El Guacho: Se busca vivo o muerto

Era viernes y estábamos reunidos en Medellín. Rogábamos para que la evidencia mortal de los periodistas ecuatorianos fuera falsa, pese a que un objetivo de nuestra reunión era crear estrategias para combatir las noticias falsas.

Esta vez en la Sociedad Interamericana de Prensa hubiéramos preferido que todo lo que provenía de Walter Arizala Vernaza, alias el “Guacho”, fueran mentiras, en especial el secuestro y asesinato de los colegas. Líder de un grupo guerrillero disidente de las FARC, el Guacho no aceptó ser parte del proceso de paz, acuerdo por el que el presidente Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la Paz.

Desde el secuestro ocurrido el 26 de marzo, hasta el desenlace fatal el 13 de abril, el juego del Guacho fue macabro. Primero, mostró un video en que los periodistas, encadenados por el cuello, advertían que saldrían vivos si eran canjeados por guerrilleros presos en Ecuador, extorsión que se trasladó al presidente ecuatoriano Lenin Moreno. Luego, se comunicó que los secuestrados fueron ajusticiados en represalia por las incursiones armadas de los ejércitos de Ecuador y Colombia en la zona fronteriza del Metaje donde opera el Guacho y sus secuaces.

El 11 de abril todavía existían dudas sobre la veracidad del comunicado, ya que en el modus operandi de las FARC los secuestrados solían permanecer meses y años en cautiverio. Finalmente, el 12 de abril circuló una foto con tres cuerpos casi irreconocibles, que al día posterior, el presidente Moreno confirmó que eran los de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Quito.

Tras la confirmación del hecho, indignación profunda y repudio enérgico. ¿Cómo un grupo guerrillero pudo matar a sangre fría a tres mensajeros que fueron a retratar el costumbrismo de aquellos que conviven a diario con la violencia, sin siquiera haber investigado las complejidades del tráfico de drogas?

Respuesta simple. El grupo del Guacho nada tiene que ver con el idilio ideológico con el que la guerrilla colombiana se justificaba para dinamitar edificios, torres, oleoductos o masacrar poblados enteros. Ya no está conectada a las proclamas marxistas y arengas castristas de sus orígenes, sino emparentada con los negocios rentables y sangrientos del cartel mexicano de Sinaloa. La ropa camuflada solo enmascara la producción y ventas de drogas, la misma fachada que usan los 14 grupos disidentes de la FARC que anteponen drogas y violencia a la paz y el desarme.   

El domingo, todavía golpeados, pero con la noticia asimilada, el presidente Santos prometió que no descansaría hasta llevar al Guacho ante los tribunales o, en su defecto, darle de baja. El anuncio, al viejo estilo del lejano oeste “Se busca, vivo o muerto”, alivió a nuestra asamblea. Bálsamo de justicia para un gremio que en Colombia desde hace años batalla contra la impunidad que rodea a más de 150 casos de periodistas que fueron asesinados por guerrilleros, paramilitares, mafias y funcionarios corruptos en las últimas décadas.

Para muchos, el Guacho se cavó su propia fosa. No midió bien los efectos, pese a que habrá querido tener impacto en la Cumbre de las Américas que corría en Lima paralela a nuestra reunión. El presidente Moreno le dio al Guacho 10 días para que se entregue y junto a Santos le pusieron precio a su cabeza, 248 mil dólares a quien delate su ubicación.

Esta semana el Guacho atrajo represalias de las fuerzas armadas de ambos países. Se han intensificado las operaciones militares en la zona fronteriza, abundante en plantaciones de hojas de coca y laboratorios clandestinos de pasta. Sus acciones también descarrilaron negociaciones por la paz que Ecuador permitía se hicieran en su territorio entre el ELN, otro de los grupos guerrilleros, y el gobierno colombiano.

En su discurso, el presidente Santos habló del origen de los acuerdos de paz para terminar la guerra civil que costó a Colombia más de 220 mil víctimas y de su impotencia por no tener a todos los actores desarmados y sometidos al proceso o a la Justicia.

Pese a su discurso bien hilvanado, en nuestra reunión prevaleció la indignación por los tres colegas asesinados y el reclamo de justicia. Mejor vivo que muerto. Esperamos que el Guacho se perpetúe en la cárcel de por vida. trottiart@gmail.com

Paz en Colombia: NO pero SI

No es una contradicción que los colombianos le hayan dicho que NO a la paz en el plebiscito del domingo pasado y que hoy, pocos días después, ese NO sea interpretado por diferentes sectores sociales y políticos como un SI definitivo a la paz.

