El Nobel de la Libertad

 

Mario Vargas Llosa acompañado por mi esposa,
Graciela, en una reunión SIP en 2015.

Rindo homenaje al escritor que honró siempre a la libertad. Escribí esta columna en octubre de 2010 cuando Mario Vargas Llosa recibió su Nobel, un premio que superó su lado literario. Todavía está vigente. La titulé: “El Nobel de la Libertad”.

El único sorprendido por el Premio Nobel de Literatura fue Mario Vargas Llosa. Para el resto de los mortales era un galardón anunciado o, mejor dicho, esperado; ni siquiera un asomo de polémica como el año pasado cuando Barack Obama recibió el de la Paz, sino alegría y festejos, porque la Real Academia de las Ciencias de Suecia desde hace años estaba en deuda con el autor.

Fue un premio que “hizo justicia enorme”, como dijo el presidente peruano Alan García, pensando, como muchos, que Vargas Llosa acababa de evadir la lista de escritores al que el Nobel les fue injustamente esquivo, como Juan Rulfo y Jorge Luis Borges.

Quienes además de su prolífica obra literaria nos deleitamos con sus posiciones libertarias, que abundan en sus novelas y ensayos, agradecemos que por sobre todo se haya reconocido al intelectual, el que generosamente abre la boca para condenar a los nacionalismos, a los que considera “la peor construcción del hombre” y reclama por la libertad de prensa como sinónimo de democracia.

El Nobel pone a Vargas Llosa en el escalón más alto de la literatura mundial, pero la justificación política de la Academia – “por su cartografía de las estructuras del poder y sus aceradas imágenes de la resistencia individual, la revuelta y la derrota” – lo sitúa también como paladín por excelencia de los valores democráticos, aquel que no teme enfrentar la diatriba de populistas y déspotas de izquierda que abundan ahora en Latinoamérica o pelear contra dictadores y autoritarios derechistas. El de Vargas Llosa es un Nobel de Literatura, pero también un “Nobel de la Libertad”.

De muchos intelectuales y literatos se dice que son adelantados a su tiempo para justificar que son superiores al resto. Pero la superioridad de Vargas Llosa rompe con esos cánones; está dada por la fidelidad y capacidad crítica con la que retrata la realidad.

Durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en octubre de 2008 en Madrid, tuve la oportunidad de escuchar su primera aproximación a “La civilización del espectáculo”, un ensayo que todavía está moldeando y en un futuro seguramente contendrá duras críticas a Facebook que en aquel año todavía no era popular y a Twitter, que ni siquiera existía.

En 50 minutos de cáustica charla, con una crítica semejante a los versos mordaces y eternos de Enrique Santos Discépolo en el tango Cambalache, Vargas Llosa se despachó en contra de la trivialización de la cultura, con un análisis profundo sobre política, periodismo, literatura, cine, artes plásticas, drogas y sexo.

Condenó que la cultura esté dominada por lo “light”, por el consumo y por la demanda del público, que, en definitiva, condiciona la creación y el mercado. Se mostró aterrado que los modistos y los artistas hayan suplantado como eje del pensamiento a los filósofos y a los científicos de ayer y de la literatura efímera de los “best sellers” actuales. “Se ha llegado al eclipse del intelectual”.

Se quejó de la manipulación de la publicidad, y que los políticos suplantaron sus ideas por los gestos y la imagen. “La frivolidad – dijo – es tener una tabla de valores invertida. Todo es apariencia, teatro, juego, diversión”. Y ahí mismo agrupó a las revistas del corazón y al periodismo sensacionalista, desapegado a sus valores tradicionales: verdad, rigor y respeto por la intimidad.
En materia de artes visuales y plásticas, confrontando a Bergman o Buñuel con Woody Allen, y a Vincent Van Gogh con Duchamp o Damien Hirst, acusó que la “frivolización ha llegado a extremos alarmantes donde hay mínimos consensos sobre la estética… no se puede definir lo que es el talento de lo que no lo es”.

La obra literaria y política de Vargas Llosa es la antítesis de esta “Civilización del espectáculo”. Está impregnada de páginas y personajes que abrazan a la libertad y la emancipación del individuo, trascendiendo al propio autor y a todos los tiempos. Es clásica.  
De ahí que la Academia no juzgó solo la literatura de un latinoamericano como antes con Gabriela Mistral, Miguel Angel Asturias, Pablo Neruda, Octavio Paz o Gabriel García Márquez. Esta vez recompensó el canto sostenido y lúcido de Vargas Llosa a la libertad. Trottiart@gmail.com

Salta como referencia mundial

Si fuera salteño estaría orgulloso. No solo porque la hospitalidad profunda y el servicio generoso de los salteños han cautivado a más de doscientos cincuenta directores, editores y periodistas de medios de comunicación de las tres Américas que convocó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sino porque Salta brincó a un plano impensado de relevancia mundial.

Tal vez los salteños no han tomado verdadera conciencia de la importancia y dimensión que tuvo la 74 Asamblea General de la SIP que El Tribuno organizó semanas atrás. El 22 de octubre, pronto a terminar la reunión de la SIP, su Junta de Directores y su Asamblea de socios aprobaron por unanimidad la “Declaración de Salta; sobre principios de libertad de expresión en la era digital”.

Se trata de un documento que al igual que el otro instrumento invaluable de la institución, la Declaración de Chapultepec que fue creada hace 24 años en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, le servirá de ariete a la SIP para seguir defendiendo y promoviendo la libertad de expresión en el ecosistema digital, ante los innumerables y nuevos desafíos que han creado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Más allá de los principios en sí mismos, la Declaración le brinda a Salta y su pueblo un nuevo argumento para fundamentar su marca a nivel mundial, sumándose a otros atributos de calidad por las que la séptima ciudad más grande de Argentina ha ganado prestigio a nivel nacional e internacional.

Bien remarca la apreciación por Salta el editorial de este 1 de noviembre del diario La Nación: “La Declaración Digital tiene el valor indiscutible de un acto fundacional, que viene a llenar un vacío. Es de celebrar que la era digital se recuerde con la marca indeleble de la Argentina, al ser bautizada como Declaración de Salta”.

Como una de las primeras herramientas de la era digital sobre las libertades de prensa y expresión, la Declaración de Salta reivindica derechos, impone límites y marca el camino de cómo deben ser garantizadas y respetadas esas libertades por los actores públicos y privados que rigen o gobiernan el ámbito digital.

El contenido del documento estipula principios irrenunciables a favor de la libertad de expresión de los ciudadanos por sobre los gobiernos, los medios de comunicación y los intermediarios tecnológicos, ya sean estos los motores de búsqueda como Google, las redes sociales como Facebook o los proveedores de servicios e internet como Telecom.

