viernes, 27 de julio de 2012
“Todos esos cuentos”, de Castro y Chávez
Con el sarcasmo que caracteriza a su hermano Fidel, el gobernante Raúl Castro dijo que estaba disponible para abrir un diálogo con el gobierno de Estados Unidos sobre “derechos humanos, libertad de prensa” y “todos esos cuentos” que se inventaron en Occidente.
Lo mismo que Hugo Chávez - que esta semana dijo por enésima vez que se retiraría del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al disgustarse por un fallo en contra de su gobierno – Castro achaca a otros países o al “imperio” la imposición de los derechos humanos y de la libertad de expresión, desconociendo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y muchísimos tratados internacionales de amplio acatamiento en el mundo.
A pocos días de la muerte del disidente Osvaldo Payá en un accidente de tránsito del cual todavía se analizan sus causas en caso de que se haya tratado de un complot, y de que periodistas independientes y otros opositores fueran detenidos por gritar “libertad” en el funeral, Castro no puede desviar la atención de asuntos internos con solo gritar contra Estados Unidos, una máscara que supo y pudo usar muy bien en otras épocas.
Lo de Chávez es tan inverosímil como siempre. Cree que es dueño del Estado cuando solo administra un gobierno. Cree que basta una decisión de voz fuerte y propagandística para salirse del sistema de protección de los derechos humanos. Claro está, en un uso bien orquestado electoralmente, él y su canciller Nicolás Maduro aprovecharon un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conjeturar amenazas de autoeliminación del sistema. Me recuerda a las mismas pataletas que pegaban Augusto Pinochet, Rafael Videla y Alberto Fujimori cada vez que el sistema se pronunciaba en su contra.
Ni Chávez es Venezuela ni Castro es Cuba, por más que quieran. Los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, son de carácter universal y pertenecen a todos los cubanos y venezolanos.
jueves, 26 de julio de 2012
Odio y discriminación
La brutal ejecución de Najiba, una joven afgana de 22 años, perpetrada por su esposo que le pegó 13 tiros por la espalda después de que un juez tribal la sentenciara por adulterio, conmocionó a la opinión pública internacional, provocando que muchos reprobaran las costumbres musulmanas por propiciar asesinatos enmascarados de justicia divina.
Pero no solo en Afganistán se cometen estos crímenes. En nuestra región, el odio y la discriminación se están propagando a niveles alarmantes, ya sea por cuestiones de género, raza, etnia, u orientación sexual y religiosa.
En República Dominicana fueron asesinadas más de 100 "Najibas" este año – casi 200 crímenes de mujeres por año desde 2005 – por lo que 60 ONGs exigieron ante el Congreso la semana pasada, reformas penales para proteger a las mujeres y castigar a los violentos.
En la última década, la violencia de género ha provocado un promedio de 2.500 asesinatos por año en México producto de la violencia doméstica, trata de personas y de la esclavitud sexual, muchos de ellos cometidos cerca de pasos fronterizos con EE.UU. Peor que los crímenes, que también son comunes en Centroamérica a niveles pavorosos, es que la mayoría de los casos permanece impune, ante la indiferencia de los estados para investigar y procesar a los culpables.
La apatía de las autoridades, es el patrón de conducta que encontró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como generador de un círculo de vicioso que motiva mayor violencia. La CIDH demostró que el odio y la discriminación sexual van en aumento y, como ejemplo, denunció casos de agresiones contra lesbianas en EE.UU; el asesinato de tres transexuales en Guatemala y Brasil; y el de dos homosexuales en Jamaica, país donde ya fueron ultimados ocho en los últimos tres meses.
Tanto la violencia sexual como la impunidad no conocen fronteras ni distinguen entre clases sociales ni sobre el nivel de desarrollo de los países. En el momento que la CIDH reclamaba mayores esfuerzos para combatir estos fenómenos, el cortometraje "La guerra invisible", del documentalista Kirby Dick, denunciaba la inmovilidad de la cúpula del Ejército de EE.UU. para detener las más de tres mil agresiones sexuales que se cometen anualmente entre sus filas, entre casos de violaciones y acoso sexual.
Chile tomó el toro por las astas para combatir el odio y la impunidad. El presidente Sebastián Piñera promulgó el 12 de julio una ley que sanciona y aumenta las penas contra todo tipo de discriminación, además de aplicar multas y medidas de reparación para las víctimas. La ley, demorada en el Congreso por siete años, vio la luz después del asesinato en marzo de Daniel Zamudio, un joven que fue atacado por un grupo neonazi por su condición de homosexual. También esta semana, Piñera creó la figura del “defensor de los niños”, para dar respuesta a las 21.000 denuncias de abuso sexual contra menores de 14 años en 2011 que, según el gobierno, aumentaron un 22% en lo que va de 2012.
