Prefiero la justicia a la política

Un buen amigo argentino me sorprende cada vez que le pregunto sobre si Cristina Kirchner debería o no terminar en la cárcel. Me responde casi siempre lo mismo, pero con algunas variantes de acuerdo al contexto del momento: “No le conviene a Macri no tener a Cristina activa”.

No lo culpo porque al igual que todos, estamos confundidos y acostumbrados a vivir en un contexto político en el que se desvirtúa el arte de hacer política. Es que mientras ella está procesada e investigada por varios delitos de corrupción y se aferra a sus fueros como senadora - los que solo deben respetarse para que un legislador pueda hablar sin tapujos ni represalias legales o judiciales – los encuestadores siguen mostrándola como la “candidata” como más posibilidades para las elecciones presidenciales de 2019.

Digo que me sorprende la actitud de mi amigo porque termina siendo una lectura política del país por sobre una lectura de equidad y justicia que debería tener Argentina para salir del pozo que se encuentra desde hace décadas. Argentina vive en una perfecta ciclotimia económica y política, con subas y bajas pronunciadas en cada uno de estos rubros, generándose un círculo vicioso en el que se pasa de la frustración, la incertidumbre y las penurias económicas a un estado de bienestar y estabilidad pasajera, alegría y consumo desmedido.

Por eso descreo que el arte de la política sea suficiente para generar estabilidad emocional y felicidad. Al contrario, creo que la única receta para el bienestar verdadero es la sensación de equidad, de orden social y justicia.

Si Cristina Kirchner no termina en la cárcel – ante tanta evidencia por tanta corrupción – Argentina corre el riesgo de seguir siendo un país pensado en lo inmediato, como se fue construyendo décadas tras décadas. Si termina en la cárcel, pese a que al principio tal vez se originaría desestabilidad política con mayor polarización, protestas y trifulcas, se estaría dando un salto cualitativo hacia un país más estable pensado a largo plazo.

Un país con justicia equitativa, firme y enérgica, permitiría neutralizar las actitudes mesiánicas de los outsiders de la política, esos que en todos los países llegan aupados de popularidad pasajera por el hecho de levantar la voz con fuerza contra los corruptos; pero, que a la postre, terminan imponiendo sus personalismos y cometiendo los mismos errores que sus antecesores.

El arte de la política debería tener como prioridad la creación de sistemas en los que los ciudadanos sientan y vivan en estado estable y progresivo de equidad e igualdad. De lo contrario la gente seguirá opinando que la democracia no le satisface. En realidad, lo que la gente no logra distinguir es que la imperfección democrática deviene del irrespeto al mejor atributo de una república: la división de poderes.

La tendencia es elocuente. En los países que la justicia ha sido o es secuestrada por el poder político, los líderes mesiánicos y los populistas tienen mayores opciones, aunque estas terminen siendo pasajeras. Ejemplos sobran y están en cada extremo del dial ideológico, desde Alberto Fujimori a Hugo Chávez.

Ante este ejemplo, algunos podrían pensar que lo mismo está sucediendo en EE.UU. con Donald Trump, dueño de un estilo similar al de los populistas latinoamericanos. Pero para decepción de muchos, incluidos periodistas, académicos y ciudadanos en general, los estilos o las formas pueden ser parecidos, pero no lo es el fondo de la cuestión. Trump está limitado por un sistema con justicia independiente, algo que se observa a diario cuando jueces federales o de jurisdicciones locales le salen al cruce con fallos que detienen sus ideas y aspiraciones sobre inmigración y salud pública, entre otras disciplinas.

La verdadera independencia de un sistema republicano de gobierno deviene del blindaje que tiene el poder judicial, que debe tener un grado de independencia con mayor peso que otros poderes. La independencia del poder legislativo también es necesaria pero no es trascendente, ya que los legisladores siempre tendrán que obedecer a sus lealtades políticas, ideológicas y las posturas que le manden sus partidos políticos.

Los grandes saltos cualitativos de los países desarrollados no solo se han dado por las victorias políticas y en los campos de batalla, sino también por las grandes decisiones judiciales. Por eso siempre preferiré un país con una justicia fuerte que con políticos fuertes. Prefiero un país donde los políticos tienen que vivir con los límites que impone la justicia y no a la inversa. trottiart@gmail.com

Carvajal reivindicado y reclama justicia

A 19 años del asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal nada ha cambiado. Colombia sigue siendo un país peligroso para los reporteros, aunque la violencia haya disminuido debido al proceso de paz. 

Igualmente se mantiene un alto índice de impunidad como producto de una sociedad que ha vivido inmersa en un conflicto armado fratricida, potenciado por la peligrosa connivencia entre la guerrilla, el narcotráfico, otras variantes de crimen organizado y parte de una administración pública corrupta.

Nelson Carvajal, a sus 37 años, fue víctima de esa combinación delincuencial. Era un periodista de denuncia y en un territorio de pocas pulgas como Pitalito, en el interior colombiano, su valentía por revelar en la radio los estragos de la corrupción le cosechó muchos enemigos. 

El 16 de abril de 1998 le descerrajaron siete tiros cuando se estaba subiendo a su moto para ir a la radio a denunciar lo que había anunciado. Daría la primicia sobre la matufia entre un funcionario municipal y un poderoso empresario, ambos de Pitalito, por la construcción de viviendas de mala calidad a precios de primera en un predio que el municipio cedió en ganga. 

A la pesadilla por el asesinato de Carvajal, le siguió un largo calvario que debió sufrir su familia hasta hoy, 19 años después, cuando al caso le faltan ocho meses para prescribir. Diez de sus familiares, hijas, hermanas, hermanos y sobrinos, tuvieron que salir del país porque cada vez que aportaban datos a la investigación eran amenazados de muerte y perseguidos. 

