Sociedad extorsionada

La cuota es una de las palabras que definen el clima de máxima inseguridad pública que se vive en El Salvador, un país que tiene 72 homicidios cada 100 mil habitantes, uno de los más altos de las Américas.
La cuota o la renta es el “impuesto” que cobran los mareros (pandilleros juveniles) a toda persona que tiene la posibilidad de realizar una actividad comercial, ya sea desde un taxista, chofer de microbús de transporte hasta un comercio establecido como un vendedor ambulante.
Los pandilleros, de cualquier clica, subdivisión de una pandilla de las MS, Maras Salvatruchas, que operan en un sector determinado, cobran sus cuotas en sus zonas pero a través de menores de edad, quienes no son imputables ante la ley por delitos de asociación ilícita. Estos menores son quienes recogen el dinero o entregan el mensaje que de no obtenerlo, sus superiores enviarán a una pandilla a matarlo.
Las amenazas se cumplen. Las denuncias no se hacen, como el Estado lo establece a través del 911, porque la gente dejó de confiar en la policía. La ley antimaras que establece mayores penas a los menores que cometen delitos graves, y es apoyada por todos los sectores de la sociedad, todavía no fue sancionada y los militares que patrullan las calles bajo iniciativa del presidente Mauricio Funes no tienen gran impacto, debido a que su imagen se está desnaturalizando, porque no tienen fuerza de policía.
Los grandes desafíos que acarrea la inseguridad pública, no solo para la confianza de la gente, sino para la imagen del país. Inversiones y turismo a la baja.
La sociedad salvadoreña está extorsionada por las pandillas juveniles.

Violencia institucional

Estuve esta semana en San Pedro Sula y en San Salvador y tuve la oportunidad de charlar con taxistas. No me sorprendí que me dijeran que las compañías para las que trabajaban como choferes estuvieran pagando renta a las pandillas juveniles, para poder trabajar con “seguridad”. De otra forma correrían el riesgo de ser asesinados.
En San Salvador, tomé uno de los taxis de la Gran Vía” - un shopping estilo “miamense” – y el conductor me dijo que hacía una semana, su empresa había sido obligada por la mara Salvatrucha 13 a pagar 300 dólares para poder operar. Era la única línea de taxis y de transporte masivo de pasajeros que todavía no había sido extorsionada.
En los primeros meses de este año, tanto en Honduras como en El Salvador, y principalmente en ciudad de Guatemala, los mareros o pandilleros han asesinado a mansalva a decenas de choferes de taxis y buses por negarse a pagar el “peaje”. En San Salvador, nuestros anfitriones, donde realizamos un seminario para diarios populares, nos pidieron por favor no ir al centro de la ciudad para no toparnos con las pandillas juveniles.
No solo las líneas de transporte masivo, sino también muchos de los comerciantes e inclusive los vendedores ambulantes están todos pagando una “renta” a los mareros para poder trabajar. Esta misma situación sucede en muchas ciudades de Colombia, como por ejemplo Medellín, donde los comerciantes del centro de la ciudad – a pesar de que el cartel de Medellín desapareció o se disgregó tras el asesinato de Pablo Escobar – están “vacunados”, es decir que deben pagar una extorsión para poder operar libremente.
Uno, después de escuchar sobre tanta violencia, se pregunta cuál es el papel del gobierno. Y no encuentra respuesta satisfactoria. Pareciera que en América Latina nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia y con la ineficiencia del Estado. La violencia se ha institucionalizado.