sábado, 20 de junio de 2009

Violencia juvenil

El asesinato de Julieth Mejía, abogada colombiana de 28 años con ocho meses de embarazo, cometido por un niño y un adolescente a principios de junio en Medellín, volvió a llamar la atención sobre uno de los estigmas sociales de la América Latina: la violencia en pantaloncitos cortos.

El crimen reverdeció debates sobre exclusión infantil, disgregación familiar y deserción escolar, nutrientes naturales de la violencia; al tiempo que enardeció reclamos por políticas ineficientes del Estado, entrampado en la disyuntiva entre sobreproteger a menores delincuentes o reducir su imputabilidad penal.

En ese río revuelto, los narcotraficantes se aprovechan pescando chicos para convertirlos en asesinos a sueldo. “Sicaritos” en Colombia o “narco juniors” en México, estos niños entre 8 y 9 años son iniciados como “mulas” o cargadores de drogas y armas, para terminar a los 13 graduándose de sicarios, adictos a las drogas y a la adrenalina de la violencia.

Todos terminan mal. El juego de la violencia a ese nivel no tiene salida. Los carteles los descartan cuando creen que los menores tienen conciencia propia; mientras tanto, aprovechan su ferocidad, falta de remordimientos y amparo legal. Muchos acaban en fosas comunes, como el 30 por ciento de los 427 niños contratados por el narcotráfico en los últimos tres años, según la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana. Otros son enviados a reformatorios deficientes, donde cursan “maestrías” en criminalidad, listos para ser reclutados nuevamente.

La enérgica pelea del presidente mexicano Felipe Calderón contra los narcotraficantes ha trasladado y potenciado el problema más hacia el sur, a Centroamérica, donde ya venían lidiando con las pandillas juveniles. Las maras, como la “Salvatrucha 13” o la “M18”, son organizaciones jerárquicas, violentas y ávidas de nuevos territorios y controles, a las que la distribución y venta de drogas ilícitas les resultó un escalón natural en sus quehaceres.

De esta forma, las pandillas redujeron sus grafitis, escondieron sus tatuajes, y manteniendo negocios redituables como la extorsión a las líneas de buses y taxis, pasaron a cometer crímenes violentos, como en Honduras, donde los mareros fueron responsables del 32 por ciento de los 4.500 homicidios del 2008 y de haber ejecutado a centenares de taxistas, crímenes también muy comunes en Guatemala y El Salvador.

Con las drogas y mejores recursos, las maras potenciaron su expansión, nutriéndose de jóvenes marginales, producto de la desintegración familiar, el desempleo y la falta de programas culturales y deportivos en ciudades superadas por las migraciones.

El desafío para los gobiernos se ha vuelto descomunal. Las políticas represivas utilizadas hasta ahora, como las de “mano dura” motivadas por los ex presidentes, el hondureño Ricardo Maduro y los salvadoreños Francisco Flores y Antonio Saca, no tuvieron el éxito esperado. Las calles siguen violentas y las pandillas creciendo a escondidas. La realidad los ha rebasado y las políticas preventivas son escasas. El problema no son los hechos de violencia, sino la cultura tolerada del crimen y la también escasa respuesta de la sociedad.

Una experiencia exitosa es la de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con sede en Quito, que trabaja para que la pandilla juvenil más grande del país, los “Latin King”, compuesta por unas 712 células, pueda salir del pandillaje. Impulsados a crear microempresas, los “Latin Kings” formaron la Corporación de Reyes Latinos y Reinas Latinas de Ecuador, que derivó en la creación de Cissko Records, un sello discográfico, un taller de serigrafía, y ya planean la apertura de un local para alquiler de computadoras; involucrándose, además, en la organización de musicales, exhibiciones de arte y campañas caritativas.

Mauro Cerbino, catedrático de Flacso, explica que a los jóvenes se les deben ofrecer formas alternativas y creativas que reemplacen la importancia y la estima que logran en las pandillas. Hace unos días, se produjo un avance optimista, varios grupos que reúnen a 12.000 pandilleros del Ecuador, firmaron un acuerdo de no agresión, que los fiscales y policías esperan sea duradero.

Lo de Cerbino me recuerda al consejo de mi papá para cuando tuviera que criar a mis hijos; una fórmula tan válida en lo individual que pudiera eficientemente atribuirse a nivel general para prevenir la vagancia, las drogas y la violencia: “mucha familia, mucha escuela y muchísimo deporte”.

¡Viva la democracia!

Honduras vive momentos difíciles. El descontento por un gobierno nacional preocupado más por su permanencia que por la democracia, viene desatando constantes rumores de que los militares pudieran estar mirando nuevamente fuera de las puertas de sus cuarteles.

