Qué poca memoria tenemos en América Latina y ahora tiene el gobierno colombiano, cuyo vicepresidente, Angelino Garzón, a nombre del presidente Juan Manuel Santos, a su arribo a La Habana envió un saludo a Fidel Castro de quien dijo es el “amigo de la paz en Colombia”.
Parece que se trata de un título honorífico que seguro que Salvador Dalí se lo podría atribuir al surrealismo mágico latinoamericano (no confundir con el realismo mágico de Gabo que va por otra dirección) y que seguro pondrán en sus vidrieras decenas de miles de familias víctimas y más de cien mil desplazados por obra y gracia de las atrocidades cometidas por las narco guerrillas del ELN y de las FARC, y de miles de familiares de los policías y militares asesinados que prestan servicios al pueblo de Colombia y su democracia.
Faltaría que el gobierno colombiano ahora considere nominar a Fidel Castro al Nobel de la Paz. A esta altura de las circunstancias, todo sería posible.
viernes, 14 de octubre de 2011
jueves, 13 de octubre de 2011
Rousseff debe asumir su responsabilidad
Brasil insiste en pasar de potencia económica a líder hemisférico. Su voz está presente en todos los foros, ya sea pidiendo un escaño permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU o apoyando a Europa en sus maniobras para sortear la crisis económica, como ofreció esta semana la presidenta Dilma Rousseff.
Brasil es el único país americano, a excepción de EE.UU., con las características requeridas para ser líder: Tamaño, población, PBI y respeto internacional. Pero para liderar no solo debe pretenderlo, sino asumirlo. Tiene que meterse en asuntos no tan simpáticos, perder el miedo a tomar acciones que polarizan y sobre todo debe, bajo el principio de la universalidad, denunciar los atropellos sistemáticos de los derechos humanos, así ocurran en Cuba como en China.
Bien o mal, el ex presidente Lula da Silva asumió acciones de este tipo. Convencido de que algo malo había sucedido en Honduras, dio refugio al ex mandatario Manuel Zelaya en su embajada de Tegucigalpa y cabildeó para que Honduras fuera expulsada de la OEA.
Ahora es la presidenta Dilma Rousseff quien tiene en sus manos una oportunidad inmejorable para asumir el liderazgo. Si Brasil denuncia y reclama al régimen de Cuba por las violaciones actuales a los derechos humanos, no solo reivindicará la sed de libertad del pueblo cubano, sino que romperá la parsimonia timorata de sus pares latinoamericanos, que sucumben a la propaganda castrista – y del presidente venezolano Hugo Chávez – sobre que los principios de soberanía y no intervención, les impiden inmiscuirse en asuntos internos para denunciar los abusos.
Esa inmunidad, permite a los hermanos Raúl y Fidel Castro seguir aplastando las libertades. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció que en setiembre las autoridades detuvieron a 563 personas por motivos políticos, más del doble de las detenciones que se registraron en cada uno de los meses anteriores del año y la cifra más alta de las últimas tres décadas. Corroboran esta tendencia los informes de los últimos dos años, tanto de Amnistía Internacional como de Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa, que demuestran que la situación de los derechos humanos y el clima de libertad de expresión, lejos de mejorar, continúan deteriorándose.
Lo más extraño es la doble moral de la mayoría de gobiernos de la región, que esquiva denunciar a la dictadura cubana, aunque hayan ensalzado a los recientes movimientos populares democráticos en los países árabes. Cuba y Venezuela vienen comprando ese silencio a base de petróleo más barato, insultos diplomáticos y estrategias propagandísticas. La más urdida fue la de hace dos años, cuando Chávez cabildeó para que Cuba sea readmitida en la OEA y logró la aprobación de la asamblea. Enseguida, Fidel Castro desairó a todos y despotricó contra el organismo “prestado a los intereses del imperio”. En realidad, nadie comió el anzuelo. La reinserción, equivalía a que su gobierno debía asumir responsabilidades en materia de democracia y derechos humanos, aspectos que desprecia.
