Sensación de justicia; y bienestar

Ollanta Humala encarcelado, Lula da Silva condenado, Ricardo Martinelli detenido, Dilma Rousseff destituida, Alejandro Toledo fugado y Michel Temer y Cristina Kirchner acorralados.

La caída en desgracia de varios mandatarios y ex presidentes latinoamericanos está generando una positiva sensación de justicia en la región. Los entuertos del Lava Jato brasileño y de los Panama Papers han generado una beneficiosa colaboración judicial transnacional, permitiendo que los sistemas judiciales nacionales se despeguen de sus ataduras políticas locales.

La reacción judicial en cascada ha generado que el público sienta mayor empatía y sensación de justicia, pese a que falte un largo trecho para ver órganos independientes, rápidos y eficientes.

La impresión de que la ley se aplica a todos por igual genera bienestar. El ex presidente Barack Obama lo expresó en forma elocuente frente al Congreso: “Nos va mejor cuando todo el mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo y donde todo el mundo juega con las mismas normas”. Por el contrario, el papa Francisco, en varios de sus peregrinajes, definió como “terrorismo de Estado” la falta de justicia o su complicidad con el poder político.

La sensación de justicia en un país genera los mismos atributos que el buen funcionamiento de la bolsa de valores. Sin seguridad jurídica no hay confianza, sin credibilidad no llegan las inversiones foráneas y el desarrollo económico no despega. Esta versión a la baja se observa en el gobierno de Mauricio Macri. Pese a que sus medidas políticas y económicas despiertan admiración con una “Argentina que se abrió al mundo”, la sensación de que no hay seguridad jurídica, ya sea porque se reciclan los malhechores en carreras electorales o se escudan en los fueros del Congreso, hace que las inversiones prometidas no desembarquen.

Peor aún. Cuando los niveles de justicia están bajos, abonan el terreno para el crimen organizado y el narcotráfico. Estos desembarcan y se potencian en países en los que fácilmente pueden comprar funcionarios, jueces y policías.

No es casualidad que en aquellos países donde hay mejor administración de justicia o mayor sensación de ella, como en el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica, los índices de corrupción e inseguridad sean menores y los de estabilidad democrática sean mayores.

Venezuela, por el contrario, ha tocado fondo en materia de justicia y seguridad pública. Hoy el régimen de Nicolás Maduro se encuentra a la deriva y en terapia intensiva por haber utilizado a la justicia como instrumento político. Los índices de violencia y homicidios son de los más altos del mundo, casi todas las empresas multinacionales se han “escapado” del país y la gente pobló las calles a los gritos para exigir justicia y cambio de gobierno.

Seguramente si la justicia venezolana se comportara autónoma del poder político como la brasileña, Maduro ya habría sido destituido y encarcelado. Y no se trata de que la idiosincrasia social de Brasil sea diferente a la de Venezuela o a la de cualquier otro país, pero sucede que hace algo más de una década se hizo una reforma que blindó al sistema judicial de las injerencias políticas. La independencia ganada desde entonces muestra fehacientemente los buenos resultados. 

En Latinoamérica somos testigos de varios gobiernos que han utilizado el enunciado de “democratizar a la justicia”, como excusa para buscar su propia inmunidad. La fórmula la usó a rajatabla el chavismo, pero también fue parte del kirchenrismo y el correísmo. En estos regímenes, la colocación de jueces adictos creó verdaderos carteles judiciales para hacer la vista gorda, encarpetar casos propios de corrupción y para perseguir a los opositores políticos.

La connivencia entre justicia y poder político no es la única fuente de injusticia. También lo es la falta de recursos económicos que se le asigna al aparato judicial, el que recibe no mucho más del 1% del PBI de un país. Es decir, que si a la justicia se la sigue considerando la cenicienta entre los poderes públicos y se la mira como un gasto y no como una inversión, el desarrollo de América Latina seguirá confiscado.

Una justicia proba crea una positiva sensación de bienestar. Pero débil, dócil y permeable solo logra una sensación de impunidad, inseguridad y desigualdad. trottiart@gmail.com

La verdad según Ollanta Humala

El presidente peruano Ollanta Humala filosofó sobre la verdad al inaugurar esta semana la 67 asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa, diciendo que los periodistas, así como los curas y los soldados, deben tener a esa virtud como el norte de sus disciplinas.

