Ollanta Humala encarcelado,
Lula da Silva condenado, Ricardo Martinelli detenido, Dilma Rousseff
destituida, Alejandro Toledo fugado y Michel Temer y Cristina Kirchner
acorralados.
La caída en desgracia de
varios mandatarios y ex presidentes latinoamericanos está generando una
positiva sensación de justicia en la región. Los entuertos del Lava Jato
brasileño y de los Panama Papers han generado una beneficiosa colaboración
judicial transnacional, permitiendo que los sistemas judiciales nacionales se
despeguen de sus ataduras políticas locales.
La reacción judicial en
cascada ha generado que el público sienta mayor empatía y sensación de
justicia, pese a que falte un largo trecho para ver órganos independientes,
rápidos y eficientes.
La impresión de que la ley
se aplica a todos por igual genera bienestar. El ex presidente Barack Obama lo
expresó en forma elocuente frente al Congreso: “Nos va mejor cuando todo el
mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo y donde todo el mundo juega
con las mismas normas”. Por el contrario, el papa Francisco, en varios de sus
peregrinajes, definió como “terrorismo de Estado” la falta de justicia o su
complicidad con el poder político.
La sensación de justicia en
un país genera los mismos atributos que el buen funcionamiento de la bolsa de
valores. Sin seguridad jurídica no hay confianza, sin credibilidad no llegan
las inversiones foráneas y el desarrollo económico no despega. Esta versión a
la baja se observa en el gobierno de Mauricio Macri. Pese a que sus medidas
políticas y económicas despiertan admiración con una “Argentina que se abrió al
mundo”, la sensación de que no hay seguridad jurídica, ya sea porque se
reciclan los malhechores en carreras electorales o se escudan en los fueros del
Congreso, hace que las inversiones prometidas no desembarquen.
Peor aún. Cuando los niveles
de justicia están bajos, abonan el terreno para el crimen organizado y el
narcotráfico. Estos desembarcan y se potencian en países en los que fácilmente
pueden comprar funcionarios, jueces y policías.
No es casualidad que en
aquellos países donde hay mejor administración de justicia o mayor sensación de
ella, como en el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica, los índices de corrupción
e inseguridad sean menores y los de estabilidad democrática sean mayores.
Venezuela, por el contrario,
ha tocado fondo en materia de justicia y seguridad pública. Hoy el régimen de
Nicolás Maduro se encuentra a la deriva y en terapia intensiva por haber
utilizado a la justicia como instrumento político. Los índices de violencia y
homicidios son de los más altos del mundo, casi todas las empresas
multinacionales se han “escapado” del país y la gente pobló las calles a los
gritos para exigir justicia y cambio de gobierno.
Seguramente si la justicia
venezolana se comportara autónoma del poder político como la brasileña, Maduro
ya habría sido destituido y encarcelado. Y no se trata de que la idiosincrasia
social de Brasil sea diferente a la de Venezuela o a la de cualquier otro país,
pero sucede que hace algo más de una década se hizo una reforma que blindó al
sistema judicial de las injerencias políticas. La independencia ganada desde
entonces muestra fehacientemente los buenos resultados.
En Latinoamérica somos
testigos de varios gobiernos que han utilizado el enunciado de “democratizar a
la justicia”, como excusa para buscar su propia inmunidad. La fórmula la usó a
rajatabla el chavismo, pero también fue parte del kirchenrismo y el correísmo.
En estos regímenes, la colocación de jueces adictos creó verdaderos carteles
judiciales para hacer la vista gorda, encarpetar casos propios de corrupción y
para perseguir a los opositores políticos.
La connivencia entre
justicia y poder político no es la única fuente de injusticia. También lo es la
falta de recursos económicos que se le asigna al aparato judicial, el que
recibe no mucho más del 1% del PBI de un país. Es decir, que si a la justicia
se la sigue considerando la cenicienta entre los poderes públicos y se la mira
como un gasto y no como una inversión, el desarrollo de América Latina seguirá
confiscado.
Una justicia proba crea una
positiva sensación de bienestar. Pero débil, dócil y permeable solo logra una
sensación de impunidad, inseguridad y desigualdad. trottiart@gmail.com