El NO estampado en el plebiscito fue a las formas de los acuerdos de paz entre el presidente Juan Manuel Santos, ahora Premio Nobel de la Paz, y los líderes de la guerrilla de las FARC, no al fondo de la cuestión. Los colombianos quieren la paz, así como lo terminaron de expresar los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, los máximos exponentes del NO para el plebiscito, en su primer diálogo esta semana con el presidente Santos, después de años de distanciamiento.

El NO, en cualquier caso, fue a los líderes de las FARC, a la cantidad de beneficios que se les había otorgado en cuatro años de negociaciones en La Habana. Beneficios que más que a cuenta de la paz, se interpretaron como privilegios desmedidos por parte de ciudadanos comunes y políticos con vocación de servicio, que vieron, como viles asesinos, secuestradores, narcotraficantes y extremistas, tendrían más posibilidades sociales y prerrogativas políticas que aquellos que viven y han vivido apegados a las leyes; y pagando las consecuencias por no cumplirlas.

Santos siempre recalcó que la paz nunca es perfecta, y en ello tiene razón. La historia muestra que todo proceso de paz conlleva injusticias a la hora de tener que poner punto final a un conflicto. Muchos procesos de la historia reciente de América Latina terminaron con terroristas como presidentes, tales los casos de José Mujica en Uruguay, Daniel Ortega en Nicaragua o Salvador Sánchez Cerén en El Salvador.

Sin embargo, también es entendible que el proceso colombiano es muy diferente a aquellos países donde muchos engendros terroristas se justificaron ante los abuso de estados no democráticos. Las FARC, a diferencia de otros grupos, siempre han actuado al margen de gobiernos democráticos. Además, más allá de sus principios ideológicos que defendieron mal con las armas, se involucraron con el crimen organizado, en especial el narcotráfico, para sustentarse en un largo proceso de 52 años. Aunque nadie podría objetar su ideología, pero si las formas con la que quisieron sostenerla, todos concuerdan que las FARC dejaron de ser FARC desde hace décadas, para convertirse en una aceitada banda de delincuentes con fines de lucro, especializándose como traficantes de drogas y personas, lavadores de dinero, contrabandistas y extorsionadores.

Y como todo se resuelve a través de imágenes concretas, las que inculcaron Uribe y Pastrana fueron las que prevalecieron durante el referendo. La gente imaginó a Timochenko discutiendo en el Congreso de igual e igual con un legislador que hace años forma parte de un partido y que se gana la confianza del público con actos proselitistas y trabajando para la democracia. También lo imaginó recibiendo un cheque del Estado para ir a restaurantes finos o comprarse automóviles, productos a los que no todo ciudadano decente puede acceder, pese al sudor de sus frentes.

Santos vendió imágenes potentes pero más abstractas, paz y justicia. No fueron suficientes ni movilizadores los puntos del acuerdo de paz que penalizan con trabajo comunitario a quienes, en situaciones normales, recibirían cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad o las reparaciones monetarias que recibirían guerrilleros y víctimas.

No creo, como muchos afirman, que el SI perdió por la cantidad de gente que se abstuvo de participar en el referendo. Creo, en cambio, que la abstención se debió al escepticismo y la incertidumbre de la gente por un acuerdo de paz bastante injusto para los justos y con privilegios sobredimensionados para los  delincuentes.

Dos cosas se deben rescatar. Primero, la actitud de Santos de convocar a un plebiscito que políticamente no era necesario, en especial por su convencimiento de que el camino hacia la paz reclamaba algunos sacrificios en el área de la justicia. Aún imperfecta, en el futuro, cuando la tregua de los tiros fuera definitiva, nadie podría reclamarle mucho a Santos. La vida sería mejor.

Segundo, los líderes de las FARC deben reconocer que son los máximos responsables del NO. La solución pasa por sus manos. Deben deponer su arrogancia y evitar tantos privilegios. trottiart@gmail.com

Paz y humildad en Colombia

Es bueno que haya paz en Colombia y es tanto el deseo de todo colombiano como de cualquier latinoamericano. Pero se requiere en el proceso un alto grado de humildad. Las FARC, en cambio, siguen arrogantes y un poco confundidas sobre el papel que han tenido en los últimos 50 años como para plantear exigencias inverosímiles, como la propuesta de posponer las elecciones que se realizarán en mayo de 2014, como establece el calendario oficial electoral.

