El internet del futuro (incierto)

La gratuidad y la libertad de acceso a los contenidos en la red, cualidades que actualmente disfrutamos, no se avizoran en el futuro próximo. A partir del 14 de diciembre comenzará el principio del fin del internet tal como lo conocemos, experimentamos y navegamos ahora.

Después de décadas de discusiones con adelantos y retrocesos sobre el tema, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. desarticulará de un plumazo el requisito de neutralidad que rige a la red.

Es un cambio profundo. Modificará nuestra relación con los contenidos. Tendremos que pagar más dinero si queremos descargar una película que contestar un email o pagar más por aquellos emails con videos, fotografías y documentos adjuntos. No solo es una cuestión de precios. También estaremos restringidos de acceder a los contenidos que queramos.

La neutralidad garantiza – hasta ahora - que las proveedoras de servicios de comunicación como ATT, Verizon y Xfinity en EE.UU. o Telefónica, Tigo y Claro en América Latina traten a todos los contenidos con igualdad, no pudiendo discriminar lo que no quieren o no les conviene transportar. Tampoco pueden cobrar diferenciado por carriles de descarga rápidos y lentos, dar prioridad de tráfico a sus propios contenidos o bloquear aplicaciones y servicios de otros proveedores.

La guerra de los cabilderos ante la FCC fue siempre entre posiciones antagónicas como en cuadrilátero de boxeo. En un rincón, las grandes compañías tecnológicas creadoras de contenidos, como Google, Amazon, Facebook, Twitter, iTunes, Netflix, creen que el principio de neutralidad permite al usuario navegar el internet con libertad y gratuidad, así como descargar contenidos sin que por el tipo de velocidad requerida se deban pagar tarifas diferenciadas.

Y en el otro rincón, las empresas de comunicaciones, como ATT, Verizon, Telefónica o Claro, que siempre se sintieron discriminadas al tener que soportar la carga de las grandes tecnológicas que son las que se han beneficiado con un internet barato y sin restricciones. Afirman que deben cobrar más por velocidades diferentes porque sus costos son más elevados con ramales de mayor banda ancha, a los que deben mantener y aumentar. Argumentan que cobrar por mejores servicios, les permitirá ser competentes, innovadores y ofrecer mayor calidad.

Con los demócratas y Barack Obama de la mano, los del primer rincón se aseguraron años de neutralidad y beneficios. Obama debió luchar contra un Congreso adverso y unos republicanos que no creían que era necesario la neutralidad para que la red se mantuviera abierta, libre y transparente.

Los republicanos con Donald Trump a la cabeza, creen que la neutralidad limita la competencia y el libre mercado. Consideran que el principio de neutralidad que se consolidó en 2015 con Obama fue “un enfoque erróneo y legalmente defectuoso". Por el contrario, dicen que a partir del 14 de diciembre, la eliminación de la neutralidad facilitará la inversión e innovación, aspectos críticos para la expansión de la banda ancha y el futuro del internet.

En defensa de los usuarios que podrían sentirse los más afectados, las nuevas directrices de la FCC establecen que el “requisito de transparencia”, junto a las “leyes antimonopolio y de protección del consumidor”, les permitirá a los usuarios fiscalizar a las empresas de comunicaciones. Podrán exigir a las autoridades del ministerio de Comercio que adopten las medidas correctivas necesarias.

Todo esto tiene jurisdicción en EE.UU. Habrá que ver como esta posición va adaptándose en el resto del mundo, incluso en aquellos lugares con gobiernos autoritarios acostumbrados a su monopolio de empresas estatales de comunicación que siempre han usado para controlar los contenidos y restringir la libertad.

De todos modos, acostumbrados a una FCC bastante maleable y cambiante, habrá que observar si la no neutralidad se convertirá en norma a futuro o si de nuevo se dará marcha atrás cuando se acumule experiencia contraria o una nueva ideología asuma el poder en el Congreso.

Por ahora reina la incertidumbre. Lo cierto, sin embargo, es que tendremos que acostumbrarnos a pagar por lo que hasta ahora era gratuito y a estar restringidos de lo que hasta ahora disponíamos con libertad. trottiart@gmail.com

Trump más presidencial; pero falta transparencia

Donald Trump no dijo nada diferente ante el Congreso de lo que había sostenido hasta ahora. Pero lo expresó en un tono distinto. Más mesurado y conciliador. Menos arrogante y convulsivo que en sus primeros 40 días de gobierno.

Su estilo de martes en la noche sorprendió y ganó audiencia. Fue tal el cambio de tono que sus críticos más acérrimos de la CNN y los más indulgentes de FoxNews, coincidieron. Entró al Congreso como candidato y salió convertido en Presidente.

