Sensación de justicia; y bienestar

Ollanta Humala encarcelado, Lula da Silva condenado, Ricardo Martinelli detenido, Dilma Rousseff destituida, Alejandro Toledo fugado y Michel Temer y Cristina Kirchner acorralados.

La caída en desgracia de varios mandatarios y ex presidentes latinoamericanos está generando una positiva sensación de justicia en la región. Los entuertos del Lava Jato brasileño y de los Panama Papers han generado una beneficiosa colaboración judicial transnacional, permitiendo que los sistemas judiciales nacionales se despeguen de sus ataduras políticas locales.

La reacción judicial en cascada ha generado que el público sienta mayor empatía y sensación de justicia, pese a que falte un largo trecho para ver órganos independientes, rápidos y eficientes.

La impresión de que la ley se aplica a todos por igual genera bienestar. El ex presidente Barack Obama lo expresó en forma elocuente frente al Congreso: “Nos va mejor cuando todo el mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo y donde todo el mundo juega con las mismas normas”. Por el contrario, el papa Francisco, en varios de sus peregrinajes, definió como “terrorismo de Estado” la falta de justicia o su complicidad con el poder político.

La sensación de justicia en un país genera los mismos atributos que el buen funcionamiento de la bolsa de valores. Sin seguridad jurídica no hay confianza, sin credibilidad no llegan las inversiones foráneas y el desarrollo económico no despega. Esta versión a la baja se observa en el gobierno de Mauricio Macri. Pese a que sus medidas políticas y económicas despiertan admiración con una “Argentina que se abrió al mundo”, la sensación de que no hay seguridad jurídica, ya sea porque se reciclan los malhechores en carreras electorales o se escudan en los fueros del Congreso, hace que las inversiones prometidas no desembarquen.

Peor aún. Cuando los niveles de justicia están bajos, abonan el terreno para el crimen organizado y el narcotráfico. Estos desembarcan y se potencian en países en los que fácilmente pueden comprar funcionarios, jueces y policías.

No es casualidad que en aquellos países donde hay mejor administración de justicia o mayor sensación de ella, como en el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica, los índices de corrupción e inseguridad sean menores y los de estabilidad democrática sean mayores.

Venezuela, por el contrario, ha tocado fondo en materia de justicia y seguridad pública. Hoy el régimen de Nicolás Maduro se encuentra a la deriva y en terapia intensiva por haber utilizado a la justicia como instrumento político. Los índices de violencia y homicidios son de los más altos del mundo, casi todas las empresas multinacionales se han “escapado” del país y la gente pobló las calles a los gritos para exigir justicia y cambio de gobierno.

Seguramente si la justicia venezolana se comportara autónoma del poder político como la brasileña, Maduro ya habría sido destituido y encarcelado. Y no se trata de que la idiosincrasia social de Brasil sea diferente a la de Venezuela o a la de cualquier otro país, pero sucede que hace algo más de una década se hizo una reforma que blindó al sistema judicial de las injerencias políticas. La independencia ganada desde entonces muestra fehacientemente los buenos resultados. 

En Latinoamérica somos testigos de varios gobiernos que han utilizado el enunciado de “democratizar a la justicia”, como excusa para buscar su propia inmunidad. La fórmula la usó a rajatabla el chavismo, pero también fue parte del kirchenrismo y el correísmo. En estos regímenes, la colocación de jueces adictos creó verdaderos carteles judiciales para hacer la vista gorda, encarpetar casos propios de corrupción y para perseguir a los opositores políticos.

La connivencia entre justicia y poder político no es la única fuente de injusticia. También lo es la falta de recursos económicos que se le asigna al aparato judicial, el que recibe no mucho más del 1% del PBI de un país. Es decir, que si a la justicia se la sigue considerando la cenicienta entre los poderes públicos y se la mira como un gasto y no como una inversión, el desarrollo de América Latina seguirá confiscado.

Una justicia proba crea una positiva sensación de bienestar. Pero débil, dócil y permeable solo logra una sensación de impunidad, inseguridad y desigualdad. trottiart@gmail.com

Miamii, el paraíso

Miami es un paraíso. Fue fundado por la visión de los colonos del norte, construido con la pujanza de los exiliados cubanos; pero, también, fue y es alimentado por los botines de las mafias, los dineros de la corrupción de otros lares y por capitales que vuelan desde cada país en crisis en busca de refugio.