El nuevo documento, de la mano de la SIP y otras instituciones que lo harán suyo, sitúa a Salta en el centro de la escena de organismos intergubernamentales como la UNESCO, la ONU, la OEA y la CIDH; en la esfera de organismos no gubernamentales como ADEPA que esta semana hizo prevalecer el principio 9 de la declaración en reclamo por medidas judiciales que buscan limitar contenidos periodísticos y en la mesa de discusiones entre naciones, como en las Cumbres presidenciales y de cancilleres. Todos son terrenos que la SIP siempre ha aprovechado para llevar la voz cantante a favor de los oprimidos y en protesta por las violaciones a las libertades de prensa y expresión.

A partir de ahora, los 13 principios de la Declaración de Salta comenzarán a imponerse como referencia en foros internacionales, en legislaciones y fallos judiciales, así como los de Chapultepec inspiraron la creación de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Importante es señalar que esta Declaración no fue producto de discusiones y/o improvisaciones durante la reunión de la SIP en Salta, sino más bien Salta fue el lugar donde terminó un largo proceso de consulta, discusiones y observaciones que la SIP estuvo cosechando por meses, sirviéndose de la experiencia de otras instituciones, empresas, académicos, expertos y líderes en la materia.

Con sabiduría, la SIP estipuló que debido a los cambios y a la evolución constante de las nuevas tecnologías de información y comunicación, los principios de la Declaración de Salta podrán adaptarse a lo que dicte la conducta humana en el futuro. Pero siempre mantendrá su nombre en honor al lugar donde culminó un proceso que sirvió para iluminar principios de libertad de prensa y expresión a futuro: Salta. trottiart@gmail.com

NICARAGUA: la catástrofe previsible

Nicaragua y su gobierno sandinista pasaron debajo del radar de la comunidad internacional por años, lo que le permitió al presidente Daniel Ortega construir un autoritarismo progresivo que recién se visualizó tras el estallido social de estos días.

La indiferencia internacional no fue casual sino estrategia trabajada por Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta y autoridad detrás del trono. Construyó su propia impunidad con los mismos mecanismos totalitarios que usó la dictadura de Anastasio Somoza, a la que derrotó durante una dura lucha armada que lo catapultó a su primera presidencia de 1979 a 1990.

Esas similitudes inspiraron el canto más pegadizo de las manifestaciones públicas actuales: “Somoza y Ortega son la misma cosa”. Ambos gobiernos hicieron del nepotismo su marca registrada, manipularon todos los resortes democráticos de la república, desde someter a todos los poderes públicos para su beneficio, perseguir a la oposición, censurar a la prensa, hasta coartar la libertad de expresión y mancillar el derecho de reunión. Ortega y Somoza se creyeron Estado y que el libre albedrío es un regalo de su autoridad.

El avasallamiento de estos principios básicos tiene su origen el mismo día que Ortega asumió su presente período presidencial hace 11 años, en 2007. Con la típica vocación de tirano, se sumó a la tendencia de muchos líderes latinoamericanos para reformar la Constitución y eternizarse en el poder. Y toda reforma, según indica el manual del dictador, siempre viene acompañada de fraude electoral. Ese fue su método para ganar inmunidad y esconder la corrupción y el despotismo.

Ortega y su esposa Murillo, siempre ataviada de religiosidad popular, con cantos a la Virgen y construcción de árboles de la vida, estructuras de metal gigantescas que se fueron regenerando después de una Navidad, supieron evadir la atención internacional. Compraron medios de comunicación que pusieron en manos de sus hijos y censuraron a la prensa privada e independiente. Hoy un par de diarios, entre ellos La Prensa y cuatro canales y un puñado de radios hacen malabarismos para sobrevivir ante la censura oficial que se acrecentó con el estallido social. La vicepresidenta insiste en regular las redes sociales para evitar la conversación y auto convocatoria ciudadanas.

El gobierno también incorporó a los empresarios, muchos de los cuales fueron comprados con dádivas y privilegios. Ortega supo diferenciarse de Evo Morales, Hugo Chavez, Fidel Castro y Rafael Correa, sus correligionarios ideológicos, siendo más mesurado con sus discursos anti imperio para evitar sanciones y mantener el comercio con el vecino del norte.

Toda su estrategia fue posible gracias a los miles de millones de dólares que le regaló Hugo Chávez y Nicolas Maduro, en época de vacas gordas, cuando Venezuela todavía pensaba en el milagro de una revolución del siglo 21 que terminó siendo del siglo 14. Como parásito del chavismo y buen pasar económico, Ortega tuvo el privilegio de gobernar con una fuerza desproporcionada y en silencio, lejos de los flashes.

La debacle venezolana arrastró a Nicaragua. Ortega derrochó cuando pudo haber ahorrado. En aprietos se vio obligado a meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos con una reforma al sistema previsional, quitándoles ingresos a los jubilados. Nadie lo soportó. El estallido era evidente.

La fuerza excesiva y desproporcionada de la Policía y de la Juventud Sandinista causaron más de 30 muertos. El régimen cerró canales y censuró radios. Muchos periodistas en canales oficiales y cuasi oficiales renunciaron. Nadie quiso quedar pegado a las groserías antidemocráticas. El tema económico fue solo la gota que rebasó el vaso.

Ortega siempre usó careta de demócrata, pero nunca lo fue. Su autoritarismo es en parte responsabilidad de los nicaragüenses que esperaron mucho tiempo para gritar como ahora y de la comunidad internacional que le dejó pasar muchas arbitrariedades sin chistar.

Hace semanas terminé mi columna con “¿Suena Nicaragua?”, aludiendo a que la comunidad internacional no podía cometer el mismo error de ser indiferente a la situación nicaragüense como se fue con la venezolana. Esta catástrofe se hubiera podido prevenir si se hacía cumplir la Carta Democrática Interamericana.  trottiart@gmail.com

Trump y la libertad de prensa

Es muy temprano para saber el legado político-económico que construirá el presidente Donald Trump. De lo que ya no hay dudas, es que en materia de libertad de prensa será recordado como uno de los peores de la historia.

Pese a la tirantez natural que caracteriza las relaciones entre gobierno y periodismo, los presidentes estadounidenses supieron tolerar las críticas y respetar la libertad de prensa por arriba de sus intereses personales. Thomas Jefferson, con aquella frase de antología, “prefiero periódicos sin gobierno que gobiernos sin periódicos”, moldeó la dimensión adecuada que debe primar en esa relación.

Trump, en cambio, antepone sus intereses a los principios. Tiene un estilo pendenciero y narcisista. No acepta críticas y las combate con una alta dosis de insultos y humillaciones. Si bien la prensa tiene el cuero grueso para soportar la acusación de que es la “enemiga del pueblo” o que genera noticias falsas, exaspera que muchas falsedades se originen en la Casa Blanca o que tape las evidencias de que el Kremlin las fabricó para torpedear las pasadas elecciones, aunque Vladimir Putin lo haya negado en su reunión con Trump en la cumbre del G20.

