sábado, 14 de marzo de 2009

Libertad de prensa país por país

Les presento un resumen de los informes sobre libertad de prensa que estamos presentando hoy mismo en Asunción como parte del análisis que en la Sociedad Interamericana de Prensa se realiza cada seis meses país por país en las tres Américas.

Argentina
Continuaron los ataques verbales y acusación contra los medios por parte de la presidenta Cristina de Kirchner y miembros de su gabinete; asimismo, un sindicato que responde al oficialismo, bloqueó la distribución de los diarios La Nación y Clarín, mientras que se canceló el programa radial del periodista Nelson Castro, en represalia por las líneas editoriales críticas al gobierno. Una corte de Apelaciones, invocando un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ordenó restablecer la publicidad oficial al diario Perfil, que viene siendo discriminado por distintas administraciones del gobierno nacional. La Corte Suprema mandó a restituir la pauta gubernamental a varias radios en la provincia de La Pampa.

Bolivia
Continúa incrementándose la agresividad contra periodistas y medios de comunicación derivado de ataques oficialistas y de opositores, como parte de la polarización política que divide al país. El presidente Evo Morales publica desde el 22 de enero de 2009 el diario Cambio que se suma a una red de medios estatales compuesta por la red de la Empresa Nacional de Televisión (ENTV), con más de 120 repetidoras, la red nacional de radio Patria Nueva, con 30 emisoras y la Agencia Boliviana de Información (ABI) de servicios gratuitos por internet. Morales dijo que abrirá dos diarios más.

Brasil
El presidente Lula da Silva está cada vez más intolerante ante las críticas periodísticas, atacando continuamente en forma verbal a periodistas y medios, llamando a la población a que no lea los diarios. Sigue la controversia sobre la obligatoriedad de tener diploma universitario para poder ejercer la profesión. Un grupo de periodistas insiste en esa materia, al contrario de empresarios de la industria y el Ministerio de Educación que defienden una mayor flexibilización. El Supremo Tribunal Federal examina la constitucionalidad del diploma.

Canadá
Continúan en debate temas de secreto profesional periodístico y acceso a la información pública, aspectos que se están debatiendo en tribunales diferentes. En febrero, la Suprema Corte escuchó argumentos sobre un caso que motivaría legislación sobre fuentes confidenciales permitiendo el secreto periodístico. Un juzgado provincial está solicitando la apertura de documentos clasificados sobre violaciones a los derechos humanos de detenidos en Afganistán por parte de las fuerzas militares canadienses.

Colombia
El gobierno del presidente Alvaro Uribe se vio involucrado en un escándalo de escuchas telefónicas clandestinas. Se denunció que se espiaba a jueces, políticos y periodistas, en especial directores de medios, sobre quienes se trató de identificar sus fuentes y conocer la línea editorial en la que estaban trabajando. Continúa la buena tendencia de que no haya sido asesinado ningún periodista. De todos modos, este período se caracterizó por frecuentes acusaciones del Gobierno a los periodistas, como por denuncias de amenazas y obstrucción a su trabajo provenientes de funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública y ciudadanos en el marco de protestas sociales y manifestaciones en distintas regiones del país, resultando cuatro reporteros con heridas de consideración.

Costa Rica
Se registró un retroceso en materia de libre acceso a la información pública, según constató un estudio de la Universidad de Costa Rica, en el que se señala que varias entidades gubernamentales no tienen procedimientos estándares informativos sobre presupuestos y gastos públicos. El Poder Judicial discute normativas para prohibir a las cortes la divulgación de información referente a personas sentenciadas y convictas.

Cuba
Permanecen en prisión 26 periodistas independientes purgando penas de hasta 28 años, seis de ellos con graves condiciones de salud. Desde octubre a la fecha se registraron 85 acciones violentas contra periodistas por su intento de trabajo independiente, desde multas, despidos, deportaciones a sus provincias de origen, intercepciones telefónicas y bloqueos cibernéticos. El gobierno sigue haciendo un uso discrecional del internet, justificando su censura a los internautas y a un movimiento de blogueros independientes, por no poder utilizar cables de fibra óptica submarinos a raíz del embargo estadunidense. Se proyecta el uso de un cable de Venezuela para el 2010, aunque las autoridades adelantaron que se seguirá controlando su uso.

