miércoles, 3 de febrero de 2010

Autorregulación ¿obligatoria?

Los políticos, achacándole a los medios de comunicación agendas conspirativas, piensan que deben regularlos a como dé lugar. E inventan cuestiones como proyectos de ley para que la autorregulación de los medios - cuya palabra se auto define como la acción autónoma, propia, que le corresponde a sí mismo - sea un ejercicio obligatorio y punible por ley en caso de que no sea acatado. La verdad es que no se entiende que puede haber una figura como la autorregulación obligatoria.

La sorpresa ocurrió en estos días en Panamá, después de que el presidente Ricardo Martinelli se descocó atribuyéndole a los medios la responsabilidad por la ola de violencia… es decir por reflejarla o, según él, por aumentarla al reproducirla. Seguramente hay razones para criticar a los medios especialmente a la televisión, que vive y se retroalimenta de las imágenes violentas. Pero de ahí a obligarla a auto regularse por ley hay un largo trecho. La autorregulación no tiene sentido, es un eufemismo, mejor hablar lisa y llanamente de una regulación. Pero parece que la autorregulación suena más democrático, más a una acción voluntaria que impuesta.

Como siempre sucede que hay más papistas que el Papa, a Martinelli le siguió la diputada de su partido, Dalia Bernal, quien no solo presentó un proyecto de ley para crear una Junta que administre esta “autorregulación”, sino que además pidió que vaya más allá de las televisoras haciéndola extensiva a los periódicos.

La diferencia que no advierte la legisladora, es que los medios electrónicos y los escritos no son iguales en carácter. Mientras los primeros son finitos y el Estado tiene la obligación de determinarles pautas de funcionamiento, otorgándoles las licencias y administrándolas, los escritos escapan a cualquier interferencia, ya que su espacio es infinito y no se requiere de licencias para poder operarlos.

La necia figura de la autorregulación obligatoria no es patrimonio de esta legisladora panameña, sino también de varios diputados ecuatorianos que la quieren imponer en su próxima Ley de Comunicación.

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