Violencia contra periodistas: Responsabilidad gremial

Un nuevo cimbronazo sufrió el Periodismo latinoamericano. Sicarios asesinaron al reconocido reportero mexicano Javier Valdez Cárdenas en plena luz del día en las calles de Culiacán, una ciudad que, como tantas otras, se ha acostumbrado a las  balaceras y a narcotraficantes que reclaman territorio y asumen autoridad.

El asesinato de Javier no es ni más ni menos importante que cualquiera de los otros cinco periodistas mexicanos acribillados este año o del centenar en la última década. Sin embargo, la talla cualitativa de sus historias, la honestidad de su labor y el respeto de sus colegas por denuncias contra el narcotráfico que volcó en libros de valiente denuncia, merecen que su caso se convierta en punto de inflexión, para que ayude a generar cambios y la profesión salga del oscuro submundo de la violencia y la impunidad.

Es cierto que es tarea única y prioritaria del gobierno esclarecer el crimen, bajo la obligación estatal que la OEA definió como las tres P: Prevención, Protección y Procurar justicia. Pero ante la impericia, negligencia e ineficiencia históricas de muchos gobiernos mexicanos, los periodistas harían mal en esperar sentados. El gremio necesita asumir sus responsabilidades.

En la historia del Periodismo latinoamericano existen casos como el de Javier que por haberse convertido en emblemáticos, sirvieron para crear conciencia y demostrar que el asesinato de un periodista tiene efectos devastadores para la libertad de expresión.

Los casos de José Luis Cabezas en Argentina, Guillermo Cano en Colombia, Tim Lopes en Brasil, Hugo Bustíos en Perú, Jean Leopolde Dominique en Haití, Jorge Carpio en Guatemala fueron bandera de lucha del periodismo de esos países, ayudando a que se aquellos asesinatos no fueran en vano. Todos, medios de comunicación y reporteros, en solidaridad y con unidad, y en forma consistente, exigieron cambios, presionaron sin pausa y persistieron tozudamente en sus reclamos.

Era esperado que el caso de Javier concitara el interés gremial. La indignación, la frustración y la indefensión profesional se hicieron sentir en marchas al monumento al Ángel de la Independencia en Ciudad de México o en las plazas de Culiacán y Veracruz, en espacios pagados y titulares de los medios más prestigiosos, reclamándosele más determinación al Ministerio Público para administrar justicia.

Todo ello marcha en la dirección correcta. Pero no es suficiente. Falta una estrategia mancomunada entre medios y periodistas que mantenga los brazos en lucha, pese a las adversidades. Se necesita una estrategia consistente, creativa, sostenida en el tiempo y muy contagiosa (viral si se quiere adjetivar en esta época) como la realizada por aquellos gremios que no soltaron los casos de Cabezas o Lopes hasta que se hizo justicia y marcaron un antes y después en la violencia contra periodistas.

También hay que asumir la realidad de México. La Justicia por sí sola tampoco será un disuasivo automático para los violentos. La agresión contra el Periodismo es parte del contexto de una guerra intestina que suma mártires en todas las disciplinas y lugares. La violencia es un problema cultural.

Mal se haría, sin embargo, en tomar esa guerra como la excusa para no hacer nada. El Periodismo mexicano hace mucho que se debe una institución propia y nacional para defender la vida de sus periodistas y la sostenibilidad de sus medios de comunicación. ADEPA y FOPEA en Argentina o ANDIARIOS y la FLIP en Colombia son espejos donde imitar respuestas.

El Periodismo mexicano tiene ahora la oportunidad de asumir sus responsabilidades y debe aprovechar que existen más instrumentos de lucha que antes. La federalización de los delitos contra periodistas, los sistemas de protección, el agravamiento de los castigos y el mayor apoyo social son mecanismos muy importantes, ineficientes y débiles por ahora, pero que pueden maximizarse y perfeccionarse para el bien de la profesión.

La memoria de Javier exige que el Periodismo luche por la profesión como él lo hizo, denunciando y reclamando Justicia. Pero los periodistas no deben reclamar para su propio beneficio, sino para que todo mexicano pueda defender y gozar los derechos a la vida y a la expresión que les manda su Constitución. trottiart@gmail.com

El desafío de la violencia para los medios

La cobertura de la violencia no es nada fácil para los medios de comunicación, no solo por los riesgos que asumen los periodistas, sino porque existe una línea muy delgada entre informar con equilibrio, caer en el sensacionalismo o hacer apología del delito.

El hallazgo de 49 cadáveres descuartizados en un camino de Monterrey, el bombazo terrorista contra un ex ministro en el centro de Bogotá y las víctimas mortales en motines de cárceles hondureñas y venezolanas, son algunos de los hechos que en estos días desafiaron las políticas editoriales de los medios. No solo debieron sopesar cómo publicar, sino cómo lo haría la competencia y cómo se propagarían los hechos por las redes sociales, preocupación adicional inexistente hace unos años.

Pero la decisión se torna más difícil, cuando los medios son blanco directo de esa violencia, por lo que deben adoptar decisiones editoriales a veces contrarias a sus propios objetivos informativos, como ocurrió con el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo.