Chile
El 20 de abril deberá entrar en vigor la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, pero el gobierno parece no haberle dado la prioridad necesaria, con lo cual podría estar en peligro la eficacia de sus disposiciones.

Ecuador
El presidente Rafael Correa continúa con su ataque permanente a la prensa a la que acusa de todos los males del país, al tiempo que ha consolidado un grupo de medios estatales que incluye tres canales de señal abierta uno de VHF, otro de cable, un diario de alcance nacional y varias radios. Dos periodistas permanecen en prisión, Freddy Aponte y Milton Chacaguasay, quienes cumplen penas de 6 y 10 meses respectivamente acusados por delitos de injurias.

El Salvador
El clima de violencia electoral entre los partidos mayoritarios en disputa, Arena y FMLN ha generado agresiones contra medios y periodistas. Los candidatos del FMLN mantuvieron relaciones tensas con los medios no queriendo ofrecer entrevistas como a El Diario de Hoy, exigiendo que el periódico debía cambiar de línea editorial.
El proyecto de ley de acceso a la información pública se mantiene trabado en el Congreso.

Estados Unidos
Una profunda crisis que afecta al país ha hecho mella en la industria periodística, en especial por la reducción de ingresos debido a la merma de la torta publicitaria. Numerosos periódicos han cerrado sus puertas otros se declararon en bancarrota, muchos redujeron sus plantillas de periodistas y otros pasaron a publicar solo en internet. El nuevo gobierno de Barack Obama ha mostrado ya signos de mayor apertura a los récords públicos. Promueve además lo que podría ser una ley federal de secreto para las fuentes y ha dejado sin efecto una disposición que no permitía a los reporteros gráficos fotografiar ataúdes de soldados muertos en Irak y Afganistán.

Guatemala
La discriminación de la publicidad oficial, especialmente contra los medios escritos, además de la descalificación permanente de los medios de comunicación y periodistas, siguen siendo los mecanismos que utiliza el gobierno en contra de la labor periodística y las críticas; además de una campaña de desprestigio contra la prensa motivada por el monopolio de la televisión, de corte oficialista. El 21 de abril entrará en vigencia operativa la Ley de Acceso a la Información Pública.

Haití
La prensa haitiana se vio dificultada en este período debido a los daños en las instalaciones de radio emisoras y en los sistemas de distribución de periódicos, debido al paso de tres huracanes entre agosto y setiembre que causaron pérdidas millonarias para todo el país. A pesar de la impunidad que hay en varios casos de asesinatos contra periodistas un tribunal condenó a dos personas por el asesinato de Alix Joseph ocurrido en mayo de 2007. Nueve personas fueron exoneradas y una está prófuga.

Honduras
Existe un ambiente hostil contra la prensa motivado por el presidente Manuel Zelaya, con críticas que efectúa contra los medios acusándolos desde que no cubren bien los actos oficiales, hasta que son voceros de los grupos económicos o responsables de la pobreza y la violencia en el país. La Ley de Acceso a la Información Pública ya tiene un año y medio de haber entrado en vigencia, sin embargo se critica al Estado de no haber orientado y educado a la población sobre su uso. Hasta el momento se han registrado 1.500 pedidos a través de ella.

México
Tres periodistas fueron asesinados y se produjeron ocho atentados graves contra periodistas y medios de comunicación producto del crimen organizado. Esta violencia continúa generando una gran autocensura en la actividad periodística. Continúa de parte de gobiernos locales y estatales políticas de discriminación en materia de otorgamiento de publicidad en represalia contra periódicos que critican a esos gobiernos.

Nicaragua
Varis ONGs, medios de comunicación independientes y periodistas siguen siendo hostigados por el gobierno de Daniel Ortega, a través de recursos legales, judiciales. Las fuerzas parapoliciales también han agredido a periodistas y simpatizantes de las fuerzas políticas de oposición que se vienen manifestando y denunciado fraude electoral en las elecciones municipales de noviembre pasado.
El gobierno también utiliza a la publicidad oficial como un mecanismo para castigar o premiar a los medios de comunicación independientes.

Panamá
Todavía no ha sido implementado a cabalidad el nuevo Código Penal que conlleva la despenalización de los delitos contra el honor en relación a los funcionarios públicos. Se han presentado numerosos juicios que buscan se penalice a los periodistas por supuestos delitos de difamación.