La historia es como un agujero negro que traga todo, pero deja lo imprescindible. No borrará el papelón presidencial del último domingo. Trump tuiteó un video trucado de lucha libre, en el que le pega desaforado a otro luchador cuyo rostro era el logo de CNN. El sarcasmo del clip terminó con un logo modificado de la cadena, ahora de FNN o Red de Noticias Fraudulentas.

La burla podrá haberle caído cómica a muchos, pero es evidente que su conducta horada la dignidad del puesto que ocupa. En realidad, nada hay de diferente con el sketch de la comediante Kathy Griffin, acusada de restarle dignidad a la figura presidencial cuando blandió una cabeza de Trump recién decapitada.

Lejos de apaciguar los ánimos y la polarización que se heredó de las elecciones, Trump los exalta. La “espectacularización” de la política que ha incentivado con su perfil de celebridad, tal vez no sea aburrida, pero es desgastante e intolerable. Es como vivir en una continua campaña electoral en el que todo vale y la política, pese a la gravedad de todas las situaciones, se queda estancada en los ataques personales, el desprestigio y el deshonor.

En el período de Barack Obama las arengas propagandísticas como el “Si Se Puede” o el argumento de que “el desafío de la política es que Washington está alejada de la realidad de los ciudadanos” terminaron a las pocas semanas pasadas las elecciones. En cambio, en el caso de Trump, el eslogan “America first” y su llamado a “limpiar la ciénaga de Washington” se mantienen reciclados como caballito de batalla en muchos de sus discursos.

Trump no es un gran comunicador estadista como lo fueron Franklin Roosevelt, John Kennedy o Ronald Reagan, quienes tuvieron en mente el consejo de su antecesor Abraham Lincoln: “… quien moldea la opinión pública, puede llegar más lejos que aquel que promulga decretos y decisiones”.

Tal vez Trump también quiere moldear la opinión pública, pero por su estilo personalista, chato y popular, mantiene solo una alta fidelidad y conexión con sus más allegados. Se corre el riesgo de que, como sucede en los regímenes populistas altamente polarizados, sus seguidores se vayan convirtiendo en fanáticos, lo que puede desviar en conflictos sociales. Del abucheo público, como sufren medios y periodistas, a la agresión física, solo hay un corto paso.

Trump debería ser más fiel a los principios que enarboló esta semana en Varsovia y luego en Hamburgo en el G20. Llamó a Occidente a luchar por "defender" su "civilización y sus valores”. Sería de esperar, entonces, que respete las libertades de prensa y expresión, enaltecidas en todas las constituciones occidentales y en tratados internacionales sobre derechos humanos.

Más allá de sus críticas contra los medios, algunas fundamentadas, Trump tiene que honrar su puesto y garantizar la vigencia de la Primera Enmienda. Debe entender que como funcionario público está sujeto a mayor escrutinio y fiscalización como indica la jurisprudencia interamericana y no contratacar con amenazas de que impondrá nuevas leyes para castigar a la prensa. trottiart@gmail.com

Violencia contra periodistas: Responsabilidad gremial

Un nuevo cimbronazo sufrió el Periodismo latinoamericano. Sicarios asesinaron al reconocido reportero mexicano Javier Valdez Cárdenas en plena luz del día en las calles de Culiacán, una ciudad que, como tantas otras, se ha acostumbrado a las  balaceras y a narcotraficantes que reclaman territorio y asumen autoridad.

El asesinato de Javier no es ni más ni menos importante que cualquiera de los otros cinco periodistas mexicanos acribillados este año o del centenar en la última década. Sin embargo, la talla cualitativa de sus historias, la honestidad de su labor y el respeto de sus colegas por denuncias contra el narcotráfico que volcó en libros de valiente denuncia, merecen que su caso se convierta en punto de inflexión, para que ayude a generar cambios y la profesión salga del oscuro submundo de la violencia y la impunidad.

Es cierto que es tarea única y prioritaria del gobierno esclarecer el crimen, bajo la obligación estatal que la OEA definió como las tres P: Prevención, Protección y Procurar justicia. Pero ante la impericia, negligencia e ineficiencia históricas de muchos gobiernos mexicanos, los periodistas harían mal en esperar sentados. El gremio necesita asumir sus responsabilidades.

En la historia del Periodismo latinoamericano existen casos como el de Javier que por haberse convertido en emblemáticos, sirvieron para crear conciencia y demostrar que el asesinato de un periodista tiene efectos devastadores para la libertad de expresión.

Los casos de José Luis Cabezas en Argentina, Guillermo Cano en Colombia, Tim Lopes en Brasil, Hugo Bustíos en Perú, Jean Leopolde Dominique en Haití, Jorge Carpio en Guatemala fueron bandera de lucha del periodismo de esos países, ayudando a que se aquellos asesinatos no fueran en vano. Todos, medios de comunicación y reporteros, en solidaridad y con unidad, y en forma consistente, exigieron cambios, presionaron sin pausa y persistieron tozudamente en sus reclamos.

Era esperado que el caso de Javier concitara el interés gremial. La indignación, la frustración y la indefensión profesional se hicieron sentir en marchas al monumento al Ángel de la Independencia en Ciudad de México o en las plazas de Culiacán y Veracruz, en espacios pagados y titulares de los medios más prestigiosos, reclamándosele más determinación al Ministerio Público para administrar justicia.

Todo ello marcha en la dirección correcta. Pero no es suficiente. Falta una estrategia mancomunada entre medios y periodistas que mantenga los brazos en lucha, pese a las adversidades. Se necesita una estrategia consistente, creativa, sostenida en el tiempo y muy contagiosa (viral si se quiere adjetivar en esta época) como la realizada por aquellos gremios que no soltaron los casos de Cabezas o Lopes hasta que se hizo justicia y marcaron un antes y después en la violencia contra periodistas.

También hay que asumir la realidad de México. La Justicia por sí sola tampoco será un disuasivo automático para los violentos. La agresión contra el Periodismo es parte del contexto de una guerra intestina que suma mártires en todas las disciplinas y lugares. La violencia es un problema cultural.

Mal se haría, sin embargo, en tomar esa guerra como la excusa para no hacer nada. El Periodismo mexicano hace mucho que se debe una institución propia y nacional para defender la vida de sus periodistas y la sostenibilidad de sus medios de comunicación. ADEPA y FOPEA en Argentina o ANDIARIOS y la FLIP en Colombia son espejos donde imitar respuestas.