Por suerte, numerosos grupos de la sociedad civil, la prensa y, particularmente, la Iglesia, están constantemente recordando a los dirigentes - quienes parecen más encaramados en ambiciones partidarias e intereses personales que en defender el bien común y los valores constitucionales – la importancia de vivir en democracia, un sistema que hace de la diversidad y la pluralidad, y de la tolerancia y el respeto de las ideas, sus fines más preciados.

La sexta convocatoria y marcha ciudadana en la plaza central de Tegucigalpa ayer, donde se gritó que “los hondureños somos de acero inoxidable” (mientras los funcionarios públicos y el máximo dirigente nacional parecieran de teflón porque todo le resbala) es un necesario recordatorio de que los hondureños eligieron vivir en democracia y que cualquier otra forma de gobierno no solo será rechazado, sino además deberá tener consecuencias penales para quienes lo instiguen o apoyen.

Pero también recordaron que vivir en democracia no implica que se pueda hacer demagogia o hacer pasara “gato por liebre”, con el fin de disfrazar ambiciones personales o partidarias o abusar del sistema utilizando los recursos del Estado para la perpetuación en el poder.

La Iglesia Católica hondureña es una de las pocas en el continente que ha expresado su apoyo a la democracia y sobre la que “evangeliza” en forma continua. El planteamiento de la Conferencia Episcopal con nueve puntos, reclaman que la democracia no es solo una acumulación de votos, que no debe utilizarse para intereses mezquinos, y que los esfuerzos del poder deben estar dirigidos a resolver problemas más acuciantes para el pueblo, como “la creciente violencia social, la disminución de los recursos financieros del Estado, el desempleo, el auge del crimen organizado y el narcotráfico, la disminución de la fuerza que los valores morales y religiosos le dan a la sociedad, la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales, la tenencia de la tierra”.

Los obispos no dejaron nada al azar, desde su crítica al gobierno nacional, a los “grupos de poder” ocultos y a los ciudadanos pasivos, dijeron que todos somos responsables; “en la medida que nos hacemos indiferentes y pasivos ante los peligros que amenazan nuestra débil democracia, más electoral y representativa que participativa.

Y pidieron que una verdadera democracia participativa debe tener ciertas condiciones: justicia social y responsabilidad ética de los dirigentes políticos; diálogo; consultas populares dentro del marco de la ley, una obvia referencia a la encuesta propuesta por el Ejecutivo para blindar su ambición de llevar la “cuarta urna” por la reelección presidencial a las elecciones legislativas de noviembre próximo; y pidiendo a los tres poderes públicos y “en especial” a las Fuerzas Armadas, que “que garanticen la transparencia, organización y buena marcha de las próximas elecciones para que se conviertan en una demostración de convivencia pacífica y de respeto a la Constitución tal como lo desea el pueblo hondureño”.

Un mansaje claro y contundente. A buen entendedor, pocas palabras.

viernes, 19 de junio de 2009

Padre Alberto: ¿Otra vez?

Me había prometido no escribir más sobre el padre Alberto Cutié. En realidad me había aburrido por seguir con una historia que parecía terminada y que solo estaba motivada por un auto escándalo interesado.

Dejé de lado hechos que ya no me parecieron relevantes, como su paso a la iglesia Episcopal y su casamiento por civil con Ruhama Buni Canellis, ahora su esposa, con quien tendrá su ceremonia religiosa y una fiesta en dos semanas y a la que mucha gente de la farándula local está invitada. Será una fiesta apoteósica y mediática, pagada por algún medio con una exclusiva. Esa siempre fue la vocación de este cura, muy alejado del voto austeridad.

Pero vale la pena escribir de nuevo sobre él y su esposa, porque pudiera ser que estamos ahora ante un escándalo real de proporciones judiciales, además de otro que varios periodistas en los canales de Miami dijeron explotaría la semana próxima, el que tendría que ver con relaciones amorosas y sexuales con protagonistas/os distintas/os a Ruhama. Veremos la semana próxima.

Por ahora, el flamante matrimonio ha sido demandado por un indocumentado oriundo de Indonesia de 44 años, Maxi Paulus Ratunuman, quien aduce ser anterior pareja de la esposa de Cutié.

El demandante también enjuició al Departamento de Policía de Biscayne Park por considerar que fue arrestado sin motivo el 6 de junio pasado mientras instalaba losas en la casa de un cliente. Ratunuman aduce haber vivido tres años con la actual esposa de Cutié, haberle ayudado a criar un hijo y haberle pagado la hipoteca de una casa que él compró pero que puso a nombre de ella por su condición de ilegal.

