México: no es suficiente

En México la policía detuvo a tres narcos y sospechosos de haber sido quienes secuestraron a cuatro periodistas la semana pasada y tuvieron en vilo al periodismo del país.
Más allá de la buena noticia de que los cuatro periodistas reaparecieron con vida, este episodio no puede confundirse. La violencia contra el periodismo y la libertad de prensa debe erradicarse de raíz, y para ello es necesario un gobierno responsable que derrote la impunidad, fenómeno que genera un círculo vicioso de donde se nutre la violencia.
En México la impunidad entre los crímenes contra periodistas ronda más del 90 por ciento. Para ello, es necesario que el Estado adopte políticas coherentes y consistentes. La primera tiene que ver con la federalización de este tipo de crímenes, primero por el tipo de crimen que debe ser comparado a otros delitos como el narcotráfico o la portación de armas pesadas o la trata de personas, además porque los estados, y dentro de ellos los poderes públicos, son más vulnerables a la corrupción. La segunda con la no prescripción de los crímenes y la tercera con que este tipo de acciones no solo deben ser castigados con toda la fuerza de la ley, sino con imposiciones fuertes, sin beneficios, que no permitan, como dijo recientemente un el presidente chileno Sebastián Piñera, sobre el tema de beneficios penales en su país, que la cárcel no debe tener puerta giratoria.
En México se realizará mañana una marcha por la principal avenida de la ciudad, Reforma, para pedir para que el gobierno combata la violencia y la impunidad. Pero en el reclamo, para que sea efectivo, debiera involucrarse no solo a periodistas y políticos – muchos de ellos oportunistas – sino a la sociedad toda. Si el ciudadano común no entiende que cuando matan o atentan contra un periodista se pone en riesgo la libertad de expresión de todos, cualquier lucha caerá, tarde o temprano en el olvido.
La prensa mexicana se debe a sí misma de lo que careció estos años: solidaridad y unidad. Y debe verse en el espejo de cómo lo logró el periodismo de otros países como en Argentina, Brasil y Colombia, cuando armó campañas de acción y educación ciudadana detrás de los asesinatos de José Luis Cabezas, Tim Lopes y Guillermo Cano.
Solo así estará creando de esta desavenencia de los secuestros una verdadera oportunidad.