La comparación suena bien, pero pudiera generar engaños entre los desprevenidos. Varios gobiernos progresistas de la región, como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, incluyeron la cláusula de “información veraz” en sus reformadas constituciones, a la que pronto utilizaron como punta de lanza para justificar leyes y censurar a medios de comunicación y periodistas. La Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, creada a esas instancias en 2004, es el arma que usó el presidente Hugo Chávez para cerrar RCTV, 34 emisoras, y que esta semana le sirvió para imponer una sanción millonaria contra Globovisión, por informar sobre el amotinamiento en una cárcel, hecho que el gobierno hubiera preferido ocultar.

En todos los casos, el mensaje es claro: Quien no se ajusta a la “verdad oficial”, puede ser castigado. Si bien Humala puso énfasis en “el irrestricto respeto a la libertad de prensa”, también argumentó que los medios deben “informar con la verdad, sin dejarse influir por los intereses económicos”. Aunque son atinadas referencias a parte de la prensa peruana cuando alquilaba titulares y se prestaba a extorsionar en nombre del régimen de Alberto Fujimori, también suena a los artilugios usados por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que promulgó en estos días una ley que prohíbe a los dueños de medios tener otro tipo de negocios.

Por más ético y coherente que parezca el reclamo, la excusa de la verdad siempre ha sido manipulada para restringir y limitar.

El propio Humala ya ha demostrado que la verdad es relativa, porque no solo está determinada por hechos contrastables, sino por el tiempo y el contexto. ¿O acaso su verdad no fue diferente en las campañas electorales de 2006 y 2010? ¿No fue primero partidario del presidente venezolano Hugo Chávez y luego del ex mandatario brasileño Inácio Lula da Silva, habiendo sido la misma persona y teniendo las mismas convicciones?

En todo caso, el objetivo común que comparten comunicadores, militares y sacerdotes no es la verdad en sí misma, sino su búsqueda permanente. Para los curas, la verdad es absoluta por tratarse de la existencia de Dios y el camino de salvación. Para los militares, ésta no está sometida a la credibilidad o falsedad de un hecho, sino al principio de obediencia. Y para los periodistas, como también para los jueces, la veracidad es relativa, dependiendo de los distintos puntos de vista que sobre un mismo hecho pueden aportar varias fuentes.

La búsqueda de la verdad tampoco es infalible. El Vaticano demoró siglos antes de reparar la memoria del astrónomo Galileo Galilei cuando en 1633 lo declaró hereje porque había demostrado que la Tierra no era el centro del Universo. También muchas fuerzas armadas del sur del continente atormentaron a varias generaciones justificándose en la obediencia debida, mientras numerosos medios, como News of the World, tergiversaron, omitieron y delinquieron en nombre del arte de informar.

Humala acertó cuando dijo que la tarea de la prensa es fiscalizar y “necesitamos que nos digan la verdad, cuando nos equivocamos”. Pero erró cuando comparó al periodismo con el sacerdocio, “a ponerse la sotana del amor”, como si este oficio estuviera obligado a una verdad absoluta. Una visión apoteósica de la prensa que también comparten muchos presidentes, como el uruguayo José Mujica, que ante la menor “violación” a ese llamado sacrosanto a ser veraces, amenazó con disciplinar a los medios con una ley de prensa y con quitarles la publicidad oficial, en la creencia de que son las informaciones sobre hechos violentos las que generan inseguridad, y no la inacción del gobierno. 

Ojalá que el presidente Ollanta Humala se convenza que más que la verdad, la libertad es el valor que antecede a cualquier otra virtud humana y social. De lo contrario, en nombre de “su” verdad, pudiera comenzar a cometer los mismos errores y abusos de poder que algunos de sus colegas.

Humala no convenció a muchos en la SIP

El presidente Ollanta Humala dio el discurso principal en la ceremonia de inauguración de la SIP aquí en Lima. A juzgar por lo que aprecié y lo que hablé con numerosos amigos que estaban en la audiencia, no convenció mucho.

Hubo varias cosas que llamaron la atención de su discurso. Primero, que no tiene dotes de gran estadista como para improvisar, ya que su mensaje fue repetitivo y superficial. Hubiera sido mejor leer un discurso acorde a la ocasión.

Segundo, porque ahondó principalmente en que el tema de la verdad es la razón del periodismo, así como el norte de los sacerdotes y los soldados. Comparar a estas tres profesiones en la forma que encaran la búsqueda de la verdad, no satisfizo mucho. La verdad para uno es divina, para los otros es obediencia y para nosotros los periodistas, la verdad tiene que ver con las varias aristas e interpretaciones que puede tener un mismo hecho. El problema es que en las últimas décadas, hemos visto como los gobiernos progresistas defienden el tema de la verdad, lo que peligrosamente han puesto en las Constituciones, como que la información debe ser veraz y oportuna, valores que luego los usaron para atacar o crear leyes para regular a la prensa.

