con el evidente propósito de acallar a las voces críticas. La Policía ecuatoriana irrumpió a su vez en la sede de una revista, incautando computadores y otras informaciones periodísticas sensibles. El panorama ya muy problematizado de Ecuador puede agravarse de modo inusitado si el próximo 7 de mayo el presidente Correa consigue hacer aprobar en un referéndum normas para crear un consejo estatal destinado a regular y controlar los contenidos de la prensa.
Como ha dicho el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, “las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales (...) son una práctica que se repite de un país a otro y parecen ser parte de un plan estratégico para ir terminando con la prensa independiente, para acabar con su credibilidad (...), para avanzar en sus esfuerzos por tener únicamente medios con voces afines y disponer, entonces, del monopolio de la información”.