El Periodismo mexicano tiene ahora la oportunidad de asumir sus responsabilidades y debe aprovechar que existen más instrumentos de lucha que antes. La federalización de los delitos contra periodistas, los sistemas de protección, el agravamiento de los castigos y el mayor apoyo social son mecanismos muy importantes, ineficientes y débiles por ahora, pero que pueden maximizarse y perfeccionarse para el bien de la profesión.

La memoria de Javier exige que el Periodismo luche por la profesión como él lo hizo, denunciando y reclamando Justicia. Pero los periodistas no deben reclamar para su propio beneficio, sino para que todo mexicano pueda defender y gozar los derechos a la vida y a la expresión que les manda su Constitución. trottiart@gmail.com

Más libertad contra la pobreza

La pobreza es estructural y tiende a ser crónica en América Latina. Para combatirla no alcanza con hacer planes sociales e incentivar el empleo formal. También se hace necesario generar un clima de mayor libertad económica y política.

La libertad no es un concepto abstracto como aparenta, sino fácil de medir. La realidad muestra que los países que acumulan mayor pobreza son los que tienen menor nivel de libertad, ya sea de mercado o de política, de prensa y expresión, de asociación y religión. La economía y la política pueden inducir tanto un círculo virtuoso como vicioso, dependiendo del grado de libertad con la que se vivan.

Para no dar el ejemplo de siempre que evidencia esta hipótesis, EEUU o Canadá vs. Cuba o Venezuela, valen otros menos distantes ideológicamente: Chile, Costa Rica y Uruguay, donde el concepto de libertades individuales y civiles está más arraigado, contrastan con los altos índices de pobreza que se registran en Nicaragua, Guatemala o Paraguay, donde las libertades están más restringidas.

La pobreza que también se ha disparado en países latinoamericanos más ricos, como Argentina, Ecuador y Venezuela, demuestra que no siempre es consecuencia de la economía, sino de malas decisiones políticas. Cristina Kirchner, Rafael Correa y Nicolás Maduro han creado economías cerradas y restringidas políticamente. Las consecuencias son evidentes: La seguridad jurídica se debilitó, la corrupción se institucionalizó y el nivel de vida decayó.

El índice 2015 de Libertad Económica de la Fundación Heritage y el Wall Street Journal concluye que la “corrupción generalizada, la ineficacia reguladora, la inestabilidad monetaria y la debilidad del Estado de Derecho”, son factores que contribuyen al estancamiento y a la recesión. Son, en realidad, motores de pobreza.

Las políticas erróneas pasan mayor factura a los pobres que a las demás clases sociales. El Índice Multidimensional de Pobreza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo demuestra que en aquellos países con bajo nivel de libertad económica, empeoran los servicios esenciales como la educación y la atención de la salud y deterioran el nivel de vida.

El índice, que mide la seguridad jurídica, el tamaño del gobierno, la apertura de los mercados y la eficacia reguladora, entre otros aspectos, es elocuente. La libertad económica está intrínsecamente conectada a las libertades políticas e individuales que ofrece cada país.

En ese sentido, Chile encabeza el ranking de economía libre entre los 29 países del continente americano, seguido por Colombia. Un par de escalones más abajo se ubican Uruguay, Costa Rica y Perú. Pero en la parte opuesta del escalafón, están aquellos países que en la última década pusieron mayor énfasis en la política ideológica que en la libertad de mercado. Así, los últimos puestos del ranking los ocupan Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela y Cuba.

A nivel mundial se logra tener una mejor percepción del problema que tienen estas naciones. Argentina (169), Venezuela (176) y Cuba (177) están a la zaga entre las 178 economías medidas. La de Chile, por otro lado, está séptima en la escala mundial, antes que EEUU (12) y un poco después que las economías más libres, prósperas y con menos pobreza: Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Suiza.

El índice de la Fundación concluye que los gobiernos que garantizan e incentivan la libertad económica crean mejores ambientes para la innovación y el progreso. “El fin último de la libertad económica es el de empoderar a las personas con un mayor número de oportunidades para que puedan elegir por sí mismas cómo aspirar y alcanzar sus sueños, sujetos únicamente a las bases del Estado de Derecho y la honesta competencia entre las personas”.

Pese a los malos augurios para la región debido a la desaceleración económica provocada en parte por la baja en el precio de las materias primas, el Banco Mundial es optimista. Cree que para el 2030 podrá erradicar la pobreza extrema de América Latina, basándose en la disminución lograda en la última década, del 24.1% en 2003 al 11.5% en el 2013.

Optimismo o pesimismo de lado, lo evidente es que los países más libres, económica y políticamente, tienen mejores chances de combatir la pobreza, generar prosperidad y apuntalar un progreso sostenido. 

Libertad de prensa: Información y propaganda

Pese a las amenazas del huracán Joaquín y al estado de emergencia declarado por la gobernadora de Carolina del Sur, la Sociedad Interamericana de Prensa se reúne este fin de semana en la histórica ciudad de Charleston para repasar un nuevo y desastroso semestre en materia de libertad de prensa en el continente americano.

El peor embate contra la prensa lo debieron soportar los periodistas. Una docena de ellos fueron asesinados en los últimos meses a causa de su labor. Brasil y México, con tres crímenes cada uno, siguen siendo los países como mayores riesgos. Esto se debe a los casos que los periodistas venían destapando habían sobre dos temas que han crecido vertiginosamente en ambos países: la corrupción y el crimen organizado.

Además de otros asesinatos cometidos por los mismos motivos, en Colombia, Guatemala, República Dominicana y Honduras, en general se percibe un clima general de violencia contra la prensa en todos los países del área, entre agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las causas son variadas, pero predomina la intolerancia política y la polarización de las sociedades. En muchos casos, se trata de una consecuencia natural a los discursos de odio de presidentes como Nicolás Maduro y Rafael Correa, quienes diariamente arremeten e identifican a los periodistas como a sus máximos opositores, lo que incentiva a sus partidarios a hacer justicia por manos propias.

El retroceso en la región en materia de libertades es notable. Tal vez el mayor escollo que se ha convertido en un patrón común en cada país del continente, es la restricción que los gobiernos han impuesto a la información pública. Existen países como Argentina que permanecen rezagados, ya que todavía no posee una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Otras naciones, con una larga tradición de transparencia, como Canadá y EEUU, que desde hace décadas tienen instrumentos legales que obligan a revelar información pública, han adoptado severos reglamentos para clasificar información. La lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional se han convertido en la coartada perfecta para denegar información en cuestiones irrelevantes para la soberanía de los estados.