Paraguay
El presidente Fernando Lugo impulsa estrategias de comunicación poco claras, como el “Programa de Comunicación para el Desarrollo” que involucra el uso de 700 radioemisoras y mil jóvenes denominados “operadores de desarrollo”, que más que un objetivo de comunicación podría ser un esfuerzo de propaganda gubernamental.
Funcionarios gubernamentales están acusando a la prensa de estar abonando la agitación política y eventualmente la caída del gobierno, aspectos que también circularon contra la prensa durante los 61 años del gobierno anterior del partido Colorado.

Perú
En forma alarmante se dispararon las agresiones contra periodistas y medios en el interior del país en represalia por denuncias sobre corrupción en la administración pública y abusos policiales. El Poder Ejecutivo dio marcha atrás a un proyecto de ley sobre intervenciones telefónicas que incluía como responsables de delitos a quienes divulgaren los contenidos de las escuchas.

Puerto Rico
Uno de los jueces que atiende el caso de agresión contra periodistas provocados por agentes federales del FBI, dictó una medida mordaza a la prensa durante el juicio que se inició recientemente.

Rep. Dominicana
Una comisión interdisciplinaria hará pronto recomendaciones al Poder Ejecutivo sobre el estudio y la viabilidad de una nueva legislación que reemplazará a la Ley sobre Expresión y Difusión del pensamiento.

Uruguay
El gobierno mantiene un alto nivel de crítica, presión e insultos contra medios independientes y periodistas, a los que usualmente califica de “infames”, “difamadores” y “payasos” entre otros epítetos. Al mismo tiempo, el gobierno consolidó su política de premiar con publicidad oficial a los medios condescendientes, en desmedro de los independientes y críticos. Fue aprobada la ley de acceso a la información pública, mientras que el Senado aprobó un proyecto, que necesita ratificación de la Cámara, que despenaliza los delitos de difamación, además de minimizar los alcances del desacato o insultos a las máximas autoridades públicas.

Venezuela
Se intensificaron los taques de parte del gobierno de Hugo Chávez contra medios, periodistas y directores de medios a los que se acusa constantemente de ser desestabilizadores del orden democrático. La televisora Globovisión y sus ejecutivos han sido atacados con disposiciones legales y administrativas. Chávez anunció que se hará un mapa mediático para identificar a los medios oligarcas y enemigos.
La Asamblea Nacional amenazó con que revisará la Ley de Contenidos – la que rige para los medios electrónicos - para controlar también los contenidos de los medios privados escritos a los que se acusa se tergiversar la realidad en cuanto al clima de inseguridad.

Intercepciones telefónicas

Varios casos de espionaje telefónico contra jueces, políticos y periodistas alcanzaron nivel de escándalo recientemente en América Latina y su publicación en la prensa hizo que los gobiernos tomaran medidas correctivas contra sus servicios de inteligencia.

En Colombia fue despedido el jefe de inteligencia junto con sus subalternos; en México debió renunciar el ministro de Comunicaciones; en Argentina la justicia trató de cortar de cuajo el abuso del Estado declarando inconstitucional una ley que permitía espiar; y en Perú, un atentado contra la fiscal nacional, recordó que el año pasado el gobierno reemplazó a varios ministros en medio de una extensa investigación por sobornos de parte de una petrolera extranjera.

Como suele suceder, el que lleva a la atención pública los casos de corrupción, termina acusado y en el centro de la polémica. Varios funcionarios afectados reclamaron que los medios de comunicación no deberían divulgar el contenido de las escuchas telefónicas ilícitas, ya que si bien espiar quebranta la ley, su reproducción aumenta y propaga el delito. De acusaciones similares tuvo que defenderse la revista Semana de Colombia que denunció al Departamento Administrativo de Seguridad de espionaje telefónico selectivo y sistemático contra magistrados, políticos y directores de medios.

En estas controversias, es necesario comprender la diferencia entre espionaje e interferencia telefónica. Mientras en la primera práctica el Estado abusa al violar los derechos de privacidad, libre asociación y expresión que debe proteger; en la segunda suele estar amparado por leyes que le permiten, bajo orden judicial, interferir llamadas entre personas que estarían en evidencia de cometer delitos, como en casos de narcotráfico o terrorismo.

Así como Semana despertó el escándalo en Colombia, en México la reproducción en el programa de Carmen Arizmendi de un mensaje dejado en un celular donde se señala como ladrón a un ex mandatario, precipitó la salida esta semana del ministro de Comunicaciones del presidente Felipe Calderón.