Las primeras investigaciones oficiales lograron que el funcionario y el empresario terminaron en la cárcel como autores intelectuales junto a un par de maleantes que apretaron el gatillo. Sin embargo, tres años después todos fueron declarados inocentes. La fiscalía siguió la investigación y atribuyó el crimen a la guerrilla, un recurso abstracto para cerrar un caso que se utilizaba en Colombia cada vez que el crimen no se podía atribuir a persona concreta.  

Ante tanta desidia, investigamos el caso en la Sociedad Interamericana de Prensa a partir de 2001 y tras encontrar anomalías en el proceso presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Años después la Comisión nos dio la razón y nos motivó a negociar con el Estado. Luego de ocho reuniones entre 2005 y 2009 abandonamos el diálogo, el Estado no admitió su responsabilidad y el caso terminó en la Corte Interamericana. 

Esta semana tuvimos la audiencia en la Corte en su sede de San José. El Estado presentó como testigo a una de las tantas fiscales del caso y nosotros, junto al Robert Kennedy Human Rights, que nos acompañó en este litigio, presentamos a Judith Carvajal, una de las hermanas de Nelson. 

El Estado indicó que tras la confesión de un par de guerrilleros, ahora desmovilizados, volvió a la hipótesis original del funcionario y el empresario como autores intelectuales. Los jueces se mostraron sorprendidos teniendo en cuenta el principio universal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y de saber que un testigo clave fue asesinado.

En los alegatos finales, pese a la reticencia de los representantes del Estado, pedimos a la Corte que declare al Estado de Colombia responsable por la violación de sus obligaciones bajo la Convención Americana de Derechos Humanos y que ante la inminencia de la prescripción penal por el homicidio – abril de 2018 - ordene al Estado tomar las medidas necesarias para que el término de prescripción no sea un obstáculo para que la investigación penal conduzca a la individualización, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales del asesinato.

La Corte dará su veredicto final dentro de los próximos seis meses. El Estado indicó que existen posibilidades de revisar el caso. Más allá del resultado, lo importante es que Nelson Carvajal ha cobrado nueva vida, reivindicado por una justicia internacional que en su país le fue esquiva por dos décadas.

Sin dudas que Pitalito era una mejor comunidad con Carvajal y Colombia sería mucho mejor con más de una centena de periodistas a los que asesinaron en los últimos 30 años. Por ello es importante persistir en la reivindicación de sus vidas en seguir reclamando hasta que se haga justicia. trottiart@gmail.com

Sensación de justicia; y bienestar

Ollanta Humala encarcelado, Lula da Silva condenado, Ricardo Martinelli detenido, Dilma Rousseff destituida, Alejandro Toledo fugado y Michel Temer y Cristina Kirchner acorralados.

La caída en desgracia de varios mandatarios y ex presidentes latinoamericanos está generando una positiva sensación de justicia en la región. Los entuertos del Lava Jato brasileño y de los Panama Papers han generado una beneficiosa colaboración judicial transnacional, permitiendo que los sistemas judiciales nacionales se despeguen de sus ataduras políticas locales.

La reacción judicial en cascada ha generado que el público sienta mayor empatía y sensación de justicia, pese a que falte un largo trecho para ver órganos independientes, rápidos y eficientes.

La impresión de que la ley se aplica a todos por igual genera bienestar. El ex presidente Barack Obama lo expresó en forma elocuente frente al Congreso: “Nos va mejor cuando todo el mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo y donde todo el mundo juega con las mismas normas”. Por el contrario, el papa Francisco, en varios de sus peregrinajes, definió como “terrorismo de Estado” la falta de justicia o su complicidad con el poder político.

La sensación de justicia en un país genera los mismos atributos que el buen funcionamiento de la bolsa de valores. Sin seguridad jurídica no hay confianza, sin credibilidad no llegan las inversiones foráneas y el desarrollo económico no despega. Esta versión a la baja se observa en el gobierno de Mauricio Macri. Pese a que sus medidas políticas y económicas despiertan admiración con una “Argentina que se abrió al mundo”, la sensación de que no hay seguridad jurídica, ya sea porque se reciclan los malhechores en carreras electorales o se escudan en los fueros del Congreso, hace que las inversiones prometidas no desembarquen.

Peor aún. Cuando los niveles de justicia están bajos, abonan el terreno para el crimen organizado y el narcotráfico. Estos desembarcan y se potencian en países en los que fácilmente pueden comprar funcionarios, jueces y policías.

No es casualidad que en aquellos países donde hay mejor administración de justicia o mayor sensación de ella, como en el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica, los índices de corrupción e inseguridad sean menores y los de estabilidad democrática sean mayores.

Venezuela, por el contrario, ha tocado fondo en materia de justicia y seguridad pública. Hoy el régimen de Nicolás Maduro se encuentra a la deriva y en terapia intensiva por haber utilizado a la justicia como instrumento político. Los índices de violencia y homicidios son de los más altos del mundo, casi todas las empresas multinacionales se han “escapado” del país y la gente pobló las calles a los gritos para exigir justicia y cambio de gobierno.

Seguramente si la justicia venezolana se comportara autónoma del poder político como la brasileña, Maduro ya habría sido destituido y encarcelado. Y no se trata de que la idiosincrasia social de Brasil sea diferente a la de Venezuela o a la de cualquier otro país, pero sucede que hace algo más de una década se hizo una reforma que blindó al sistema judicial de las injerencias políticas. La independencia ganada desde entonces muestra fehacientemente los buenos resultados. 

En Latinoamérica somos testigos de varios gobiernos que han utilizado el enunciado de “democratizar a la justicia”, como excusa para buscar su propia inmunidad. La fórmula la usó a rajatabla el chavismo, pero también fue parte del kirchenrismo y el correísmo. En estos regímenes, la colocación de jueces adictos creó verdaderos carteles judiciales para hacer la vista gorda, encarpetar casos propios de corrupción y para perseguir a los opositores políticos.