La discriminación no transluce solo en el orden sexual. Esta semana el banco estadounidense Wells Fargo acordó pagar 175 millones de dólares de reparación, por discriminar a negros y latinos en el otorgamiento de préstamos, en violación de leyes sobre equidad crediticia. En Miami, por ejemplo, por un préstamo de 300 mil dólares, el banco cobraba tasas de interés más altas y un promedio de 2.538 dólares más a un latino que a un blanco con la misma solvencia crediticia, lo que un juez consideró como un caso de "impuesto racial adicional".
En momentos que los contenidos xenófobos, antisemitas, raciales, de género se extienden por las aulas, estadios de fútbol y por las redes sociales, no solo hacen falta enérgicas leyes como la chilena o la que buscan los dominicanos para reprimir y disuadir a los violentos.
Para combatir la violencia que generan el odio y la discriminación, también es necesario poner énfasis en la educación. Las leyes, las denuncias y las campañas ayudan, sin dudas, pero cambiar el “ADN” de las generaciones futuras, y comenzar a crear una nueva mentalidad y cultura basada en la tolerancia y el respeto por la diversidad, solo será posible si se instrumenta una buena educación desde la escuela primaria.
martes, 24 de julio de 2012
Chávez: concentración y abuso de poder
La situación de la libertad de expresión en Venezuela sigue empeorando en forma paulatina desde que Hugo Chávez asumió hace 13 años. El deterioro se debe muy especialmente a “la concentración y abuso de poder de parte del presidente”, según concluye un informe Human Rights Watch (HRW), presentado el 17 de julio.
"Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez", no aporta mucho de lo que ya se sabe, aunque hace un pormenorizado análisis de los diferentes tipos de represalias que el gobierno de Chávez adopta contra quienes no se adaptan a la forma de pensar oficial.
José Miguel Vivanco, director de la organización para las Américas, denunció, al presentar el informe, las represalias y ataques de la que son parte jueces, periodistas y defensores de derechos humanos; situación que se sigue agravando.
HRW hace una serie de recomendaciones al gobierno de Chávez para cambiar su rumbo a favor de mayor libertad de prensa y de otras libertades individuales. En realidad son recomendaciones que tratan de cumplir con la misión y objetivos de la organización en el continente; a sabiendas de que su implementación, por parte del gobierno, es solo una quimera.
El informe vale la pena leerlo, especialmente deberían hacerlo aquellos que solo creen que las derechas y regímenes recalcitrantes de derecha son los mayores violadores de las libertades individuales y públicas; aquellos que justifican las violaciones que son perpetradas por gobiernos progresistas, populistas e izquierdistas.
domingo, 22 de julio de 2012
Batman sí, armas no
La balacera de un tarado en el cine de Aurora,
Colorado, durante la previa de la trilogía de Batman el 20 de julio, que dejó
12 muertos y 70 heridos, renovó dos polémicas: si los cómics incentivan la
violencia y por qué, después de tantas masacres, cualquiera puede comprar armas
libremente.
Por la primera – pese a que la espectacularidad del
atacante al usar varias armas, disfraz, chaleco antibalas, máscara anti gas,
rifle de asalto y teatralizar algunas escenas de la trilogía fílmica - aunque no se puede descartar que tuvo
actitudes de imitación, es inverosímil atar su conducta a Hollywood, tan solo
por sentido común. Si ese fuera el caso, casi todos nosotros seríamos asesinos
en potencia al estar expuesto a la espectacularidad de Hollywood o a las
noticias que consumimos cada día. Excepto para los desequilibrados, se entiende
que lo que proviene las películas, los videojuegos, las noticias, es parte de
la cultura del entretenimiento que si bien puede tener culpas en el cambio de
la cultura, no es responsable por este tipo de masacres.
Pero por la segunda, creo que sí hay un alto grado
de responsabilidad de la cultura permisiva de la venta y tráfico de armas en
este país. Que la gente pueda comprar armas para la auto defensa, está
demostrado cada vez más, que en lugar de ello sirven para que puedan ser usadas
contra los ciudadanos a veces en situaciones de inocencia, como este caso de
Aurora, de la escuela de Columbine o cuando el caso de la legisladora Gifford,
pero también en situaciones dudosas como la usó Zimmerman.
La libertad con la que se compran armas aquí en
EE.UU. también ha servido para que muchas de ellas lleguen a manos de los
narcotraficantes mexicanos, incluso para que ese tráfico lo motiven las
autoridades estadounidenses.