Tercero, porque enfatizó que las tensiones entre él y la prensa durante la campaña electoral tuvieron como fuente a los medios de comunicación. Tal vez si hubiera aplicado el valor de la humildad – que dijo que deben tener los medios – a su propia persona, hubiera podido interpretar que la polarización de la campaña se debió al achaque constante de cosas y de hechos que se hicieron él y la otra candidata, Keiko Fujimori, durante la segunda vuelta electoral.

Cuarto, se supo que autoridades de la SIP le habían solicitado en privado si quería firmar la Declaración de Chapultepec, lo que no hizo. Hubo varias interpretaciones al respecto. El último de 59 mandatarios de las Américas que la firmaron, fue el presidente chileno Sebastián Piñera este pasado 3 de mayo y la firmará el 2 de noviembre próximo el presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Varias personas desde la mesa principal de la SIP, pudieron observar los contactos visuales y gestos que la esposa de Humala, desde la primera fila de la audiencia, le hacía a su esposo, especialmente cuando el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, habló de las amenazas a la prensa libre y de la traición a los valores que ella implica de parte de los presidentes Hugo Chávez, Cristina Fernandez de Kirchner, Rafael Correa y Daniel Ortega.

No quedó una buena sensación en la mayoría de la gente que hablé informalmente. Muchas dudas sobre el futuro y sobre cómo respetará la libertad de prensa y la actividad periodística a la que llamó a ser fiscalizadora. A pesar de que en todo momento Humala dijo que muchos medios se equivocaron y lo prejuzgaron, cree que con sus acciones les demostrará que estaban errados. Dijo que dejó de lado esas tensiones u odios porque llegó a la Presidencia para gobernar para todos los peruanos y todas las peruanas.

Ojala que en el “todos” incluya también a los periodistas y a la libertad de prensa y de expresión.

Ojalá Humala: Menos palabras, más acciones

Los medios peruanos están algo nerviosos porque su flamante presidente Ollanta Humala hace pocas declaraciones, quien aseveró que su gobierno será de “menos palabras y más acciones”.

Dudo que esa sea la realidad en el futuro a mediano plazo, ya que Humala optó por decir las mismas cosas que Hugo Chávez, Rafael Correa, Cristina de Kirchner, Daniel Ortega y Evo Morales al principio de sus presidencias. Claro que lo que no aclararon entonces, fue que harían pocas declaraciones en conferencias de prensa o en entrevistas con los periodistas. Y a esa máxima sí que la cumplieron a rajatabla, al menos a nivel nacional, porque en el extranjero, para no quedar mal, no tienen más salida que regalar algunas entrevistas para mostrar lo democrático que son y así demostrar lo miserable que son la oposición y los medios en sus países de origen.

Lo que sí hicieron todos estos presidentes es que han creado sus propios canales de comunicación para evitar por completo a los periodistas, por lo que la información se transformó en comunicación de una sola vía, es decir pura propaganda. A ésta la ejercitan en actos públicos, marchas organizadas y en las delirantes e interminables cadenas nacionales a las que se obliga a los ciudadanos a escuchar la cansina verdad oficial.

Ojalá que Humala cumpla con su palabra de “menos palabras”; me refiero a las de la propaganda discursiva, y que a sus acciones las realice dentro de un ambiente de transparencia y de rendición de cuentas. Para ello, no es necesario hacer ahora un discurso demagógico de que evitará palabras, sino que a esas palabras las incluya dentro de un trato abierto, decente y respetuoso con los periodistas. Las conferencias de prensa, así como los debates preelectorales entre candidatos, cumplen con el papel esencial de gobierno abierto en una democracia.

Los medios y los peruanos requieren de acciones, pero también de palabras sin propaganda.

Fuerte repudio a Correa en Perú

Al presidente ecuatoriano no le gusta que lo critiquen a nivel internacional y nunca había atraído tantas críticas como después de que logró que la justicia de su país sentencie a directivos del diario El Universo a pagarle 40 millones de dólares y a ir a la cárcel por tres años, por una opinión en una columna en que se criticó su perfil de dictador y por haber hecho que se dispare a mansalva contra un hospital durante la asonada policial de setiembre pasado.

Ahora, asu llegada a Perú para presenciar la asunción de Ollanta Humala, los diarios peruanos le dieron una bienvenida que no esperaba. Publicaron una solicitada en que se repudia su presencia y hubo diarios, como Correo, que publicó su repudio y lo declaró persona non grata en primera página como muestra la fotografía de la portada.

