viernes, 16 de diciembre de 2011

El engaño autoritario de la Celac


Las principales causas del deterioro de la democracia y de la calidad de vida en Latinoamérica, son la inseguridad pública, la corrupción, la subordinación de la justicia, el fraude electoral y las violaciones a la libertad de prensa y de expresión. Sorpresivamente, ninguna de estas fue abordada en los 40 puntos de la Declaración de Caracas, documento fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), aprobado por los presidentes de la región.

Lejos de las necesidades y pesares de los ciudadanos, la Declaración promulgada el fin de semana pasado en Caracas, puso énfasis en la política ideológica del anfitrión y mentor de la nueva sociedad, Hugo Chávez, y de una orquesta de socios que tampoco se caracteriza por sus prácticas democráticas, como Rafael Correa, Raúl Castro y Daniel Ortega.

El documento constitutivo de Celac suena como una canción de protesta de Calle 13. En la flamante Comunidad, en lugar de discutirse sobre temas que realmente conectan a la gente con sus gobernantes; transparencia y anticorrupción, inseguridad y salud, empleos y comercio, innovación y tecnología, se habló sobre autodeterminación de los pueblos y el principio de no injerencia, características de un discurso politizado y resentido, que nos retrotrae a la década de los 70 y la Guerra Fría.

Descompasados con la actualidad, los principios esbozados no tuvieron la intención de integrar a la región económicamente y blindarla de colonialismos pasados como vendieron los discursos. Más bien, pareció que los gobiernos más autoritarios crearon su propia coraza para impedir que en sus países se supervise el cumplimiento de los derechos humanos, acción que universalizó la Convención de Viena de 1969, por encima del derecho interno y de la Constitución de cada país.

No es casualidad que los mayores deudores con los derechos humanos, Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua fueran los más estentóreos en esta Cumbre. 

De esta forma, Chávez y Correa – sin el contrapeso que otrora ejercían presidentes de la vereda de enfrente como Alvaro Uribe, Alan García, Oscar Arias o Vicente Fox - se sintieron a sus anchas, más libres y arrogantes para pedir el reemplazo de la Organización de Estados Americanos por la Celac, para criticar el método de protección de derechos humanos reconocido como el más funcional del mundo, con su Comisión y Corte interamericanas, y para reprender a los medios de comunicación privados, a los que le atribuyen propiedades anti bolivarianas y un poder fáctico, causante del “gravísimo problema planetario”.

La Celac nació con muchas contradicciones. No solo excluyó a dos de los socios comerciales, militares y de mayor influencia en la región y el mundo, como EE.UU. y Canadá, sino que incorporó a la mesa a Raúl Castro en el mismo momento que en su país se reprimía brutalmente a los disidentes y a Daniel Ortega, quien ganó su tercer mandato pese a una reelección prohibida por la Constitución, y desoyendo a veedores de la OEA y la Unión Europea que denunciaron fraude en el proceso electoral.

En realidad, si de alguna integración se puede hablar, es que en la Celac se mezclaron sistemas democráticos, autoritarios y dictatoriales, incluyendo a varios pequeños países caribeños angloparlantes, sumisos y silenciados por los petrodólares de Chávez. Lo más penoso, empero, es que esa composición se legitimó con la venia y los aplausos de Dilma Rousseff, Juan Manuel Santos, Felipe Calderón y Sebastián Piñera, quienes no deberían tragarse aquello de que la autodeterminación y la soberanía pesan más que la democracia.

La Declaración de Caracas que tuvo la misión de demostrarle al mundo en crisis económica, los beneficios de la integración regional; sin embargo, solo sirvió para fortalecer el discurso político de las “revoluciones ciudadanas”, que a diferencia de las sociales como las de países árabes, en las de América Latina es solo una careta para que los gobiernos tomen el poder absoluto.

La Celac no es genuina, sino retórica y pura cháchara. Servirá para fundir en bronce a líderes ficticios, como antes el Unasur hizo con Néstor Kirchner. Por su composición ideológica no tendrá larga vida, durará tanto como duren los gobiernos que la incentivaron.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Cristina se burló de nuevo de la prensa


Confiada en la nueva integración oficialista de la Cámara de Diputados y adoptando una de sus primeras medidas como flamante presidenta reelegida, Cristina Kirchner renovó su actitud revanchista y sus represalias contra la prensa argentina.

Volvió al ataque en este diciembre segura de que conseguirá que sus diputados y senadores kirchneristas le darán las herramientas necesarias para que el Estado (mejor dicho su gobierno) pueda expropiar la fábrica de Papel Prensa, que el Estado tiene en propiedad con los diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires.

