sábado, 18 de febrero de 2017

Odebrecht: Todos salpicados

Las justicias de Brasil y EEUU revolearon la media en el caso Odebrecht y salpicaron a medio mundo. Muchos son los gobiernos, presidentes y funcionarios en América Latina que fueron embardunados por los sobornos de la constructora brasileña.

Desde que Marcelo Odebrecht y 77 de sus ejecutivos decidieron confesar y delatar a quienes sobornaron para ahorrarse unos años de condena, se pronostica un efecto cascada que arrasará con varios gobiernos de los 12 países donde mantenía su esquema de corrupción para adjudicarse obras públicas.

Entre tanta podredumbre encubierta, lo positivo del destape provocado por la Justicia brasileña, es que incentivó la cooperación judicial internacional, que se compara a lo que EEUU motivó con las acusaciones en contra de la FIFA, las que ayudaron a barrer gran parte de la suciedad en el fútbol.

Esta semana en Brasilia se reunieron fiscales de 15 países para coordinar medidas que les permitan mayor rapidez y eficiencia para encausar a quienes resulten delatados por las “confesiones del fin del siglo”, apodo que la prensa le dio a las revelaciones de los 77 ejecutivos, apenas termine el secreto de sumario. Los primeros coletazos concretos fueron de los fiscales de EEUU. Señalaron esquemas de lavado de dinero, empresas fantasmas y nombres de quienes fueron favorecidos por la oficina Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, desde donde se originaban los sobornos, de los cuales, 320 millones de dólares fueron destinados a las maquinarias electorales de la región.

Odebrecht ya pagó 3.500 millones a Brasil, Suiza, EEUU, República Dominicana, Perú y Panamá para seguir operando y pagar el salario a sus 168 mil empleados. Sin embargo, las multas no exonerarán a nadie. La prueba es que la Fiscalía peruana esta semana ordenó la captura, recompensa mediante, del ex presidente Alejandro Toledo que habría embolsado 20 millones de dólares, delito que también se les imputa a sus colegas Alan García y Ollanta Humala.

El caso peruano, así como los señalamientos contra el presidente brasileño Michel Temer, su colega, la destituida Dilma Rousseff y el ido a menos Lula da Silva, hace que gobiernos y ex dirigentes en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana, Panamá y Venezuela, pongan sus barbas en remojo.
En los próximos meses se verá a muchos buscando abogados defensores y a partidos políticos y empresas inventar conspiraciones internacionales para escudar a los suyos. Lo importante es que la internacionalización de los delitos permite menos escudos y las justicias locales (al menos las que tienen cierto grado de independencia) se sentirán más libres y comprometidas para acabar con la impunidad, el principal escollo que debe superar América Latina, como señaló Transparencia Internacional en su informe de 2016.

A la impunidad y la corrupción se le suma el terrorismo y el narcotráfico como los desafíos importantes de la región. La Justicia de EEUU observó todos esos vicios reunidos en una sola persona, el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami. Lo incluyó esta semana en la Lista Kingpin, acusándolo por su “significativo papel en el narcotráfico internacional”, y trabándole su fortuna de 3 mil millones de dólares, cientos de ellos invertidos en empresas y edificios en el área de Miami.

Era previsible que el presidente Nicolás Maduro terminaría acusando al imperio de entrometerse en la soberanía nacional. Antes argumentó la misma defensa por sus sobrinos enjuiciados por narcotráfico ante tribunales de Nueva York y por las acusaciones en el mismo sentido que la prensa internacional hizo contra Diosdado Cabello, quien lo secundó en el poder hasta hace poco. Sin mucha credibilidad y apresado en su propio narcoestado, Maduro esta vez cortó el hilo por lo más delgado. Ordenó prohibir la señal de CNN en Español, acusando a la cadena de hacer “propaganda de guerra” imperialista.

La historia de Odebrecht ojalá ratifique el dicho de que no hay mal que por bien no venga. Es de esperar que el mal producido, sirva para crear buenos antídotos contra la impunidad y la corrupción. Leyes más severas, más independencia y recursos para los sistemas judiciales, sistemas de cooperación internacional y mayor transparencia se hacen herramientas obligatorias. trottiart@gmail.com