El engaño autoritario de la Celac

Las principales causas del deterioro de la democracia y de la calidad de vida en Latinoamérica, son la inseguridad pública, la corrupción, la subordinación de la justicia, el fraude electoral y las violaciones a la libertad de prensa y de expresión. Sorpresivamente, ninguna de estas fue abordada en los 40 puntos de la Declaración de Caracas, documento fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), aprobado por los presidentes de la región.

Lejos de las necesidades y pesares de los ciudadanos, la Declaración promulgada el fin de semana pasado en Caracas, puso énfasis en la política ideológica del anfitrión y mentor de la nueva sociedad, Hugo Chávez, y de una orquesta de socios que tampoco se caracteriza por sus prácticas democráticas, como Rafael Correa, Raúl Castro y Daniel Ortega.

El documento constitutivo de Celac suena como una canción de protesta de Calle 13. En la flamante Comunidad, en lugar de discutirse sobre temas que realmente conectan a la gente con sus gobernantes; transparencia y anticorrupción, inseguridad y salud, empleos y comercio, innovación y tecnología, se habló sobre autodeterminación de los pueblos y el principio de no injerencia, características de un discurso politizado y resentido, que nos retrotrae a la década de los 70 y la Guerra Fría.

Descompasados con la actualidad, los principios esbozados no tuvieron la intención de integrar a la región económicamente y blindarla de colonialismos pasados como vendieron los discursos. Más bien, pareció que los gobiernos más autoritarios crearon su propia coraza para impedir que en sus países se supervise el cumplimiento de los derechos humanos, acción que universalizó la Convención de Viena de 1969, por encima del derecho interno y de la Constitución de cada país.

No es casualidad que los mayores deudores con los derechos humanos, Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua fueran los más estentóreos en esta Cumbre. 

De esta forma, Chávez y Correa – sin el contrapeso que otrora ejercían presidentes de la vereda de enfrente como Alvaro Uribe, Alan García, Oscar Arias o Vicente Fox - se sintieron a sus anchas, más libres y arrogantes para pedir el reemplazo de la Organización de Estados Americanos por la Celac, para criticar el método de protección de derechos humanos reconocido como el más funcional del mundo, con su Comisión y Corte interamericanas, y para reprender a los medios de comunicación privados, a los que le atribuyen propiedades anti bolivarianas y un poder fáctico, causante del “gravísimo problema planetario”.

La Celac nació con muchas contradicciones. No solo excluyó a dos de los socios comerciales, militares y de mayor influencia en la región y el mundo, como EE.UU. y Canadá, sino que incorporó a la mesa a Raúl Castro en el mismo momento que en su país se reprimía brutalmente a los disidentes y a Daniel Ortega, quien ganó su tercer mandato pese a una reelección prohibida por la Constitución, y desoyendo a veedores de la OEA y la Unión Europea que denunciaron fraude en el proceso electoral.

En realidad, si de alguna integración se puede hablar, es que en la Celac se mezclaron sistemas democráticos, autoritarios y dictatoriales, incluyendo a varios pequeños países caribeños angloparlantes, sumisos y silenciados por los petrodólares de Chávez. Lo más penoso, empero, es que esa composición se legitimó con la venia y los aplausos de Dilma Rousseff, Juan Manuel Santos, Felipe Calderón y Sebastián Piñera, quienes no deberían tragarse aquello de que la autodeterminación y la soberanía pesan más que la democracia.

La Declaración de Caracas que tuvo la misión de demostrarle al mundo en crisis económica, los beneficios de la integración regional; sin embargo, solo sirvió para fortalecer el discurso político de las “revoluciones ciudadanas”, que a diferencia de las sociales como las de países árabes, en las de América Latina es solo una careta para que los gobiernos tomen el poder absoluto.

La Celac no es genuina, sino retórica y pura cháchara. Servirá para fundir en bronce a líderes ficticios, como antes el Unasur hizo con Néstor Kirchner. Por su composición ideológica no tendrá larga vida, durará tanto como duren los gobiernos que la incentivaron.