Las FARC - un grupo ilícito armado que ha devastado a Colombia primero como grupo guerrillero subvencionado por el castrismo cubano y otros regímenes despóticos para después seguir con la industria de la matanza, el secuestro, la extorsión y los atentados contra los intereses nacionales y con las subvenciones del narcotráfico – no tienen ningún tipo de autoridad para plantear cuestiones políticas fuera de la agenda de discusión acordada, que tienen que ver con la desmovilización y la inmersión en la política, las reparaciones a las víctimas y los desplazados, los problemas agrarios y otros aspectos de índole social.

Un proceso de paz demanda a las partes un grado muy alto de humildad, arrepentimiento y asumir sus responsabilidades, en especial cuando se trata de un grupo desestabilizador del orden democrático como son y siempre fueron las FARC. Hasta ahora, las FARC no parece que hayan asumido ninguno de esos tres valores.

Pronto, en aras de la paz, mucho de los líderes actuales de las narco guerrillas entrarán en la política y se sentarán al lado de personas que nunca han reclamado nada por las armas, lo que de por sí ya será un gran acto de humildad de parte de todos los colombianos. Se trata de una actitud humilde que las FARC deben reconocer de antemano e imitar.

¿Cumplirán las FARC?

Ahora, después del anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre los miembros del comité de negociación por parte del gobierno, le queda a las FARC anunciar a sus negociadores para sellar el compromiso del proceso de paz que formalmente deberá iniciarse el 5 de octubre en Oslo, Noruega.

 ¿Cumplirán con el compromiso y la confianza? es la pregunta que de cara a otros procesos de paz fracasados, es la pregunta que muchos nos hacemos. En el banco de confianza poco son sus depósitos, y por su perfil de narcotraficantes se sabe que mucho tienen que perder. Sin embargo, por principios, y pese al pesimismo, no se puede dejar de tener la esperanza de que un nuevo proceso de paz puede ser posible.

El equipo de gobierno estará liderado por el ex vicepresidente y ex ministro del Interior Humberto de la Calle e integrado por el asesor de seguridad, Sergio Jaramillo; Frank Pearl, ex consejero de paz del gobierno de Alvaro Uribe y ex ministro del Ambiente de esta Presidencia de Santos; Oscar Naranjo, ex director de la policía y actualmente asesor de Seguridad en México; Jorge Mora Rangel, ex comandante de las fuerzas militares y Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Comparto la columna “Paz más allá de Colombia” que publiqué el fin de semana sobre este tema:

“No solo Colombia, pero América Latina se merece el proceso de paz anunciado esta semana por el presidente Juan Manuel Santos que pretende dirimir un sangriento conflicto de 50 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pese a las críticas y oposición internas que originó el anuncio, el respaldo inmediato a las negociaciones que comenzarán el 5 de octubre en Oslo, Noruega, por parte de Naciones Unidas, OEA, Unión Europea y EE.UU. demuestra que los beneficios de la paz trascienden a Colombia. Primero, porque no solo neutraliza la violencia interna que ya ha generado 250 mil muertos y cuatro millones de desplazados; sino también, porque desarticula a una banda de narcotraficantes que ha internacionalizado el mercado de las drogas y negocios derivados, minando la paz en países como México y los centroamericanos. Segundo, porque se aniquila un foco de polarización regional, debido al apoyo logístico que las FARC siempre recibieron de los hermanos Castro y de Hugo Chávez, como al estratégico respaldo que el gobierno recibe de EE.UU. a través del Plan Colombia. Pero más aún, porque se desbarata la capacidad de las FARC de contribuir económicamente a procesos electorales en toda América Latina, como en los más recientes de Ecuador y Venezuela, generándose mayor estabilidad democrática en la región. Tercero, y más importante, porque los recursos millonarios que el gobierno destina para la guerra, podrán ahora invertirse en programas de desarrollo para las zonas más afectadas y sus víctimas, crecimiento económico y liderazgo regional. Invertir en programas para la paz, en vez de pertrechos militares, siempre será más redituable. El anuncio del presidente Santos puso en perspectiva su estrategia para la paz. Ahora se entiende porque se hizo amigo de Chávez, se acercó a Cuba y se reconcilió con Rafael Correa después que como ministro de Defensa durante la presidencia de Alvaro Uribe ordenó la invasión de la selva ecuatoriana para bombardear campamentos guerrilleros. Pero su audacia va más allá de sus nuevos amigos. Desde que asumió hace dos años, tejió un andamiaje jurídico para la paz, mediante una reforma constitucional y creación de leyes de reparación a víctimas, desplazados y restricciones para que existan zonas de despeje que en el pasado solo beneficiaron a los guerrilleros. Pese a los recientes atentados de las FARC contra la infraestructura energética y petrolera del país y a las amenazas contra su vida, Santos sabe que el hartazgo de cada colombiano contra la violencia, lo benefician para buscar la paz y evitar los fracasos de procesos anteriores como los de Belisario Betancur en 1984, César Gaviria en 1992 y de Andrés Pastrana en 2001. Por eso ahora adelantó que los militares no perderán presencia ni el Estado renunciará a su soberanía territorial mientras duren las negociaciones y la posible desmovilización guerrillera. Su mayor opositor, su anterior jefe, Uribe, tiene muchas razones para desconfiar de las guerrillas, tanto como muchos colombianos. La visión de que varios líderes guerrilleros procesados por crímenes de lesa humanidad puedan terminar con privilegios en las bancas del Congreso, es simplemente aterradora. Los últimos atentados de las FARC demuestran que pese a que están diezmadas y que muchos de sus líderes fueron aniquilados, todavía tienen capacidad de resistir a los embates militares y prolongar el conflicto eternamente. De ahí que Santos, fiel a sus obligaciones y promesas de campaña, piense que la negociación es la única y verdadera forma de alcanzar la paz. El desafío mayor que enfrentan ahora los colombianos es entender que en toda negociación, de la que también formarán parte Cuba, Venezuela, Noruega y Chile, nadie puede quedar totalmente satisfecho. Los procesos de paz tienden a ser imperfectos, como ha quedado demostrado en Centro y Sur América, al resultar casi imposible conciliar lo que unos ganan y otros pierden, encontrar la verdad y porque existe una línea muy delgada entre justicia e impunidad, castigo e indulto, rencor y perdón. Muchos creen que es más fácil alcanzar la paz mediante la guerra, por lo que este proceso tendrá tropiezos. Pero el hecho de que comience, permite a América Latina tener la esperanza de que pueda cerrar la última de sus venas abiertas”.