En la tarde ya se avizoraba el cambio. Trump subrayó que se daba la más alta calificación por lo que había hecho y logrado, pero casi un aplazo por no haber sabido comunicar su mensaje. La disfrazada humildad exultaba confianza por un discurso que sabía tendría alto impacto.

El estilo diferente le permitió hablar de lo mismo sin producir los retorcijones acostumbrados. Insistió con una agresiva política anti inmigratoria, terminar con la “corrupción del pantano”, hacer una profunda reforma impositiva, acabar con el Obamacare, crear empleos, producir made in USA y construir puentes y caminos.

Los demócratas ni aplaudieron ni coincidieron, pero tampoco se sintieron satirizados como otras veces. Debieron asentir por políticas a favor de la mujer, de las minorías y por un gesto de manso nacionalismo que hasta sorprendió a gobiernos extranjeros que siempre sintieron el peso de un Washington avasallante: “Mi trabajo no es representar al mundo, sino representar a EEUU”.

Más allá de que la narrativa fue la misma, queda así comprobado que el cambio de tono al expresar las palabras hace la diferencia; minimiza divisiones y despolariza. Los legisladores demócratas igualmente creen que existe profunda divergencia entre los dichos de Trump y sus acciones. El pecado no es nuevo. También se acusaba a Barack Obama de lo mismo. Era un maestro de la oratoria mesurada. Declamaba transparencia, pero su Presidencia fue restrictiva en información pública; persiguió a funcionarios soplones y espió a extranjeros; abrazaba a musulmanes y latinos, pero deportó a millones como ningún otro presidente del pasado.

Cambiado el tono, lo que ahora importa es la esencia del discurso y que sus palabras no estén peleadas con la verdad.

El ruido generado por el tren Rusia, de no ser disipado a tiempo y con transparencia puede descarrilar su Presidencia. La renuncia de Michael Flynn, asesor de Seguridad Nacional y la inhibición del Fiscal General, Jeff Sessions, para no involucrarse en las investigaciones criminales sobre las influencias rusas en la campaña electoral, son síntomas que pueden tirar todos sus logros por la borda.

Los demócratas y los servicios de inteligencia se la tienen jurada, buscarán la verdad hasta debajo de las piedras. No olvidan que la ciber inteligencia rusa denunció el tráfico de influencias en su partido y desmoronó la campaña de Hillary Clinton.

La prensa también está obstinada con la verdad. La “enemiga del pueblo” seguirá fiscalizándolo sin piedad y obteniendo filtraciones de inteligencia como las que terminaron por demostrar el acercamiento de los funcionarios y de su yerno Jared Kusher con el embajador ruso, Sergei Kisliak.

En este forcejeo entre Trump y la prensa que se acusan de generar noticias falsas y de inexactitudes por igual, cada uno responde con sus mejores armas. Trump despotrica en sus discursos y tuits, mientras la prensa investiga, denuncia y critica.

Durante la politizada y fallida noche de los Oscars, el New York Times publicó un spot televisivo tajante. En fondo blanco con letras negras, con la búsqueda de la verdad como título, ironizó las “verdades” de Trump con varias frases. “La verdad es que tenemos que proteger nuestras fronteras” o “la verdad es que las celebridades deberían mantener la boca cerrada”. Tras una docena de ironías similares sobre esta agitada etapa política, el mensaje final en defensa del buen Periodismo, el spot sostuvo: “La verdad es difícil de encontrar… de saber… y es más importante que nunca”.

En definitiva, hay dos cosas sobre la mesa. Una es de estilo y Trump tiene la opción de construirse como Presidente con un tono mesurado que invite al diálogo. La otra es de fondo y no tiene opción: Tiene la obligación de apegarse a la verdad y a la transparencia. trottiart@gmail.com

Soplo de transparencia

Muchos son los problemas que impiden el desarrollo económico de un país: Corrupción, narcotráfico, inseguridad y escasa educación. Sin embargo, existe un elemento que los potencia y agrava, al punto de poner en riesgo el sistema político: La falta de transparencia.

Esta falta de transparencia es el ingrediente que se mostró como protagonista principal de las noticias fuertes de la semana. La presidenta brasileña Dilma Rousseff inició un purgatorio de 180 días por la oscuridad con la que manejó presupuestos, asuntos fiscales, beneficiando a un anillo de amigos que desfalcaron al Estado con sobornos y prebendas. Mientras tanto en Argentina nuevas causas de cohecho se fueron acumulando contra la ex presidente Cristina Kirchner, su hijo y amigos que cobijados en la inmunidad del poder, manejaron dineros públicos como propios y con total impunidad.