Paraguay es el país más joven en adoptar este tipo de legislación, México el más longevo y Honduras el más atrevido. Sin embargo, en ninguno de los casos, los gobiernos cumplen con ofrecer un acceso ilimitado a cuestiones administrativas públicas como indica la ley. Hecha esta, hecha la trampa. Encuentran en los trámites de solicitudes, burocráticos y caros, la mejor excusa para blindarse y seguir tan oscuros como antes de la legislación. Es obvio, como en Paraguay, que muchas veces la adopción de legislación es pura demagogia, utilizada por los partidos políticos para fortalecer sus promesas preelectorales; luego incumplidas.

La polarización y el abuso de poder, esos “pecados” de la política que la semana pasada el papa Francisco denunció ante el Congreso estadounidense, es fuente de las muchas cortapisas que se imponen al derechos de los ciudadanos a gozar de la libertad de expresión. Como producto de ello, se ve como los gobernantes, desde Correa a Cristina Kirchner, abusan del uso de cadenas nacionales para hablar sobre actos de gobierno y mezclarse en contiendas electorales, pese a que estos espacios están limitados por la Constitución para que se usen solo en estados de emergencia y por asuntos de interés y bien público.

El gasto de propaganda de los gobiernos ha aumentado en casi todos los países. Esto que en muchos casos solo aparentaría un dato económico algo desproporcionado aunque no muy relevante, dentro de los presupuestos, esconde el ansia de los políticos por aferrarse al poder. Los casos de Bolivia, Nicaragua y Honduras son notables, el aumento económico del aparato de propaganda de los gobernantes ha crecido tanto como las pretensiones de Evo Morales y Daniel Ortega de refundar las constituciones para aferrarse para siempre al sillón presidencial.

Este clima de poca información versus mucha propaganda, también evidente en el internet y las redes sociales más allá de los medios tradicionales, evidencian que la lucha a favor de la libertad de expresión y derecho a la información de los ciudadanos debe ser un norte constante. 

Los nuevos fiscales de la democracia

La VII Cumbre de las Américas que terminó este sábado en Panamá tal vez no arrojó éxitos resonantes, pero puso en evidencia el nuevo y saludable papel que podrían jugar a futuro los expresidentes latinoamericanos: Fiscales de la democracia.

No todos los expresidentes tienen la altura  moral necesaria. Muchos están presos o fueron cuestionados por abusos de poder y corrupción. Varios son oportunistas y utilizan la ocasión para seguir fulgurando en el vasto firmamento de la política. Algunos, como el panameño Ricardo Martnelli, se auto exiliaron para evitar la cárcel; y otros, que pronto dejarán el cargo, están desesperados en busca de blindajes para evitar los tribunales, como el caso de Cristina Kirchner. Tampoco se augura buen futuro para presidentes reelegidos como Michel Bachelet y Dilma Rousseff, a juzgar por los casos resonantes de corrupción que las envuelven.

Pero lo cierto es que por primera vez en una Cumbre, un grupo de exmandatarios, que responden a distintas tendencias e ideologías, se unieron en torno a una causa común: La defensa de la democracia en Venezuela.

Los atropellos a la democracia no son nuevos en el país petrolero, pero es la primera vez que en un escenario de jerarquía política se le acusa a Nicolás Maduro de no cumplir con los mínimos estándares internacionales: Falta de independencia de la Justicia, censura a medios de comunicación y elecciones “justas y libres” son los pecados. Está comprobado que el chavismo siempre usó a la Justicia para perseguir a opositores y críticos, hostigar a periodistas y amañar elecciones.

Los 23 expresidentes latinoamericanos y dos españoles, entre ellos, Alvaro Uribe, Felipe Calderón, Vicente Fox, Sebastián Piñera, Felipe González y José María Aznar, reclamaron en su documento por la liberación de los presos políticos, en especial por los casos más conocidos, como el de los alcaldes opositores, Leopoldo López y Antonio Ledezma, que se han convertido en la imagen más visible de la opresión del gobierno de Maduro.

Pese a lo positivo y noble de la actitud política, se debe aclarar que se trata solo de un gesto, pero no de un acto de gobierno, como la comunidad internacional viene pidiendo. De ahí las críticas que se le hicieron al secretario general de la OEA, ahora en retirada, José Miguel Insulza, por haberse comportado muy insulso e indiferente ante jefes de Estado tan avasallantes como Maduro o su antecesor.

Unas críticas fundamentadas que también se hacen a los gobiernos actuales que parecen mirar de costado cuando se viola la Carta Interamericana Democrática, un documento consensuado años atrás y que los obliga a responder con decisión cuando se violan preceptos democráticos en cualquier país.

Se trata de un silencio cómplice del que también formaron parte los exmandatarios que hoy son fiscales de la democracia. Uno se pregunta ¿por qué no reaccionaron con la misma vehemencia cuando el chavismo cometía los mismos abusos mientras ellos eran gobiernos? ¿Por qué callaron por décadas sobre las permanentes violaciones a los derechos humanos del régimen de los hermanos Castro?

No hubo respuestas concretas a una Carta Democrática que reclama que la defensa de la democracia sea una postura de Estado, de gobierno, no de expresidentes. Existe en todo esto, además, mucha hipocresía. En especial cuando se observa cómo desde todos los sectores le llovieron críticas al gobierno de Barack Obama, que lejos de solo expresar repudio a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tomó acción, sancionando a siete funcionarios por los asesinatos impunes de varios estudiantes venezolanos durante las escaramuzas del año pasado.

En realidad, el gobierno de Barack Obama es, por ahora, el único que no puede ser señalado de complicidad por omisión sobre los abusos de Maduro. Esto, pese a que Maduro lo tilde de injerencista y de entrometerse en asuntos internos, tratando de desviar la atención con un giro propagandístico que incluye 10 millones de firmas para rechazar la actitud del gobierno estadounidense.

Ante esta omisión cómplice de los gobiernos latinoamericanos para defender la democracia, cobra trascendencia la actitud de los expresidentes, de ser fiscales de Venezuela y cumplir con una Carta Interamericana Democrática que hasta ahora solo tuvo fines decorativos. 

Libertad de prensa en las Américas

Al terminar este lunes las deliberaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa en Panamá, quedó un mensaje para la Cumbre de las Américas que se celebrará en abril próximo: Las democracias, para que se precien de tal, necesitan ofrecer una alta dosis de libertad individual a sus ciudadanos y garantizar libertad de prensa y expresión.

Será la primera vez que Barack Obama y Raúl Castro se sentarán en una misma mesa; cruzarán miradas y estrecharán manos sin condicionamientos ideológicos ni diplomáticos. No obstante el optimismo, la SIP insistirá que el acuerdo político-económico será en vano si el gobierno de los Castro sigue golpeando, deteniendo y encarcelando a quienes expresen sus opiniones o debatan por internet.