A mayor conflicto ¿menor diplomacia?

Diera la sensación que en este circo latinoamericano vamos para atrás más que para adelante. Se supondría que la diplomacia se habría instaurado en las leyes internacionales como el arte de resolver conflictos. Sin embargo, la experiencia actual latinoamericana nos dice lo contrario, ya que los países en conflicto prefieren retirar sus embajadores y cortar relaciones exteriores como una forma de expresar su rechazo a las prácticas del otro país, a la espera de que el tiempo cicatrice las heridas y por alguna circunstancia mediadora o comercial de a poco se instalen misiones comerciales y se inicie el diálogo.

Hugo Chávez “congeló” relaciones con Colombia y ordenó la salida de su embajador por las denuncias de Colombia sobre el pedido de explicaciones de la posible venta de armas suecas en poder de Venezuela a las FARC. Seguramente la medida será recíproca, como la que se reciprocaron anteriormente Ecuador y Colombia por la incursión colombiana en territorio ecuatoriano para aniquilar un campamente guerrillero y las medidas similares entre Bolivia - EUA y Venezuela – EUA ante denuncias de injerencia de la DEA y la CIA en esos países.

Generalmente este corte de relaciones va seguido con grandes campañas propagandísticas con discursos que exaltan el nacionalismo, exacerbándose así las pasiones y las diferencias. De esta forma, los ciudadanos quedamos cada vez más atrapados en una tela araña polarizadora creada por los políticos de la que no es muy fácil escapar. Hasta que reaparecen luego dos políticos o dos presidentes – los mismos que antes se pelearon – se dan dos palmadas, firman un acuerdo nuevo de entendimiento, hablan de las bondades de la democracia, del entendimiento político y de un montón de cosas más bonitas para lo que piden que aplaudamos.

Mientras aplaudimos – medio inseguros pero obligados por la situación – no entendemos ese mal sabor que nos queda; si es fruto de sentir que hemos sido utilizados y manipulados o si la democracia es esto, que nos induzcan las broncas y nos roben los aplausos.

Sería saludable que en vez de que se manipularan las voluntades de los ciudadanos para acompañar procesos conflictivos, los gobiernos pudieran dedicarse a resolver conflictos con mayor diplomacia y a no quitarse esa responsabilidad de arriba.

Chávez y su militarización

El presidente Hugo Chávez, aprovecha cada oportunidad para militarizar más a su país y producir un excesivo desbalance de fuerzas armadas en la región.

En este momento arremetió contra Alvaro Uribe criticándolo de que está permitiendo la apertura de tres bases militares de Estados Unidos, por lo que reaccionó en contra de Colombia amenazando con que podría suspender el intercambio comercial bilateral, pero también diciendo que seguirá comprando pertrechos bélicos para defender su frontera.