Por años, en ambos casos, aunque más pronunciado en el kirchnerismo con ciertas similitudes que el chavismo, la forma despótica de gobernar con personalismo, clientelismo y propaganda, fue la venda en los ojos que cegó a la Justicia y a la gente en general. Ahora, sin esos escudos autoritarios, se advierte como con mayor transparencia, la sociedad pueden encontrar los correctivos.

La transparencia es el elemento que permite mayor eficacia y rapidez a la Justicia. Precisamente fue el elemento protagonista de la Cumbre Anti-Corrupción celebrada esta semana en Londres, donde los Panama Papers o la oscuridad generada por empresarios, artistas y políticos a través de empresas off-shore, el tumultuoso presente de Brasil y el dopaje inducido a deportistas olímpicos rusos, capitalizaron los debates. Nada desvió la definición: Comparado a la lacra del terrorismo internacional, la corrupción fue calificada como el cáncer que carcome a la sociedad moderna y que crea las mayores desigualdades.

Ningún país o ideología están exentos de esa falta de transparencia y, en muchos casos, las apariencias engañan. El saludable acercamiento entre Barack Obama y Mauricio Macri ya empezó a tener sus réditos esta semana. El gobierno estadounidense comenzó a desclasificar documentos de sus agencias de Seguridad sobre el último período de dictadura militar. Posiblemente revelen y certifiquen datos y hechos que ayudarán a reconstruir la memoria y cicatrizar heridas.

Pero me refería a las apariencias, ya que con este gesto Obama se muestra como el más transparente. Sin embargo, por lo que sucede en su propio país, su gobierno ha sido uno de los más oscuros de la historia. Ha incentivado la clasificación indiscriminada de documentos oficiales que, en muchos casos, bajo excusas ligeras de seguridad nacional, violaron muchos principios garantizados por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante sus casi ocho años de gobierno se registró el mayor número de periodistas apresados por no revelar sus fuentes confidenciales y se dio el caso más patético de espionaje periodístico contra la agencia Associated Press y la cadena Fox. Persiguió a soplones dentro del gobierno, como al soldado Manning que originó las filtraciones de Wikileaks y a Edward Snowden que se refugió en Rusia después de revelar las prácticas de vigilancia masiva, cuando todo hacía pensar que una ley de protección de soplones, ayudaría a crear mayor transparencia y reducir la corrupción en las esferas públicas.

¿Qué importancia tiene crear un marco legal que legitime las filtraciones y las denuncias por corrupción? Edward Snowden da en el clavo. En un avance del libro que publicará este año la Universidad de Columbia, “Periodismo después de Snowden: El futuro de la prensa libre en un Estado vigilante”, este informante explica que se ha confundido el sentido de su denuncia. Dice que no la hizo para evidenciar la vigilancia propiamente dicha, sino para demostrar que el público no siempre tiene conocimiento sobre actos que el gobierno se arroga para sí mismo, que nunca le fueron conferidos.

Esta es la mejor perspectiva sobre la importancia de proteger tanto a los soplones como a los periodistas y sus fuentes. No se trata solo de denunciar el hecho cancerígeno, sino de demostrar como su metástasis corroe la confianza del público en el sistema político. Nada contribuye más a la democracia que el soplo de la transparencia.

Corruptos y mal educados

Como los conquistadores a los indígenas, varios líderes latinoamericanos engatusan a la gente con espejitos y mostacillas. Alardean sobre logros económicos de corto alcance; pero evaden hablar del crecimiento de América Latina que, a largo plazo, pasa por combatir la corrupción y mejorar la calidad de la educación.

Acomodaticios, los espejitos se usan por doquier. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pasó esta semana por EE.UU. mostrando mejores índices de empleo y una educación gratuita y general, sólida base para su reelección. La probable presidente de Chile, Michelle Bachelet, promete una reforma constitucional con educación universitaria gratuita y la brasileña, Dilma Rousseff, fantasea con un país sin analfabetos y menos desigual. Mientras tanto, Perú, en franco crecimiento, sueña con un futuro holgado, que por ahora pinta más postergado para Argentina, Ecuador o Venezuela.

En una perenne espiral electoral, todos los índices sirven para regalar sueños. Pero la realidad es otra. Las mediciones divulgadas esta semana sobre la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y las de educación Pisa, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestran una América Latina corrupta y con educación deficiente.

