Violencia contra periodistas: Responsabilidad gremial

Un nuevo cimbronazo sufrió el Periodismo latinoamericano. Sicarios asesinaron al reconocido reportero mexicano Javier Valdez Cárdenas en plena luz del día en las calles de Culiacán, una ciudad que, como tantas otras, se ha acostumbrado a las  balaceras y a narcotraficantes que reclaman territorio y asumen autoridad.

El asesinato de Javier no es ni más ni menos importante que cualquiera de los otros cinco periodistas mexicanos acribillados este año o del centenar en la última década. Sin embargo, la talla cualitativa de sus historias, la honestidad de su labor y el respeto de sus colegas por denuncias contra el narcotráfico que volcó en libros de valiente denuncia, merecen que su caso se convierta en punto de inflexión, para que ayude a generar cambios y la profesión salga del oscuro submundo de la violencia y la impunidad.

Es cierto que es tarea única y prioritaria del gobierno esclarecer el crimen, bajo la obligación estatal que la OEA definió como las tres P: Prevención, Protección y Procurar justicia. Pero ante la impericia, negligencia e ineficiencia históricas de muchos gobiernos mexicanos, los periodistas harían mal en esperar sentados. El gremio necesita asumir sus responsabilidades.

En la historia del Periodismo latinoamericano existen casos como el de Javier que por haberse convertido en emblemáticos, sirvieron para crear conciencia y demostrar que el asesinato de un periodista tiene efectos devastadores para la libertad de expresión.

Los casos de José Luis Cabezas en Argentina, Guillermo Cano en Colombia, Tim Lopes en Brasil, Hugo Bustíos en Perú, Jean Leopolde Dominique en Haití, Jorge Carpio en Guatemala fueron bandera de lucha del periodismo de esos países, ayudando a que se aquellos asesinatos no fueran en vano. Todos, medios de comunicación y reporteros, en solidaridad y con unidad, y en forma consistente, exigieron cambios, presionaron sin pausa y persistieron tozudamente en sus reclamos.

Era esperado que el caso de Javier concitara el interés gremial. La indignación, la frustración y la indefensión profesional se hicieron sentir en marchas al monumento al Ángel de la Independencia en Ciudad de México o en las plazas de Culiacán y Veracruz, en espacios pagados y titulares de los medios más prestigiosos, reclamándosele más determinación al Ministerio Público para administrar justicia.

Todo ello marcha en la dirección correcta. Pero no es suficiente. Falta una estrategia mancomunada entre medios y periodistas que mantenga los brazos en lucha, pese a las adversidades. Se necesita una estrategia consistente, creativa, sostenida en el tiempo y muy contagiosa (viral si se quiere adjetivar en esta época) como la realizada por aquellos gremios que no soltaron los casos de Cabezas o Lopes hasta que se hizo justicia y marcaron un antes y después en la violencia contra periodistas.

También hay que asumir la realidad de México. La Justicia por sí sola tampoco será un disuasivo automático para los violentos. La agresión contra el Periodismo es parte del contexto de una guerra intestina que suma mártires en todas las disciplinas y lugares. La violencia es un problema cultural.

Mal se haría, sin embargo, en tomar esa guerra como la excusa para no hacer nada. El Periodismo mexicano hace mucho que se debe una institución propia y nacional para defender la vida de sus periodistas y la sostenibilidad de sus medios de comunicación. ADEPA y FOPEA en Argentina o ANDIARIOS y la FLIP en Colombia son espejos donde imitar respuestas.

El Periodismo mexicano tiene ahora la oportunidad de asumir sus responsabilidades y debe aprovechar que existen más instrumentos de lucha que antes. La federalización de los delitos contra periodistas, los sistemas de protección, el agravamiento de los castigos y el mayor apoyo social son mecanismos muy importantes, ineficientes y débiles por ahora, pero que pueden maximizarse y perfeccionarse para el bien de la profesión.