Los estados latinoamericanos no deberían estar tranquilos ni sentirse exonerados de exigir responsabilidades al régimen. Aunque Cuba no se someta a la Carta Democrática Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Viena de 1969 establece el vigor de tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por encima de disposiciones de su derecho interno y de su Constitución, lo cual la hace igualmente responsable ante el universo, por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, como muchos que parecen cometerse en ese país.
Si se examinan las agresiones que las turbas gubernamentales provocaron contra las Damas de Blanco en las últimas semanas, los arrestos continuos de disidentes, las trabas a la circulación de personas en el territorio nacional y a la libertad de expresión, se podrá advertir la mano de las autoridades detrás de todas esas transgresiones.
Ni Cuba ni cualquier otro Estado pueden escudarse detrás de los principios de soberanía y no intervención. Ya nadie tiene excusas. Pero algunos países, por su potencial, como Brasil, tienen mayores responsabilidades y deberían asumirlas.
Brasil es el único país americano, a excepción de EE.UU., con las características requeridas para ser líder: Tamaño, población, PBI y respeto internacional. Pero para liderar no solo debe pretenderlo, sino asumirlo. Tiene que meterse en asuntos no tan simpáticos, perder el miedo a tomar acciones que polarizan y sobre todo debe, bajo el principio de la universalidad, denunciar los atropellos sistemáticos de los derechos humanos, así ocurran en Cuba como en China.
Bien o mal, el ex presidente Lula da Silva asumió acciones de este tipo. Convencido de que algo malo había sucedido en Honduras, dio refugio al ex mandatario Manuel Zelaya en su embajada de Tegucigalpa y cabildeó para que Honduras fuera expulsada de la OEA.
Ahora es la presidenta Dilma Rousseff quien tiene en sus manos una oportunidad inmejorable para asumir el liderazgo. Si Brasil denuncia y reclama al régimen de Cuba por las violaciones actuales a los derechos humanos, no solo reivindicará la sed de libertad del pueblo cubano, sino que romperá la parsimonia timorata de sus pares latinoamericanos, que sucumben a la propaganda castrista – y del presidente venezolano Hugo Chávez – sobre que los principios de soberanía y no intervención, les impiden inmiscuirse en asuntos internos para denunciar los abusos.
Esa inmunidad, permite a los hermanos Raúl y Fidel Castro seguir aplastando las libertades. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció que en setiembre las autoridades detuvieron a 563 personas por motivos políticos, más del doble de las detenciones que se registraron en cada uno de los meses anteriores del año y la cifra más alta de las últimas tres décadas. Corroboran esta tendencia los informes de los últimos dos años, tanto de Amnistía Internacional como de Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa, que demuestran que la situación de los derechos humanos y el clima de libertad de expresión, lejos de mejorar, continúan deteriorándose.
Lo más extraño es la doble moral de la mayoría de gobiernos de la región, que esquiva denunciar a la dictadura cubana, aunque hayan ensalzado a los recientes movimientos populares democráticos en los países árabes. Cuba y Venezuela vienen comprando ese silencio a base de petróleo más barato, insultos diplomáticos y estrategias propagandísticas. La más urdida fue la de hace dos años, cuando Chávez cabildeó para que Cuba sea readmitida en la OEA y logró la aprobación de la asamblea. Enseguida, Fidel Castro desairó a todos y despotricó contra el organismo “prestado a los intereses del imperio”. En realidad, nadie comió el anzuelo. La reinserción, equivalía a que su gobierno debía asumir responsabilidades en materia de democracia y derechos humanos, aspectos que desprecia.
Los estados latinoamericanos no deberían estar tranquilos ni sentirse exonerados de exigir responsabilidades al régimen. Aunque Cuba no se someta a la Carta Democrática Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Viena de 1969 establece el vigor de tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por encima de disposiciones de su derecho interno y de su Constitución, lo cual la hace igualmente responsable ante el universo, por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, como muchos que parecen cometerse en ese país.
Si se examinan las agresiones que las turbas gubernamentales provocaron contra las Damas de Blanco en las últimas semanas, los arrestos continuos de disidentes, las trabas a la circulación de personas en el territorio nacional y a la libertad de expresión, se podrá advertir la mano de las autoridades detrás de todas esas transgresiones.