Ambos índices son relevantes por sí solos, pero también reveladores si se los combina. No es casualidad que los países menos corruptos del mundo son los que tienen más calidad educativa y, a su vez, son los de mayor crecimiento y de menores niveles de pobreza.

De muestra están los “tigres asiáticos”, que en un par de décadas pasaron de orejones del tarro a líderes económicos, mediante una nueva cultura basada en la educación tecnológica y los valores. La punta de lanza de esa filosofía tecno-industrial fue Japón, un país que, devastado por la Segunda Guerra y la corrupción, se hizo potencia gracias su estrategia de crecimiento a largo plazo con un sólido cimiento en la educación primaria, donde combinó la enseñanza de matemáticas y ciencias con el valor de la honradez.

Hoy, Japón y los “tigres asiáticos”, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán, superaron a todos los demás en el ranquin de PISA que mide la eficiencia de alumnos de 15 años en matemáticas, lengua y ciencias. No es casual que esos países también destacaron en la lista de Transparencia Internacional, ocupando los mejores puestos entre los 177 medidos, entre ellos Somalia, Corea del Norte y Afganistán, que ocuparon el podio de los más corruptos.

América Latina, en cambio, se sigue comportando como gatito. Perú fue el peor país en la lista de educación, seguido por Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Uruguay, México y Chile. Nadie siquiera alcanzó la media académica del OCDE, un problema mayúsculo si se entiende que el crecimiento sostenido en el mundo competitivo de hoy, lo tienen solo aquellos que apuestan a la educación de calidad.

Ante ese panorama desesperante, los niveles de corrupción existentes agravan la situación. Argentina, Colombia, Perú, México, Ecuador, Panamá, Bolivia no alcanzan ni 40 puntos de una lista en la que se destacan Dinamarca y Nueva Zelanda con 91 sobre 100. Venezuela y Paraguay, así como varios centroamericanos, rondan los 20 puntos, sinónimo de problemas políticos y sociales mayúsculos.

Los buenos índices económicos de hoy son espejitos, están más atados a tácticas transitorias y al alto precio de las materias primas, que al desarrollo tecnológico y a la innovación. Su transitoriedad comienza a mostrarse. El jueves pasado, la CEPAL anunció que la pobreza en la región, producto de la desaceleración económica, afectará a 164 millones de personas a fines de año, mientras que la miseria afectará a 68 millones, debido a los precios más costosos de los alimentos.

Si bien la CEPAL no especificó qué se necesita para que los países hagan un “cambio estructural en sus economías para crecer de forma sostenida con mayor igualdad”, es indudable que la mala calidad educativa y la corrupción conspiran contra esa visión. En ese sentido, sería importante que las pruebas PISA, además de lengua, ciencias y matemáticas, también pudieran medir la enseñanza de los valores humanos en las escuelas, un elemento que fue fundamental para el desarrollo de Japón. 

Maduro debe transparencia

Nicolás Maduro y su gobierno no pueden seguir tildando a Henrique Capriles de asesino y fascista, o anunciar que ya tienen una celda lista para su ingreso, sin responder fehacientemente a las acusaciones en su contra.

Capriles es cada vez más contundente en sus acusaciones sobre fraude e irregularidades en unas elecciones que perdió por un ínfimo porcentaje. Ese ínfimo porcentaje es el que legitima sus denuncias, porque cualquier  irregularidad podría desequilibrar la balanza electoral.

Esa legitimación es la que Maduro no tiene, por muchas razones; entre las principales, porque no se mostró jamás convencido de que un conteo de votos es necesario, porque sigue ejerciendo presiones sobre el poder electoral hasta el punto que este dijo que una auditoría de los votos no cambiará el rumbo de la elección y, entre otras, porque con todo el aparato gubernamental manipulado a su favor, tuvo un margen escaso de ganancia.

Difícilmente el gobierno podrá silenciar a Capriles, ya que destituir políticamente al gobernador y líder de la oposición, atraería mayor inestabilidad.

Mientras a Capriles el único camino que le queda es seguir con sus denuncias para que el gobierno se sienta obligado a rendir cuentas, a Maduro, como gobernante, no le queda más que legitimar su gobierno con transparencia.

Si Maduro no permite mayor transparencia, su gobierno se verá condenado al fracaso y cada vez más inmovilizado para adoptar las medidas económicas adecuadas para superar la crisis.

La transparencia es su única opción. A no ser que quiera profundizar el autoritarismo del ex presidente Hugo Chávez y convertir a Venezuela en un estado totalitario.   

