La fuerza de la presión internacional

El humanismo que nació en la segunda parte del Siglo XX derribó las fronteras entre países y minimizó el concepto de “no intervención” tan venerado hasta la Segunda Guerra Mundial, para hacer posible la denuncia y la supervisión de las violaciones a los derechos humanos en cualquier territorio.

Este principio ha hecho que se fortalezcan asociaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, entre ellas de la libertad de prensa – Amnesty Internacional, Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa - para poder “intervenir” en cualquier país y tener así la fortaleza de denunciar actos que puedan estar degradando los derechos humanos o las libertades individuales.

Un ejemplo palpable fue lo que sucedió en estos días en Panamá. Tras una fuerte reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa, el diputado oficialista Rubén Frías Ortega del partido Cambio Democrático, decidió retirar un anteproyecto presentado la semana pasada, en el que a expensas de que proponía una escala salarial más digna para los periodistas, volvía a reinstaurar en el país la colegiación obligatoria de periodistas, violando así preceptos sobre libertad de prensa establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que se busquen mecanismos para mejorar la libertad de prensa y la profesión periodística es bueno, pero que para ello se determine que los periodistas que trabajen en Panamá deban ser panameños o que podrían hacerlo solo aquellos que se gradúen de la universidad, es contrario a los principios de libertad de expresión que emanan de tratados internacionales que establecen que cualquier persona puede y tiene capacidad para buscar y difundir información.

Lo que molestó a la SIP es que se trate de imponer esos requisitos a los periodistas en forma obligatoria, una lucha que la organización viene dando desde hace décadas. Por eso calificó al proyecto del diputado de medida “retrógrada” y como “un retroceso para la libertad de prensa y la democracia en ese país”.

Según el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico Siglo 21, dijo que no es la primera vez que tenemos que “salir al cruce de medidas discriminatorias y anti libertad de prensa que parecían haber quedado en el pasado en Panamá”. Así, hizo referencia a otras épocas en que la SIP rechazó otro proyecto de ley que instauraba en 2002 un Consejo Superior de Periodismo, emulando a la Junta Técnica de Periodismo, derogada en diciembre de 1999, que establecía quien podía o no ejercer como periodista.

La Declaración de Chapultepec establece en su artículo 8 que “el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios”. Igual concepto se desprende de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión”.

Una vez más, con la retirada del proyecto, se demostró que “iluminar” y denunciar un hecho a escala internacional como lo hizo la SIP, suela atraer consecuencias positivas.

Martinelli y el circo con la prensa

Desde que Ricardo Martinelli asumió la Presidencia de Panamá, la libertad de prensa decayó a niveles inesperados. Su gobierno, y él personalmente, tienen una trayectoria motivada por la intolerancia lo que ha venido afectando a los medios y periodistas que han empezado a percibir y sentir restricciones, acoso y expulsiones. El debate público se degradó.

Martinelli es directamente responsable del clima de confrontación con el periodismo. Lo extraño es que en lugar de respetar lo que la Constitución establece en materia de respeto y garantías que el Estado debe brindar a la libertad de expresión y de prensa, el sábado pasado inició un circo en esta materia. Envió una carta al arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, convocando a un diálogo nacional por la libertad de expresión, evadiendo de esa forma las denuncias sobre amenazas y abusos de autoridad por parte del gobierno en contra de periodistas.

Lo extraño es que algunas asociaciones periodísticas, medios y periodistas vieron este “acercamiento” como algo positivo, sin reparar que es obligación del gobierno respetar y custodiar la libertad de expresión y de prensa, no como un privilegio de la prensa, sino como un derecho humano que pertenece a cada panameño.

El circo de Martinelli, por el que luego invocará regulaciones para los medios o exigirá medidas de autorregulación, es un juego peligroso ya que finalmente pretenderá un pacto de no confrontación, dándole a la prensa un estatus de contendiente político que no tiene.

Martinelli quiere imponer con la prensa los mismos códigos de negociación de la política y el mundo empresario. Aceptando, el periodismo se desnaturaliza.

Autorregulación ¿obligatoria?

Los políticos, achacándole a los medios de comunicación agendas conspirativas, piensan que deben regularlos a como dé lugar. E inventan cuestiones como proyectos de ley para que la autorregulación de los medios - cuya palabra se auto define como la acción autónoma, propia, que le corresponde a sí mismo - sea un ejercicio obligatorio y punible por ley en caso de que no sea acatado. La verdad es que no se entiende que puede haber una figura como la autorregulación obligatoria.

La sorpresa ocurrió en estos días en Panamá, después de que el presidente Ricardo Martinelli se descocó atribuyéndole a los medios la responsabilidad por la ola de violencia… es decir por reflejarla o, según él, por aumentarla al reproducirla. Seguramente hay razones para criticar a los medios especialmente a la televisión, que vive y se retroalimenta de las imágenes violentas. Pero de ahí a obligarla a auto regularse por ley hay un largo trecho. La autorregulación no tiene sentido, es un eufemismo, mejor hablar lisa y llanamente de una regulación. Pero parece que la autorregulación suena más democrático, más a una acción voluntaria que impuesta.

Como siempre sucede que hay más papistas que el Papa, a Martinelli le siguió la diputada de su partido, Dalia Bernal, quien no solo presentó un proyecto de ley para crear una Junta que administre esta “autorregulación”, sino que además pidió que vaya más allá de las televisoras haciéndola extensiva a los periódicos.

La diferencia que no advierte la legisladora, es que los medios electrónicos y los escritos no son iguales en carácter. Mientras los primeros son finitos y el Estado tiene la obligación de determinarles pautas de funcionamiento, otorgándoles las licencias y administrándolas, los escritos escapan a cualquier interferencia, ya que su espacio es infinito y no se requiere de licencias para poder operarlos.

La necia figura de la autorregulación obligatoria no es patrimonio de esta legisladora panameña, sino también de varios diputados ecuatorianos que la quieren imponer en su próxima Ley de Comunicación.