La molestia de Chávez es que EE.UU. haya anclado en Colombia después de que la DEA y las embajadas estadounidenses fueran cerradas y expulsadas de Venezuela y Bolivia, y que a los militares estadounidenses no se les permitiera seguir en la base de Manta en Ecuador, obviamente, todos estos hechos motivados por él.

EE.UU. desde entonces estuvo negociando con Colombia para seguir operando en la región su proyecto antidrogas, dentro del Plan Colombia ya de varios años que le ha posibilitado a Uribe debilitar a las narco guerrillas de las FARC, las cuales tendrían el beneplácito y mantendrían relaciones con los tres gobiernos mencionados – además de Nicaragua - según videos y grabaciones que todavía siguen saliendo a la luz, desde la incursión militar colombiana en Ecuador el año pasado.

Chávez enfurecido en su Aló Presidente dijo que “nosotros no vamos a agredir a nadie… ni a Honduras ni a nadie” (sugestiva declaración después de que insistió con el envío de tropas al país centroamericano de ser necesario para apoyar la restitución de Manuel Zelaya o el derrocamiento de Roberto Micheletti) y anunció que rearmará su frontera con Colombia duplicando la fuerza de tanques que adquirirá en Rusia. Ya en este país, Chávez compró 100.000 fusiles, 53 helicópteros y 24 aviones, además de acuerdos militares que permitieron a una flotilla rusa desplegarse por el Caribe y el Atlántico americano, en un desafío antiamericano al mejor estilo guerra fría.

A diferencia de la denuncia de Chávez sobre la apertura de bases militares, las autoridades de EE.UU y Colombia explicaron que están a punto de firmar un acuerdo por 10 años para que los militares estadounidenses tengan acceso a instalaciones operadas por Colombia.

Chávez no pierde ninguna oportunidad para seguir expandiendo su poderío bélico, a excepción de las fuertes recriminaciones que por ese motivo recibe de su vecino Brasil, país que se viene quejando del desbalance a la paz internacional que Chávez está provocando, ya que se entiende que el presidente venezolano no acumula pertrechos para luchar contra las drogas ni las guerrillas. Obviamente, la militarización de ALBA propuesta por Evo Morales esta semana tampoco es pura casualidad.

Intercepciones telefónicas

Varios casos de espionaje telefónico contra jueces, políticos y periodistas alcanzaron nivel de escándalo recientemente en América Latina y su publicación en la prensa hizo que los gobiernos tomaran medidas correctivas contra sus servicios de inteligencia.

En Colombia fue despedido el jefe de inteligencia junto con sus subalternos; en México debió renunciar el ministro de Comunicaciones; en Argentina la justicia trató de cortar de cuajo el abuso del Estado declarando inconstitucional una ley que permitía espiar; y en Perú, un atentado contra la fiscal nacional, recordó que el año pasado el gobierno reemplazó a varios ministros en medio de una extensa investigación por sobornos de parte de una petrolera extranjera.

Como suele suceder, el que lleva a la atención pública los casos de corrupción, termina acusado y en el centro de la polémica. Varios funcionarios afectados reclamaron que los medios de comunicación no deberían divulgar el contenido de las escuchas telefónicas ilícitas, ya que si bien espiar quebranta la ley, su reproducción aumenta y propaga el delito. De acusaciones similares tuvo que defenderse la revista Semana de Colombia que denunció al Departamento Administrativo de Seguridad de espionaje telefónico selectivo y sistemático contra magistrados, políticos y directores de medios.

En estas controversias, es necesario comprender la diferencia entre espionaje e interferencia telefónica. Mientras en la primera práctica el Estado abusa al violar los derechos de privacidad, libre asociación y expresión que debe proteger; en la segunda suele estar amparado por leyes que le permiten, bajo orden judicial, interferir llamadas entre personas que estarían en evidencia de cometer delitos, como en casos de narcotráfico o terrorismo.

Así como Semana despertó el escándalo en Colombia, en México la reproducción en el programa de Carmen Arizmendi de un mensaje dejado en un celular donde se señala como ladrón a un ex mandatario, precipitó la salida esta semana del ministro de Comunicaciones del presidente Felipe Calderón.

En Perú sucedió algo parecido. No fueron las grabaciones clandestinas, conocidas como el caso de los “petrocassettes”, por las que Alan García tuvo que purgar su gabinete, sino el hecho de que fueran divulgadas por el programa televisivo Cuarto Poder, después de que llegaran en forma anónima a los medios. Este caso recordó aquellos infames videos de Montesinos que precipitaron la caída de un régimen, gracias a que también fueron divulgados por los medios, comprendiéndose así el alcance del abuso gubernamental para extorsionar y corromper.