Dos días después de sufrir un atentado con metralleta y explosivos, El Mañana anunció en un editorial, que se abstendría de publicar información sobre las disputas violentas entre los carteles del narcotráfico. En un ambiente de impunidad, el diario razonó que la autocensura es la única forma para blindar a los periodistas; considerando, además, que ya ha sufrido otros atentados y que en 2004 fue asesinado su director editorial.

El Mañana también justificó su decisión para evitar la manipulación de los narcotraficantes, quienes en la divulgación de la violencia consiguen su objetivo de amedrentar a toda la sociedad y afirmar su dominio.

Decisión parecida adoptó esta semana el diario colombiano El Espectador, que tras el intento de asesinato del ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, se negó a publicar la noticia en su portada. En cambio, colocó un cintillo con fondo negro arriba de su logotipo en el que se leía “NO al terrorismo”.

Podrá argumentarse que esa decisión fue irrelevante en materia noticiosa si se considera que los detalles del atentado se desparramaron por otros medios y en las redes sociales, hasta con videos de teléfonos móviles capturados por los transeúntes. Sin embargo, la valía de la actitud editorial de El Espectador de no publicitar ese acto de terror, radica en su mensaje político frente a la violencia.

Similar al que adoptó en febrero, cuando decidió no publicar sobre atentados de las FARC en tres ciudades del interior o cuando en 1986 lideró un apagón informativo de un día que adoptaron todos los medios colombianos, en protesta por el asesinato de su director, Guillermo Cano, ordenado por Pablo Escobar.

Las decisiones editoriales no están exentas de provocar pérdida de credibilidad, ahuyentar a las audiencias o hasta provocar sanciones económicas y castigos legales. Por eso, muchos medios tratan de prevenir situaciones engorrosas con conductas de autorregulación, como lo hizo el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que en 2005 adoptó un manual de estilo para lidiar mejor con la publicación de hechos violentos.
Estas políticas por lo general no impiden publicar los hechos, sino asumirlos desde otra perspectiva. Recuerdo que tras el atentado terrorista contra el metro en Londres en 2005, un tabloide británico se diferenció del resto, con una plácida fotografía de un estacionamiento atestado de automóviles que no habían sido recogidos por las víctimas. Bajo el titular “El Día después”, su mensaje fue más potente que las demás portadas llenas de sangre, escombros e hierros retorcidos.

En Venezuela, en cambio, los medios no tienen mucho margen de maniobra. La autoridad aplicó la ley para censurar a El Nacional por publicar fotos de una morgue e impuso una multa millonaria a Globovisión, por mostrar imágenes de un motín carcelario. En Ecuador, una ley de Comunicación prevé cerrar aquellos medios que el gobierno considere que propagan la violencia, lo que, en un clima tan politizado, equivale a implantar la censura oficial.

Si bien el sensacionalismo puede disgustar a muchos, lo importante es permitir que los medios puedan asumir sus propias decisiones. En la pluralidad y diversidad de posturas editoriales, más que en la uniformidad que busca la censura, podrán encontrarse las mejores respuestas a la violencia.

México: no es suficiente

En México la policía detuvo a tres narcos y sospechosos de haber sido quienes secuestraron a cuatro periodistas la semana pasada y tuvieron en vilo al periodismo del país.
Más allá de la buena noticia de que los cuatro periodistas reaparecieron con vida, este episodio no puede confundirse. La violencia contra el periodismo y la libertad de prensa debe erradicarse de raíz, y para ello es necesario un gobierno responsable que derrote la impunidad, fenómeno que genera un círculo vicioso de donde se nutre la violencia.
En México la impunidad entre los crímenes contra periodistas ronda más del 90 por ciento. Para ello, es necesario que el Estado adopte políticas coherentes y consistentes. La primera tiene que ver con la federalización de este tipo de crímenes, primero por el tipo de crimen que debe ser comparado a otros delitos como el narcotráfico o la portación de armas pesadas o la trata de personas, además porque los estados, y dentro de ellos los poderes públicos, son más vulnerables a la corrupción. La segunda con la no prescripción de los crímenes y la tercera con que este tipo de acciones no solo deben ser castigados con toda la fuerza de la ley, sino con imposiciones fuertes, sin beneficios, que no permitan, como dijo recientemente un el presidente chileno Sebastián Piñera, sobre el tema de beneficios penales en su país, que la cárcel no debe tener puerta giratoria.
En México se realizará mañana una marcha por la principal avenida de la ciudad, Reforma, para pedir para que el gobierno combata la violencia y la impunidad. Pero en el reclamo, para que sea efectivo, debiera involucrarse no solo a periodistas y políticos – muchos de ellos oportunistas – sino a la sociedad toda. Si el ciudadano común no entiende que cuando matan o atentan contra un periodista se pone en riesgo la libertad de expresión de todos, cualquier lucha caerá, tarde o temprano en el olvido.
La prensa mexicana se debe a sí misma de lo que careció estos años: solidaridad y unidad. Y debe verse en el espejo de cómo lo logró el periodismo de otros países como en Argentina, Brasil y Colombia, cuando armó campañas de acción y educación ciudadana detrás de los asesinatos de José Luis Cabezas, Tim Lopes y Guillermo Cano.
Solo así estará creando de esta desavenencia de los secuestros una verdadera oportunidad.