El dictamen que se aprobó esta semana entre cinco comisiones de la Cámara de Diputados y que busca convertirse en ley antes del fin de semana, es la de que el papel para periódicos sea declarado de “interés nacional”. Las excusas del oficialismo son burdas, justificando que los periódicos del país deben tener igualdad de condiciones para acceder al papel, lo que hasta ahora es así, ya que no hay desabastecimiento y los diarios pueden comprar este insumo en el extranjero a mejores precios.

En realidad, la pretensión de Cristina es quedarse con la fábrica de papel muy pronto para desbancar a los dos medios que su gobierno más odia en el país. Algunos diarios en el país no están del todo en contra de la futura ley y si bien algunos gritan a favor de la ley otros miran para el costado. Es que en el pasado, Papel Prensa solía discriminar con precios y cuotas a los demás diarios, muchos de ellos en el interior del país.

Como quiera que sea, no sólo es una época distinta ahora donde no se percibe ninguna medida discriminatoria, sino que además no se entiende ese resentimiento infundado e incomprensible, toda vez que se puede observar claramente que la medida del gobierno es una burda maniobra para controlar a Clarín y La Nación, pero que en el futuro será un instrumento que potencialmente podrá ser usado en contra de cualquiera o contra todos los periódicos que el gobierno considere que lo critica en demasía o no se amoldan a la línea oficial.

Con esta ley cuyo dictamen aprobado esta semana, permite controlar a través del Ministerio de Economía regular los precios, la comercialización y la producción de papel periódico, todos los argentinos verán cómo quedará reducido su derecho a la libertad de prensa en el futuro próximo.

El peligroso Correa contra la CIDH


El presidente ecuatoriano Rafael Correa se la tiene jurada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en especial, a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, a cargo de la ex jueza colombiana, Catalina Botero.

Correa juró que destruiría a la Relatoría después de que no tuvieron eco sus palabras durante la Cumbre de la Celac en Caracas, donde pidió que ese organismo – incluida toda la OEA y la CIDH – debería desaparecer y crearse un nuevo sistema. El enojo de Correa tiene sus razones. Su desprecio por el sistema de protección de derechos humanos nació luego de que periodistas y activistas de los DD.HH, viajaran desde Ecuador a Washington para denunciar en una de la sesiones ordinarias, los atropellos que están sufriendo de parte del gobierno ecuatoriano; y porque la relatoría estaría a punto de otrogar medidas cautelares a los periodistas y activistas que se sienten perseguidos.

Esta semana, en varias sesiones de la OEA, los funcionarios correístas insisten en que la Relatoría no debe existir y están ganando la batalla, especialmente porque se trata de una guerra que a los otros estados los mantiene en la indiferencia y nadie sabe cuáles son realmente las motivaciones de Correa. Peligrosamente creen que lo de Correa tiene bases sólidas, sin considerar que se trata de una lucha meramente personal, fundamentada en el odio y las mismas represalias que ha dirigido contra quienes osan criticarlo u opinar diferente a él. Creen que Correa tiene razón de que la Relatoría no debería expresarse sobre ningún caso en curso, como es el juicio contra el diario El Universo y sus directivos. Pero si eso fuera así, uno se pregunta entonces ¿para qué servirían las medidas cautelares con las que se trata de defender los derechos humanos que una persona considera se le han pisoteado?

Si Correa logra salir con la suya ante la indiferencia de varios estados que no entienden o miran de reojo sin ver las consecuencias, se dará el golpe más duro contra la garantía de protección de los derechos humanos contra todos los ciudadanos americanos.

domingo, 11 de diciembre de 2011

Periodistas encarcelados


Un informe reciente del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, siglas en inglés) reportó que las represalias carcelarias contra periodistas en todo el mundo ha crecido este año, elevándose el número a 179, entre reporteros, fotógrafos y periodistas.

El informe remarca que por primera vez en años no hay periodistas presos en el hemisferio occidental, y que la mayoría se encuentra en Irán donde se ha recrudecido la censura gubernamental. También se pone énfasis que en este 2011 hay un 20% más de encarcelados comparado al período anterior.

Los países con mayor cantidad de periodistas en prisión son: Irán con 42;  Eritrea, 28; China, 27; Birmania, 12; y Vietnam, Siria y Turquía con 8 cada uno.

El CPJ considera que Irán es “la gran cárcel de la prensa”, mientras que en China “el Gobierno ha reprimido sin piedad a los directores y redactores que han intentado dar voz a los tibetanos y los uigures”.

El informe señala que 86 periodistas internautas estaban tras las rejas hasta el 1 de diciembre, 51 eran de publicaciones impresas y los demás trabajaban en radio, televisión y creando documentales. De los 179 periodistas encarcelados, el 45% son free-lancers o independientes.