Los Panama Papers, la investigación de principios de 2016 sobre capitales off-shore, demostró como esos dineros, muchos legítimos y otros mal habidos, recalaron en Miami levantando una industria inmobiliaria sin parangón.

Como paraíso de redención para corruptos, esta ciudad tiene larga data y etapas. Las residencias de contrabandistas y narcotraficantes como Al Capone y Pablo Escobar, en la época del “miami vice”, y las recordadas fiestas del ex dictador venezolano, Marcos Pérez Jiménez, hasta su deportación, son testigo del estrecho vínculo con la corrupción.

Toda crisis política y económica en el mundo termina beneficiando a Miami. Este resguardo seguro no solo atrae dineros ganados con el sudor de la frente, sino también el de los “nuevos ricos”, una pléyade de empresarios amigos del poder, testaferros y ex funcionarios públicos que buscan esconder y sacar mayor rédito a sus saqueos. Los 12 años del kirchnerismo y los casi 20 del chavismo generaron una alta rentabilidad para Miami, de aquellos “amigos del poder” que invirtieron millonadas en casa y apartamentos en los exclusivos barrios de Sunny Isle y Key Biscayne.

Los Panama Papers fueron pródigos en señalar a compradores argentinos y brasileños que, cobijados bajo las polleras de Cristina y Dilma, reventaron el mercado de propiedades residenciales y comerciales a fuerza de cash.

Pero para bailar el tango se necesitan dos. El otro bailarín es el gobierno estadounidense, demasiado permisivo a la hora de imponer controles. Leyes débiles, incentivos para visas de inversores demasiado laxas o funcionarios consulares que se dejan influenciar (o tentar) por los mismos dineros que deberían detener, también son parte de la ecuación.

Una reciente investigación del medio digital ProPublica y de la neyorkina Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, reveló como la familia de un ex dictador surcoreano y funcionarios chinos corruptos usaron visas para inversores para colocar sus dineros y evadir a la justicia de sus países.

La investigación detectó varios flancos en el sistema inmigratorio que permite la entrada y permanencia en el país a empresarios, dirigentes y ex presidentes sospechados de corrupción, cuya intención es escudarse de los procesos judiciales  en sus países de origen. Resalta al ex presidente panameño, Ricardo Martinelli, que llegó a Miami poco después de dejar el poder y días antes de ser procesado por apropiación indebida de 45 millones en fondos públicos y por espionaje en contra de 150 opositores políticos.

Muchos corruptos entran al país aprovechando lagunas en el Decreto 7750, dictado por George Bush en 2004, que obliga denegar la entrada a dirigentes y líderes sospechosos de corrupción, aún aquellos sin sentencia firme. Aunque la investigación destaca que fue utilizado con éxito en contra de expresidentes procesados por corrupción, como el nicaragüense Arnoldo Alemán y el panameño Ernesto Pérez Balladares, también señala que otros eludieron los controles. Agrega en esa lista al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, al exministro colombiano Andrés Felipe Arias, ahora con pedido de deportación, y a una gran “delegación” de funcionarios del mundo entero.

Más allá de los yerros en la aplicación del decreto 7750 y de la ley de inversión que otorga visas a quienes formen empresas y generen empleos, también es cierto que las autoridades han creado mayores controles tras los Panama Papers. En Miami y Manhattan, otro de los paraísos, las escribanías están ahora obligadas a develar los nombres de todo aquel que invierta por más de un millón de dólares.

La expectativa recae ahora sobre la nueva administración de Donald Trump, tan adicta a los inversores como alérgica a los inmigrantes. Sería óptimo que se incentiven las inversiones legítimas, se abrace a los inmigrantes, pero se intensifiquen los controles para coartar a aquellos que robando y empobreciendo a sus pueblos, enriquecen y construyen su paraíso en Miami. trottiart@gmail.com

    

Reciclando corrupción

Un halo de esperanza y júbilo ciudadano invade Guatemala tras haberse asestado un duro golpe a la corrupción. El presidente Otto Pérez Molina fue forzado a renunciar esta semana y la vicepresidenta Rosana Baldetti pasó de una cómoda cárcel militar a una de delincuentes comunes.