Ni Cuba ni cualquier otro Estado pueden escudarse detrás de los principios de soberanía y no intervención. Ya nadie tiene excusas. Pero algunos países, por su potencial, como Brasil, tienen mayores responsabilidades y deberían asumirlas.
miércoles, 12 de octubre de 2011
Chávez: Esperada "no injerencia"
Como era de esperar el gobierno de Hugo Chávez rechazó las 38 recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destinadas a fortalecer los derechos humanos en Venezuela, bajo la consideración de que se trató de una estrategia injerencista en los asuntos internos venezolanos de parte de los países imperialistas como son EE.UU y los de la Comunidad Europea, según dijo el viceministro de Asuntos Exteriores venezolano, Temir Porras.
Se esperaba tanto el rechazo de Venezuela como las recomendaciones que se harían, ya que desde hace una década que el gobierno de Chávez sigue violando muchas de las normas establecidas en los tratados internacionales, entre ellas la necesidad de que el Poder Judicial sea independiente, que se permita la supervisión de organismos de derechos humanos y que no se penalice ni castigue a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación por ejercer la libertad de expresión y de prensa.
Entre los puntos más importantes, se pidió a Venezuela que cumpla con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones de la Comisión homónima, teniendo en cuenta que Caracas suele incumplirlas, como fue la última decisión de la Corte que falló en contra de la inhabilitación al político de oposición, Leopoldo López.
Las recomendaciones también pedían que se revisara la ley de Partidos Políticos, Reunión Públicas y Manifestaciones, que se despenalizaran los delitos de difamación para la tarea periodística y para que se eliminen los delitos de desacato y vilipendio de los códigos Penal y Militar, además de que se eviten los abusos de autoridad de parte de las fuerzas de seguridad.
En materia judicial, según las recomendaciones presentadas durante la reunión del EPU en Ginebra por Inglaterra, pedían “garantizar procedimientos abiertos y transparentes basados en el mérito” para elegir a jueces y fiscales, y la de Israel de dejar “utilizar el sistema judicial para silenciar a los críticos con el Gobierno”, de acuerdo a un cable de la agencia Efe.
En materia de derechos humanos, Israel instó a “terminar con la cultura de la impunidad que rodean a casos de represalias contra disidentes y ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas”. Francia pidió que se genere “un entorno que permita trabajar con libertad” a los activistas de derechos humanos y de “luchar contra la impunidad” de quienes les acosan y agreden. Y Canadá solicitó que “se permita el acceso a la financiación internacional, de manera que los defensores de los derechos humanos puedan seguir llevando a cabo su trabajo legítimo”.
Se esperaba tanto el rechazo de Venezuela como las recomendaciones que se harían, ya que desde hace una década que el gobierno de Chávez sigue violando muchas de las normas establecidas en los tratados internacionales, entre ellas la necesidad de que el Poder Judicial sea independiente, que se permita la supervisión de organismos de derechos humanos y que no se penalice ni castigue a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación por ejercer la libertad de expresión y de prensa.
Entre los puntos más importantes, se pidió a Venezuela que cumpla con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones de la Comisión homónima, teniendo en cuenta que Caracas suele incumplirlas, como fue la última decisión de la Corte que falló en contra de la inhabilitación al político de oposición, Leopoldo López.
Las recomendaciones también pedían que se revisara la ley de Partidos Políticos, Reunión Públicas y Manifestaciones, que se despenalizaran los delitos de difamación para la tarea periodística y para que se eliminen los delitos de desacato y vilipendio de los códigos Penal y Militar, además de que se eviten los abusos de autoridad de parte de las fuerzas de seguridad.
En materia judicial, según las recomendaciones presentadas durante la reunión del EPU en Ginebra por Inglaterra, pedían “garantizar procedimientos abiertos y transparentes basados en el mérito” para elegir a jueces y fiscales, y la de Israel de dejar “utilizar el sistema judicial para silenciar a los críticos con el Gobierno”, de acuerdo a un cable de la agencia Efe.
