Las justicias de Brasil y
EEUU revolearon la media en el caso Odebrecht y salpicaron a medio mundo. Muchos
son los gobiernos, presidentes y funcionarios en América Latina que fueron embardunados
por los sobornos de la constructora brasileña.
Desde que Marcelo Odebrecht y
77 de sus ejecutivos decidieron confesar y delatar a quienes sobornaron para
ahorrarse unos años de condena, se pronostica un efecto cascada que arrasará
con varios gobiernos de los 12 países donde mantenía su esquema de corrupción para
adjudicarse obras públicas.
Entre tanta podredumbre encubierta,
lo positivo del destape provocado por la Justicia brasileña, es que incentivó la
cooperación judicial internacional, que se compara a lo que EEUU motivó con las
acusaciones en contra de la FIFA, las que ayudaron a barrer gran parte de la
suciedad en el fútbol.
Esta semana en Brasilia se
reunieron fiscales de 15 países para coordinar medidas que les permitan mayor
rapidez y eficiencia para encausar a quienes resulten delatados por las “confesiones
del fin del siglo”, apodo que la prensa le dio a las revelaciones de los 77
ejecutivos, apenas termine el secreto de sumario. Los primeros coletazos concretos
fueron de los fiscales de EEUU. Señalaron esquemas de lavado de dinero,
empresas fantasmas y nombres de quienes fueron favorecidos por la oficina
Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, desde donde se originaban los
sobornos, de los cuales, 320 millones de dólares fueron destinados a las
maquinarias electorales de la región.
Odebrecht ya pagó 3.500
millones a Brasil, Suiza, EEUU, República Dominicana, Perú y Panamá para seguir
operando y pagar el salario a sus 168 mil empleados. Sin embargo, las multas no
exonerarán a nadie. La prueba es que la Fiscalía peruana esta semana ordenó la
captura, recompensa mediante, del ex presidente Alejandro Toledo que habría
embolsado 20 millones de dólares, delito que también se les imputa a sus
colegas Alan García y Ollanta Humala.
El caso peruano, así como
los señalamientos contra el presidente brasileño Michel Temer, su colega, la destituida
Dilma Rousseff y el ido a menos Lula da Silva, hace que gobiernos y ex
dirigentes en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana,
Panamá y Venezuela, pongan sus barbas en remojo.
En los próximos meses se verá a muchos buscando abogados defensores y
a partidos políticos y empresas inventar conspiraciones internacionales para
escudar a los suyos. Lo importante es que la internacionalización de los
delitos permite menos escudos y las justicias locales (al menos las que tienen
cierto grado de independencia) se sentirán más libres y comprometidas para acabar
con la impunidad, el principal escollo que debe superar América Latina, como
señaló Transparencia Internacional en su informe de 2016.
A la impunidad y la
corrupción se le suma el terrorismo y el narcotráfico como los desafíos
importantes de la región. La Justicia de EEUU observó todos esos vicios
reunidos en una sola persona, el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami.
Lo incluyó esta semana en la Lista Kingpin, acusándolo por su “significativo
papel en el narcotráfico internacional”, y trabándole su fortuna de 3 mil
millones de dólares, cientos de ellos invertidos en empresas y edificios en el área
de Miami.
Era previsible que el
presidente Nicolás Maduro terminaría acusando al imperio de entrometerse en la soberanía
nacional. Antes argumentó la misma defensa por sus sobrinos enjuiciados por
narcotráfico ante tribunales de Nueva York y por las acusaciones en el mismo
sentido que la prensa internacional hizo contra Diosdado Cabello, quien lo
secundó en el poder hasta hace poco. Sin mucha credibilidad y apresado en su
propio narcoestado, Maduro esta vez cortó el hilo por lo más delgado. Ordenó
prohibir la señal de CNN en Español, acusando a la cadena de hacer “propaganda
de guerra” imperialista.