La connivencia entre justicia y poder político no es la única fuente de injusticia. También lo es la falta de recursos económicos que se le asigna al aparato judicial, el que recibe no mucho más del 1% del PBI de un país. Es decir, que si a la justicia se la sigue considerando la cenicienta entre los poderes públicos y se la mira como un gasto y no como una inversión, el desarrollo de América Latina seguirá confiscado.

Una justicia proba crea una positiva sensación de bienestar. Pero débil, dócil y permeable solo logra una sensación de impunidad, inseguridad y desigualdad. trottiart@gmail.com

Dilma y Cristina: Acorraladas

La última vez que escribí sobre Dilma Rouseff y Cristina Kirchner en conjunto fue a fines de 2012. Por entonces visitaban la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard y en discursos y acciones plasmaron sus diferencias.

Pese a que eran dos de las mujeres más influyentes en América Latina y estaban en su apogeo político, los contrastes entre ambas fueron abismales. Fieles a su estilo, Dilma se comportó como técnica aguda, consiguió becas y acuerdos científicos. Cristina fue política sarcástica, se mofó de los alumnos y le echó la culpa de todos sus males al FMI y a los ricos.

Hoy, un par de años después, las diferencias desaparecieron. Ambas están acorraladas por la Justicia por graves casos de corrupción, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito que las tiene al borde de su ocaso político. Se han unido a un extenso grupo de presidentes latinoamericanos que fueron destituidos por violar la Constitución o que terminaron procesados apenas dejaron el poder.

La diferencia que persiste no es entre ellas, sino en el modo que actuó la Justicia bajo ambos gobiernos. En sus 12 años de mandato, los Kirchner lograron maniatar a los jueces y usarlos a conveniencia, ya sea para perseguir a opositores o escudar sus fechorías. Dilma, en cambio, siempre fue espectadora de una Justicia más independiente y temible, vigilante del poder.

Esta semana sus acciones confirmaron ese contraste. Cristina llegó a tribunales, se mofó del juez y, acostumbrada a arroparse entre multitudes partidarias y clientelistas, hizo gala de su sarcasmo echándole la culpa de todo – como en Harvard – a los medios de comunicación y a los jueces.

Su discurso desnudó una vez más su carácter populista y anticonstitucional, y su creencia de que la política está por arriba de la Justicia. Como una especie de Milagro Sala, siempre por arriba del Estado, gritó para el beneficio de sus clientes: “No necesito fueros, porque tengo los fueros del pueblo”. Debajo de ella, la masa, siempre irracional, que prefiere idolatrar al personalismo y los símbolos sin que importe la verdad o la justicia, amenazó: “Si Cristina va presa, se va a armar”.

Para Dilma el camino hacia el juicio político que se definirá este domingo en la Cámara de Diputados tuvo más espinas. Este viernes el Tribunal Supremo le negó la suspensión del proceso a su posible destitución. Pero el acelerador del impeachment tiene nombre: Lula da Silva. Acabó de cavarse la fosa cuando hace un par de semanas Dilma arropó a Lula con los fueros de su Gabinete para que no fuera investigado por múltiples casos de corrupción. A diferencia de Cristina y del contexto peronista, ni Dilma ni el PT tienen a disposición una masa de seguidores incondicionales; peor aún, las multitudinarias movilizaciones braman por justicia y piden la cabeza de los corruptos.

Ambas han catalogado a sus procesos de golpes de Estado. Cristina se comparó mal con las figuras de Irigoyen y Perón que fueron derrocados por militares y Dilma le achaca a su vicepresidente, Michel Temer, la “gran conspiración”. Mecanismos de autodefensa de lado, lo cierto es que sin Cristina en el poder, la Justicia tiene más campo de acción y Dilma debe enfrentarse a los resortes de la Constitución.

Dilma sigue los pasos de otros líderes destituidos o que debieron renunciar durante su mandato. Su antecedente es Fernando Collor de Melo y el caso más reciente es el del guatemalteco Otto Pérez Molina, destituido por corrupción. Pero la lista es larga y multinacional: El paraguayo Fernando Lugo; el hondureño Manuel Zelaya; el ecuatoriano Lucio Gutiérrez; el haitiano Jean-Bertrand Aristide; el venezolano Carlos Andrés Pérez; el boliviano Carlos Mesa y Fernando de la Rúa, son algunos ejemplos.

Cristina es parte de otra lista vergonzosa, la de ex presidentes investigados por corrupción, destacándose el hondureño Rafael Callejas, el salvadoreño Elías Saca, el peruano Alan García y Carlos Menem, entre otros. Puede, sin embargo, engrosar otra mucho más lúgubre, la de ex presidentes condenados, como el nicaragüense Arnulfo Alemán o los costarricenses Miguel Rodríguez y Rafael Calderón.

Pese a las listas y a lo que sucederá con Dilma y Cristina, lo relevante es que estos procesos son válidos para disuadir a los corruptos y creer un poco más en la Justicia.  

Justicia domesticada

Varias cosas definen la calidad de una democracia, pero nada como la justicia independiente. De ahí el recelo con aquellos gobiernos que en el “nombre del pueblo” buscan “democratizar la justicia”, cuando lo que quieren es domesticarla.

Casi todos los presidentes del continente tienen asuntos pendientes con la justicia. Algunos porque no la procuran con voluntad política como el mexicano Enrique Peña Nieto. Otros porque se adueñaron de ella con jueces y fiscales gubernamentales como Nicolás Maduro y Rafael Correa. Muchos porque la evaden constantemente como Cristina Kirchner y otros porque enfrentan a dos tipos de justicia, la ordinaria y la política, como Dilma Rousseff.

En Brasil la dura justicia ordinaria, que ya envió ministros, legisladores y empresarios a la cárcel, está ahora apuntalada por manifestaciones de gente que piden la cabeza de la presidenta, cansadas y frustradas por tanta corrupción. El peligro es que las marchas también incentivan la justicia paralela, esa que administran en el Congreso los legisladores, muchas veces guiados por revanchismos y oportunidades políticas, más que por el bien común.