Obama y los drones

Las papas le queman a Barack Obama como en ningún otro momento de su Presidencia. Por primera vez estuvo obligado a ponerse a la defensiva y lo hizo ordenándole al Ministerio de Justicia que de inmediato envié al Congreso un documento que justifica legalmente que como presidente puede ordenar el asesinato de un terrorista  cuando represente una amenaza para los intereses del país, pudiéndolo hacer mediante el uso de drones o aviones no tripulados piloteados a distancia.

La controversia no es tanto el debate sobre la legalidad de sus decisiones en un período que todavía el gobierno considera estar en guerra contra el terrorismo, sino además por la falta de transparencia y de rendición de cuentas al público sobre este tipo de estrategia. Obama y sus funcionarios han negado constantemente que exista un documento como el que ahora se está enviando al Congreso, y solamente salió a relucir luego de que el lunes la cadena NBC publicara otro informe que no se conocía hasta ahora, en el que se hace una interpretación sobre el documento secreto, respaldando en forma ética y legal la decisiones de Obama para ordenar los asesinatos selectivos.

Lo que ha increpado el debate en los medios de comunicación, es que Obama siempre ha declamado transparencia pero poco ha hecho para cumplir ese precepto. De ahí hasta que se le tilde de hipócrita que haya criticado y dispuesto mayor transparencia sobre la tortura, vuelos y cárceles clandestinas, prácticas ejecutadas durante la administración de su antecesor George W. Bush, cuando no lo está haciendo durante su Presidencia.

En mi columna de semanas pasadas justamente decía que el gobierno de Obama deja mucho que desear en materia de transparencia y que incluso, después de tanto declamarla, es el gobierno que más escollos ha puesto en materia de acceso a la información y que más persigue a los soplones o a quienes desde dentro del gobierno tratan de denunciar abusos y corrupción.

Es probable que el debate y la conversación pública sobre este tema caiga en cuestiones de abuso de poder del Presidente, en la posible exageración de toma de decisiones al margen del Congreso y del Poder Judicial en materia de seguridad nacional o la rápida evolución de la tecnología de los drones que ha revolucionado la manera de hacer la guerra. Lo importante, más allá de estos conceptos válidos, es que el debate se centre en la necesidad de la mayor transparencia y rendición de cuentas gubernamental y entender que las medidas que se adopten servirán de antecedentes en el mundo cuando otros gobiernos – democráticos y autoritarios - también comiencen a utilizar su tecnología (o la compren) para hacer este tipo de guerras. Y ni hablar – claro – que también la podrán aprovechar los terroristas.

  

Transparencia; hay que exigirla

El mayor mal de América Latina es la corrupción. ¿La causa? Una cultura tolerante con la deshonestidad, incentivada por leyes poco rigurosas, justicia apática y favores políticos. ¿La consecuencia? La región nunca logra alcanzar todo su potencial económico, pese a épocas cíclicas de bonanza como la actual.

A diario en cada país se revelan actos de corrupción. Ilusiona que la justicia costarricense haya condenado esta semana al ex presidente Miguel ángel Rodríguez, por aceptar sobornos de una multinacional francesa, pero pocos casos como este son sentenciados, por lo que el ciudadano pierde credibilidad en el sistema.

El problema no son los actos corruptos, sino que la corrupción se ha incorporado como estilo de vida. En Brasil, por ejemplo, se tolera que 11 de 27 gobernadores electos en octubre último estén manchados por compra de votos. En México, que muchos diputados ocupen bancas gracias a dineros del narcotráfico. Y en Argentina, que la Sindicatura General, el ente que vela por la transparencia del Estado, se niegue a informar sobre anomalías detectadas en organismos de gobierno.

No rendir cuentas parece la norma en la región. La administración pública es una maquinaria perversa que engulle todo a su paso; los que entran decentes son transformados. En ese ambiente enfermizo, la deshonestidad se custodia con autoritarismo. Así, los de más arriba reforman constituciones para perpetuarse en el poder y mantener su inmunidad, o manipulan leyes para gobernar de espaldas  al pueblo, sin contrapesos ni fiscalización.

El presidente Hugo Chávez es claro ejemplo. Acaba de reformar por decreto a Petróleos de Venezuela, obligándola a que entregue un porcentaje mayor de los excedentes del crudo a su Fondo de Desarrollo Nacional. Una partida de fondos que maneja a discreción y sin rendir cuentas. A más de 100 dólares el barril, se estima que este año tendrá unos 11.000 millones a disposición, por lo que pronto recomenzará la exportación de revolución bolivariana, encapsulada en valijas llenas de efectivo.