En Perú sucedió algo parecido. No fueron las grabaciones clandestinas, conocidas como el caso de los “petrocassettes”, por las que Alan García tuvo que purgar su gabinete, sino el hecho de que fueran divulgadas por el programa televisivo Cuarto Poder, después de que llegaran en forma anónima a los medios. Este caso recordó aquellos infames videos de Montesinos que precipitaron la caída de un régimen, gracias a que también fueron divulgados por los medios, comprendiéndose así el alcance del abuso gubernamental para extorsionar y corromper.

En Brasil, la revista Veja publicó el año pasado grabaciones ilícitas entre políticos y miembros del Supremo Tribunal Federal que le habría proporcionado la Agencia Brasileña de Inteligencia y hace unos años, la Red Globo, tras reproducir escuchas clandestinas, logró que se desbarate el espionaje estatal contra asociaciones del Movimiento de los Sin Tierra.

El ajuste de cuentas no se hizo esperar. En castigo, los políticos brasileños, al no saber cómo manejar el escándalo, prefirieron atacar a los mensajeros, promoviendo en el 2008 una ley que castiga con cárcel a los responsables de medios y periodistas por divulgar información obtenida en forma ilícita sin la autorización de un juez.

Leyes así desnaturalizan el derecho a saber y la misión de la prensa, cuyo principio básico es difundir asuntos - aún si provienen de fuentes no identificadas – que estén justificados por el interés público, el bien común y la máxima rigurosidad por la verdad. Distinto sería, si fueran los medios los que utilizaran métodos ilegales o en disputa con su ética, como el uso de cámaras ocultas o pagar para obtener información. Pero divulgar hechos corruptos, es la savia y la obligación del periodismo, por lo que a veces hasta se deben desafiar las leyes para cumplir con la misión. Así sucedió con el New York Times en la década del 70, que divulgó los documentos secretos del Pentágono para argumentar su obligación y derecho a publicar, a pesar de que estaba prohibido por ley.

La libertad de divulgar hechos corruptos acarrea por lo general el pataleo inicial de los afectados y la desconfianza sobre los medios y periodistas. Sin embargo, cuando las aguas se calman, esa libertad origina la posibilidad de que se corrijan conductas corruptas, por lo que preservarla es esencial al derecho a saber de la sociedad y saludable para la democracia.

jueves, 12 de marzo de 2009

Alfredo Jiménez Mota

Todas las piezas están casi ya listas para empezar una nueva reunión de la SIP, esta vez aquí en Paraguay, donde analizaremos la situación de la libertad de prensa en las Américas. Los problemas son muchos: ataques de gobiernos, discriminación contra los medios críticos, matanza y desaparición de periodistas, a lo que se suma una sorprendente crisis económica que está socavando los cimientos de varios medios importantes, así como empresas de todas las industrias.
Sin embargo, ninguno de estos graves problemas pueden hacer retroceder a una prensa que ante los problemas parece sacar el pecho con más fuerza.
Para mí, una de las grandes satisfacciones de esta reunión que empezará mañana con unos 300 periodistas que vienen de distintas partes, es que hemos presentado ante la justicia interamericana el caso de Alfredo Jiménez de Mota, un periodista que desapareció (los desaparecieron los narcotraficantes) hace cuatro años cuando trabajaba investigando para el diario El Imparcial de Hermosillo, México, cerca de la frontera con Estados Unidos, una de las zonas más peligrosas del mundo para practicar el periodismo.
Ya hemos sometido 24 casos a la CIDH, entre ellos cuatro mexicanos, el de Jiménez Mota, Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza y Benjamín Flores. En varios de estos casos entre la CIDH, la SIP y los estados afectados se iniciaron procesos de solución que involucran apertura de nuevas investigaciones, deslindamiento de responsabilidades sobre la inacción de los estados para investigar, reparación a los familiares de las víctimas y desarrollo de iniciativas judiciales y legales para combatir la impunidad.
Jiménez Mota tenía 25 años cuando desapareció el 2 de abril de 2005 mientras cubría temas vinculados al crimen organizado y a la seguridad pública para el periódico El Imparcial de Hermosillo, en el norteño estado de Sonora, considerado de alto riesgo para el ejercicio del periodismo en México.
El 2 de abril de 2005 Jiménez Mota se retiró del diario a las 8:45 p.m. Desde su casa llamó a su colega Shaila Rosagel. Quedaron en encontrase ese sábado más tarde en la noche junto a otros amigos, pero antes debía entrevistarse con uno de sus contactos, el subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, Andrés Montoya García. Según el testimonio de Montoya García ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), conversaron sobre la liberación de un presunto narcotraficante apodado “El Estudiante”, sobre quien Jiménez Mota ya había empezado a publicar. Aseguró que dejó al periodista en un supermercado y éste le habría comentado que tenía que ver a otro contacto. El registro del teléfono celular del periodista mostró que la última llamada que recibió esa noche a las 11:04 fue del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván, una de las principales fuentes de información del reportero, quien negó inicialmente haber visto o tener una relación cercana con el periodista, pero luego se retractó y aceptó que Jiménez Mota lo había llamado para pedirle unos datos. Esa noche Jiménez Mota no llegó a reunirse con sus amigos tal como había quedado.

