Aprobada la Declaración de Puebla

Anoche en Puebla, México, culminamos una magnífica Conferencia Hemisférica Universitaria de la que participaron 22 universidades de 13 países latinoamericanos. En la Declaración de Puebla, acordaron innumerables iniciativas, recomendando reformas de políticas públicas para combatir la violencia contra la prensa y la impunidad, así como también medidas legales severas contra aquellos que atenten contra la libertad de prensa.

Proyecto Impunidad - Declaración de Puebla

Google: un “monopolio” saludable

Aunque como motor de búsqueda dominante del internet Google ha revolucionado la cultura y nuestros hábitos de consumo del conocimiento, también genera controversias cada vez que expande su negocio o pone en duda el respeto por la privacidad, la propiedad intelectual y la libertad informativa.

Google atrajo esta semana las miradas de quienes la acusan de ser un angurriento monopolio, luego de ofertar 12.500 millones de dólares por el fabricante de teléfonos móviles inteligentes, Motorola Wireless. El motor de búsqueda deberá defender su compra ante los reguladores, pero antes debe comparecer en la audiencia denominada “el poder de Google”, que la Comisión de Competencia del Senado estadounidense realizará el 15 de setiembre, para examinar sus supuestas malas prácticas comerciales e intelectuales, que ya le han acarreado cientos de demandas por censura, invasión de privacidad y violación de derechos de autor.

Más allá de los proyectos que debió paralizar tras arreglos judiciales, como la digitalización de libros por la disputa con sindicatos de autores o la publicación de mapas de campamentos militares en zonas de guerra, creo que difícilmente Google pueda ser acusada de monopolio. En el caso Motorola, si bien aparenta ser una expansión monopólica, en realidad se trató de la compra de patentes y de una estrategia para fabricar sus smartphone Android, y así competir contra Apple, Microsoft y RIM. De hecho, su sistema operativo Android de “open source”, puede ser utilizado por cualquier fabricante de teléfonos, como los 39 que ya lo hacen actualmente.

Desde su nacimiento en 1996, bajo la misión de “organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil universalmente”, la evolución de Google muestra su éxito en cómo compite contra compañías existentes como Explorer y Firefox;  es autorizada a comprar compañías que en poco tiempo convierte en líderes como YouTube; inventa nuevos servicios y productos que ayudan a la expansión del conocimiento como Google Maps o las nuevas computadoras personales Chrome Books que operan desde la nube; o experimenta con nuevos juguetes como Google TV y su reciente lanzamiento de Google +, la red social para pugnar contra Facebook.

Como toda empresa exitosa que compite por calidad, y con ingresos anuales billonarios por sus servicios de colocación de publicidad Adworks y Adsense, es natural que Google busque su expansión, y a menudo corretee por el delgado límite que divide la sana competencia de las mañas monopólicas, lo que le valió decenas de disputas en EEUU, Europa y Asia.

En materia de censura, el haber cedido ante el gobierno chino para bloquear a disidentes e información sobre el Tibet, es aberrante, pero no es menos cierto que Google ha permitido desenmascarar a dictaduras, y sirvió para liberar mucha información censurada y desconocida. Otras veces es víctima. Como esta semana en Argentina, cuando por orden judicial los proveedores de internet fueron obligados a bloquear millones de blogs de su plataforma Blogger, porque el gobierno considera que se difunden datos sensibles al interés nacional.

Sus peores faltas, sin embargo, son efectos colaterales de su sofisticación digital que afecta el derecho a la intimidad, ya sea porque los datos personales de los usuarios quedan a merced de los piratas informáticos o son requeridos en forma obligatoria por los gobiernos, mediante leyes al estilo del Acta Patriótica antiterrorista estadounidense.

Sus modales más viciados tienen que ver con el derecho de autor. Tanto en Berlín como en Nueva York y Bogotá, los editores de periódicos se unieron para evitar que sus contenidos estén disponibles de forma gratuita en internet. Google alega que sus sistemas no son obligatorios y pueden ser desestimados. En realidad, el problema es que toda empresa sabe que si no aprovecha los servicios de Google, se arriesga a perder terreno y competitividad.

Creo que se pueden criticar algunas prácticas de Google, pero sería injusto no apreciar la visión de sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, quienes sobre la base de la competencia y la innovación constante, han revolucionado la industria del conocimiento y achicado el mundo. Si esto es sinónimo de “monopolio”; se trata de una práctica muy saludable. La humanidad es hoy mucho mejor con Google que sin él.

Sexto Poder en manos de Chávez

La prohibición del gobierno de Hugo Chávez para que no se publique el semanario Sexto Poder, demuestra que el régimen no retrocedió un ápice en su campaña por controlar a los periodistas y medios de comunicación independientes.

Aunque hoy haya liberado a la directora del semanario, Dinora Girón, después de dos días en prisión, el régimen ya ha hecho el daño censurando la circulación, distribución y publicación de cualquier otro número del semanario.

Puede ser que la foto en tapa de funcionarias de gobierno como la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, entre otras, retratadas como bailarinas de varieté haya sido una ofensa para las damas, pero ello no se compadece con la represalia de apresar a la directora del medio y censurarlo de cuajo, acusándolos de “instigación al odio”, un delito tipificado en el Art. 285 del Código Penal.

Muy bien lo definió el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico Siglo 21 de Guatemala, quien condenó la censura impuesta contra Sexto Poder, considerando que es un abuso de poder trabar la distribución de un medio de comunicación y mucho más llevar a un periodista a la cárcel por el hecho de emitir una opinión crítica contra la autoridad pública.

Marroquín agregó que los delitos de desacato como se imponen todavía en Venezuela pertenecen al pasado y están alejados de principios internacionales establecidos por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que los funcionarios deben ser más tolerantes a las críticas y que los conflictos se deben resolver por la vía civil.