¿Se puede detener esa cultura de la corrupción? ¡Seguro que sí! Pero se necesita voluntad política; crear leyes rigurosas y severas; emancipar a la justicia. No basta con aquellas leyes que protegen los asuntos públicos, como las de lavado de dinero; se necesita también de las que combaten la corrupción interna, y obligan a gobernar en forma abierta.

En México, Perú, República Dominicana, Ecuador, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, se crearon en los últimos años leyes de acceso a la información pública, pero a juzgar por los resultados, fueron más producto de la demagogia que de la vocación por crear una cultura de la transparencia. Funcionario que retacea información no es castigado, y los gobiernos no educan al ciudadano sobre su derecho a conocer la forma en que se administran los recursos públicos.

En Argentina, Bolivia, Costa Rica y Paraguay, los políticos hablan de ser transparentes, pero proyectos de ley sobre el tema hace más de un lustro que duermen engavetados en los congresos.

Crear una cultura de trasparencia es trabajo arduo y constante. En EEUU, una ley de 1966 ayudó a construir un gobierno abierto, pero todavía se reclama por la tendencia al secreto. Una encuesta reciente de la Fundación Knight halló que 13 de 90 organismos estatales no tienen el hábito de rendir cuentas, a pesar de que el presidente Barack Obama instruyó desde el primer día de su gobierno abrazar una política de apertura.

Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día que no debe pertenecer a periodistas ni medios, sino para reivindicar el derecho del público a saber. Es buena oportunidad para que los gobiernos adopten leyes para que empiecen a transformar la cultura de la corrupción en una de honestidad. Un buen gesto en ese sentido lo dará la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien se espera que ese día sancione una ley de acceso informativo y transparencia.

Ser corruptos o transparentes depende en gran medida de las reglas. El desafío de los gobernados es exigirlas, para que los gobernantes estén obligados a custodiar los bienes ajenos como propios.

Transparencia y rendición de cuentas

Calcular el nivel de democracia de un gobierno no es fácil. Algunos parámetros que se utilizan, como la independencia de los poderes del Estado y la limpieza de los procesos electorales, son engorrosos y conflictivos de medir.
Sin embargo, una forma simple de medición es observar si el gobierno rinde cuentas en forma cotidiana y sistemática sobre los gastos públicos, o si a esos datos los manipula, niega o esconde.
La vocación de transparencia es muchas veces una actitud política: se quiere o no se quiere rendir cuentas. Por eso es necesario que existan reglas que obliguen a las autoridades a ser cristalinas, de lo contrario se podrán esperar excusas, como recientemente las dio un tribunal de La Plata, Argentina. Le negó a un periodista, tras cuatro años de pleito judicial, obtener información sobre presupuestos, salarios y cantidad de funcionarios de un municipio, con el ridículo fallo de que “los datos… se encuentran comprendidos en la esfera de intimidad de las personas involucradas”.
Sin reglas claras, es difícil que las autoridades decidan por iniciativa propia rendir cuentas, incluso en países tan abiertos y democráticos como Costa Rica, donde un estudio realizado por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, reveló que una mayoría “alarmante” de ministerios y organismo públicos no está forzada a proporcionar al público o a la prensa, información básica sobre presupuestos o gastos.
Muchas veces no se trata de estar obligado, sino de tener la voluntad política necesaria y ser conscientes de que la transparencia mejora la gestión gubernamental y reduce los niveles de corrupción. Así lo consideró el presidente estadounidense Barack Obama, quien después de prometer que su gobierno tendría “niveles sin precedente de apertura”, dictó varias normas valiosas. La más importante de todas es quizás el sitio de internet (www.recovery.gov) habilitado el 17 de febrero, en el que se informa cómo, cuándo y dónde se están gastando los dólares de los contribuyentes aplicados al paquete de estímulo. En ese sitio, los ciudadanos pueden monitorear la distribución y uso de fondos, la creación de empleos y el progreso de la recuperación económica prometida.
Su mayor claridad le ameritará un mejor puntaje del estudio sobre presupuestos entre 85 países que difundió la International Budget Partnership, cuyo objeto es provocar mayor gobernabilidad y combatir la pobreza. La encuesta reveló que un 80% de los gobiernos no informa sobre el uso de los dineros públicos, muchos de ellos latinoamericanos. El más opaco es Bolivia, ubicado en el puesto 74, seguido por República Dominicana (68), Honduras (66), Nicaragua (62), Venezuela (54), El Salvador (48), Ecuador (47), Costa Rica (39), Guatemala (38), México (28), Argentina (25) y Colombia (18). El país más transparente resultó Brasil (7) y luego Perú (11). La mala ubicación es similar a la que estos países obtuvieron en otros sondeos sobre información pública general.
Obama no se quedó en el gasto público. Creó y examinó más normas sobre información pública en 70 días, que su predecesor en ocho años. Difundió memorandos del gobierno anterior demostrando que se irrespetaron garantías constitucionales apenas sucedido el ataque del 11 de septiembre del 2001, tales como permitir escuchas telefónicas sin orden judicial y métodos de tortura en Guantánamo. También eliminó la prohibición a los periodistas de fotografiar ataúdes que llegaran de las guerras de Irak y Afganistán, e hizo revisar controles existentes en la Ley de Acceso a la Información y a la Ley de Archivos de la Presidencia, estableciendo que, ante una disputa sobre la secrecía o no de un documento, siempre debe prevalecer la presunción de la desclasificación.
Más allá de las limitantes, y de que la crisis económica haya puesto en duda las fortalezas del sistema estadounidense, los gobiernos de la región deberían imitar los esfuerzos de Obama por una mayor transparencia. Después de todo, dictar normas que empoderen al público para fiscalizar y monitorear el gasto público, puede resultar en una fórmula eficaz para combatir la corrupción y hacer que mejore la confianza sobre la gestión pública.
Los gobiernos deben estar obligados por ley a rendir cuentas sobre el gasto público. Manipular o esconder la información es de por sí un acto de corrupción y una forma de negarle al pueblo el disfrute de la democracia.