Después de años de aferrarse con uñas y dientes a la inmunidad del sillón presidencial, Pérez Molina y Baldetti terminaron procesados como líderes de “La Línea”, una banda que cobraba “impuestos” a empresarios privados, a cambio de permitírseles que evadan gravámenes aduaneros.

Las pruebas las aportaron la Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Corrupción de Naciones Unidas afincada en el país. Pero fueron los ciudadanos los que presionaron al Congreso para que les quite la inmunidad y así enfrenten a la justicia ordinaria. Auto convocados en las redes sociales, reforzaron la tendencia saludable en muchos países, como Brasil y Honduras, de tomar las calles a puro cacerolazo para exigir “basta ya de corrupción”.

La victoria ciudadana, apodada Revolución de la Dignidad, se vio coronada con la exultante fiscal general, Thelma Aldana, que expresó la trillada frase para estos casos: “(Esto) es muestra de que nadie es superior a la ley… y que los funcionarios públicos actuales y futuros… deben sujetarse a la Constitución".

A juzgar por la realidad y lo que sucede en la mayoría de los países de la región, los dichos de la fiscal, sin embargo, parecen más un deseo que una sentencia. Es que no es la primera vez que un presidente guatemalteco termina preso o prófugo por desfalco - Alfonso Portillo (2000-2004) y Jorge Serrano Elías (1991-1993) - y la corrupción continúa rampante.

En América Latina donde pocos presidentes terminan sus períodos sin manchas, procesados, presos o exiliados – desde Carlos Menem a Alberto Fujimori, de Collor de Melo a Arnoldo Alemán o de Ricardo Martinelli a José Figueres –, pareciera no existir un proceso de aprendizaje sobre los errores y fracasos del pasado, una especie de amnesia político-social generalizada, que permite que la corrupción viva reciclándose todo el tiempo.

Por eso, aunque la caída de Otto Molina es excelente noticia, se corre el riesgo de que esta victoria democrática se evapore tan pronto como las demás, de no tomarse medidas drásticas para combatir la corrupción. Se trata, además, de remedios que no solo estén dirigidos a disciplinar a las cúpulas y élites en el poder, sino también que sirvan para combatir la exaltación de la viveza criolla y la deshonestidad, desvalores que se han hecho carne y cultura ciudadana.

La corrupción es una máquina que todo lo devora, trasforma y hasta secuestra las almas de los más decentes. De ahí que gente honesta como lo fue Otto Molina antes de su elección (o como lo pueden ser los 14 candidatos guatemaltecos que disputarán este domingo la Presidencia), termine poco después como líder mafioso mintiéndole y robándole a sus propios gobernados.

La consecuencia de la corrupción es una sola y obvia: Subdesarrollo perenne. Las causas son muchas; entre las principales están la permanencia eterna en el poder, los acomodaticios cambios constitucionales y la falta de independencia de la Justicia, vicios que se observan en la mayoría de los países latinoamericanos.

Estas causas se ven más agravadas por la debilidad técnica, humana y económica de todas las instituciones auxiliares de la Justicia, como las Procuradurías, Fiscalías, Contralorías y Oficinas Anticorrupción, que desde el vamos están sin dientes para perseguir a los corruptos.

A veces se trata de un desbalance intencionado de los presupuestos, en los que la Justicia recibe mucho menos recursos que lo que el Gobierno destina a propaganda de obras públicas o televisación “democrática” del fútbol; a que no se empodera a los ciudadanos en la cultura de la denuncia o que las denuncias caen en saco roto; y, a que muchas veces, esos organismos y las oficinas de recaudación de impuestos (que deberían ser autónomos), terminan siendo utilizados como arietes políticos para perseguir y tomar represalias contra detractores y opositores.

Hasta que no haya liderazgos que promuevan la honestidad con incentivos y disuadan a los corruptos con castigos severos, la corrupción seguirá evolucionado y reciclándose en forma permanente.

Mi San Valentín: Siempre y como nunca ella

Quién diría, muy prontito cumpliremos 27 años de casados con Graciela, la Negra, mi gorda, mi esposa, mi amiga, mi amada. Desde entonces hasta ahora en este Día de San Valentín no puedo dejar de pensar cada día en ella y estar mucho más enamorado de lo que estaba en aquellos escasos, pero efusivos meses de noviazgo.

