viernes, 1 de julio de 2011

Represalias chavistas contra Globovisión


Este jueves pasaron muchas cosas y todas juntas. El presidente Hugo Chávez admitió después de tres semanas de estar internado en La Habana que los rumores que habían ronroneado los medios venezolanos sobre que estaría gravemente enfermo - y por los cuales recibieron reprimendas de ministros y funcionarios por incentivar la desinformación - eran ciertos.

El mismo día que Chávez hizo su anuncio sobre su delicado estado de salud, en el Congreso estadounidense, el departamento de Estado (cancillería) ofrecía un informe a un grupo de senadores, advirtiendo sobre el deterioro de las instituciones y de la libertad de prensa en varios países latinoamericanos, entre ellos, Venezuela principalmente, y también Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Argentina.

Y al mismo tiempo del anuncio de Chávez, que obviamente acaparó la atención de Venezuela y del mundo, Globovisión fue notificada de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le estaba iniciando un séptimo procedimiento administrativo que podría incluir un 10% de sus ingresos brutos en multas y hasta la revocatoria definitiva de su concesión.

La causa, la misma que se la ha seguido contantemente: represalias por su cobertura periodística. En este caso, Conatel aduce que Globovisión tuvo varias faltas de equilibrio periodístico al cubrir el conflicto carcelario de El Rodeo donde murieron varios reos. Se le acusa a Globovisión de entrevistar a parte y no a todos los familiares de los reos afuera de la penitenciaria.

Globovisión pende de un hilo ante la represalias del gobierno. Y no es casualidad que las acciones se escuden detrás de otros hechos de mayor relevancia informativa, como es el caso de la enfermedad y su anuncio. Esta ha sido una constante del régimen.

miércoles, 29 de junio de 2011

Propaganda y manipulación informativa


La emisión descontrolada de propaganda gubernamental en varios países latinoamericanos, disminuye la calidad de la información que consumen los ciudadanos y contribuye a reducir los niveles de democracia.

En los últimos meses, varios gobiernos se han desbocado, comprando y creando medios propios y agencias de noticias o gastando sumas siderales en publicidad, para defender y promover sus intereses partidarios. En contrapartida, no existe una cultura que promueva la creación de medios públicos y autónomos que estén obligados a hacer periodismo equilibrado, a exigir transparencia y a servir como fiscalizadores de sus gobiernos - jefes.

El problema lejos de disminuir está en expansión. A principios de junio se creó la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias estatales (ULAN), compuesta por nueve entidades nacionales oficiales: Telam (Argentina), ABI (Bolivia), AB (Brasil), Prensa Latina (Cuba), Andes (Ecuador), AGN (Guatemala), Notimex (México), IP (Paraguay), y AVN (Venezuela).

No preocupa su legítima alianza, pero sí saber que en su historia y modo de operar, las agencias estatales noticiosas en América Latina, siempre fueron usadas como brazos operativos de gobiernos. La inspiración detrás de la creación de la ULAN desenmascara que nada cambiará. Está imbuida de la acostumbrada cháchara de confrontación contra los medios independientes, a los que se acusa de todo mal, bajo las ideas que pregonan los presidentes Evo Morales, Hugo Chávez o Rafael Correa. Irrita que la ULAN no haya nacido para promover mejor periodismo profesional, sino para “enfrentar el cerco mediático”, “romper la hegemonía de las trasnacionales de la comunicación” e “incidir en la batalla de ideas”.

Las mismas actitudes propagandísticas son las que se utilizan para manipular información o transferir responsabilidades. Sirve al gobierno de Venezuela para culpar a los medios privados por los muertos en los motines carcelarios o por los rumores sobre el estado de salud de Chávez; así como en Argentina, para acusar a los medios de incentivar la polémica sobre la disparidad sustancial que existe entre los índices de inflación que reporta el gobierno y el que miden entidades privadas.