Propaganda y autoritarismo

Los métodos de propaganda de algunos gobiernos populistas latinoamericanos no difieren mucho de los del pasado nazista, comunista o fascista; tal vez son más sutiles pero conllevan la misma intención: desacreditar y neutralizar al adversario, al tiempo de halagar y manipular a las mayorías a cambio de su apoyo y obediencia debida.
Los gobiernos de Argentina, Ecuador y Venezuela, tienen una maquinaria propagandística bien aceitada para estos propósitos, y al igual que los regímenes autoritarios de otrora, coinciden en su intención de domesticar o destruir a la disidencia y, en especial, a la prensa independiente, a la que consideran de oposición.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa puso a prueba esta estrategia jugando su propia Copa del Mundo. En los horarios de mayor sintonía durante el Mundial, gastó una millonada en una campaña de propaganda televisiva bajo el lema “La libertad de expresión ya es de todos; la revolución ciudadana está en marcha”, acusando a los medios en general de mentir, fomentar la violencia, desestabilizar al gobierno y ejercer el periodismo con el único fin de ganar dinero.
Con un estilo inconfundiblemente cínico, Correa siempre asume una postura de confrontación y revanchismo con los medios tratando de restarles credibilidad y blindándose ante denuncias e investigaciones sobre corrupción y opiniones críticas, que la prensa, debido a su función social, está obligada a formular. Más aún, así como el gobierno argentino, como férreo impulsor de una Ley de Comunicación que dará al Estado amplios poderes sobre los medios, Correa se desnuda, mostrando su real aversión por el periodismo y la crítica libres.
En Argentina el gobierno del matrimonio Kirchner es aún más directo y sin tapujos a la hora de confrontar con la prensa, hasta incentivó escraches públicos y “juicios éticos” en las plazas, como en la primera época del chavismo venezolano, para incriminar públicamente a periodistas por golpistas y desestabilizadores.
Cada vez que se denuncian actos de corrupción, los medios sufren ataques, desde inspecciones impositivas hasta complots contra sus sistemas de distribución y la fabricación de papel, sus periodistas son espiados y los familiares perseguidos. El reciente escándalo sobre la “embajada paralela” entre Buenos Aires y Caracas con la que se escondían negociados y sobornos a espaldas de la Cancillería, desembocó en la renuncia del canciller Jorge Taiana, a quien la presidenta Cristina de Kirchner le recriminó ser el único funcionario al que “la prensa no le pega”, designando en su lugar a Héctor Timerman, quien de inmediato desvió la atención de las denuncias periodísticas, atribuyendo “conspiraciones mediáticas”.
Así como en Ecuador y Argentina, en Venezuela, no estar en el halo protector del gobierno, ya sea en medios amigos o estatales, implica ser vulnerable a vejámenes y discriminación. De ello es consciente, el directivo de Globovisión, Guillermo Zuloaga, que salió del país para evitar el “enjuiciamiento” del presidente Hugo Chávez, quien en arengas públicas lo acusó por distintos delitos, entre ellos, de desestabilizar la democracia; señaló la cárcel en el que lo hospedarían, anunció que expropiaría Globovisión; todo eso, sin la intervención de jueces, lo que demuestra procesos indebidos y justicia sin independencia.
El problema es que a veces, los medios suelen actuar en forma contestataria y se olvidan de hacer periodismo, convirtiéndose en actores políticos o simples propaladores de opiniones y denuncias, exponiéndose en la arena como oposición o adversarios partidarios, como también sucedió en Guatemala a principios de este mes, cuando el presidente Alvaro Colom acusó a periodistas, en espacios pagados, de atentar contra la democracia.
Pero aún así, esa actitud poco cuidada de muchos medios no debería servirle de justificativo a los gobiernos para descalificarlos, ya que su deber natural en democracia es protegerlos. Cuando no existe esa protección de la libertad de prensa, lo que el público no comprende, es que tarde o temprano, se empiezan a reducir los demás espacios de libertad.
Por ello, la mejor contribución de los medios para desenmascarar el autoritarismo gubernamental, no es replicar opiniones o manejar los mismos hilos de la propaganda política, sino hacer lo que mejor hacen: buen periodismo; es decir, fiscalizar mediante la investigación, corroborar hechos, denunciar la corrupción, y desafiar al gobierno y al público con sus posturas editoriales.