La memoria de Javier exige que el Periodismo luche por la profesión como él lo hizo, denunciando y reclamando Justicia. Pero los periodistas no deben reclamar para su propio beneficio, sino para que todo mexicano pueda defender y gozar los derechos a la vida y a la expresión que les manda su Constitución. trottiart@gmail.com

Matar por matar

En Guatemala matan mujeres, en Brasil ambientalistas, en México periodistas, en El Salvador policías, en Honduras abogados, en Colombia militares, en Argentina jubilados, en EEUU negros y en Venezuela por una bicicleta.

Las sociedades están más violentas que nunca según las últimas mediciones. Se han incrementado superlativamente los robos con violencia. Las drogas y el narcotráfico con sus mafias conexas infiltran instituciones, lideran el crimen organizado y corroen todo.

Sin embargo, los mayores índices de violencia no son fruto de la inseguridad que producen estos grupos y otros delincuentes, sino más bien del clima de profunda impunidad que se ha enquistado en todas las sociedades. La falta de justicia constante derivó en un fenómeno cultural, cuya consecuencia más perversa es la indolencia. Nos hemos acostumbrado a vivir entre violentos y los que deciden matar por matar.

La institucionalización de la violencia acarrea problemas mayores: La deshumanización de las víctimas. En México, por ejemplo, la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son solo una estadística. Rara vez salen a relucir sus nombres e historias de vida o sobre por qué protestaban, antes que los policías los vendieran a los narcos.

En Argentina, México y Venezuela se triplicaron los robos con violencia y ya se toma por habitual que alguien sea asesinado durante el hecho. En Brasil, Honduras y Guatemala, los asesinatos son selectivos, matan a quienes tenían una causa o la misión de combatir la violencia.

En muchos países los conflictos superan al Estado. En Colombia en plena negociación del proceso de paz entre el gobierno y las Farc, los guerrilleros minaron los acuerdos con una matanza de nueve militares. El gobierno de El Salvador no pudo sostener la tregua con las pandillas juveniles y en marzo los asesinatos se cuadriplicaron, murieron 481 personas, entre policías, militares y  pandilleros.

En Brasil y Guatemala, ante el clima irracional de impunidad, los propios agentes del Estado empiezan a tomar la justicia por manos propias. El nuevo fenómeno de grupos paraestatales rememora los nefastos escuadrones de la muerte de épocas pasadas. En Guatemala acaban de desbaratar un grupo parapolicial con 19 agentes y comisarios dedicados a ejecuciones extrajudiciales.

La falta de justicia es una papa caliente a la que nadie se atreve. Para las elecciones generales que se avecinan en Guatemala y Argentina, los candidatos hablan sobre la justicia pero en su esfera política, o de educación y salud temas más fáciles de asir, pero poco se propone para combatir la impunidad. No asumen que la ineficiencia de la justicia cotidiana es la mayor causa de degradación social.

El problema de la violencia y la impunidad es complejo. Los medios de comunicación tampoco ayudan mucho. El sensacionalismo conspira contra las soluciones, en especial porque hace apología de la violencia y deshumaniza a las víctimas. En EEUU el gobierno combate esta deshumanización habiendo instaurado la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen que se celebra en abril. El objetivo es evitar que se le dé más importancia a los detalles del crimen y a sus perpetradores, que a la víctima y sus familiares.

Un estudio reciente de la Universidad de Las Américas de Puebla adivina este camino. Condena al Estado mexicano por tratar de resolver el problema de la inseguridad con más policías. Los miles de agentes que se agregaron a la fuerza de seguridad en el último sexenio, fue un balde en el océano. “No se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones”, concluye el informe.

La universidad reclama que tanto en México como en Colombia, los países con mayor impunidad en América Latina, la inseguridad se debe combatir con más jueces, con mayores recursos económicos y capacitación para las fiscalías y el sistema de ministerio público.

La falta de justicia y la deshumanización de la violencia tienen un mayor agravante. Cuando la gente descree de las instituciones, se acostumbra al crimen y no denuncia. Cuando esto se hace habitual y la sociedad se deja ganar por el desánimo, se crea un círculo vicioso, suelo fértil para los violentos y delincuentes que doblan la apuesta. 