En muchos países, los gobiernos compran medios no solo para promover sus gestiones, sino para amedrentar a opositores y críticos. El ejemplo más reciente es el del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Desoyendo denuncias sobre corrupción y nepotismo, inauguró el 13 de junio el nuevo Canal 10, entregando su licencia operativa y manejo a tres de sus hijos. Durante su gobierno, también con fondos públicos, su familia se apropió de los canales 8 y 4, y de docenas de radios en todo el país.

No todo son malas noticias. En El Salvador, la semana pasada el gobierno del presidente de izquierda Mauricio Funes, con el apoyo del Banco Mundial, anunció que dará mayor autonomía a los medios estatales como Radio Nacional y Canal 10, convirtiéndolos en empresas públicas y autónomas. Se pretende acabar con el “sometimiento de los medios a intereses políticos de los gobiernos de turno”, y evitar épocas pasadas en que sirvieron para legitimar golpes de Estado, imponer censuras y hacer propaganda.

Bajo esa óptica, la ULAN, debiendo ser más leal a los contribuyentes, los verdaderos dueños de las agencias estatales de noticias, pudo haber trazado objetivos más profesionales que de propaganda. Como por ejemplo, capacitación de periodistas, intercambio de información y experiencias para reducir costos, mejora de servicios a clientes, y debatir sobre las ventajas de transformar medios estales en públicos, para el beneficio de la democracia.

La historia ha demostrado que cuando menos controles tiene y más desbocada es la propaganda gubernamental, menores son las chances de éxito de las democracias. Los europeos aprendieron bien la lección. Después de las devastadoras campañas de propaganda nazi y fascista, se dieron a la tarea de crear medios públicos, alejados de injerencias gubernamentales y con altos estándares de calidad informativa.

Esas experiencias deberían servir de lección. Sin embargo, descompasada con los tiempos democráticos, una de las primeras medidas anunciadas por la ULAN para julio, es que capacitará a periodistas de sus agencias en Cuba. Vaya ironía, considerando que la dictadura comunista lleva más de 50 años vanagloriándose de su capacidad para hacer propaganda.

Humala y la libertad de prensa


MMMMmmmmmmmmm!!!!  Ojalá que Ollanta Humala no se desvié de sus promesas de campaña sobre garantizar la libertad de prensa después de que asuma el 28 de julio la silla presidencial en Perú. Durante el proceso electoral que culminó el 5 de junio venciendo a Keiko Fujimori, Humala, para coronar su victoria, tuvo que prometer que no dictaría normas que signifiquen censura contra la prensa, así como que no estatizaría empresas y dejaría en el pasado sus sueños nacionalistas chavistas para abrazar el progreso de las políticas económicas del Brasil y mantener las que vino tejiendo al actual presidente Alan García.

Pero sorprenden sus declaraciones en su visita de ayer al presidente ecuatoriano Rafael Correa, porque de la nada salió diciendo que la libertad de prensa no debe ser solo para una élite sino para todos los peruanos. Preocupa que lo haya dicho frente a otro mandatario que se puso de inmediato muy contento y asintiendo sus dichos ya que mantiene una posición de confrontación continua contra los medios y los periodistas del país porque considera que la libertad de prensa está secuestrada y que toda crítica tendría la intención de desestabilizar la democracia.

Humala se equivoca. Sus declaraciones sobre que la libertad de prensa pertenecería a una elite, posiblemente – interpretando sus palabras – a los medios y periodistas peruanos que criticaron su campaña, son una señal peligrosa de que podría pensar en retaliaciones de algún tipo. La libertad de prensa no es de una elite ni de grupo alguno ni del gobierno como creen muchos mandatarios de la región, por más que pueda haber algunos sectores que consideren que tienen el patrimonio de la palabra. Se trata de un derecho humano fundamental que el estado tiene el deber de custodiar, no de cuestionar.

Ojalá que Humala refresque su memoria leyendo tratados sobre derechos humanos donde se especifica que una de las prioridades es la libertad de prensa, como en la Convención Americana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Carta Democrática Interamericana.

