Habrá que ver qué tipo de información estará recabando en estos momentos el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respecto a la situación política paraguaya, de la que ya adelantó, es delicada, pero no grave. Lo más relevante de estos últimos días, fue que el nuevo gobierno mostró videos del canciller venezolano, Nicolás Maduro, reunido con militares paraguayos mientras el Congreso debatía sobre el juicio político contra el ex presidente Fernando Lugo, lo que evidenció el grado de injerencia que el gobierno de Hugo Chávez mantiene en la región.
Comparto mi columna del fin de semana, sobre este tema:
La destitución vertiginosa de Fernando Lugo de la presidencia
de Paraguay por “mal desempeño de sus funciones”, resaltó la polémica – y
también las hipocresías - sobre los principios de no injerencia, soberanía y
autodeterminación, que varios gobiernos y organizaciones de la región traslucen
de acuerdo a su tinte ideológico.
La forma en que el Congreso paraguayo destituyó a Lugo
fue para algunos un flagrante golpe de Estado; para otros, se trató en esencia,
de un legítimo juicio político, apegado a Derecho y normas constitucionales. La
falta de violencia y coerción en el proceso, la ausencia de una fuerza armada
activa y que el Presidente aceptara la decisión tranquilamente en su despacho, sin
que se le expulse en helicóptero o pijama, reflejan un panorama muy diferente
al que terminó con Manuel Zelaya en 2010 y en forma momentánea con Hugo Chávez
en 2002.
Lo que caldeó más el ambiente fue la injerencia de
Chávez en el conflicto, a quien se le atribuyen los cambios bruscos de conducta
del ex Obispo católico y ahora ex presidente Lugo. En un santiamén, saltó de “me
someto a la decisión del Congreso”, a denunciar un “quiebre democrático
mediante un golpe parlamentario”; y desde organizar un gabinete paralelo y un
frente para la resistencia, hasta anunciar que será candidato para las
elecciones de abril próximo.
No solo la rareza y rapidez del proceso de destitución
fueron notables, sino también el alto porcentaje de diputados y senadores que
estuvieron en su contra. Por eso huele a excusa que se haya basado en un
episodio de ocupación de tierras donde murieron 11 campesinos y seis policías; porque
casos así en otros países, acaban con ministros y responsables, pero jamás con
presidentes. Lo que sucedió es que a Lugo, así como a Zelaya en Honduras, le
pasaron factura por haber comprometido lealtades al ALBA, en detrimento de los
partidos políticos que lo llevaron al poder.
De ahí que Chávez fuera el primero en acusar recibo, anunciando de inmediato un embargo petrolero contra
Paraguay Es que el presidente sabe bien que los senadores paraguayos, representan
su último escollo - tras la aprobación
de argentinos, brasileños y uruguayos – para que Venezuela entre como socio pleno
al Mercosur.
Si bien la destitución puede calificarse de inapropiada y apresurada, Paraguay
demostró tener instituciones públicas más independientes y equilibradas que
muchos otros países. También evidenció hipocresías ideológicas, ya que los más
resentidos, como Raúl Castro, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa y Chávez,
quienes siempre reclaman contra la injerencia y la autodeterminación, fueron
los que más se entrometieron en este conflicto. El nuevo gobierno de Federico
Franco denunció que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, arengó a los
militares paraguayos para que defendieran a Lugo.
La hipocresía es que muchos de estos gobernantes son los responsables de
consistentes “golpecitos” constitucionales. En sus países se han denunciado
procesos electorales viciados, sometimiento de jueces, hostigamiento contra periodistas
y medios, y servilismo de legisladores que delegan en el Poder Ejecutivo su
función de legislar. El caso más grave fue el autogolpe parlamentario de 2010
en Venezuela, cuando la Asamblea Legislativa, semanas antes de que asumieran
los legisladores de la oposición, le otorgó a Chávez un poder por 18 meses para
que haga leyes a su antojo.
Si fue un golpe o un proceso constitucional, lo de
Paraguay pasará a la historia según la óptica del observador; dudas que hasta calaron
en el área de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la OEA calificó de inaceptable “lo expedito del juicio político”, a
diferencia de la Fundación para los Derechos Humanos, una ONG independiente,
que argumentó que el proceso cumplió con la Carta Democrática Interamericana. Es
probable que la CIDH apresurara su diagnóstico, tratando de neutralizar las críticas
y amenazas de disolución en su contra que lideran los presidentes de Venezuela
y Ecuador.
Lo importante será que pese a las medidas
disciplinarias que adopten las entidades continentales - OEA, Mercosur, Unasur
– los nuevos dirigentes paraguayos demuestren que el juicio político no
afectará de ninguna forma el orden y compromiso democrático.