Lo más contradictorio de todo esto, es que mientras
los cabilderos y la NRA (National Rifle Association) insisten en el derecho
constitucional que asiste a cada ciudadano a comprar armas, siguen los grandes
esfuerzos para controlar otros derechos individuales que tienen que ver con la
prohibición de los cigarrillos o la legalización de las drogas, dos
actividades, aunque dañinas son solo sustancias peligrosas para quienes las
consumen. Las armas son letales para los demás.
Internet; por fin, nuevo derecho humano
Mientras el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) pedía por
primera vez a los gobiernos que protejan y garanticen la libertad de expresión
en internet, un complicado debate sobre el papel de las empresas proveedoras
de tecnología y servicios digitales en los países más autoritarios, ha cobrado
intensidad.
La solicitud del
CDHNU tras reconocer la semana pasada que la libertad de expresión digital y el
acceso al internet es un derecho humano, coincidió con un inusual pedido de un
grupo de ONGs estadounidenses, dedicado a denunciar violaciones a los derechos
humanos en Cuba, Irán, Siria, Sudán y en otras dictaduras. En una carta
dirigida a Google, Adobe, McAfee, Yahoo y Facebook, el grupo les exhortó a burlar
los embargos económicos que imponen EE.UU. y la Comunidad Europea a los
regímenes opresores, para seguir vendiéndoles software y tecnologías de la
información.
Si bien los
gobiernos represores usan esas tecnologías para censurar contenidos, vigilar y espiar
internautas, el grupo considera que se trata de un mal menor, si se compara con
el hecho de que el internet, las redes sociales y la telefonía móvil son las
herramientas que los disidentes y opositores usan para denunciar abusos,
convocar marchas y forzar cambios políticos.
El pedido es muy loable, pero a la vez complejo. Muchas de estas
corporaciones, como Google, Apple, Microsoft, Siemens, Ericsson ya fueron
sancionadas por vender software y tecnología o colaborar con gobiernos autoritarios,
motivando en abril pasado una orden ejecutiva del presidente Barack Obama que
prohíbe “vender, ceder o proveer de cualquier manera bienes, servicios o
tecnología… que pudieran poner en riesgo los derechos humanos”.
La solicitud de las ONGs desnuda otra disyuntiva permanente
a la que se enfrentan estas compañías, entre aceptar las reglas de juego que
imponen los gobiernos autócratas o no cumplir con sus objetivos de expansión
comercial, como por ejemplo Google, que prefirió renunciar al mega mercado
chino, a tener que prestar su motor de búsqueda para la censura oficial.
El dilema pudiera agravarse aún más en el futuro. Se
prevé que para el 2020, de no establecerse una fuerte cultura ética y reglas
estrictas, muchas empresas tecnológicas cederán a la presión de gobiernos
totalitarios, debido a la competencia y los beneficios económicos. Así lo cree
una mayoría de más de mil ejecutivos de Nokia, Netflix, Microsoft y Google, consultados
por el Centro de Investigación Pew. Esta investigación también planteó dudas
razonables sobre el nivel de libertad que habrá en el internet del futuro.
Todo podría empeorar, además, si se considera que en
un futuro cercano los países democráticos no serían los únicos en poseer la
llave de la ciencia y la innovación informática. Globalización y transferencia
de tecnología mediante, los países autoritarios pronto podrían prescindir del
extranjero.
Por ahora, a esos gobiernos les resulta suficiente con
controlar mediante adquisición de tecnologías e imposición de leyes
restrictivas. Rusia lo demostró esta semana. Diputados oficialistas aprobaron
una ley sobre pornografía infantil que la oposición cree será usada para censurar
Facebook y Twitter, redes que han sido fundamentales para organizar las marchas
de protesta contra el fraude electoral que llevó a Vladimir Putin al poder. Es una treta parecida a la que usó Hugo Chávez,
cuando pasó la cláusula de horario de protección al menor, que terminó siendo la
clave para ordenar el cierre de medios como Radio Caracas Televisión.
Aparte de los intereses de
gobiernos y empresas, preocupan otros controles más sutiles y que pasan desapercibidos,
que también ponen en riesgo la libertad de expresión. Como los algoritmos personalizados,
que utilizando nuestros “likes” y búsquedas, van creando nuestro perfil sobre
la base de gustos y criterios. Con el tiempo, no solo se pierde privacidad,
sino también se consume información complaciente, bloqueándose otros puntos de
vista. Se trata de una filtración auto infligida; quizás, de auto censura involuntaria.
Mientras tanto, habrá que ver si la afirmación
de Naciones Unidas de que el internet es un derecho humano, ayudará a que éste
no solo se piense en función de avances tecnológicos y comerciales, sino de su
influencia en la libertad y la conducta humanas.
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