La justicia brasileña ya demostró resolución e independencia, por lo que sería prudente esperar su juicio a tener que soportar un revoltijo entre poderes públicos que solo logrará debilitar la democracia. Sería mejor darle tiempo a la Corte Suprema para que resuelva los 54 expedientes que, entre otros, vinculan dineros mal habidos de Petrobras a la fundación y negociados del expresidente Lula da Silva y a las campañas electorales de la presidenta Rousseff.

La justicia brasileña junto a la de Uruguay, Costa Rica y Chile, es la que ha demostrado mayor independencia, de ahí su eficiencia. En varios países, con justicia contaminada, se observa como un sistema corroído por el poder político genera un círculo vicioso del que se retroalimenta la corrupción y la impunidad infinitas.

Argentina es el caso típico. Los casos irresueltos se amontonan, algunos de alto voltaje internacional, como el atentado contra la AMIA y la muerte todavía dudosa del fiscal Alberto Nisman. Si a estos casos se les suma la inmunidad de autoridades y funcionarios comprada a través de jueces y fiscales adictos, nadie debería sorprenderse cuando el sistema político parece desmoronarse, hasta lo más simple termina traumático y forzado, el desarrollo del país se estanca, las inversiones extranjeras anidan en otros lugares, mientras que la inseguridad pública y la violencia se tornan intolerables.

No puede haber confianza interna e internacional cuando la élite del país vive de privilegios, blindándose con leyes especiales y tribunales adictos. En este tipo de sistemas corruptos, en el que se incentivan todo tipo de vicios, no es fácil ser juez o fiscal independiente.

Los casos de Perú, Colombia, México (y ahora Argentina), demostraron como los sistemas judiciales suelen debilitarse después de ser domesticados por la política, volviéndose cada vez más permeables a las mafias y el narcotráfico. No por nada los obispos argentinos, que ya habían adoptado la máxima del papa Francisco de que la falta de independencia judicial equivale a “terrorismo de Estado”, están ahora implorando a los políticos a que hagan algo contra el narcotráfico, ante la indiferencia palpable en la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre.

La experiencia de países que estuvieron a la puerta de ser “Estados fallidos” debido al avance y connivencia del narcotráfico con las instituciones, demuestra que los narcotraficantes siempre aumentarán la apuesta para que la justicia sea corrupta y débil, para que de esa forma puedan actuar con mayor impunidad.

En contextos así, difícilmente los jueces pueden ser equitativos y probos. Además de sus propias tendencias y convicciones, tienen que lidiar con leyes que no muchas veces comparten. Mandar a la cárcel a alguien por tener un par de gramos de marihuana para consumo y no poder hacerlo con otros que roban millones, pero se blindan con leyes y sobornos, es parte de la frustración.

Está visto que la justicia es un ideal y es perfectible, porque rara vez satisface a todas las partes. Pero cuando está domesticada, jamás puede ser buena. La justicia politizada es el mayor vicio del subdesarrollo. 

Justicia - Nisman: Destinados a ser bananeros

¿En qué se diferencia un país desarrollado de una república bananera?

La respuesta más simple apunta a diferencias de nivel económico y desarrollo entre uno y otro país. La más competente, sin embargo, tiene que ver con el grado de estabilidad política, los niveles de corrupción y la independencia de poderes, especialmente de la justicia.

Sin justicia no hay igualdad y sin justicia independiente un país está destinado a la autodestrucción. La calidad de una democracia, incluso el desarrollo económico, está íntimamente ligada a la calidad de la justicia. Esto es palpable en América Latina.

No es casualidad que Uruguay, Chile, Colombia y Costa Rica tengan mejores sistemas judiciales y, a su vez, menos corrupción, más estabilidad económica y mejor institucionalidad. En las antípodas se encuentran Argentina, Venezuela y México, con poderes judiciales ineficientes, satélites del poder, y con resultado similar: Una superlativa sensación de impunidad, desigualdad e inseguridad.

Las marchas y cacerolazos en Argentina en reclamo por justicia tras la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman, muestran frustración e impotencia social frente a un Estado que, enajenado por el poder de turno, no ofrece ni garantías ni bien común.

El sistema de administración de justicia de Argentina, como el de Venezuela, está infiltrado por el gobierno. Quedó demostrado en ambos casos que los intentos por “democratizar la justicia” no fueron más que la búsqueda permanente de transformar al Poder Judicial en un aparato judicial para el interés y servicio propio.

Difícilmente pueda el caso Nisman ser punto de quiebre para que todo cambie de ahora en más. El kirchnerismo, como el chavismo después de que fue asesinado en Venezuela el fiscal  Danilo Anderson en 2004, sacará a relucir toda suerte de teorías de la conspiración y chivos expiatorios. La primera carta en Facebook de la presidenta Cristina Kirchner ya apuntó en esa dirección. Culpó a extraños y espías, conspiraciones, titulares de Clarín y a la propia víctima, librándose de la acusación de que el gobierno encubrió a funcionarios iraníes por la masacre contra la AMIA, a cambio de favores políticos y económicos.

Fue la misma fórmula original que Hugo Chávez utilizó para perseguir a periodistas y opositores sin ton ni son; muchos acusados, varios encarcelados y otros exiliados.

El secuestro de la justicia, que no se le puede achacar solo al presente gobierno argentino, es el mayor vicio del país. Las reformas judiciales siempre intentaron crear fiscales y jueces “gubernamentales”. La consecuencia es un estado perenne de impunidad e inmunidad, sintetizado ahora en las irregularidades irresueltas de la misma Presidenta sobre sus negocios inmobiliarios, en los negociados del vicepresidente Amadao Bodou y de tantos otros como los Báez, Ciccone, de Vido adosados como ornamentos a un gran arbolito de Navidad.