La reunión de abril, para que se precie de Cumbre, tendrá que lidiar sobre desarrollo sostenible, pobreza, falta de agua, narcotráfico, procesos políticos insostenibles, como el de Venezuela, y sobre el renovado papel que tendrá que jugar una Organización de Estados Americanos más eficiente y ágil. Pero tampoco podrá desconocer que el continente está retrocediendo a pasos agigantados en materia de libertad de prensa y de expresión vulnerándose la esencia misma de la democracia.

Para este lunes, la SIP habrá señalado que la violencia contra periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales conspira contra las libertades que deben resguardarse en una democracia. La ineficiencia de los sistemas de protección de periodistas y el asesinato de siete en los últimos tres meses, en Colombia, Honduras, México y Perú, además de la impunidad que rodean a crímenes anteriores – solo en Colombia prescribieron cuatro casos en 2014 y tres más lo harán este año – demuestran el retroceso.

No solo los periodistas están sufriendo represalias físicas y presiones legales-judiciales. En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro procesó y detuvo a siete usuarios de Twitter por violentar la seguridad nacional, es decir por hablar mal del Presidente. En Ecuador, Rafael Correa hizo cerrar cinco cuentas de Twitter y varias en Facebook porque los usuarios osaron reírse y burlarse del gobierno.

En México fue peor, el crimen organizado asesinó a una usuaria de Facebook porque denunció actividades del narcotráfico. Algo que los medios tradicionales y periodistas obvian y se autocensuran para evitar seguir siendo blanco, en un país que el Estado es poco eficiente para controlar tanta violencia.

En materia de internet la SIP ha puesto el grito en el cielo. Cada vez es más palpable el uso que le dan los gobiernos - EEUU, Canadá, Colombia, Argentina, Venezuela, Panamá y Ecuador - para restringir las libertades individuales más que para empoderar a los ciudadanos. Las potenciales amenazas del terrorismo, que en la mayoría de los casos se usa como excusa para vigilar a los ciudadanos, han servido a los gobiernos para crear intrincados sistemas de espionaje con la intención de vigilar ciudadanos, neutralizar denuncias de periodistas y detener estrategias de los políticos de oposición.

En la Cumbre de las Américas tampoco será bueno que los casos de Dilma Rousseff y Petrobras en Brasil o la interminable lista de Amado Bodou en Argentina eviten que se vea el bosque de la corrupción cultural y casi generalizada. Muchos gobiernos siguen usando los dineros del Estado como propios, viven haciendo propaganda de sus actos como si vivieran en procesos electorales continuos y el dinero para viviendas y salud lo siguen derrochando en clientelismo para llenar narcisistas actos partidarios.     

La Cumbre deberá revisar varios casos de democracias que no son tales y que pasan debajo del radar por el espejismo de vivir en elección tras elección. Venezuela es el caso más patético de cómo estos procesos le permiten al gobierno sobrevivir, escondiendo engaños y restricciones.

Sin embargo, es Ecuador el país al que se debiera ponerle mayor atención. Correa ha creado una ley de Comunicación con la que legitima la censura. En un par de meses ha extendido 37 procesos y sanciones económicas a medios, periodistas y usuarios de internet. Mandó a cerrar dos radios y cuentas de usuarios en redes sociales. Su tendencia medieval a censurar a sus críticos no tiene fin y es una tendencia que tenderá a agravarse en el futuro inmediato. 

Responsabilidades ante la Libertad de Prensa

No hay mayor valor para una democracia que la libertad de prensa y el derecho a la información, un valor prioritario y superior a otros derechos esenciales como la justicia y la igualdad.

Solo basta mirar a las sociedades más avanzadas para confirmar que su desarrollo político, social y económico está íntimamente ligado a la tolerancia y apertura de los gobiernos frente a la opinión e información. Por el contrario, no es casual que los países poco desarrollados son los que tienen menores niveles de libertad de prensa y de expresión.

Una mirada profunda y detallada sobre los países latinoamericanos corrobora esta percepción. Aquellos con mejor nivel económico, menor índice de corrupción, más seguridad, mejor acceso a la educación y mayor bienestar emocional, son aquellos donde la libertad de prensa es más respetada. Uruguay y Costa Rica, se destacan de un pequeño grupo.

En la antípoda, las naciones son muchas más, empezando por Argentina y terminando por Venezuela; y en el medio, un grupo inmenso de países cuyos gobiernos creen que tienen el poder de conceder a la sociedad la libertad de expresión, desconociendo que es un derecho natural inherente al ser humano, y el principal, que sus propias Constituciones reconocen y le mandan custodiar.

Esa actitud gubernamental soberbia hace que en muchos países se hayan creado leyes y decretos para limitar la libertad de prensa o la libertad de los medios y los ciudadanos a expresarse sin ataduras. Esta es, sin dudas, la forma más exitosa que han encontrado para blindarse, evitar la fiscalización y la rendición de cuentas, valores esenciales de una democracia a los que todos se comprometen durante procesos electorales, pero que luego se olvidan tras asumir el poder.

La libertad de prensa es superior a otros valores, porque ningún otro se puede manifestar y plasmar adecuadamente – educación, salud, seguridad, justicia -  cuando la sociedad no tiene el derecho a saber, a opinar, a criticar y a poder presionar para que los gobiernos – simples administradores de la cosa pública – cambien el rumbo o tomen los correctivos necesarios.

Es verdad que la seguridad de la libertad de prensa y la labor de los medios, tradicionales y digitales, va mucho más allá de los desafíos que le imponen los gobiernos. Pero son los gobiernos los que tienen la mayor responsabilidad, siendo los custodios naturales de las libertades individuales y sociales, tal como lo expresan las Constituciones y todas las declaraciones internacionales, desde la Carta Democrática Interamericana hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Sin embargo, no puede relegarse en el gobierno la responsabilidad única. Por su importancia, la libertad de prensa así como es un derecho de todos, también su custodia debe ser una responsabilidad de todos. La mayor cuota de este deber por supuesto que le corresponde a quienes hacen de la información un trabajo cotidiano y profesional – medios y periodistas – y a todo aquel que gracias a las nuevas tecnologías – internet y redes sociales – ha podido comprobar en forma personal y grupal el poder de la comunicación.

Por supuesto que hay personas, grupos o medios que manipulan esta libertad causando grandes problemas de injusticia. Pero no por ello estos canales deben censurarse, sino todo lo contrario. Los desfasajes de la libertad se curan con mayor libertad, con mayor pluralidad y diversidad de voces porque, en definitiva, la libertad de expresión no es tanto un atributo de quien emite el mensaje sino de quien lo recibe.

Por ello, la responsabilidad de custodiar la libertad de prensa es una obligación de cada uno de los ciudadanos. Debe exigirla y nutrirla, si pretende vivir en una democracia creciente y mejor.          