En materia de derechos humanos, Israel instó a “terminar con la cultura de la impunidad que rodean a casos de represalias contra disidentes y ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas”. Francia pidió que se genere “un entorno que permita trabajar con libertad” a los activistas de derechos humanos y de “luchar contra la impunidad” de quienes les acosan y agreden. Y Canadá solicitó que “se permita el acceso a la financiación internacional, de manera que los defensores de los derechos humanos puedan seguir llevando a cabo su trabajo legítimo”.
martes, 11 de octubre de 2011
Atentado frustrado; ¿qué interrogantes deja?
El frustrado atentado supuestamente organizado por allegados al gobierno iraní para asesinar al embajador de Arabia Saudita y a las embajadas de su país y de Israel, tanto en Washington como en Buenos Aires, como denunció hoy el ministro de Justicia de EE.UU, Eric Holder, deja algunos interrogantes en América Latina.
El principal, es si el gobierno de Hugo Chávez puede ser respetado después de respaldar al régimen iraní, teniendo en cuenta además que el Poder Judicial y el Ejecutivo de Argentina han responsabilizado a los iraníes, principalmente al ministro actual de Defensa, por los atentados sufridos contra la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires años atrás.
El segundo tema que deja como interrogante es que Los Zetas, narcos mexicanos, no solo vienen incurriendo en materia de crimen organizado, sino también en cuestiones de terrorismo internacional, según se desprende de lo que se ha informado, respecto a que los iraníes, Manssor Arbabsiar y Gholam Shakuri, estaban complotando con integrantes de Los Zetas para que cometieran los atentados a cambio de cifras millonarias. Esto trae a colación, aquellas viejas ideas de ex presidentes latinoamericanos, y de varios líderes, que creen que la mejor respuesta contra el narcotráfico es la legalización de las drogas o, al menos, la de la marihuana.
El atentado que irían a cometer dos iraníes cercanos al Gobierno de ese país, fue frustrado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) , según el gobierno federal. Incluís el asesinato del embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, además de su embajada y la de Israel en Washington, así como en Buenos Aires.
Robert Muller dijo hoy en una conferencia de prensa que Arbabsiar, estadounidense, confeso integrante de la Guardia Revolucionaria Iraní, fue detenido el pasado 29 de septiembre en Nueva York; mientras que Shakuri sigue en libertad de Irán, su país de origen.
Obviamente las quejas del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, no se hicieron esperar. “Es un invento de Estados Unidos”. Por su parte, desde la Casa Blanca se supo que Brack Obama fue informado sobre este tema en junio pasado y que dio luz verde para que se hagan las labores de inteligencia.
El principal, es si el gobierno de Hugo Chávez puede ser respetado después de respaldar al régimen iraní, teniendo en cuenta además que el Poder Judicial y el Ejecutivo de Argentina han responsabilizado a los iraníes, principalmente al ministro actual de Defensa, por los atentados sufridos contra la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires años atrás.
El segundo tema que deja como interrogante es que Los Zetas, narcos mexicanos, no solo vienen incurriendo en materia de crimen organizado, sino también en cuestiones de terrorismo internacional, según se desprende de lo que se ha informado, respecto a que los iraníes, Manssor Arbabsiar y Gholam Shakuri, estaban complotando con integrantes de Los Zetas para que cometieran los atentados a cambio de cifras millonarias. Esto trae a colación, aquellas viejas ideas de ex presidentes latinoamericanos, y de varios líderes, que creen que la mejor respuesta contra el narcotráfico es la legalización de las drogas o, al menos, la de la marihuana.
El atentado que irían a cometer dos iraníes cercanos al Gobierno de ese país, fue frustrado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) , según el gobierno federal. Incluís el asesinato del embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, además de su embajada y la de Israel en Washington, así como en Buenos Aires.
Robert Muller dijo hoy en una conferencia de prensa que Arbabsiar, estadounidense, confeso integrante de la Guardia Revolucionaria Iraní, fue detenido el pasado 29 de septiembre en Nueva York; mientras que Shakuri sigue en libertad de Irán, su país de origen.