Es claro. Por la falta de independencia de la justicia se agudizan todos los vicios, el más perverso, la corrupción, y el más violento, las mafias. En su reciente viaje a Filipinas el papa Francisco advirtió que la corrupción o la falta de justicia es el equivalente a “terrorismo de Estado”, el origen de la desigualdad.

Lo más trascendente del discurso de Barack Obama al Congreso esta semana, no fue que se haya enfocado en la mejoría del empleo, la independencia energética y en terminar terrorismos y guerras, sino en su idea de que la justicia y la igualdad son la base del desarrollo de su país: “(Nos) va mejor cuando todo el mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo, donde todo el mundo juega con las mismas normas”.

EEUU está repleto de ambigüedades y limitaciones como cualquier país. Pero si hay algo que los ciudadanos valoran es la sensación de que las reglas son claras y parejas para todos. Que las leyes no están inspiradas en revanchismos políticos, sino en el bien común.

La certeza ciudadana de que la justicia es independiente al poder político, que no se usa para perseguir o blindar a nadie, que no existe otro interés más que buscar la verdad y de que la ley se aplicará sin distinciones, crea confianza, institucionalidad y despeja el camino para el desarrollo.

La eficiencia de la justicia define a un país; sin independencia cualquier país está destinado a ser bananero. 

Justicia injusta y desigual

Thanksgiving, el feriado por excelencia en EEUU, tuvo un sabor agridulce esta vez. El día en que se agradece a Dios por lo que se es y se tiene, quedó manchado por la siempre latente sensación de que la justicia es discriminatoria y racista.

Bastó que en jornadas previas al día de Acción de Gracias, un jurado no encontrara pruebas suficientes para procesar a Darren Wilson, el policía blanco que en agosto mató de varios disparos a Michael Brown, un joven negro residente de la ciudad de Ferguson.

La violencia que se produjo durante las protestas en muchas ciudades del país por la bronca de que el asesinato de un negro quede impune otra vez, no cuestionan la eficiencia de la justicia - en un país cuya grandeza está fundamentada en la fortaleza de sus instituciones - sino en que la justicia y las leyes no se apliquen a todos por igual.

Las estadísticas refuerzan este sentimiento. Ferguson está compuesta por mayoría de población afrodescendiente, sin embargo la policía, la justicia y las demás instituciones públicas están conformadas y lideradas por blancos. A nivel país los datos son más elocuentes sobre la aplicación desigual de las reglas. Los negros conforman el 40% de la población carcelaria del país, mientras que representan solo el 13% de la población total.

Más allá de la desigualdad de la justicia que ven algunos o de su eficiencia por no juzgar a nadie como chivo expiatorio según la visión de otros, lo trascendente es que el caso Ferguson demuestra que se necesitan profundos cambios políticos para neutralizar la discriminación, el racismo y la violencia.

La situación de Ferguson se puede extrapolar a otras ciudades del país, así como también a otros países latinoamericanos. En casi todas y todos se viven situaciones similares de discriminación que la justicia no logra aplacar, como las que padecen minorías étnicas, indígenas, inmigrantes y pobres. Debido a ese eterno desconsuelo y desconfianza que causa una administración de justicia desigual, América Latina se ha convertido en la mayor región del mundo con casos de justicia por manos propias o linchamientos y con cantidad apabullante de grupos parapoliciales o paramilitares incentivados por los propios estados para operar al margen de la ley.

Un estudio de la Universidad de Vanderbilt publicado esta semana no solo revela que el crimen y la violencia representan la mayor amenaza para las democracias latinoamericanas, sino que la confianza en la justicia (o la percepción de injusticia) tocó fondo en este 2014.

El Barómetro para las Américas de Vanderbilt, que mide los factores que generan confianza y desconfianza para la convivencia social, remarca que la impunidad y debilidad institucional de la justicia, son los aspectos que más potencian el clima de inseguridad.

Si bien se remarca la bonanza económica alcanzada en la región y que millones ya no estén dentro del rubro de pobreza extrema, se muestra el pesimismo general ante la sensación de inseguridad, un sentimiento que se fue acentuando en cada año de la última década. En 2004 la preocupación máxima era el estado de la economía, hoy es la violencia, el crimen y la impunidad. Los datos son fuertes: Uno de cada tres homicidios en el mundo se comete en América Latina que tiene la mayor tasa con 23 asesinatos cada 100 mil habitantes de promedio. En Centroamérica esa tasa sube a 34.

La violencia no solo genera estadísticas, sino miedo. El 40% de los latinoamericanos indicó que teme ser asaltado o matado en la calle o en transportes públicos, así como en sus propios barrios, donde asedian el narcotráfico y las pandillas juveniles. Además, existe poca confianza en los cuerpos policiales; en muchos países más cercanos a los delincuentes que a los ciudadanos.

El problema de esta cercanía con la violencia y la sensación de que la justicia y la seguridad están de manos atadas, dispara los índices de percepción sobre inseguridad, pero también provoca las olas migratorias de aquellos que escapan y buscan lugares tranquilos y, sobre todo, más justos.

Así, EEUU, el otrora oasis económico del continente, pese a Ferguson y sus problemas de seguridad, pero con índices manejables y una justicia todavía desigual pero eficiente, se ha transformado en el lugar donde muchos vienen a refugiarse. El mejor bienestar económico termina siendo una añadidura. 

Los linchamientos y la justicia

Unas pocas palabras de consternación del papa Francisco bastaron para detener una ola de linchamientos en Argentina que se extendió después que una multitud mató al joven David Moreira, por robarle la cartera a una mujer en Rosario.

Los linchamientos se detuvieron pero no su causa: Un sentimiento y experiencia ciudadana de impotencia, indefensión e inseguridad ante una serie de delitos que el Estado no parece que pueda controlar.