Reflexionar sobre esta responsabilidad puede ser el mejor tributo a este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Resumen sobre libertad de prensa

Este es un resumen de los problemas más serios para la libertad de prensa que están enfrentando los países de las Américas, tal como se están discutiendo en esta reunión de la SIP en Barbados.

Argentina

El gobierno nacional continúa usando la publicidad oficial e impulsando un cepo publicitario de anunciantes privados, como represalia y método de hostigamiento económico contra medios independientes y económicos, pese a un fallo de la Corte Suprema que le obliga a abandonar esa práctica.

La Corte Suprema advirtió al gobierno que no puede aplicar en forma selectiva la ley de medios para desguazar solo a los más incómodos.

El gobierno mantiene una amplia – y creciente - red de medios oficiales y privados, beneficiándolos con publicidad oficial.

Bolivia

Pese a un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se crean 13 tipos de excepciones que van más allá de la seguridad nacional, permitiendo a todos los poderes determinar qué es de interés público, según su propio criterio.

Continúa la estrategia gubernamental de debilitar económicamente a los medios. Les obliga a publicar anuncios gratis, utiliza la publicidad oficial para discriminar, ha creado nuevos impuestos.

Desconocidos siguen comprando medios privados e independientes que enseguida se vuelcan al servicio del gobierno, recibiendo beneficios económicos.

Brasil

Cuatro periodistas fueron asesinados. Además, docenas de periodistas fueron agredidos por policías y detenidos durante las protestas públicas en diferentes ciudades.

En el interior del país, muchos periodistas son víctimas de amenazas de muerte y agresiones en represalia por denuncias sobre corrupción en la administración pública.

Canadá

El gobierno nacional, ante la presión de los medios, dejó sin efecto un proyecto de ley sobre vigilancia en el internet que afectaría el derecho a la privacidad y la confidencialidad de las fuentes informativas de los periodistas. También quedó sin efecto otro proyecto de ley que requería a los medios divulgar estrategias sobre contenidos periodísticos y programación.

Caribe

Barbados: Tres ejecutivos periodísticos de The Nation están procesados criminalmente por la publicación de una fotografía divulgada ampliamente en las redes sociales, sobre menores teniendo sexo en una escuela, por infringir la Ley de Protección del Menor.

Jamaica: El Congreso aprobó reformas descriminalizando la difamación.

Chile

El nuevo gobierno comenzó a hacer referencias sobre promover la libertad de prensa y de expresión, con alusiones a la diversidad editorial de medios creando cierta incertidumbre sobre si habrá regulaciones especiales al respecto.

Una ley sobre el etiquetado de alimentos y de restricciones para alcanzar con la publicidad a menores de 14 años con alimentos que no sean saludables, puede causar limitaciones para la divulgación de publicidad en los medios.

Colombia

Un periodista fue asesinado. Cinco crímenes prescribieron, y 142 continúan en la impunidad. La Unidad Protección del Estado da protección a 90 periodistas por riesgos extraordinarios. Más de 30 fueron agredidos por agentes del Estado durante las actuales protestas sociales.

En marzo fue sancionada la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

Continúa el uso y abuso del derecho Penal para presionar a periodistas. Se registraron unas 20 demandas, la mayoría interpuesta por funcionarios.

Costa Rica

El Tribunal Constitucional declaró culpables a la Fiscalía y Policía Judicial de violar los derechos a la intimidad y secreto de las fuentes, en un caso relacionado a espionaje telefónico contra el periodista Rodríguez Estrada del Diario Extra, por medio del cual se trató de identificar las fuentes que le proveían información dentro de la administración pública con las que hacía sus denuncias periodísticas sobre corrupción.

Cuba

Pese a las reformas económicas, inexistentes a nivel de apertura política, el gobierno continúa imponiendo censura directa, ya sea hostigando y deteniendo a periodistas independientes y disidentes incluso a niveles superiores a otros años. El internet también sigue bloqueado, principalmente por costosas tarifas y difícil acceso para los ciudadanos comunes.

Un bloguero y escritor permanece preso, Ángel Santiesteban Prats, condenado a cinco años de prisión, según él, por su delito a publicar un blog.

Ecuador

A instancias de la Ley de Comunicación, inició operaciones la Superintendencia de Información y Comunicación, imponiendo fuertes multas a diario Extra por contenidos de titulares y a El Universo por un dibujo del caricaturista Bonil.

El nuevo Código Penal que regirá a partir de agosto mantiene la criminalización de la difamación, el desacato a las autoridades y penaliza a quien trabaje como periodista sin título universitario.

EE.UU.

El Departamento de Justicia terminó proceso de revisión sobre citaciones judiciales a los periodistas, imponiendo más límites para que no se obligue indiscriminadamente a los periodistas a revelar sus fuentes.

La Corte Suprema de Nueva York – donde existe fuerte protección para las fuentes - decidió que una periodista de ese estado no debe prestar testimonio divulgando fuentes en Colorado, donde las leyes no la protegerían demasiado; creándose un buen antecedente judicial.

Permanece preso el bloguero Roger Shuler por tiempo indefinido. Un juez lo condenó a prisión por desacato, al desobedecer su orden de que debe retirar posts sobre el gobernador de Alabama, a lo que el periodista se niega.

El Salvador

Pese a peticiones de información pública invocando la Ley de Acceso a la Información, la Corte Suprema se niega a dar datos sobre despidos arguyendo temas de seguridad, mientras que el Congreso sigue retaceando la información solicitada sobre nómina y salarios de asesores que se les solicitó. 

Guatemala

El gobierno sigue utilizando la publicidad oficial para castigar a medios críticos, así como adopta acciones judiciales y administrativas – auditorías tributarias – como sucedió con el caso de elPeriódico.

El gobierno no se rige por la transparencia para disponer información como estipula la Ley de Acceso a la Información Pública. Según la Procuraduría de DDHH, 56% de las instituciones estatales no entregaron sus informes anuales.

Haití

Se registraron avances judiciales en tono al asesinato del periodista Jean-Leopolde Dominique, asesinado en 2000. Nueve sospechosos están siendo procesados.

Honduras

Dos periodistas fueron asesinados. Continúa clima de amenazas y agresiones contra medios y periodistas, generándose clima de autocensura.

En marzo fue aprobada la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. Contradice principios de transparencia establecidos en la Ley de Acceso a la Información.

México

Dos periodistas fueron asesinados. Falta de programas, personal idóneo y recursos económicos conspiran contra el sistema oficial de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Continúan aumentando las agresiones contra periodistas y atentados contra medios en el interior del país.

Nicaragua

El gobierno nacional mantiene el secretismo absoluto de sus actividades y la poca información oficial que divulga es a través de medios gubernamentales que compró el gobierno y la familia Ortega Murillo. Esto, pese a la ley de Acceso a la Información Pública de 2007 que obliga al Estado a divulgar.

