Tras cumplirse esta semana en Uruguay, la decimoséptima Cumbre de Jefes de Estados del Mercado Común del Sur (Mercosur), en la que el presidente Hugo Chávez fue una vez más el mayor protagonista, el Senado de Paraguay sigue siendo el último escollo para que Venezuela pueda integrarse como socio activo del bloque comercial conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Los senadores guaraníes, en una nota grata de fin de año para los endebles valores democráticos de la región, insistieron en supeditar los supuestos beneficios económicos que se derivarían de la integración de Venezuela a su cumplimiento con los compromisos democráticos regionales.
Los presidentes Cristina de Kirchner, Dilma Rousseff, Fernando Lugo y José Mujica sirvieron de abogados de su colega Chávez, desviviéndose en resaltar el potencial de Venezuela, así como de Ecuador, que podría cambiar su estatus de asociado en el bloque, por el de socio activo. Sin embargo, el Senado paraguayo se mantuvo firme en condicionar esos “beneficios económicos”, al cumplimiento de reglas democráticas que constan en el constitutivo Tratado de Asunción de 1991.
Pese a todas las presiones, los senadores guaraníes desde hace cinco años ofrecen razones de peso para bloquear a Chávez. Consideran que su gobierno autocrático, personalista, con prácticas contra la libertad de empresa, intolerante a la libertad de prensa y de propaganda anti estadunidense, exacerbaría el nacionalismo y pudiera poner en riesgo las bases fundamentales del Mercosur, así como acuerdos comerciales futuros tal el que se está gestando con la Unión Europea.
En un guiño político a Chávez, el presidente uruguayo Mujica buscó un atajo. Propuso una Comisión Especial para revisar procedimientos y ver si Venezuela puede entrar por la ventana. Los legisladores paraguayos, empero, con el apoyo del mandatario Lugo, insistieron en que se respete la facultad de los poderes legislativos para aprobar nuevas incorporaciones, aunque saben que las presiones serán cada vez mayores.
Chávez también fue bloqueado por el Senado de Brasil desde que su incorporación política fue aprobada por los presidentes del Mercosur en 2006. Tres años después, en diciembre de 2009, los senadores brasileños cambiaron de parecer en una estrecha votación a favor de Chávez promovida por el ex presidente Inácio Lula da Silva. Pese a ello, aquellos años sirvieron para denunciar la autocracia del régimen chavista y calificar a su líder de tirano y dictador.
La garra guaraní, forjada por décadas de lucha contra una dictadura, difícilmente pueda ser vencida en el ruedo verbal. Antes de marcharse de Montevideo, Chávez lanzó su ataque dialéctico contra las “manos negras” que estarían actuando detrás de los senadores paraguayos, quizás asociando los intereses de Barack Obama a quien esta semana calificó de “farsante”, porque criticó la falta de garantías democráticas en Venezuela en declaraciones publicadas por el diario caraqueño El Universal.
Chávez quiere que los paraguayos se concentren en los beneficios económicos que atraería al Mercosur, como si las decisiones políticas no fueran las que inciden sobre la economía. Y el bloque ofreció varias señales políticas en ese sentido en esta cumbre, como el acuerdo de libre comercio firmado con Palestina y la decisión solidaria con la soberanía de Argentina, sobre que no se permitirá a ningún barco con bandera de las Islas Malvinas recalar en puertos del Mercosur, que incluirían también a los de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, países asociados.
Sin dudas, la incorporación de Venezuela y de otras economías de la región será muy beneficiosa para que el Mercosur conforme un bloque más competitivo a nivel global. Pero también es positivo que se condicione esa integración al cumplimiento de los valores democráticos, sin ningún tipo de atajo político, en especial cuando la Carta Democrática Interamericana de la OEA pasa abiertamente desapercibida.
Tarde o temprano, el gobierno venezolano se las ingeniará para ser parte del Mercosur. Pero, mientras tanto, la garra y valentía de los guaraníes sirve para reforzar que las violaciones a los derechos humanos, la persecución política y la intolerancia a las libertades de empresa y de expresión, son obstáculos insalvables para cualquier saludable integración democrática.