La justicia por manos propias demuestra que la gente está cansada de la ineficiente administración de justicia, y que pide soluciones concretas para terminar con la inseguridad y la impunidad. No es casualidad que esta reacción popular, autodefensiva y primitiva, haya florecido mientras los políticos debatían una propuesta de reforma al Código Penal que reduce las penas a ladrones y narcotraficantes, hoy, según encuestas y titulares de diarios, dos problemas que más quitan el sueño a los argentinos.

Un estudio reciente, divulgado por Naciones Unidas demuestra en forma palpable que en los países con más impunidad o menos castigos, los delitos tienden a crecer. No es casualidad que el continente americano es donde se registró la mayor cantidad de asesinatos del mundo en 2012 – 36% de los 437 mil – pero, al mismo tiempo donde existe menor tasa de condenas judiciales, con 24 por cada 100 mil habitantes. Por el contrario, Europa contó solo con el 5% de homicidios, y una tasa de condenas mucho mayor: 81 por cada 100 mil habitantes.

La falta de justicia ordinaria suele degenerar en casos de ajusticiamiento popular, un tema endémico en América Latina, que ahora abarca a Argentina y a Brasil, pero que es recurrente en Bolivia, Guatemala y México, donde el fenómeno también está ligado a la justicia comunitaria y ancestral.

Más allá de cuestiones culturales, la justicia por manos propias muestra que está causada por la debilidad o ausencia de las instituciones, en especial en el interior de los países, aquellos que giran en torno a sus capitales. La mayoría de las veces se trata de un problema de falta de recursos y profesionalización del ministerio público y, muchas otras, porque la policía y la justicia son permeables a la corrupción generada por la política, el sector privado y el crimen organizado. Todo esto, además, agravado por el amarillismo de los medios, la falta de independencia judicial y el clima polarizado generado por la política.   

La falta de instituciones y de justicia también ha llevado a que en algunos países los linchamientos sean crímenes de odio, aprovechados por homofóbicos y xenofóbicos para tareas de “limpieza social”. Así han proliferado los escuadrones de la muerte en Brasil, Chile y Argentina o ejércitos clandestinos de autodefensas como en Colombia y en el México actual, transformándose en movimientos incontrolables que generan mayores abusos que soluciones.

Los linchamientos aparentan acercar soluciones porque resuelven en minutos lo que la justicia ordinaria tarda años. Pero el problema es que trastocan el principio de la proporción entre el delito y la pena. De ahí que a Moreira se le haya “sentenciado” a muerte por haber robado una cartera. El juez, bien o mal, actúa según un orden legal y social, mientras que en la masa, como se observó en Rosario, las personas, refugiándose en el anonimato, se desinhiben, pierden la razón, contagian violencia a otros y confunden justicia con venganza.

Para acabar con este círculo vicioso del que se nutren la inseguridad, la impunidad y la justicia por manos propias, el reto de América Latina es aumentar los presupuestos demostrando que la justicia no es un gasto sino una inversión, permitiendo mayor acceso a mejor justicia; la fórmula eficiente que utilizaron los países más desarrollados del continente, como EE.UU. y Canadá, para controlar la corrupción y el crimen, y para alcanzar más desarrollo e igualdad. El otro desafío es dotar de mayor profesionalización y valores de honestidad a las policías, como se logró en Chile y Colombia, para combatir delitos cuyo número se ha triplicado en la última década.

Pero para emprender cualquier cambio, como este que es cultural, el primer paso lo debe dar el poder político evitando seguir linchando al Poder Judicial o manipularlo como un instrumento político para alcanzar sus fines. 

Necesario invertir en justicia

La inseguridad pública y la corrupción son las grandes dificultades que a diario soportan los latinoamericanos, a juzgar por las encuestas y estudios sobre calidad de vida en la región, lo cual es consecuencia de un problema aún más agudo: la falta de sistemas judiciales fuertes y eficientes.

La debilidad de la justicia tiene diversas fuentes, entre ellas, los magros recursos económicos que no superan el 1% del Producto Bruto Interno en los países latinoamericanos; la falta de profesionalización y la infiltración del crimen organizado; y, en peor medida, la falta de independencia, producto del avasallamiento constante que sufre de parte de los poderes políticos.

Un estudio de Freedom House difundido este viernes observó que el éxito de los nuevos procesos políticos en países árabes dependerá de la fortaleza de sus sistemas judiciales, mientras que en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, se percibe un deterioro democrático debido al declive sustancial de la primacía del Derecho en materia civil y criminal.

La falta de independencia judicial no solo está moldeada por aquellos políticos que nombran jueces ideológicamente compatibles, sino también cuando se cambian las reglas de juego con leyes y acuerdos, que bajo la excusa de la reconciliación nacional, favorecen a unos cuantos privilegiados, en desmedro de las víctimas y del bien común.

Por lo visto, en América Latina no acabamos de aprender de nuestros errores, como las amnistías y leyes de Punto Final que por décadas blindaron a los represores que asolaron el Cono Sur en la época de las dictaduras militares. Hace unos días en Uruguay se celebraba la decisión del Congreso de eliminar una ley de amnistía que protegía a criminales durante la dictadura y el de Brasil creaba una Comisión de la Verdad para revisar casos de su oscuro pasado; pero en Perú, una vez más, se proponía una amnistía general, por las violaciones a los derechos humanos en otras épocas.

La polémica entre perdonar y olvidar la reabrió el ministro peruano del Trabajo, Rudecindo Vega, admitiendo que la amnistía debería incluir al ex presidente Alberto Fujimori y a Antauro Humala, hermano del Presidente, y de paso, a los miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, como para que todo aparente una reconciliación general. Lo lamentable, en todo caso, es que cualquier arreglo terminará afectando a la Justicia, que sin responsabilidad alguna, deberá cargar con la falta de reparación y expectativa de equidad que sentirán miles de víctimas que por décadas fueron afectadas por el terrorismo y los abusos de Estado.