En Brasil, la revista Veja publicó el año pasado grabaciones ilícitas entre políticos y miembros del Supremo Tribunal Federal que le habría proporcionado la Agencia Brasileña de Inteligencia y hace unos años, la Red Globo, tras reproducir escuchas clandestinas, logró que se desbarate el espionaje estatal contra asociaciones del Movimiento de los Sin Tierra.

El ajuste de cuentas no se hizo esperar. En castigo, los políticos brasileños, al no saber cómo manejar el escándalo, prefirieron atacar a los mensajeros, promoviendo en el 2008 una ley que castiga con cárcel a los responsables de medios y periodistas por divulgar información obtenida en forma ilícita sin la autorización de un juez.

Leyes así desnaturalizan el derecho a saber y la misión de la prensa, cuyo principio básico es difundir asuntos - aún si provienen de fuentes no identificadas – que estén justificados por el interés público, el bien común y la máxima rigurosidad por la verdad. Distinto sería, si fueran los medios los que utilizaran métodos ilegales o en disputa con su ética, como el uso de cámaras ocultas o pagar para obtener información. Pero divulgar hechos corruptos, es la savia y la obligación del periodismo, por lo que a veces hasta se deben desafiar las leyes para cumplir con la misión. Así sucedió con el New York Times en la década del 70, que divulgó los documentos secretos del Pentágono para argumentar su obligación y derecho a publicar, a pesar de que estaba prohibido por ley.

La libertad de divulgar hechos corruptos acarrea por lo general el pataleo inicial de los afectados y la desconfianza sobre los medios y periodistas. Sin embargo, cuando las aguas se calman, esa libertad origina la posibilidad de que se corrijan conductas corruptas, por lo que preservarla es esencial al derecho a saber de la sociedad y saludable para la democracia.

Límites nada Santos

Eran de esperar las reacciones fundadas de los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, a las declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, que defendió la actitud de su gobierno como “derecho a la legítima defensa” el hecho de incursionar en países extranjeros para capturar, perseguir o matar a los guerrilleros de las FARC.

En declaraciones coincidentes a publicaciones hechas por la prensa colombiana sobre que los cabecillas de las FARC se esconden en Venezuela y en Ecuador, nueve y dos respectivamente, y a un año de la incursión del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, el ministro Santos armó un revuelo que muchos adujeron se trató de una treta para levantar popularidad de caras a una posible nominación a la presidencia de su país.

De una u otra forma, si bien Colombia pudo asestar un duro golpe a la guerrilla en su incursión en Ecuador, no deja de ser un atropello a la soberanía ese tipo de intromisión, ajena a todo tratado internacional. A pesar de que pueda compartir las dudas que tiene el gobierno colombiano sobre la “protección” que los guerrilleros encuentran en suelo extranjero, siempre es bueno el viejo adagio de que el fin no justifica los medios.

Las declaraciones de Santos son un poco peor todavía, ya que el hecho de azuzar nuevamente el fuego y de haber provocado a los gobiernos vecinos parece una actitud ajena a toda ética que se suma a cualquier otra consideración legal internacional.

Entre rehenes de las FARC y periodistas

Como es costumbre en momentos que se maneja información sensible, la liberación de rehenes por parte de las guerrillas colombianas de las FARC trajo consigo una polémica (siempre rica) sobre el papel de los periodistas en épocas de conflicto y sobre la libertad de prensa.
La polémica se desató entre las acusaciones verbales del presidente Alvaro Uribe contra dos periodistas, Jorge Enrique Botero y Hollman Morris, siendo que el primero era parte de la comitiva oficial que actuaba de garante de la liberación y el segundo cubría una información y entrevistó a los secuestrados antes de que fueran liberados. La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia tiene en su sitio una excelente cronología de los hechos para quienes quieran mayor información: http://www.flip.org.co
Mi opinión es simple. Uribe – como siempre lo hace – estuvo mal de poco más de calificar a los periodistas de terroristas por difundir fotos e información de los hechos, consultar a un jefe guerrillero o a través de Telesur informar que había aviones colombianos sobre la zona que debía estar despejada. Sus declaraciones crean mayores riesgos en contra de los periodistas y son contrarias a la libertad de prensa que siempre dice defender.
Botero estuvo mal por haber aceptado como periodista ser parte de una comisión de este tipo. Un periodista no puede cubrir una manifestación política y al mismo tiempo ser parte de ella. No se puede ser juez o parte. A uno de los dos terminará traicionando. Un trabajo o el otro. Botero finalmente divulgó fotografías que tomó como periodista cuando su función era otra. Conflicto de intereses.
Lo de Morris tiene matices menos claros, más grises. Es natural que un periodista tiene la noción de la urgencia, la espontaneidad y de la primicia para reportar de inmediato. En situaciones como éstas, sin embargo, entrevistar a alguien después de años de prisión, casi bajo de esclavitud y torturas permanente, y hacerlo sorpresivamente (los rehenes pidieron que no se publiquen sus declaraciones porque se sintieron que las hicieron bajo presión) no parece algo muy humano de hacer. Desde el punto de vista de un periodista independiente es probable que alguien se sienta compelido a hacerlo, pero desde un punto de vista del editor, lo más probable que al periodista se le pida prudencia y que no interfiera en una situación tan delicada como ésta, donde la vida y la muerte pueden ser alcanzadas indistintamente por un pequeño detalle o traspié.