En estos años, con más experiencia y más sabiduría, con mucho respeto y mucho aprendizaje, con tres hijos inimaginables, y habiendo sabido extraer todo lo positivo de tantas vivencias y anécdotas, no pudimos haber tenido mayor privilegio que esta vida juntos y unidos en matrimonio.

No solo agradezco a Valentín, sino a todos los santos y a Dios por haberme bendecido “vivir” y seguir viviendo este matrimonio.

Te quiero mucho mi gorda hermosa. Feliz Día y que nos sigamos disfrutando y Dios bendiciendo por muchísimos años más.      

Martinelli y el circo con la prensa

Desde que Ricardo Martinelli asumió la Presidencia de Panamá, la libertad de prensa decayó a niveles inesperados. Su gobierno, y él personalmente, tienen una trayectoria motivada por la intolerancia lo que ha venido afectando a los medios y periodistas que han empezado a percibir y sentir restricciones, acoso y expulsiones. El debate público se degradó.

Martinelli es directamente responsable del clima de confrontación con el periodismo. Lo extraño es que en lugar de respetar lo que la Constitución establece en materia de respeto y garantías que el Estado debe brindar a la libertad de expresión y de prensa, el sábado pasado inició un circo en esta materia. Envió una carta al arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, convocando a un diálogo nacional por la libertad de expresión, evadiendo de esa forma las denuncias sobre amenazas y abusos de autoridad por parte del gobierno en contra de periodistas.

Lo extraño es que algunas asociaciones periodísticas, medios y periodistas vieron este “acercamiento” como algo positivo, sin reparar que es obligación del gobierno respetar y custodiar la libertad de expresión y de prensa, no como un privilegio de la prensa, sino como un derecho humano que pertenece a cada panameño.

El circo de Martinelli, por el que luego invocará regulaciones para los medios o exigirá medidas de autorregulación, es un juego peligroso ya que finalmente pretenderá un pacto de no confrontación, dándole a la prensa un estatus de contendiente político que no tiene.

Martinelli quiere imponer con la prensa los mismos códigos de negociación de la política y el mundo empresario. Aceptando, el periodismo se desnaturaliza.

Autorregulación ¿obligatoria?

Los políticos, achacándole a los medios de comunicación agendas conspirativas, piensan que deben regularlos a como dé lugar. E inventan cuestiones como proyectos de ley para que la autorregulación de los medios - cuya palabra se auto define como la acción autónoma, propia, que le corresponde a sí mismo - sea un ejercicio obligatorio y punible por ley en caso de que no sea acatado. La verdad es que no se entiende que puede haber una figura como la autorregulación obligatoria.

La sorpresa ocurrió en estos días en Panamá, después de que el presidente Ricardo Martinelli se descocó atribuyéndole a los medios la responsabilidad por la ola de violencia… es decir por reflejarla o, según él, por aumentarla al reproducirla. Seguramente hay razones para criticar a los medios especialmente a la televisión, que vive y se retroalimenta de las imágenes violentas. Pero de ahí a obligarla a auto regularse por ley hay un largo trecho. La autorregulación no tiene sentido, es un eufemismo, mejor hablar lisa y llanamente de una regulación. Pero parece que la autorregulación suena más democrático, más a una acción voluntaria que impuesta.

Como siempre sucede que hay más papistas que el Papa, a Martinelli le siguió la diputada de su partido, Dalia Bernal, quien no solo presentó un proyecto de ley para crear una Junta que administre esta “autorregulación”, sino que además pidió que vaya más allá de las televisoras haciéndola extensiva a los periódicos.

La diferencia que no advierte la legisladora, es que los medios electrónicos y los escritos no son iguales en carácter. Mientras los primeros son finitos y el Estado tiene la obligación de determinarles pautas de funcionamiento, otorgándoles las licencias y administrándolas, los escritos escapan a cualquier interferencia, ya que su espacio es infinito y no se requiere de licencias para poder operarlos.

La necia figura de la autorregulación obligatoria no es patrimonio de esta legisladora panameña, sino también de varios diputados ecuatorianos que la quieren imponer en su próxima Ley de Comunicación.