La transparencia de Obama

A pesar de que la crisis le está pasando una mala jugada, que la bolsa lo patea en contra a diario y fuerte, lo que le ha provocado que las canas le ganen las sienes, es necesario sacarse el sombrero ante un Barack Obama que, antes de cumplir 50 días de gobierno, ya ha hecho de la transparencia su estilo.

Algunas medidas concretas ameritan el gesto. El gobierno, desde el primer día, y más ahora con la aprobación del paquete de estímulo, ha puesto a disposición abierta por internet en varios sitios todos los récords de cómo los dineros se están adjudicando y gastando.

En otra medida sin precedente, esta semana la Casa Blanca difundió nueve memorandos del gobierno anterior de George Bush donde se conculcaron libertades garantizadas por la Constitución. El Departamento de Justicia mostró así que apenas después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de Bush determinó que ciertos derechos constitucionales serían ignorados posteriormente. Dos semanas después del atentado, los asesores legales del gobierno ya estaban probando mecanismos para grabar conversaciones telefónicas en Estados Unidos sin mediar órdenes judiciales, además de vuelos secretos por el espacio de varios países y la aprobación de la cárcel de Guatánamo y los métodos de tortura.

A principios de esta semana, el secretario de Defensa, Robert Gates, en otra medida ejemplar, anunció la eliminación de la prohibición a los medios de comunicación de reportar la llegada de los cuerpos de soldados caídos o, en realidad, la publicación de fotografías de ataúdes con las banderas estadounidenses al llegar a la Base Aérea Dover en Delaware. La decisión final sobre la conveniencia de la reproducción fotográfica será, de ahora en más, una decisión en manos de los familiares de las víctimas.

También vale destacar, el anuncio de este 21 de enero de nuevas políticas de acceso a la información pública. Las nuevas medidas revisan los controles existentes en la Ley de Acceso a la Información y a la Ley de Archivos de la presidencia, estableciendo que, ante una disputa sobre la secrecía o no de un documento, siempre debe prevalecer la presunción de la desclasificación, es decir que ante la duda, prevalece la apertura. Esta medida sienta un precedente inigualable de acceso y transparencia de los documentos públicos.

Acceso y transparencia

Desde épocas inmemoriales, los gobernantes y gobernados han estado en un tiro y afloje sobre el derecho a saber; a estar informados sobre la cosa pública. América Latina ha vivido épocas de oscurantismo fomentadas por autocracias caudillistas, botas militares o más recientemente, por democracias chúcaras que patalean cuando los ciudadanos y los medios las quieren fiscalizar.

Sin embargo, gracias a las leyes de acceso a la información pública que se están reproduciendo en toda la región, esa cultura al silencio se está desvaneciendo dando paso a una saludable tendencia a la apertura. El histórico lema de las revoluciones independentistas “el pueblo quiere saber de qué se trata”, está cobrando fuerza e instala al ciudadano como protagonista y soberano, mientras obliga al funcionario a rendir cuentas sobre lo que se le ha dado en comodato.

La tendencia es notable. Un lustro atrás, el tema del acceso a la información pública era incipiente o casi desconocido. En las últimas semanas, Guatemala y Chile sancionaron leyes, sumándose a Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Trinidad y Tobago, tomando como modelo el Freedom of Information Act que Estados Unidos adoptó en 1966. En otros países, como Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, El Salvador, Guyana y Uruguay, hay fuertes presiones para que sus congresos aprueben o retomen proyectos de ley al respecto.