Justicia "premial"

El gobierno de Colombia tiene numerosos méritos en el restablecimiento de la confianza pública sobre la funcionalidad de la democracia y los avances en materia de seguridad pública. Es por ello que el presidente Alvaro Uribe es el mandatario latinoamericano con mayor apoyo popular.

Sin embargo, considero un desacierto muy grande que daña (o al menos seguro que dañará a largo plazo) las instituciones democráticas del país, los incentivos jurídicos y económicos (incluido su derecho de migrar a otro país) que ofrece a aquellos guerrilleros que desertan de sus grupos, como este caso de la guerrillera Zenaida Rueda Calderón, alias ''Miryam'', que pasó 18 años en las FARC, más de la mitad de su vida que alcanza a 35 años.

El fin tal vez es loable, porque en realidad se trata de incentivar a los guerrilleros a que escapen con secuestrados y cortar así a las FARC un instrumento de extorsión política y económica valioso, con el que siempre ha sabido poner en jaque al gobierno y al pueblo colombiano. Sin embargo, esta especie de justicia “premial”, brinda un mensaje muy contraproducente a la sociedad, ya que muchos que siempre se han comportado bien sin cometer ningún delito podrían llegar a pensar que es mejor cometerlos y luego arrepentirse porque de esa forma algún día podrían tener el incentivo de un Estado que les paga, los exonera de ese delito, les ofrece inmunidad o los premia arreglando su salida del país para ir a vivir a Paris, como en el caso anterior.

La justicia “premial”, es decir aquella que otorga beneficios penales a quienes deben cumplir una condena, ha sido lamentablemente utilizada en Colombia y otros países para liberar a asesinos de periodistas, como en el caso del reportero gráfico argentino José Luis Cabezas, el periodista Tim Lopes de Brasil y Orlando Sierra de Colombia. En esos tres casos – luchas que mantenemos a través de organizaciones de libertad de prensa como en el caso de la SIP – se ha liberado antes de tiempo a los condenados por asesinato, quedando los casos mencionados en un estado de parcial impunidad.

Premios y castigos

Dos hechos cobraron trascendencia esta semana que ponen en riesgo la salud de la democracia, trastocando el valor de la Justicia, los premios y castigos.

Por un lado, el Parlatino decidió en su reunión en Panamá pedir la reinserción de Cuba a la Organización de Estados Americanos, lo que equivale a normalizar todo tipo de relaciones con Cuba. Probablemente los legisladores están obnubilados por los grandes logros democráticos en Cuba y ni siquiera hacen mención que es el país que todavía tiene a unos 300 prisioneros políticos pudriéndose en las cárceles. Al menos hubieran podido ser más decentes y exhortar la gobierno cubano a liberar a los prisioneros y terminar con la violación a los derechos humanos. El anuncio del Parlatino fue hecho justo en el preciso momento que la policía cubana arrestaba a 30 activistas, desmantelando una manifestación pacífica que conmemoraba ayer el 60 aniversario de la declaración Universal de los derechos Humanos.

Por otro lado, la presidencia de Alvaro Uribe continúa con su tesitura de cubrir con un manto de impunidad a aquellos guerrilleros que se entregan y que traigan consigo a algún secuestrado, dejando de reconocer que el secuestro es considerado un crimen internacional y de lesa humanidad y que no puede quedar impune o el secuestrador inmune. En esta causa a la que contribuye el gobierno francés, está siendo cuestionada por organismos internacionales como Aministía Internacional. No es para menos, hace un par de días, se le dio un recibimiento apoteósico en Francia al ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Wilson Bueno Largo, quien en octubre pasado ayudó a la fuga del ex legislador Oscar Tulio Lizcano, que estaba secuestrado desde el año 2000.

Al ex guerrillero se lo vio contento junto a su novia, también una ex guerrillera, en una conferencia de prensa junto a Ingrid Betancourt, y hablando sobre los 400 mil dólares que el gobierno colombiano le obsequió.