La desazón y desconfianza de los ciudadanos ante la justicia es mayor, cuando se observa que tampoco existe mucha expectativa de que las injusticias se puedan zanjar en tribunales internacionales. Casos recientes de Venezuela y Ecuador lo comprueban. Pese a compromisos contraídos, Hugo Chávez no cumplió con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de restituir los derechos políticos al proscrito Leopoldo López, aspirante a la presidencia; mientras que esta semana Rafael Correa rechazó las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones a la libertad de prensa y se negó invitar a una delegación de la institución para que investigue en su país.

Pero más allá de los intereses políticos, la Justicia no puede funcionar con los mismos recursos que en otras épocas, cuando había menos conflictos y el crimen organizado estaba menos globalizado. Así como en Perú, Colombia y Argentina, en República Dominicana, el Poder Judicial también reclama para el 2012 un mayor presupuesto, un 2.6% del PIB como manda la ley, aunque no tiene muchas esperanzas de alcanzar el ideal que existe en países desarrollados, donde el control del crimen está ligado a la fortaleza de la Justicia.

Así, con bajos recursos, existe el peligro de incentivar mecanismos de justicia por manos propias, como en Guatemala, donde las comisiones de Seguridad Municipal, grupos de vecinos auto convocados y autorizados por ley, terminan siendo responsables de tortura, secuestro y ejecuciones extrajudiciales, delitos que se supone deberían prevenir.

Lamentablemente, casi todos los gobiernos latinoamericanos ven en la Justicia un instrumento político y un gasto, donde deberían ver una inversión y promover su independencia.

Polanski y su última película

La vida del laureado director de cine Roman Polanski es verdaderamente de película. Tiene la trama de un thriller hollywoodense: sexo, alcohol, drogas, asesinato, fuga, persecución y captura.
Lo que resta por definir es el final. Si será plácido y feliz como desean sus colegas del séptimo arte, exonerado de culpa y cargo por la violación de una niña de 13 años que cometió hace tres décadas; o si tendrá un fin turbulento, extraditado a Estados Unidos donde la justicia lo reclama desde 1977 por haberse fugado después de declarase culpable.
Polanski, de 76 años, fue detenido el 26 de setiembre a su llegada a Zúrich y de inmediato se inició una rica polémica. Políticos, cineastas y la prensa europea vieron como exagerada y puritana a una justicia estadounidense que busca corregir tardíamente a un ya regenerado. Mientras tanto, sectores de la prensa y activistas contra la impunidad, celebraron que se mida con la misma vara a ricos y pobres, famosos y ordinarios, y que la justicia, aunque lenta, sea eficaz.
Quienes hacen magia y ficción fabricaron una distorsión para defender a Polanski; quizás porque están acostumbrados a crear personajes que en apenas 90 minutos son transformados de villanos a santos, de culpables a perdonados. De ahí que directores como Pedro Almodóvar, Woody Allen, Costa-Gravas y Martin Scorsese se sintieran ofendidos y exigieran la liberación de su genio colega.
También se sumaron al reclamo actrices como Mónica Bellucci, Isabella Adjani y Debra Winger, quien al decir que “el mundo del arte sufre” por la detención de Polanski, pareciera creer que la genialidad creadora absuelve la conducta depravada.
La industria cinematográfica exoneró corporativamente a Polanski, justificando que no ha cometido otros crímenes desde aquella violación, que su víctima lo perdonó, aunque tras un acuerdo civil-económico; y porque ha soportado una vida borrascosa al perder en la infancia a su madre en un campo de concentración nazi y a su esposa embarazada, Sharon Tate, en manos del tarado asesino Charles Manson.
Así como quienes anunciaron un boicot contra los adeptos de Polanski, muchos no creen, tampoco la justicia (que solo otorga atenuantes), que la turbulencia de una vida excuse un crimen o que la clemencia de una víctima borre lo que dicta un Código Penal. Además, nadie puede sentirse sorprendido que Polanski haya sido apresado, ya que vivía como fugitivo, evitando países con tratados de extradición con EE.UU., mientras que en 2003 desistió de presentarse en Hollywood a recibir su Oscar por “El Pianista”.
Tras la presión de los gobiernos de Francia y Polonia contra Suiza y EE.UU., es posible que Polanski no sea extraditado. Pero quienes claman por justicia no deberían sentirse desahuciados, porque por ahora, al menos, el escarnio público logra una condena moral que revitaliza la conciencia sobre el abuso infantil, incluyendo a países como los latinoamericanos donde el tema no es agenda pública. La captura del cineasta también incentiva a que las víctimas denuncien a los acosadores y es un disuasivo contra otros degenerados.
Recordemos que el caso del presidente nicaragüense Daniel Ortega sirvió para esta causa. En agosto de 2008, la ministra de la Mujer de Honduras, Selma Estrada, renunció por la visita de Ortega a su país, solidarizándose contra el abuso sexual de mujeres y niñas en América Latina. Su reacción potenció la denuncia que desde 1998 hiciera Zoilamérica Narváez contra su padrastro Ortega, por abuso sexual por más de 20 años. Aunque la acusación fue archivada por haber prescrito, muchas mujeres tomaron su causa. Así, con la protesta como arma, evitaron que Ortega asistiera a la toma de posesión del presidente paraguayo Fernando Lugo y objetaron su presencia en cumbres y visitas a El Salvador, Panamá y Chile.
El mensaje para Ortega y Polanski es claro. De no haber posibilidad de justicia, que la deshonra avergüence y duela.
Polanski tiene la opción de crear su propio final. Me temo que si no enfrenta a la justicia real, jamás tendrá la tranquilidad con la que suelen morir sus protagonistas. Pero más allá de la conclusión de la justicia, cada uno de nosotros podrá elegir en su conciencia el mejor final de esta película: feliz o turbulento; culpable o inocente.