Los medios no son santos y muchas veces su tinte político no les permite tampoco reconocer que la libertad de prensa está por arriba de sus intereses. Sin embargo, es mejor tolerar esos abusos de prensa cometidos por algunos que tratar de dictar censuras para todos los medios, lo que en definitiva es censurar en forma indirecta a toda la población. Humala debe recordar que pese a que una prensa chicha era manipulada con dineros espurios durante la presidencia del clan Alberto Fujimori – Vladimiro Montesinos, fue justamente la libertad de prensa, con medios plurales y diversos, la que le permitió a Perú superar aquella época de corrupción y autoritarismo.

martes, 28 de junio de 2011

Chávez y Correa se comportan superiores


Si hubieran atentado contra la vida de Hugo Chávez o si hubiera sufrido un accidente donde otros serían los responsables, sabríamos – y lo más importante, los venezolanos lo sabrían – todo lujo de detalles y desde todo ángulo posible. Pero como se trata de una enfermedad, donde no hay responsable más que el destino, la mala suerte o el descuido o negligencia personal, el régimen chavista practica el hermetismo y la falta de transparencia, agravando la situación con la búsqueda de responsables en otros lados, ya sea la oposición o los medios independientes a los que se acusa de incentivar los rumores, sin distinguir que ambos tienen la obligación de buscar la verdad o exigirla, anteponiendo el derecho del público a estar informado y saber. De eso se trata la democracia; el gobierno es solo depositario de la confianza de los ciudadanos para administrar los bienes que son de todos, pero no debe adoptar un papel de privilegio frente a quienes tiene que servir.

Comportarse  de otra manera es simplemente adoptar un papel de superioridad, de sentirse por arriba de otros, de igualarse a un ser superior.

Se puede especular que Chávez tiene una enfermedad grave más allá del absceso pélvico o que retornará con bombos y platillos el día de la independencia el 5 de julio ante un desfile militar de proporciones chinas o soviéticas para tratar de recuperar la popularidad que se le escapó. Pero lo que no se puede especular es la irresponsabilidad de un jefe de Estado y de quienes le rodean, de que traten el simple tema de una enfermedad como si fuera secreto de Estado. Fernando Lugo, el presidente de Paraguay tuvo también este tipo de reacciones cuando por primera vez llegó a Brasil para tratarse de un cáncer linfático, pero después pudo más la presión de la gente, de la oposición, de los medios y de la Constitución para que se informe detalladamente lo que le estaba sucediendo. Quizás otra hubiera sido la historia sino se sometía a quimioterapia, pero debemos juzgar que al final hubo transparencia.

Los gobiernos autoritarios y populistas, así sean los de Fidel Castro o de Juan Domingo Perón, siempre guardaron con sigilo información de interés público como sus enfermedades, alimentando a sus poderes con mitos, rumores y leyendas que luego fueron utilizados por la propaganda o asumidos por la masa para seguir endiosando a sus ideólogos progenitores.

Otro presidente latinoamericano que suele arroparse con vestimenta de superioridad es Rafael Correa. Este fin de semana dijo que perdonaría de un juicio por 80 millones de dólares y tres años de cárcel que le sigue a directivos del diario El Universo si estos rectifican una información. La demanda por injurias se debe a que en una columna, el editor de Opiniones publicó que la revuelta policial no tenía nada que ver con un golpe de Estado y acusó a Correa de tergiversar los hechos.

Correa cree que nadie en su país se puede escapar de la verdad oficial, a la cual considera la única, es decir que lo que realmente hubo en el motín policial fue un intento de golpe de Estado. El problema que enfrentan los demandados es que nadie tiene confianza en la objetividad y equidad de un Poder Judicial que luego de la consulta popular que autorizó la creación de un consejo estatal para nombrar jueces – ante la denuncias de Correa de que la justicia es corrupta – la justicia pueda cumplir con su papel de independencia.

Correa insiste - como lo ha hecho frente a otros que también demanda por millones de dólares – que los perdonará o retirará las demandas, como si se tratara de un juego de superioridad en el que puede castigar y perdonar a su antojo.