Aunque Colombia necesita de toda la audacia y creatividad para liberar a los secuestrados, no parece ser que premiar a los delincuentes sea la manera de imponer un ejemplo en la sociedad.

"No puede haber amnistías o perdones prejuzgamiento para aquellos que han cometido serios abusos de derechos humanos o violado el derecho internacional humanitario", sentenció Amnistía en un comunicado.

Un premio que vale la pena

Confieso que estoy cansado de los galardones que premian la popularidad y la superficialidad, permitiendo que actores, cantores, literatos, cineastas, líderes, políticos, empresarios y miss universos cosechen aplausos tras aplausos en galas que se crean para seguir aplaudiendo en un hedonismo sin fin. En muchos casos los premios han llegado a ser la excusa para crear mayores ratings y atraparnos con las veleidades de la superficialidad.

Por suerte cada tanto aparecen galardones que premian lo mejor del espíritu humano motivando a miles a cometer actos altruistas y desinteresados a favor de la raza humana. Es un orgullo para la profesión periodística que finalmente se haya reconocido el trabajo de Herbin Hoyos, un periodista colombiano que se dedica a llevar a través de la radio una voz de aliento a miles de secuestrados en su país.

Hoyos, habiendo sido un secuestrado por 17 días a manos de las FARC, es el responsable detrás del programa "Las voces del secuestro", que emite la cadena Caracol desde el 10 de abril de 1994 todas las madrugadas. Hoyos fue rescatado por el ejército y tan pronto regresó a su trabajo propuso el espacio radial para que los secuestrados pudieran recibir mensajes radiales de sus familiares.

Todas las mañanas, miles de secuestrados en la selva, hacen malabares para prender la radio y escuchan a Hoyos repetir su muletilla matutina, como lo hizo Ingrid Betancourt durante sus seis años de cautiverio: "Les pido respetuosamente a los señores secuestradores que les dejen prender los radios a los secuestrados. Aquí empiezan 'Las voces del secuestro”.

Hoyos ganó notoriedad internacional cuando el 2 de julio Ingrid Betancourt tras su liberación pidió saludar al periodista al que sólo le conocía su voz. Gracias a esa certeza, ratificando que ya había abrazado a más de 11 mil otros secuestrados que le agradecieron “estar siempre ahí”, Hoyos recibió el Premio Nacional por la Paz, entre tantos otros que le otorgaron este año.

Este es un premio que vale la pena. Celebra el servicio periodístico. Celebra la vida.

Colombia es un país de contrastes

Colombia tiene fuertes contrastes. Es un país en guerra y en paz; de violencia y de esperanza; con un Poder Judicial fuerte pero con una impunidad cabalgante. Todo se vive en los extremos. Llegué este lunes a Bogotá y me sorprendieron dos noticias, cuyos mensajes neutralizaban los sentimientos que destilaban los medios, la gente, los taxistas.

Por un lado, el mensaje de violencia de las narco guerrillas de las FARC en el atentado del domingo frente al Palacio de Justicia de Cali que dejó cuatro muertos, decenas de heridos y destrucción de infraestructura; y por el otro, el de paz y esperanza que Ingrid Betancourt ofreció después de visitar al Papa en Castelgandolfo, cuando les dijo públicamente a los dirigentes de las Farc: “Quiero creer que en sus corazones hay espacio para el amor y el perdón, como hay en mi corazón, hay que cortar el círculo de la venganza y el odio”.

Los esfuerzos de las instituciones públicas, que todavía están salpicadas por el paramilitarismo y que han provocado grandes grietas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, mantienen una dura lucha para terminar con más de 40 años de guerrilla y narcotráfico. Esa mano fuerte es la que le está dando a Alvaro Uribe una altísima popularidad que lo sigue mareando con la posibilidad de una tercera reelección.

En un país en guerra, Uribe ha sido el único que en la práctica le está dando al país la esperanza de la paz. De ahí su aceptación mayoritaria. Ha sabido unir los extremos.

Sobre las elecciones presidenciales estadounidenses:

Miré la Convención Republicana. Me alegré ayer de que la hicieran a medias pensando en los estragos de Gustav. El mensaje de hoy fue demasiado nacionalista y patriótico para mi gusto, enfocado en la heroicidad de McCain y en la seguridad que pregonó Bush, su esposa y los demás invitados, como el demócrata Liberman. Apelan a la fórmula de que el país está sobre el partido, y funciona especialmente para los Republicanos. Hoy me hicieron sentir más Demócrata, y me inclino por Obama.