Seguramnete Correa dirá que Coreeo y todos los demás medios de Perú que se plegaron a esta campaña de repuido forman parte de la prensa corrupcta que él está dispuesta a combatir, calificación que se la dió a medios independientes de otros países que visitó, toda vez que los medios, como en el caso de ABC Color de Asunción criticaron sus políticas autoritarias.

En la SIP tendremos mañana una conferencia de prensa sobre el tema del acoso judicial de parte de Correa a los medios. Seguramente el presidente insistirá, como ya lo viene haciendo el secrteario de Comunicación de la presidencia ecuatoriana, Fernando Alvarado, que la SIP no tiene "autoridad moral" para criticar al gobierno.

Lo interesante de Correa es que la sentencia que él buscó y forzó en contra de los periodsitas y medios de su paí,  terminó resultándole un tiro por la culata, en un descrédito que lo pone de manifiesto como un presidente autoritario y enemigo de las opiniones y de las críticas.

Humala y la libertad de prensa

MMMMmmmmmmmmm!!!!  Ojalá que Ollanta Humala no se desvié de sus promesas de campaña sobre garantizar la libertad de prensa después de que asuma el 28 de julio la silla presidencial en Perú. Durante el proceso electoral que culminó el 5 de junio venciendo a Keiko Fujimori, Humala, para coronar su victoria, tuvo que prometer que no dictaría normas que signifiquen censura contra la prensa, así como que no estatizaría empresas y dejaría en el pasado sus sueños nacionalistas chavistas para abrazar el progreso de las políticas económicas del Brasil y mantener las que vino tejiendo al actual presidente Alan García.

Pero sorprenden sus declaraciones en su visita de ayer al presidente ecuatoriano Rafael Correa, porque de la nada salió diciendo que la libertad de prensa no debe ser solo para una élite sino para todos los peruanos. Preocupa que lo haya dicho frente a otro mandatario que se puso de inmediato muy contento y asintiendo sus dichos ya que mantiene una posición de confrontación continua contra los medios y los periodistas del país porque considera que la libertad de prensa está secuestrada y que toda crítica tendría la intención de desestabilizar la democracia.

Humala se equivoca. Sus declaraciones sobre que la libertad de prensa pertenecería a una elite, posiblemente – interpretando sus palabras – a los medios y periodistas peruanos que criticaron su campaña, son una señal peligrosa de que podría pensar en retaliaciones de algún tipo. La libertad de prensa no es de una elite ni de grupo alguno ni del gobierno como creen muchos mandatarios de la región, por más que pueda haber algunos sectores que consideren que tienen el patrimonio de la palabra. Se trata de un derecho humano fundamental que el estado tiene el deber de custodiar, no de cuestionar.

Ojalá que Humala refresque su memoria leyendo tratados sobre derechos humanos donde se especifica que una de las prioridades es la libertad de prensa, como en la Convención Americana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Carta Democrática Interamericana.

Los medios no son santos y muchas veces su tinte político no les permite tampoco reconocer que la libertad de prensa está por arriba de sus intereses. Sin embargo, es mejor tolerar esos abusos de prensa cometidos por algunos que tratar de dictar censuras para todos los medios, lo que en definitiva es censurar en forma indirecta a toda la población. Humala debe recordar que pese a que una prensa chicha era manipulada con dineros espurios durante la presidencia del clan Alberto Fujimori – Vladimiro Montesinos, fue justamente la libertad de prensa, con medios plurales y diversos, la que le permitió a Perú superar aquella época de corrupción y autoritarismo.

Indulto a Fujimori es injusto

Si Alan García o el próximo presidente peruano, Ollanta Humala, resolverían indultar al ex presidente Alberto Fujimori por cuestiones de salud (humanitarias, dirían) se cometería un grave perjuicio en contra de todas las víctimas por las que se le ha acusado y condenado por delitos de lesa humanidad.

Probablemente Fujimori, más que enfermo físico por un cáncer que no es terminal, está realmente enfermo de depresión. Pero ¿quién no tiene esa enfermedad mental sabiendo que todos los días de su vida tendrá que pasársela dentro de una cárcel?

Indultar a Fujimori es darle un privilegio que no tienen otros reos, por lo que la justicia que se ha conseguido hacer en otras épocas se convertirá en una injusticia. Quedará la sensación y los hechos, de que no todos los peruanos son iguales ante la ley. Indultarlo sería un grave error.