miércoles, 11 de marzo de 2009

Sin periódicos, sin democracia

Hay muchas formas de recortar la democracia. Una de las forma es el avance autoritario del estado, como en el caso venezolano, el cierre del Congreso como ocurrió en la época de Fujimori o que se produzca un golpe de Estado, como varias veces ocurrió en estas décadas en Latinoamérica.

Otra de las formas que se logra ese recorte es mediante el aniquilamiento de los medios de comunicación. Hay formas directas como la de Chávez cuando cerró RCTV en mayo de 2007, la de los Castro de encerrar a los periodistas que disienten sobre sus políticas o cuando se mata a periodistas y ataca a los medios. Otra forma, involuntaria también, es la que está produciendo la crisis económica en Estados Unidos donde varios medios, especialmente periódicos están cerrando sus puertas o achicando sus formas de operar con lo que se reduce el espacio democrático y se apagan fuentes de fiscalización contra el poder público. Cuando un diario cierra se apaga en forma indudable un espacio democrático.

Hoy, como se esperaba, The Miami Herald anunció que está cortando 175 puestos de trabajo, 19 por ciento, reducirá los salarios de los que sigan empleados y exigirá una semana de licencia sin sueldo. También se anunció que el tamaño del diario se verá reducido a un formato de 44 pulgadas, y dejará de publicar su edición internacional.

El nombre del The Miami Herald comenzó a circular en una lista de los 10 diarios con mayores problemas en Estados Unidos y, lo que es peor, que se estima que cerrarán sus operaciones impresas y se publicarán solamente en internet. De acuerdo a un análisis sobre variantes económicas que incluye la competencia en su comunicad, los ingresos por publicidad y el dinero que pierden en la actualidad, al menos ocho de los 50 diarios más grandes del país se dejarán de publicar, según la lista de la revista publicada por la revista Time. Los periódicos en problemas son:

1. The Philadelphia Daily News; que ya pidió bancarrota;
2. The Minneapolis Star Tribune; hizo 26 millones de dólares en el 2008, menos de la mitad que en el 2007, y se espera que pierda este año;
3. The Miami Herald, que su cadena propietaria McClatchy ya iría a la bancarrota y que este Diario junto con el Nuevo Herald se convertirían al internet en el futuro;
4. The Detroit News;
5. The Boston Globe; que está perdiendo un millón de dólares en la semana;
6. The San Francisco Chronicle; perdió 70 millones el año pasado y a mediados de este año quedaría solo en internet;
7. The Chicago Sun-Times, no puede competir contra el Chicago Tribune;
8. The New York Daily News, perderá unos 70 millones de dólares este año;
9. The Fort Worth Star-Telegram y el
10. The Cleveland Plain Dealer, que está en uno de los mercados económicos más débiles del país.

lunes, 9 de marzo de 2009

Prensa atacada

Esta semana tendremos oportunidad de analizar los problemas que afectan a los medios y a los periodistas para poder informar en las Américas, a partir de la reunión de la SIP que empezará este viernes en Asunción.

Los problemas son muchos y variados, y las tendencias son inocultables. A los ataques verbales y críticas descalificadoras de parte de gobiernos como los de Manuel Zelaya, Hugo Chávez, Rafael Correa, Alvaro Uribe, Cristina Kirchner, Lula da Silva y Daniel Ortega, se suma el problema de que los gobiernos suelen discriminar a los medios con el otorgamiento de publicidad oficial, como una forma de controlar las críticas.