Videos contra el abuso policial

La violencia policial es costumbre en EEUU, pero más brutal contra las minorías, la afroamericana en particular. Los disturbios de esta semana en Baltimore para vengar a Freddy Grey, un joven negro que murió por maltrato de la policía, forma parte de un largo historial de abusos.

Como nunca antes las imágenes captadas por la gente con sus teléfonos móviles jugaron un papel fundamental en este caso. Estos videos, más allá de hacerse virales en las redes sociales, se están convirtiendo en la evidencia perfecta que los fiscales no pueden evadir. Presión para la justicia, quizás; pero definitivamente mayores beneficios, considerando que antes de la tecnología en manos de todos, los jueces debían confiar en testimonios oculares y en la reconstrucción de los hechos.

Las imágenes que ahora puede captar cualquier ciudadano convertido en periodista cívico, está incentivando la cultura de la denuncia, importante para que la sociedad cree anticuerpos contra los violentos. Es verdad también que la saturación y manipulación de imágenes o distribuirlas sin contexto puede provocar mayor violencia. Se pudo apreciar esta semana en Baltimore, y meses atrás en Charleston, New York, Cleveland y Ferguson, ciudades donde las comunidades afroamericanas salieron enfurecidas a las calles a reclamar justicia y trato igualitario.

Sin embargo, más allá de los disturbios, las fotografías y videos circunstanciales están ayudando a la gente a consumir realidad, un elemento que entendieron bien las televisoras cuando lanzaron los reality shows y que sirvió a YouTube, Instagram y Facebook, para posicionarse como líderes del mercado en distribución y consumo de actualidad.

Gracias a la propagación de imágenes por estas redes sociales, Baltimore pasó de ser una ciudad que se apreciaba y percibía violenta a través de la televisión, a una ciudad con sentido común y cuyos vecinos, también afroamericanos, ansiaban el orden y la paz. Bastó un video de una madre agarrando a golpes a su hijo adolescente para que deje de arrojar piedras contra la policía.

La imagen fue contundente. Así como la muerte de Freddy encendió el fuego, el video sobre la madre afroamericana Toya Grahman lo apagó. La ciudad y sus vecinos comenzaron a calmarse, a quitar a sus hijos y nietos de las protestas, y así, lo que las autoridades no habían podido lograr días previos con el toque de queda, un corto video de un hecho que se hizo viral en las redes sociales cambió la historia, obligando incluso a la televisión a cambiar la perspectiva de la información y construir otra realidad.

Disuadir a los violentos es justamente la medida pretendida. Prevención y no represión es el lema de un gobierno federal que trata de imponer su peso a los estados para que reformen códigos de conducta policial y combatir a sus violentos. Un grupo de trabajo que formó el presidente Barack Obama en diciembre pasado, determinó, entre varias medidas, que poner cámaras en los uniformes de los policías para que filmen su propia pericia al momento de arrestos o cuando acuden al lugar de los delitos, puede ser un fuerte disuasivo para que se eviten los abusos.

Las imágenes de esas cámaras que supervisan la conducta de los policías, según varios proyectos pilotos que se hicieron en el país con 50 mil agentes, mostraron mayores beneficios. Hasta los delincuentes se comportan más civilmente al momento del arresto, evitando, tal vez, que las imágenes se vuelven en su contra en los tribunales.

No obstante el beneficio, se está estudiando también que las imágenes podrían invadir la privacidad y, por lo tanto, desmotivar la denuncia. El ejemplo típico se da en casos de violencia doméstica, en los que la víctima que llamó a la policía para denunciar los golpes, puede terminar más víctima y avergonzada ante la exposición pública de los videos.

Las imágenes no pueden suplantar reformas profundas y necesarias para que los afroamericanos dejen de ser considerados por la policía como ciudadanos de segunda. Para ello se necesita más castigo para los policías abusadores, mayor educación y discusiones públicas para evitar los fantasmas de la segregación del pasado.

Mientras esto no suceda, las imágenes distribuidas en las redes sociales ayudan a propagar la verdad. Por ahora, el mejor antídoto contra los violentos.