Según los abogados del demandante, considera que el padre Cutié traficó influencias con un policía amigo que lo arrestó ilegalmente, por lo que además esto abriría otro tipo de proceso contra Cutié, más allá de la compensación que se exige de unos U$S 15.000 “por angustia psicológica, pérdida de ingresos y capacidad de ingresos”.

Parece que el nuevo matrimonio Cutié no tendrá una boda tranquila. Veremos que sigue.

miércoles, 17 de junio de 2009

AH1N!: frío y elecciones

A pesar de que ya estamos acostumbrados y nadie se sorprende sobre la fiebre porcina, como sucedió a finales de abril cuando el gobierno mexicano puso el grito en el cielo, la enfermedad se está extendiendo de la forma que lo había previsto la Organización Mundial de la Salud, que con razón, declaró la pandemia dos semanas atrás.

Como habíamos previsto en este blog al respecto, la fiebre porcina está concitando especial atención en el sur del continente debido a dos razones: el frío invernal y las elecciones.

Las elecciones legislativas a fines de mes en junio en Argentina y las presidenciales chilenas en noviembre próximo, tal vez haga que los gobiernos de Cristina de Kirchner y Michelle Bachelet sean lo necesariamente cuidadosos para que un problema de salud pública de proporciones no les empañe el respaldo político que sus partidos políticos tienen en juego.

El frío obviamente es el mayor desafío que tienen los gobiernos del cono sur, alimento natural de las gripes y los estados febriles, hasta que aparezca una vacuna capaz de controlar las infecciones que se espera estará lista para distribuirse en forma masiva a partir de julio.

Mientras tanto, la OMS sigue dando las estadísticas. En las más recientes, Estados Unidos sigue siendo el país con mayor cantidad de casos de infectados con 17.855, y en Miami comenzamos a preocuparnos a raíz de que un chico de 9 años falleció ayer debido a la enfermedad, sumando a nivel nacional 45 casos fatales.

En total, la OMS lleva contabilizados 35.928 casos – 163 muertos - en 76 países. México es el segundo país más afectado con 6.241 casos (108 muertos); seguido de Canadá (2.978 casos, cuatro muertos). Chile está en quinta posición con 1.694 casos y dos muertos, algo menos que Australia con 1.823 infectados.

Argentina es otro de los países latinoamericanos donde todos los días aumenta el número de enfermos, registrándose hasta hoy 343 casos, algo menos que los 488 de España y 1.226 casos del Reino Unido.

martes, 16 de junio de 2009

Globovisión en el precipicio

Los ataques ya son permanentes y sistemáticos contra Globovisión, la cadena televisiva venezolana que el presidente Hugo Chávez está acosando desde todos los ángulos con la intención de dar el zarpazo final y conjurar su cierre. El resultado de la encuesta a la derecha de esta nota es por más evidente sobre la percepción general en el público.
Hoy, por orden de Diosdado Cabello, el ministro de Obras Públicas y Vivienda – tal vez desafiado por el propio Chávez quien hace una semana encomió a todos sus ministros que deberían atacar y mostrar resolución en contra de Globovisión, de lo contrario deberían renunciar – se le notificó al canal que deberá enfrentar un procedimiento penal por unas declaraciones que en octubre pasado el periodista Rafael Poleo dio al programa “Aló Ciudadano”, en el que dijo que Chávez podría terminar como Benito Mussolini.
Sin dudas un delito que está ya en desuso – delito de desacato o de ofensas contra una autoridad superior del gobierno – y que está desapareciendo en numerosos países del hemisferio por considerarse anacrónico y un abuso de privilegios (como ocurrió la semana pasada con su desactivación en el Uruguay); aunque en Venezuela sigue vigente y reforzado con mayores penas en una reforma que se hizo al Código Penal hace un par de años, con la intención de proteger a Chávez de las críticas.
Esta medida echa por tierra los procedimientos administrativos que le estaba siguiendo Conatel, uno de ellos con una fuerte multa. De esta forma, sin lugar a dudas, el gobierno está tratando de socavar la voluntad popular de varios representantes de la oposición y de asociaciones civiles y juveniles que este pasado fin de semana se largaron a la calle para recaudar dinero para ayudar a Globovisión a pagar una multa millonaria. Seguramente, en unos días, el gobierno se expedirá sobre la ilegalidad de ese dinero o terminará acusando a algunos de ganancias ilícitas u otra estrategia para declarar ilegal convocatorias de las donaciones; y, de esa forma, seguir generando miedo y buscando el cierre de Globovisión a toda costa.
El responsable de la cadena Globovisión, Alberto Federico Ravell, contraatacó varios dichos descalificadores de Chávez durante el fin de semana, diciendo que el canal trasmite con exactitud y que las críticas del Presidente, de que es un medio que “envenena” a la gente y promueve la violencia, es solo su percepción, por cuanto sólo publican el “sentir de la calle”.
Tanto Ravell como Guillermo Zuloaga, el propietario del canal, son dos periodistas experimentados y con muy buen sentido común en materia de libertad de prensa y sobre el negocio de los medios de comunicación. Sin embargo, lamentablemente, sus dichos – siempre muy coherentes – me recuerdan a los de Marcel Granier, presidente de RCTV, cadena que fue cerrada en mayo de 2007 por el gobierno de Chávez.
El sentido común, la elocuencia, la coherencia y el bien común son valores que en Venezuela Chávez los ha puesto por el piso. Él cree que es omnipotente y buscará cerrar Globovisión para sentirse y ser percibido como tal.