A estos problemas, el de mayor relevancia será el de la seguridad de los periodistas. Siete han sido asesinados en los últimos meses, tres de ellos en México, donde las autoridades están haciendo poco para resolver numerosos crímenes ante el avance del narcotráfico, lo que está generando un grave problema de autocensura.

Cuba con 25 periodistas presos por razones ideológicas y dos en Ecuador, por juicios de difamación, serán temas de tratamiento especial. Asimismo, se verá con atención el ataque permanente del gobierno de Venezuela contra Globovisión, otra de las televisoras que se teme pudiera correr la misma suerte que Radio Caracas Televisión que fue cerrada por orden de Chávez, quien ahora ordenó hacer un “mapa” de todos los medios que no comulgan con su revolución.

Al tema ideológico, habrá que sumarle la cantidad de medios estatales que están siendo creados por los gobiernos de Chávez, Correa, Morales y Ortega, lo que no están siendo utilizados como medios públicos sino como instrumentos de propaganda ideológica.

Otro tema que atraerá especial debate será la cuestión de la crisis económica en Estados Unidos que está afectando a los diarios principalmente, los que está viendo reducir sus ingresos publicitarios, dado lo cual, muchos están cerrando, declarándose en bancarrota o en el mejor de los casos achicando sus plantillas de periodistas o dejando de publicar impresos para dedicarse a divulgar noticias por la red.

De una u otra forma, tanto por problemas externos como internos, en realidad no solo los medios están sufriendo, ya que cuando ellos son atacados, la sociedad corre el riesgo de que se pierdan voces tan necesarias para el juego democrático.

domingo, 8 de marzo de 2009

Inseguridad y pena de muerte

La inseguridad es la mayor preocupación de todos los latinoamericanos, según varias encuestas sobre percepciones, mientras que la crisis económica y el desempleo son las otras dos disciplinas que le siguen en forma decreciente.

En muchos países, la desconfianza en la policía muchas veces involucrada ella misma en actos de corrupción, y la lentitud de la justicia, ha hecho que muchos hayan tomado la justicia por sus propias manos. Se han registrado numerosos casos de linchamiento en los últimos meses en países como Bolivia, Guatemala y Venezuela, por nombrar a los más afectados.

En otros países, como ocurrió esta pasada semana en Argentina, la gente ha comenzado a reclamar mayores penas para los delincuentes y criticado a la justicia por su falta de operatividad. En República Dominicana y en Honduras hasta los obispos católicos han reclamado mayor acción, mientras que en Argentina se armó el debate público sobre la aplicación de la pena de muerte, un tema que lo trajo a colación la famosa presentadora Susana Giménez cuando unos depravados mataron salvajemente a uno de sus colaboradores.

Muchos aprovecharon para sintonizar con los dichos Giménez, aunque ella pronto salió a desmentir que cuando dijo que el que mata debe morir, no trató de promover la pena de muerte.

Ya que el debate está abierto y sin entrar a la polémica desde el punto de vista ético o religioso, en el que la pena de muerte no tiene mucho fundamento, es bueno aportar otro elemento, mucho más práctico, como se reportó en Estados Unidos en estos días.

La crisis económica ha traído otro debate en Estados Unidos, resulta que esta práctica generalmente bien aceptada por la sociedad podría tener ahora sus detractores, ya que se estima que es mucho más caro para un estado matar a alguien que mantenerlo de por vida en cadena perpetua. No. No se trata de que una inyección sea cara, sino que los condenados a muerte permanecen en un limbo procesal de muchos años, que aumenta los costos de abogados, abogados de apelación y todo el sistema legal que se involucra.

Por ejemplo en California, donde existe un sistema judicial muy lento, un reo antes de la pena capital pasa unos 20 años en el proceso. Según la AP, en el 2007, fue justamente Nueva Jersey, considerando gastos de tiempo y dinero, el estado que dejó de lado la pena de muerte después de que fuera instaurada por la Corte Suprema en 1972. Cada sentencia a muerte le costaba al estado algo más de cuatro millones de dólares. De los 36 estados con penas de muerte, en ocho hay leyes para eliminarla: Kansas, Colorado, Maryland, Montana, Nebraska, New Hampshire, Nuevo México, Washington.

La pena de muerte no parece ser una solución práctica a la inseguridad.