Tras las reformas a la Constitución, Ortega ha consumado el control total de los poderes del Estado y tiene la posibilidad de seguir siendo reelecto indefinidamente.

Panamá

El acceso a la información pública persiste como gran dificultad para los periodistas, mientras que varios medios independientes siguen sufriendo la discriminación del gobierno en materia de publicidad oficial.

El gobierno nacional sigue estigmatizando a los medios independientes calificándolos como “medios de la oposición”, mientras que varios funcionarios han tomado como práctica interponer demandas civiles contra información sobre corrupción, pidiendo indemnizaciones desproporciondas.

Paraguay

En diciembre el Senado aprobó un proyecto de ley de acceso a la información. Este proyecto se materializó después de 10 años engavetado y, principalmente, por las críticas recientes al Congreso por no revelar información solicitada sobre nómina y salario de asesores.

Perú

Se han incrementado los casos de agresión física, amenazas de muerte contra periodistas y atentados y acoso judicial contra medios, mayormente en represalia por denuncias contra funcionarios públicos en el interior del país.

Aumentó considerablemente el número de admisión de demandas civiles y penales contra medios y periodistas en las Cortes del país.

Puerto Rico

El Tribunal Supremo autorizó la cobertura periodística en sus salas, después de una larga controversia y pedido hecho por los medios y asociaciones de prensa.

República Dominicana

Aún el Tribunal Constitucional no se expide sobre una demanda de nulidad presentada por un grupo de medios y periodistas para que se despenalicen los delitos de injurias y calumnias que se expresan en el Código Penal y en la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento.

Dos legisladores oficialistas han demandado a un grupo de periodistas por delitos de injurias y calumnias.

Uruguay

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Servicios Audiovisuales que regula a los medios electrónicos, creándose un organismo técnico que podrá restringir contenidos imponiendo fuertes multas. Se esperan cambios cuando la trate el Senado.

En diciembre el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Acceso a la información que permite a los funcionarios argumentar mayores excepciones para negar información al público y a los medios.   

Venezuela

Docenas de periodistas han sido blanco de agresiones y restricciones durante las protestas públicas que se iniciaron el 12 de febrero y que ocasionaron más de 40 muertos y centenares de heridos y detenidos.

El gobierno aumentó las restricciones a los medios y las redes sociales con censura directa, mientras que sigue aplicando censura indirecta a los periódicos, con restricciones administrativas, no permitiéndoles importar papel y otros insumos. Más de 20 periódicos están por dejar de circular.

El gobierno sigue ampliando el número de medios estatales, a la vez que sigue presionando a los privados.

Necesaria cultura de libertad de expresión

Corría 1994. La Sociedad Interamericana de Prensa creaba la Declaración de Chapultepec para defender y promover la libertad de prensa como esencia de la democracia, mientras la ciclotímica América Latina se sacudía crisis y buscaba consolidar procesos democráticos.

Hace 20 años los temas eran diferentes, pero los problemas similares. Corrupción, inseguridad, inflación, debilidad institucional, censura de prensa, pobreza, desigualdad y autoritarismo reaparecían sin evolución ni aprendizajes. Desde el Vaticano, Juan Pablo II reaccionaba a Latinoamérica prohibiendo a sacerdotes militancia política y sindical. En México no se hablaba de narcotráfico, sino del nuevo movimiento zapatista. En Venezuela, asumía Rafael Caldera, indultando semanas después a Hugo Chávez, preso desde su intento de golpe de Estado en 1992. En Argentina morían 84 personas en el atentado contra la AMIA, se reformaba la Constitución y Maradona era expulsado por dopaje del Mundial de EE.UU.

Hace 20 años el internet era incipiente y desconocido. Los mensajes más vanguardistas eran por fax. En Colombia se inauguraba la telefonía móvil y los medios tradicionales no tenían idea que al final de la década tendrían que emigrar a espacios digitales para sobrevivir y mantener audiencias. Edward Snowden y Julian Assange, si acaso, eran ciencia ficción.

En 1994, mientras Nelson Mandela ganaba las elecciones en Sudáfrica poniendo fin al apartheid, en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, un grupo de visionarios, entre ex presidentes democráticos, líderes mundiales, premios Nobel y periodistas, redactaban una escueta declaración de principios que serviría para crear cultura sobre libertad de expresión.

El clima actual de libertad de prensa no es mejor que hace 20 años; hasta se retrocedió. Lo prueban el cierre de medios y persecución de periodistas en Venezuela; la censura legalizada en Ecuador; la propaganda gubernamental en Argentina; la matanza de periodistas en México, Brasil y Honduras; la continua falta de libertad en Cuba y la invasión del gobierno de EE.UU. en la privacidad de la gente.

Pese a ello, el público, tal vez sin saber por qué, tiene mayor conciencia sobre que para vivir en democracia, es indispensable que se reconozca con acciones concretas el derecho a la información, en lugar de figurar en lindas frases constitucionales y tratados internacionales. Esa mayor conciencia fue fraguada por debates públicos, participación en las redes sociales y más acceso a decisiones de los gobiernos, que se vieron presionados a rendir cuentas.

La Declaración de Chapultepec contribuyó a esa saludable cultura de mayor apertura gubernamental. Sirvió para medir sistemáticamente el nivel de libertad de prensa en una sociedad y, también, para impulsar medidas concretas que favorecieron la práctica del Periodismo ante gobiernos intolerantes y para crear más garantías y respeto a los derechos del público a la información y expresión.

El logro mayor en estas dos décadas de la Declaración fue haber impulsado la tendencia de leyes de acceso a la información pública, que empezó con México en 2001 y prosiguió hace días con la Ley de Transparencia en Colombia, después de insertarse en más de una docena de países latinoamericanos. Si bien estas leyes – todavía inexistentes en Venezuela, Paraguay, Costa Rica y Argentina, entre otros países -  no derrotaron el secretismo de Estado existente, ayudaron a crear cultura sobre la necesidad de contar con gobiernos más abiertos y trasparentes.

La eliminación del delito de desacato - que las autoridades permitan la crítica sin represalias - fue otro paso positivo en pos de gobiernos menos autoritarios. La excepción son Ecuador y Venezuela, donde por una ley y una reforma al Código Penal, respectivamente, se activaron mayores protecciones para los gobernantes, como si fueran monarquías del Siglo 14.

En materia de libertad de información los desafíos son muchos y constantes, especialmente por esa característica latinoamericana a la ciclotimia, de volver a los errores de siempre. Por eso es válida la celebración de la Declaración de Chapultepec que, aunque un poco imperceptible a la vista del ciudadano común, ha sido en estos 20 años, una usina importante para generar energía y cultura a favor de las libertades de prensa y expresión.