El proceso por tráfico de
drogas contra dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela en una
fiscalía de Nueva York, puede convertirse en la evidencia clave sobre la íntima
relación del crimen organizado con el chavismo y su impunidad para gobernar.
Aunque el presidente Nicolás
Maduro y la primera dama, Cilia Flores, dibujarán la detención de Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freites, como
una maniobra truculenta del imperio para ensuciar las elecciones parlamentarias
del 6 de diciembre, es evidente que el gobierno queda más vulnerable que nunca.
Pese a denuncias de años, el régimen niega su vinculación con el Cartel de los
Soles y de haber transformado a Venezuela en un narcoestado.
Maduro y Flores deben temer
que lo peor está por venir. Saben que las fiscalías estadounidenses reducen
sentencias y años de cárcel a cambio de información. Transformados en
delatores, los “sobrinos presidenciales” pueden terminar de inculpar a muchos
funcionarios y militares del régimen que vienen siendo acusados de ser aliados y
cabecillas del narcotráfico.
Justamente la acusación
contra el presidente del Congreso, Diosado Cabello, el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, y de varios
generales, de ser los capos del Cartel de los Soles, la ofreció Leamsy Salazar,
ex jefe de Seguridad de Hugo Chávez y Cabello, convertido ahora en testigo y
delator clave de tribunales estadounidenses.
La información de otros
delatores también sirvió para que la DEA, la agencia antidroga de EEUU,
infiltrara bandas criminales y grabara las conversaciones de los sobrinos de
Maduro. El cargamento de 800 kilos de drogas sería solo un eslabón de una
aceitada cadena con ramificaciones insospechadas.
La pareja presidencial no es la primera vez que está en el ojo de la
tormenta. A los hijos de la primera dama, Walter Gavidia Flores, y del presidente,
“Nicolasito”, ya se les acusaba de usar aviones pequeños de la petrolera
estatal, PDVSA, para transportar droga.
Aunque aquella acusación se dibujó como una fabricación
para dañar a la pareja presidencial, la detención esta semana de sus sobrinos
en Haití, con pasaporte diplomático, deja poco para la imaginación. Es difícil
pensar que fueran padres distraídos, cuando el aparato de inteligencia estatal es tan eficiente para perseguir y encarcelar a
críticos y opositores.
La información que aporten los sobrinos de Maduro será clave para
confirmar las acusaciones sobre que su campaña presidencial en 2013 fue
financiada por el narcotráfico. Claro que esto ya ni siquiera sorprende. En el
contexto latinoamericano estamos acostumbrados al poder corrupto del narco,
desde que Pablo Escobar ocupó un curul en el Congreso nacional colombiano. Luego,
muchos presidentes fueron señalados por la infiltración de dineros sucios en
sus campañas. El colombiano Ernesto Samper, el peruano Alberto Fujimori son
ejemplos claros. En su momento, las denuncias también arreciaron sobre las
campañas electorales de Rafael Correa y Cristina Kirchner.
La destrucción que produce el narcotráfico, lamentablemente, no está
atada a las drogas, sino al poder con el que corrompe todas las estructuras del
Estado. El narco no da plata por amor al arte, todos deben pagar sus facturas.
Una muy cara es la que debe pagar el Congreso mexicano, infiltrado por
un enjambre de narcodiputados. En lugar de servir a sus electores, les deben
“lealtad” a sus “jefes” del crimen organizado. Esta degradación la retrata la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala. Calcula que el 25% de la financiación de los partidos la aportan
bandas criminales.
La oscuridad sobre los dineros del chavismo para las
próximas elecciones, es el único punto flaco de una carta que esta semana envió
el secretario general de la OEA, Luis
Almagro, a Venezuela. En 18 páginas menciona una sucesión de agravios contra la
democracia, desde la negación a recibir observadores internacionales e inhabilitación
de candidatos opositores, hasta un sistema judicial electoral parcializado y una
tecnología dispuesta para el fraude.
La dura carta de Almagro caerá en saco roto, ya que el régimen chavista es inmune a las acusaciones políticas. Es de esperar, sin embargo, que la información de los sobrinos delatores pueda romper ese halo de impunidad con el que se regodea el chavismo.