Latinoamérica ya no está a la retaguardia de un club que en el mundo lo conforman 85 países con este tipo de legislación. Está incluso por delante de España, sobre el que un informe de la organización Access Info Europe, dijo que el ciudadano peticionario recibe de su gobierno un “silencio administrativo” como respuesta.
En la ceremonia de clausura de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Madrid y tras reclamar a España para que adopte un marco legal de “inmediato” bajo preceptos de “rapidez, gratuidad y eficiencia”, como 22 de los 27 países de la Comunidad Europea, el presidente del Gobierno, José Luis Zapatero, no dejó pasar un minuto. Se comprometió a pasar una ley durante la actual legislatura. Fue ovacionado.
Las leyes de acceso latinoamericanas no son la panacea, distan de ser perfectas. Pero al menos han comenzado con un proceso sin fin para crear una nueva cultura de la transparencia. Estados Unidos, que posee la mejor, acaba de reformarla atendiendo reclamos de mayor publicidad por las fotos de féretros traídos desde Irak que el Pentágono trató de censurar.

En Perú la ley es muy buena, sirvió para obligar al Estado a que revele operaciones antiterroristas contra Sendero Luminoso en la década del 80; sin embargo, no puede hacer que los propios legisladores que la dictaron rindan cuentas sobre sus salarios y gastos operativos. La de República Dominicana exige presentar las solicitudes por escrito, mientras que en otras naciones los trámites de petición son muy onerosos o no existe un tribunal que solucione el conflicto entre el peticionario y el funcionario, o penalice a éste último en caso de que se niegue a informar oportuna y adecuadamente.

No muchos países cumplen todavía con los principios sobre “máxima divulgación, transparencia y publicidad”, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, bajo la presunción de que toda información debe ser accesible a los particulares, con un sistema restringido de excepciones, como puede ser la seguridad nacional.

Los Estados no sólo tienen que adoptar este tipo de leyes, sino desplegar su vocación pedagógica, con campañas de educación y permitiendo trámites cada vez más fáciles y expeditos. México es un claro ejemplo. El IFAI, organismo encargado, gasta millones de dólares en publicidad y programas educativos sobre los mecanismos de petición, y no es casualidad que la administración pública haya recibido más de 80 mil solicitudes el año pasado y contestado en forma satisfactoria el 80 por ciento de ellas, como la que obligó a la Procuraduría a divulgar archivos del ex presidente Echeverría sobre la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Al Estado no le queda otra opción que erradicar la cultura del silencio. Su mandato es asumir un papel proactivo, ofreciendo un andamiaje legal y jurídico para que todos puedan acceder a la información pública. Así construirá democracia.

Valija, corrupción y justicia

El caso de la famosa valija venezolana con 800.000 dólares para la campaña presidencial argentina cobró un nuevo giro ayer en el juicio que se sigue en Miami, ya que el testigo principal Alejandro Antonini, declaró que el avión de PDVSA llevaba una valija adicional con 4.200.000 de dólares.

El dato no es intrascendente y a pesar de que los gobiernos venezolano y argentino dirán que se trata de una nueva conjura internacional orquestada por el “imperio” para derrocar a estas dos democracias, desnuda la profundidad de la corrupción cuando es investigada o más aún, nos informa sobre la cantidad de valijas – léase corrupción – que pasa frente a nosotros y que no detectamos a simple vista. La única evidencia real es la valija con los 800.000 dólares incautados, pero nos preguntamos cuántas otros empaques se han despachado por el continente sin ser detectadas.

Consecuentemente con este caso, que le pone cara a la forma como trabaja la corrupción, es decir en el silencio y en la oscuridad, Transparencia Internacional difundió ayer un informe en el que alertó puntualmente cuáles son los países más corruptos e insistió en hallazgos de reportes anteriores sobre la falta de confianza de los latinoamericanos sobre los sistemas de justicia. En su informe global de la corrupción del 2007 reveló que America Latina mostraba los niveles más bajos de confianza en el Poder Judicial. El 73 por ciento de los encuestados en 10 países de América Latina considera al Poder Judicial como corrupto.

Sin dudas, la gente percibe que la inequidad, la falta de igualdad y oportunidades ante la ley, y por sobre todo, la falta de seguridad plica y la ineficiencia del Estado para castigar y corregir a los maleantes, son los problemas mayores y el gran desafío que enfrentamos para consolidar las democracias.