lunes, 15 de junio de 2009

¿Por qué?: Hilda, Cristina, Raúl y Fidel

¿Por qué muchos se preguntan – y con razón - si la llegada de la neurocirujana Hilda Molina a Argentina es parte de un guiño electoral que Raúl Castro le dio al gobierno de Cristina de Kirchner para las elecciones legislativas de fines de mes?
¿Por qué recién después de 15 años de pedir autorización para salir del país, el gobierno comunista de La Habana le otorgó el permiso recién ahora? ¿Será una razón humanitaria porque han internado a la madre de Molina de 90 años? ¿No es sospechoso que en Cuba haya decenas de casos similares de personas que tienen visas de entrada humanitarias otorgadas por otros países, pero a los que no permiten salir? ¿Por qué el gobierno no suele dar explicaciones ni las dio tampoco en este caso?

¿Por qué la Presidenta argentina no pidió absolutamente nada sobre Hilda Molina, ni por los presos políticos ni por los periodistas independientes encarcelados en la isla cuando visitó La Habana a principios de año, y sólo pretendió la foto al lado de Raúl Castro?

¿Por qué en Argentina se hace de esto un juego político – o al menos se lo aprovecha – diciendo ahora que en el Congreso se está analizando otorgarle a Molina la ciudadanía argentina cuando hay tanto inmigrantes de países vecinos que son explotados, marginados y a quienes se les niega siquiera un permiso de trabajo?
¿Por qué, después de que el caso de Hilda Molina demuestra que Cuba es una cárcel gigantesca que retiene a todos sus ciudadanos porque le da la gana quitándoles todo atisbo de libertad, hay tantas personas en el mundo que defienden a este tipo de regímenes?

Cuba es solo esto: un ¿por qué? Un régimen lleno de interrogantes sin respuestas y con actitudes que siempre son políticas. Todo, absolutamente todo, es en reacción a algo, y este caso de Hilda Molina no parece ser ajeno a ese modo de actuar.

domingo, 14 de junio de 2009

Violencia institucional

Estuve esta semana en San Pedro Sula y en San Salvador y tuve la oportunidad de charlar con taxistas. No me sorprendí que me dijeran que las compañías para las que trabajaban como choferes estuvieran pagando renta a las pandillas juveniles, para poder trabajar con “seguridad”. De otra forma correrían el riesgo de ser asesinados.
En San Salvador, tomé uno de los taxis de la Gran Vía” - un shopping estilo “miamense” – y el conductor me dijo que hacía una semana, su empresa había sido obligada por la mara Salvatrucha 13 a pagar 300 dólares para poder operar. Era la única línea de taxis y de transporte masivo de pasajeros que todavía no había sido extorsionada.
En los primeros meses de este año, tanto en Honduras como en El Salvador, y principalmente en ciudad de Guatemala, los mareros o pandilleros han asesinado a mansalva a decenas de choferes de taxis y buses por negarse a pagar el “peaje”. En San Salvador, nuestros anfitriones, donde realizamos un seminario para diarios populares, nos pidieron por favor no ir al centro de la ciudad para no toparnos con las pandillas juveniles.
No solo las líneas de transporte masivo, sino también muchos de los comerciantes e inclusive los vendedores ambulantes están todos pagando una “renta” a los mareros para poder trabajar. Esta misma situación sucede en muchas ciudades de Colombia, como por ejemplo Medellín, donde los comerciantes del centro de la ciudad – a pesar de que el cartel de Medellín desapareció o se disgregó tras el asesinato de Pablo Escobar – están “vacunados”, es decir que deben pagar una extorsión para poder operar libremente.
Uno, después de escuchar sobre tanta violencia, se pregunta cuál es el papel del gobierno. Y no encuentra respuesta satisfactoria. Pareciera que en América Latina nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia y con la ineficiencia del Estado. La violencia se ha institucionalizado.