Marchas y contramarchas

Movilizaciones El video póstumo del abogado Rodrigo Rosemberg que acusó a la Presidencia de Guatemala de ser responsable de su asesinato, arrastró al presidente Álvaro Colom a incurrir en un grave abuso de autoridad: organizó una marcha masiva con sus partidarios políticos y empleados de la administración pública, para contrarrestar una protesta legítima de la sociedad civil que grita por más justicia y menos impunidad.
Este recurso utilizado por Colom es habitual entre otros gobiernos latinoamericanos. Las contramarchas o movilizaciones de auto apoyo gubernamental, como también las organizan Hugo Chávez, Daniel Ortega y Cristina de Kirchner, entre otros presidentes, buscan neutralizar protestas públicas de oponentes; intimidar a disidentes, creando inseguridad para desmotivar futuros reclamos; mostrar o medir fuerza política; y polarizar, lo que atomiza a la población que se ve obligada a escoger entre estar a favor o en contra, todo o nada, sí o no.
Las contramarchas son antidemocráticas desde su concepción. El derecho de reunión, explícito en todas las constituciones del continente - junto a los de la vida, expresión, justicia y libre asociación - es un derecho de la persona como individuo, y el Estado, como entidad jurídica, no lo puede asumir como suyo, sino garantizarlo, defenderlo y protegerlo.
Sobre este deber de protección del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo de febrero contra Venezuela en materia de libertad de expresión - lo que puede ser extrapolado al derecho de reunión – manifestó que si bien los gobernantes pueden expresarse libremente (o promover una manifestación) tienen más restricciones y responsabilidades que los individuos, ya que no pueden menoscabar las garantías individuales, mucho menos en situaciones de conflictividad y sensibilidad social, debido a los riesgos que se pueden generar contra las personas y grupos involucrados.
Las contramarchas suelen tener además tres características que las desacreditan institucionalmente. Dilapidan recursos públicos, utilizan fuerzas de choque para atemorizar y promueven métodos propagandísticos anti minorías.
Valen estos ejemplos. Se calcula que el presidente Colom gastó casi un millón de dólares para convocar a miles de funcionarios partidarios electos de todo el país a su movilización y así debilitar los efectos del video de Rosemberg. Es conocido que el chavismo venezolano, el sandinismo nicaragüense y el kirchnerismo argentino reclutan fuerzas de choque - camisas rojas, consejos del poder ciudadano y piqueteros - para contrarrestar manifestaciones estudiantiles, marchas por elecciones fraudulentas o en apoyo al sector agropecuario. Y más grave aún, es que los gobiernos, al mantener aceitados sus aparatos de propaganda ideológica para arengar a sus mayorías, olvidan que la democracia implica atender y respetar las necesidades de las minorías.
Entre esas minorías se ubican las fuerzas de oposición, las que sí pueden adjudicarse el derecho de reunión. Por eso no es malo que Manuel López Obrador reúna a miles todos los días en las calles de México para acusar a Felipe Calderón de haberle robado la Presidencia; y es bueno que Calderón no salga a contestar con una contramarcha para justificar su legitimidad.
A un gobierno democrático no se le ocurriría perder el tiempo en organizar marchas políticas de auto apoyo. Michele Bachelet ni Nicolás Sarkozy ni Barack Obama convocarían a sus masas de partidarios para contrapesar las quejas de la oposición sobre carencia de justicia o transparencia.
Los gobiernos deberían hasta abstenerse de convocar reuniones masivas para promover fines altruistas, como el de José Luis Rodríguez Zapatero en contra de la violencia de la ETA o el de Alvaro Uribe por los secuestrados de las FARC. Es que al final, como el hábito hace al monje, pueden terminar cayendo en la tentación de utilizar los métodos de las contramarchas para incentivar otros fines de corte político o comprar mayores lealtades.
Aunque las contramarchas no son ilegales, porque no hay leyes que las reglamenten, prohíban o condenen, demuestran la debilidad del gobierno, siendo ética y democráticamente reprobables. Los Congresos deberían ser los encargados de fiscalizar a los gobiernos que las organizan, porque derrochan recursos que pertenecen a todos los ciudadanos; porque masifican a las mayorías violentando a las minorías; y porque polarizan y atomizan, motivando a que seamos cada vez más apáticos y descreídos de las instituciones democráticas.

Marchas y contramarchas en Nicaragua

En América Latina muchos gobiernos siguen dilapidando los recursos públicos según sus intereses políticos partidarios de espalda a la gestión de gobernar. De esta forma se viene comportando el gobierno de Daniel Ortega que esta vez, en un nuevo giro de tuerca, convocó para el 28 de febrero una marcha para contrarrestar la que anunció previamente, y para ese mismo día, el liberal Eduardo Montealegre para protestar por las elecciones fraudulentas de noviembre pasado.

La contramarcha organizada por el gobierno, como las que organiza usualmente Hugo Chávez o Cristina de Kircher para contrarrestar los efectos de la oposición y de los movimientos agrícolas respectivamente, tiene dos objetivos muy claros. Primero, intimidar y crear un clima de inseguridad sobre el principio fundamental de la libertad de asociación y movimiento en una democracia y, segundo, medir fuerzas y profundizar la polarización política.

Las contramarchas violan principios democráticos y en el caso del gobierno nicaragüense, también quebranta principios de la decencia política (si los puede haber), ya que la primera dama Rosario Murillo dijo que ese día 28 de febrero se harán caravanas, marchas y actos para comenzar con las celebraciones del 30 aniversario del derrocamiento de la dictadura de Somoza que se conmemora el 19 de julio.

No hay dudas que como lo viene haciendo desde el comienzo de su gobierno y tras la creación de los Consejos Populares, el orteguismo alienta la violencia e intimida a quienes deberían tener la libertad de manifestarse.