El mundo conmovido respiró
aliviado cuando supo que la fotografía de Marwan era irreal o fuera de
contexto. El niño sirio de cuatro años que fue fotografiado escapando en
solitario de la guerra mientras cruzaba la frontera con Jordania, en realidad caminaba
rezagado a metros de sus padres.
Pero en nuestro continente
esa imagen es real y se repite a diario. Miles de menores centroamericanos de 12
años no acompañados tratan de cruzar la frontera entre México y EE.UU. en busca
de su “sueño americano”, empujados por sus padres en los países de origen o por
quienes ya viven en el norte.
Lamentablemente para muchos
de estos niños los sueños se convierten en pesadillas por obra y gracia de los traficantes
de personas que los someten a abusos y explotación sexual. Otros logran pasar
la frontera pero son detenidos y sometidos a procesos migratorios traumáticos,
depositados en albergues temporales y luego deportados.
Hasta el momento, la inesperada
ola de niños inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador sobrepasa la
capacidad del gobierno estadounidense, más enfocado en una reforma legal para
solucionar el estatus de más de 11 millones de indocumentados, que para atender
esta “urgente crisis humanitaria” infantil, como la calificó esta semana el
presidente Barack Obama.
No es para menos, en lo que
va del año, más de 40 mil niños centroamericanos sin acompañantes fueron
aprehendidos en la frontera. Por ello Obama creó una agencia multidisciplinaria
para buscar soluciones, preocupado por la tendencia creciente de la crisis.
Para fines de año se calcula que la cifra de niños que son detenidos queriendo
cruzar la frontera subirá a 60 mil, de los siete mil casos registrados en 2011
y 24 mil en 2013. Se pronostican 150 mil casos para 2015.
Las causas de la inmigración
hacia el norte son muchas. Tradicionalmente los movimientos migratorios se originaron
por persecución política, crisis económicas y pobreza. Ahora la violencia y la
inseguridad se sumaron como factores claves. Los padres prefieren el riesgo y
la incertidumbre de la inmigración a la certeza de un presente pobre y violento
para sus hijos, que sin opciones, terminan reclutados por narcotraficantes y
pandillas juveniles.
Pese a esas causas, los
políticos se desgarran las vestiduras. En EE.UU. la oposición republicana culpa
al gobierno demócrata de haber suspendido las deportaciones, incentivando la
inmigración. Obama prefiere culpar a la oposición por no votar a favor de una
reforma migratoria integral y a la violencia incontrolable en la región.
Mientras tanto, al sur del Río Bravo, los funcionarios centroamericanos y
mexicanos excusan su ineficiencia, acusando a los traficantes que, en su afán por
mayor clientela a seis mil dólares por cabeza, propagan rumores sobre que el
gobierno estadounidense concederá pronto una amnistía general legalizando a
todos los indocumentados del país.
Obama envió al vicepresidente
Joe Biden a reunirse esta semana con sus pares centroamericanos, buscando
frenar la crisis. Prometió más ayuda humanitaria para mejorar condiciones de
vida; pero, sobre todo, dijo que no habrá amnistía y proseguirán las
deportaciones, buscando disuadir a padres y traficantes.
El tema es muy complejo. Los
gobiernos centroamericanos enfatizan en que quieren un trato humanitario para
los menores, que se les permita reencontrarse con sus familiares y se les
legalice. En realidad temen que sus padres, indocumentados, también sean
deportados y con ello tener que soportar la crisis humanitaria que ahora está
del lado de EE.UU. y que, además, se desmorone el mayor ingreso de divisas para
Centroamérica que representan los envíos de remesas familiares.
Por ahora, el peso de la
crisis recae en la compasión o no que el gobierno estadounidense está dispuesto
a sobrellevar y en la adopción de la reforma migratoria.
Sin embargo, no podrá haber soluciones válidas sin el compromiso de México, un país que incentiva la crisis al hacer poco para detener el negocio lucrativo de los traficantes. Un negocio que cuenta con la complicidad de instituciones corruptas y que es responsable, de los robos, secuestros y abusos a lo que se expone el 70 por ciento de los inmigrantes que pasan por ese “corredor de la muerte”, como comúnmente se le denomina a esa travesía hacia el “sueño americano”.
