Las últimas revelaciones de
esta semana sobre el espionaje de llamadas telefónicas e internet que el
gobierno de EE.UU. practica y que se mantenía en sigiloso secreto como parte de
su programa anti terrorismo, ensombrecieron aún más la figura de Barack Obama
que en las últimas semanas viene de escándalo tras escándalo, del mismo tipo
que mantuvo en vilo a su antecesor el republicano George W. Bush.
La práctica de espionaje que
el gobierno mantiene a través del programa PRISM pone nuevamente en entredicho
a dos valores muy importantes de la sociedad estadounidense que tienen que ver
con las libertades individuales y sociales de rango constitucional, como son la
seguridad ciudadana, ante la amenaza constante de actos terroristas, y el derecho
a la privacidad.
La discusión sobre
privacidad y seguridad es una cuestión de contexto que ha ido variando con el
tiempo, según la cercanía y distancia que se tenga del principal punto de
inflexión para ambos derechos: Setiembre 11 de 2011. Muy cerca de aquella
fecha, tanto los ciudadanos como los medios de comunicación favorecían una
política más fuerte de seguridad y justificaban las necesarias limitaciones o
controles sobre la privacidad. Ahora, a una docena de años del desgraciado
episodio, las encuestas de opinión revelan que los ciudadanos – y también los
medios, de acuerdo a sus editoriales – favorecen más la privacidad, prefiriendo
mayores limitaciones para que el gobierno no pueda justificar la invasión de la
privacidad como un normal desempeño de la lucha anti terrorista.
Puede que Obama salga bien
librado de este nuevo escándalo y el público termine creyéndole cuando afirmó
que el gobierno no actuó como “gran hermano” espiando a sus propios ciudadanos,
sino simplemente que interceptó llamadas telefónicas y el uso de internet
provenientes de extranjeros.
Sin embargo hay dos cosas
que llaman la atención. Primero, que la discusión sobre todo este programa de
escuchas y controles de internet a través de Verizon, Facebook, Apple, Facebook
entre otras compañías telefónicas y de internet, se haya hecho después de que
se han consumado los hechos y no con la debida antelación creándose un debate
público sobre los dos valores en cuestión. El secreto de la Presidencia, de algunos
miembros del Congreso y de las cortes minimiza el valor constitucional a la
privacidad e intimidad, por más que el gobierno le haya dado todo el viso de
legalidad a través de la comisión respectiva del Congreso y sus acciones puedan
estar sometidas a la jurisdicción de las cortes.
Segundo, también importante,
es que el gobierno de EE.UU. como en muchas otras disciplinas, no puede estar
escribiendo con la mano lo que borra con el codo. El gobierno hace muy bien en
despotricar, criticar y condenar el avance de muchos otros países en contra de
los usuarios de internet; pero, para que su política sea más confiable y
creíble, debe dar el ejemplo. Con este nuevo esquema de espionaje simplemente
no lo está dando.