Correa tiene el derecho a considerarse perjudicado por lo que se diga, pero si fuera ciudadano común y corriente. Sin embargo, como Presidente y figura pública máxima del país, es sujeto de escrutinio, de críticas y opiniones por más dolorosas que le resulten; esa es la función de la libertad de expresión en una democracia, una cultura que él no está ayudando a instalar en la democracia ecuatoriana, siendo esa una responsabilidad que tiene como representante del gobierno y del Estado, según mandato constitucional.

Si fuera presidente de EE.UU. Correa no aguantaría el embate que en este país sufren los presidentes. Si George W. Bush actuara como él, hubiera tenido que enjuiciar a cientos de periodistas o al irreverente cineasta Michael Moore porque le endilgaron teorías auto conspirativas sobre Setiembre 11, especificando que no se trató de un atentado terrorista, sino auto infligido.

Chávez y Correa no son personas superiores. Todo lo contrario. Su mandato es servir, rendir cuentas y ser transparentes.

Jueguitos peligrosos activos


Vice City Grand Theft Auto – cuyo contenido es parecido a la película Scarface de Al Pacino – por solo poner un ejemplo, es un videojuego con violencia extrema, donde se mata a policías, se roban autos, hay drogas, se maneja la ciudad con autos robados, se atropella extraños, y hay prostitutas por doquier. Es parte apología del delito y obscenidad, hay violencia extrema y se denigra a las instituciones.
Vice City es uno de miles de jueguitos de consola que puede tener impacto nefasto en los niños. Según un fallo judicial de hoy, la Corte Suprema de Justicia anuló una ley en California que si hubiera entrado en vigencia prohibiría la venta de videojuegos violentos a chicos menores de 18 años. El Tribunal consideró que la prohibición sería una censura a los contenidos, a los que compararon con otras expresiones artísticas como la literatura y el cine.
Concuerdo la mayor parte del tiempo con la Corte Suprema y especialmente por su férrea defensa de la Primera Enmienda, pero es cierto que estoy muchas veces en desacuerdo con los fallos en los que se anteponen derechos que sobrepasan los límites de los derechos humanos, como puede ser la decisión de 1973 sobre la legalización del aborto.
En este caso de los menores tengo mis dudas. El voto de la Corte Suprema de 7 a 2 favorece a la industria de videojuegos que solo quiere estar autorregulada con un sistema nacional voluntario de clasificación que ayude a los padres a discernir, pero que no tiene restricciones para los comerciantes para venderles a los menores.
La ley californiana firmada en 2005 por el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger, restringiría la venta o alquiler de los videojuegos considerados excesivamente violentos a menores de 18 años, definiendo aquellos en que los jugadores pueden “asesinar, mutilar, desmembrar o abusar sexualmente de uan imagen de un ser humano”. Por otro lado, la Corte Suprema argumentó, además de la censura, que no halló evidencias convincentes de que los videojuegos promueven conductas violentas en los niños.
Creo que la Corte no se equivoca que hay un tema de fondo de libertad de expresión que debe proteger. Pero lo que no comprende muy bien es el alcance de estos juegos y en lo que se pueden desarrollar, sobre todo porque no se trata de que el niño está solo expuesto a acciones de tipo violento sino a que además es un agente activo, participa, interactúa y es premiado y recompensado por sus acciones, así sea por torturar a un enemigo, violar a un extraño o matar a un policía o a un político.
En realidad son escenas más violentas y activas a las que se están exponiendo los menores que las películas en el cine, las que además de la autorregulación de la industria, existe una clasificación por edades para que los niños y púberes no puedan acceder a los cines. En materia de libertad de expresión, tampoco a los niños se les respeta el derecho de comprar cigarrillos o cervezas, a no ser que tenga 18 años o 21 en algunos estados.
La ley de California no prohibía a los niños jugar o el arte del contenido o que los fabricantes los produzcan o que los comerciantes los vendan, sino que simplemente estipulaba que los menores podrán comprarlos siempre y cuando estén acompañados o autorizados por un padre o tutor legal. Pero su uso, siempre quedaba al discernimiento de cada padre.