Justicia "premial"

El gobierno de Colombia tiene numerosos méritos en el restablecimiento de la confianza pública sobre la funcionalidad de la democracia y los avances en materia de seguridad pública. Es por ello que el presidente Alvaro Uribe es el mandatario latinoamericano con mayor apoyo popular.

Sin embargo, considero un desacierto muy grande que daña (o al menos seguro que dañará a largo plazo) las instituciones democráticas del país, los incentivos jurídicos y económicos (incluido su derecho de migrar a otro país) que ofrece a aquellos guerrilleros que desertan de sus grupos, como este caso de la guerrillera Zenaida Rueda Calderón, alias ''Miryam'', que pasó 18 años en las FARC, más de la mitad de su vida que alcanza a 35 años.

El fin tal vez es loable, porque en realidad se trata de incentivar a los guerrilleros a que escapen con secuestrados y cortar así a las FARC un instrumento de extorsión política y económica valioso, con el que siempre ha sabido poner en jaque al gobierno y al pueblo colombiano. Sin embargo, esta especie de justicia “premial”, brinda un mensaje muy contraproducente a la sociedad, ya que muchos que siempre se han comportado bien sin cometer ningún delito podrían llegar a pensar que es mejor cometerlos y luego arrepentirse porque de esa forma algún día podrían tener el incentivo de un Estado que les paga, los exonera de ese delito, les ofrece inmunidad o los premia arreglando su salida del país para ir a vivir a Paris, como en el caso anterior.

La justicia “premial”, es decir aquella que otorga beneficios penales a quienes deben cumplir una condena, ha sido lamentablemente utilizada en Colombia y otros países para liberar a asesinos de periodistas, como en el caso del reportero gráfico argentino José Luis Cabezas, el periodista Tim Lopes de Brasil y Orlando Sierra de Colombia. En esos tres casos – luchas que mantenemos a través de organizaciones de libertad de prensa como en el caso de la SIP – se ha liberado antes de tiempo a los condenados por asesinato, quedando los casos mencionados en un estado de parcial impunidad.

Premios y castigos

Dos hechos cobraron trascendencia esta semana que ponen en riesgo la salud de la democracia, trastocando el valor de la Justicia, los premios y castigos.

Por un lado, el Parlatino decidió en su reunión en Panamá pedir la reinserción de Cuba a la Organización de Estados Americanos, lo que equivale a normalizar todo tipo de relaciones con Cuba. Probablemente los legisladores están obnubilados por los grandes logros democráticos en Cuba y ni siquiera hacen mención que es el país que todavía tiene a unos 300 prisioneros políticos pudriéndose en las cárceles. Al menos hubieran podido ser más decentes y exhortar la gobierno cubano a liberar a los prisioneros y terminar con la violación a los derechos humanos. El anuncio del Parlatino fue hecho justo en el preciso momento que la policía cubana arrestaba a 30 activistas, desmantelando una manifestación pacífica que conmemoraba ayer el 60 aniversario de la declaración Universal de los derechos Humanos.

Por otro lado, la presidencia de Alvaro Uribe continúa con su tesitura de cubrir con un manto de impunidad a aquellos guerrilleros que se entregan y que traigan consigo a algún secuestrado, dejando de reconocer que el secuestro es considerado un crimen internacional y de lesa humanidad y que no puede quedar impune o el secuestrador inmune. En esta causa a la que contribuye el gobierno francés, está siendo cuestionada por organismos internacionales como Aministía Internacional. No es para menos, hace un par de días, se le dio un recibimiento apoteósico en Francia al ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Wilson Bueno Largo, quien en octubre pasado ayudó a la fuga del ex legislador Oscar Tulio Lizcano, que estaba secuestrado desde el año 2000.

Al ex guerrillero se lo vio contento junto a su novia, también una ex guerrillera, en una conferencia de prensa junto a Ingrid Betancourt, y hablando sobre los 400 mil dólares que el gobierno colombiano le obsequió.

Aunque Colombia necesita de toda la audacia y creatividad para liberar a los secuestrados, no parece ser que premiar a los delincuentes sea la manera de imponer un ejemplo en la sociedad.

"No puede haber amnistías o perdones prejuzgamiento para aquellos que han cometido serios abusos de derechos humanos o violado el derecho internacional humanitario", sentenció Amnistía en un comunicado.

Valija, corrupción y justicia

El caso de la famosa valija venezolana con 800.000 dólares para la campaña presidencial argentina cobró un nuevo giro ayer en el juicio que se sigue en Miami, ya que el testigo principal Alejandro Antonini, declaró que el avión de PDVSA llevaba una valija adicional con 4.200.000 de dólares.

El dato no es intrascendente y a pesar de que los gobiernos venezolano y argentino dirán que se trata de una nueva conjura internacional orquestada por el “imperio” para derrocar a estas dos democracias, desnuda la profundidad de la corrupción cuando es investigada o más aún, nos informa sobre la cantidad de valijas – léase corrupción – que pasa frente a nosotros y que no detectamos a simple vista. La única evidencia real es la valija con los 800.000 dólares incautados, pero nos preguntamos cuántas otros empaques se han despachado por el continente sin ser detectadas.

Consecuentemente con este caso, que le pone cara a la forma como trabaja la corrupción, es decir en el silencio y en la oscuridad, Transparencia Internacional difundió ayer un informe en el que alertó puntualmente cuáles son los países más corruptos e insistió en hallazgos de reportes anteriores sobre la falta de confianza de los latinoamericanos sobre los sistemas de justicia. En su informe global de la corrupción del 2007 reveló que America Latina mostraba los niveles más bajos de confianza en el Poder Judicial. El 73 por ciento de los encuestados en 10 países de América Latina considera al Poder Judicial como corrupto.

Sin dudas, la gente percibe que la inequidad, la falta de igualdad y oportunidades ante la ley, y por sobre todo, la falta de seguridad plica y la ineficiencia del Estado para castigar y corregir a los maleantes, son los problemas mayores y el gran desafío que enfrentamos para consolidar las democracias.