Obviamente las quejas del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, no se hicieron esperar. “Es un invento de Estados Unidos”. Por su parte, desde la Casa Blanca se supo que Brack Obama fue informado sobre este tema en junio pasado y que dio luz verde para que se hagan las labores de inteligencia.
domingo, 9 de octubre de 2011
Chávez recibe mensaje de Rousseff
Hacía falta que Brasil despierte y empiece a asumir su liderazgo en el mundo como realmente pretende. Y para ello es necesario que ponga los puntos sobre las íes, como lo hizo esta semana con Venezuela, alertando sobre las violaciones a los derechos humanos y, entre ellos, las transgresiones a la libertad de prensa y de expresión.
La embajadora brasileña ante las Naciones Unidas, Maria Nazareth Farani Azevedo, dijo que “la garantía de los derechos humanos exige la independencia del poder judicial y la plena libertad de expresión y de prensa”, durante el examen de los derechos humanos en Venezuela. Nadie pudo hacerse el distraído ante esta declaraciones, un claro mensaje de Dilma Rousseff a su colega Hugo Chávez.
Antes de las declaraciones, la embajadora se deshizo en expresar los profundos lazos de amistad que unen a los dos países y lo que ha hecho Chávez para derrotar a la pobreza. Sin embargo, al hablar de los desafíos a futuro (léase desde que asumió Chávez en 1999) se refirió al debido respeto que tiene que haber sobre libertad de prensa y de expresión e independencia del Poder Judicial, y agregó que era necesario que Venezuela deje entrar al país a supervisores de los derechos humanos y crear un plan nacional de derechos humanos como lo solicita la ONU.
Este martes habrá un informe final después del análisis que realiza cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos, que desde el 2006, creó el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) para examinar a los 192 países nucleados en la ONU.
Los funcionarios venezolanos, entre ellos el canciller Maduro, descargaron culpas sobre que hay plena libertad de prensa en el país, plena independencia de poderes y que cualquier recomendación del EPU no puede estar por arriba de lo que establece la Constitución. Es decir, para seguir obviando sus responsabilidades, Chávez quiere seguir ignorando los tratados internacionales de derechos humanos invocando los principios de soberanía y no intervención, lo que no es otra cosa que dejar a Venezuela postrada en el pasado. (Leer blog anterior sobre Brasil y su responsabilidad por Cuba, en el que analizo el principio de internacionalización de los derechos humanos)
La embajadora brasileña ante las Naciones Unidas, Maria Nazareth Farani Azevedo, dijo que “la garantía de los derechos humanos exige la independencia del poder judicial y la plena libertad de expresión y de prensa”, durante el examen de los derechos humanos en Venezuela. Nadie pudo hacerse el distraído ante esta declaraciones, un claro mensaje de Dilma Rousseff a su colega Hugo Chávez.
Antes de las declaraciones, la embajadora se deshizo en expresar los profundos lazos de amistad que unen a los dos países y lo que ha hecho Chávez para derrotar a la pobreza. Sin embargo, al hablar de los desafíos a futuro (léase desde que asumió Chávez en 1999) se refirió al debido respeto que tiene que haber sobre libertad de prensa y de expresión e independencia del Poder Judicial, y agregó que era necesario que Venezuela deje entrar al país a supervisores de los derechos humanos y crear un plan nacional de derechos humanos como lo solicita la ONU.
Este martes habrá un informe final después del análisis que realiza cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos, que desde el 2006, creó el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) para examinar a los 192 países nucleados en la ONU.
Los funcionarios venezolanos, entre ellos el canciller Maduro, descargaron culpas sobre que hay plena libertad de prensa en el país, plena independencia de poderes y que cualquier recomendación del EPU no puede estar por arriba de lo que establece la Constitución. Es decir, para seguir obviando sus responsabilidades, Chávez quiere seguir ignorando los tratados internacionales de derechos humanos invocando los principios de soberanía y no intervención, lo que no es otra cosa que dejar a Venezuela postrada en el pasado. (Leer blog anterior sobre Brasil y su responsabilidad por Cuba, en el que analizo el principio de internacionalización de los derechos humanos)
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