viernes, 1 de junio de 2012

Cochabamba, DD.HH. y libertad de prensa

Este domingo comenzará la asamblea general de la OEA en Cochabamba, Bolivia, una reunión que tendrá amplia repercusión para los ciudadanos, ya que se abordará el tema de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Los Estados no lo harán en forma directa, sino mucho más sutil y peligrosa para estas dos disciplinas. En juego, está la independencia y funcionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ya que los gobiernos podrían aprobar una serie de recomendaciones hechas por un grupo de trabajo intergubernamental y por el secretario general, José Miguel Insulza, que buscan reformar los estatutos de la CIDH.

Las propuestas de reformas, muchas de las cuales son importantes para mejorar la eficiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también tienen varios puntos recomendados por los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que buscan neutralizar el trabajo de la CIDH y castigar la labor de la Relatoría.

Los cambios al estatuto y las recomendaciones sobre funcionalidad apuntan a darle a la Asamblea General poderes para redefinir las funciones de la Comisión y sus relatorías en materia de tramitación de casos, elaboración de informes e, incluso, permitiendo que los estados definan los términos de cómo son monitoreados por sus violaciones a los derechos humanos. También establecen que la Relatoría no podrá buscar fondos por fuera de los gobiernos americanos, que su informe anual no podrá referirse a cada país sino que deberá ser general y que deberá regirse por un código de conducta fiscalizado por los gobiernos.

La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó que lo que está en juego en esta asamblea es la independencia y eficiencia de la Comisión y su Relatoría, organismos fundamentales para mantener y expandir el derecho del público a la información, la libertad de prensa y de expresión.

Debido a la intervención de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes vienen criticando a la CIDH y a la Relatoría, es indudable que lograron que este tema legítimo de reforma se haya politizado. Debido a ello, sería importante que las reformas no fueran consideradas mientras perdure este clima de represalia, porque en juego están los derechos humanos y la libertad de expresión de cada ciudadano de las Américas, y no solo la de aquellos que simpatizan con los gobiernos del ALBA.

martes, 29 de mayo de 2012

No puede haber apagón informativo

En estos días, en la derruida Grecia otro grupo de ciudadanos decidió ir a huelga para protestar por el descalabro económico. Los periodistas y medios de comunicación practicaron un apagón informativo de 24 horas para reclamar por la malaria que afecta al sector: 35 por ciento de los periodistas no tiene trabajo, los medios impresos han perdido hasta el 80 por ciento de su circulación en algunos casos y necesitan un nuevo convenio colectivo de trabajo que asegure sueldos dignos.

El apagón duró un día y ni siquiera las páginas de internet de los sitios más importantes, así como la radio, la televisión y las agencias de noticias produjeron noticias.

Realmente un escándalo de proporciones para el gremio, que no puede justificarse. Los periodistas, al igual que en otras profesiones de impacto social, tienen responsabilidades que no pueden desatender, del mismo modo que los médicos y trabajadores sanitarios no pueden dejar de operar un hospital, al menos con los elementos mínimos para atender emergencias. La información periodística es un elemento indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad y su democracia; y el que no haya habido siquiera información de “emergencia” para los ciudadanos, implica que al periodismo le ha faltado estar a la altura de su responsabilidad ética.

Un apagón informativo general por 24 horas lo practicó el periodismo colombiano en 1986 para protestar contra el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y contra toda la violencia desplegada por el narcotráfico. Aquella fue una posición más defendible que esta de los griegos, aunque tampoco se puede justificar del todo. Digo que fue más defendible ya que lo que se buscó en el caso colombiano fue crear mayor conciencia sobre la violencia que afectaba a todo el país, mientras que en Grecia sólo se pidió por derechos y privilegios para el sector.

Esto no quiere decir que los periodistas y medios griegos no tengan el derecho a manifestarse o hacer huelgas, solo que no todos pueden ejercer ese derecho al unísono.